No hay duda que los temas relacionados con aspectos médico-legales no suscitan tanto interés como los de tipo técnico o los de avances terapéuticos. Sin embargo, trabajos como los que aporta el Profesor Lozano ponen de manifiesto una problemática que nos afecta potencialmente a todo el colectivo de profesionales.
En primer lugar, es necesario resaltar que la simple práctica de la medicina nos expone ante el riesgo de ser demandados, pero especialmente a la especialidad médico-quirúrgica nos hace ser especialmente vulnerables. Es una equivocación y supone una falsa percepción que ser un «buen cirujano vascular» o ser un cirujano experimentado nos exime de este riesgo. Por ello es importante no solo hacer bien las cosas, sino la importancia de reflexionar sobre las actividades que realizamos de forma automática. Este tipo de revisiones que recogen la experiencia acumulada a lo largo de tantos años son de gran utilidad, no solo por su valor informativo, sino por las recomendaciones que de estas pueden extraerse. Aspectos como la calidad de la información, que debemos transmitir, y la necesidad de su registro son fundamentales y pueden suponer el sobreseimiento o absolución en un caso de demanda judicial.
En segundo lugar, existe concordancia de los principales motivos de reclamación (tratamiento de varices y enfermedad tromboembólica) en toda la bibliografía publicada, y ello debería sensibilizarnos respecto a que tratamientos muy frecuentes, cirugías no complejas o en enfermedades médicas se requiere de una atención especial. Por otro lado, también es sorprendente que actualmente no se realicen de forma sistemática consentimientos informados ante tratamientos médico-estéticos realizados en la consulta (esclerosis de varices). Concretamente en la revisión de las reclamaciones registradas en el Colegio de Médicos de Barcelona, durante 25 años los resultados estéticos insatisfactorios o secuelas leves han resultado susceptibles de compensación económica. También conviene aceptar que una complicación con secuela grave puede no ser un defecto de práctica y, sin embargo, el paciente o familiar puede tener derecho a una indemnización sin que ello represente para el profesional la aceptación de una mala praxis. Esta situación no es excepcional, y para resolverla es fundamental el papel de la mediación entre las partes para llegar a acuerdos económicos.
Finalmente, es muy importante y el autor estará de acuerdo conmigo, asumir que la realización de un peritaje médico no es una tarea fácil, especialmente cuando se realiza desde la defensa del demandado o como parte del colegio profesional.
Lejos de ser una argumentación defensiva o proteccionista, la labor del perito debe ceñirse a la contextualización del caso, y a una información científica actualizada. El relato de los hechos debe ser neutral, y las conclusiones han de ser aclaratorias para quién acabará juzgando un conflicto en el cual desconocerá por completo los detalles técnicos.
Estoy convencido que la lectura de este trabajo será de gran interés por parte de los cirujanos vasculares, y esta debería motivar a una reflexión personal para fomentar prácticas más seguras.
