Con la extensión de la informática en el sistema sanitario de nuestro país, era de esperar que los gestores de la sanidad se plantearan modificar el sistema de prescripción-dispensación-facturación. El sistema actual, con excepción de aspectos de mecanización como la incorporación de los códigos de barras y papel autocopia en las recetas, es bastante antiguo y ha sufrido pocos cambios estructurales desde la instauración de las recetas oficiales de la Seguridad Social.
Durante muchos años éste ha sido el único sistema de funcionamiento en el proceso prescripción-dispensación-facturación, que se ha mantenido con modificaciones no sustanciales. Antes de la reforma de la atención primaria se producían largas colas en los antiguos ambulatorios de la Seguridad Social para realizar esta tarea burocrática. La reforma de la atención primaria vino acompañada de una mayor atención a las patologías crónicas, con la consecuente medicalización de los procesos, que, junto con otros factores culturales y asistenciales, llevó de nuevo a la masificación de las consultas de los médicos de atención primaria.
En los últimos años hemos asistido a diversos intentos, más o menos organizados y extendidos, de disminuir la necesidad de que los pacientes acudan a los centros de salud (CS) a retirar las recetas oficiales de medicación continuada y de desburocratizar las consultas1. Desde los CS se han realizado diversos intentos de disminuir la burocracia y se han ideado sistemas para racionalizar la frecuentación a las consultas2, como crear las tarjetas de medicamentos de larga duración y despachos paralelos con personal de enfermería o auxiliares, que también precisan la dedicación de recursos humanos y técnicos. Asimismo se han llevado a cabo experiencias locales con programas informáticos para detectar interacciones de medicamentos asociados a las tarjetas de larga duración o de medicación autorizada3.
El artículo de Suárez-Varela et al que se publica en este número de Atención Primaria describe la experiencia, durante 6 meses, de la implantación de la receta electrónica en una consulta de un CS de Andalucía. Con la receta electrónica consiguen reducir en un 60% la media mensual de visitas administrativas para retirar las recetas de los tratamientos crónicos de una consulta específica para este tipo de actividad burocrática. Se trata pues de la evaluación de una de las primeras experiencias de la prueba piloto en la implantación de la receta electrónica en nuestro país, que se está realizando en diversas comunidades autónomas (Andalucía, Comunidad Valenciana y Galicia). El proceso se inició cuando el Congreso de los Diputados aprobó la introducción de la receta electrónica a través de la Ley de Acompañamiento en diciembre de 20034. Los autores utilizan en el título del artículo la expresión «de la utopía a la realidad» como reflexión-resumen de las expectativas que puede generar y del cambio sustancial que significa. No obstante, para el buen desarrollo de un programa de esta índole, y desde la óptica del médico prescriptor, deberían despejarse algunas de las dudas surgidas.
En principio el proceso precisará de nuevos recursos económicos, pero completar la informatización de los CS y farmacias en que aún no se haya llevado a cabo debería contemplarse como un elemento necesario para la modernización del propio sistema sanitario.
La mecanización de la prescripción, por el solo hecho de que no esté escrita a mano, puede reducir hasta el 60% de los errores en la prescripción5, pero los ordenadores pueden ayudar en otros aspectos también importantes, como evitar las contraindicaciones conocidas, que explican hasta un 4% de las reacciones graves a los medicamentos, además de las alergias conocidas y duplicidades de principios activos.
Los médicos prescriptores de este país, con más o menos reticencias, estaremos de acuerdo en la necesidad de poner al día a través de la informática 2 de las herramientas básicas de nuestro trabajo, como son la historia clínica y la prescripción de medicamentos. No obstante, por lo que respecta a la informatización de la historia clínica, la experiencia no está siendo fácil (sistemas de comunicación lentos, historias clínicas complicadas, programas informáticos no compatibles, desconexión entre niveles asistenciales y la propia formación de los profesionales, entre otros). Con la prescripción electrónica se plantean dudas que deberán despejarse para facilitar la extensión del proceso y permitir que se generalice esta prueba piloto: ¿será necesario recabar el consentimiento del paciente? ¿Es necesario transmitir datos privados de diagnóstico? ¿Aportará ventajas a la seguridad de los pacientes (alergias, interacciones, contraindicaciones, duplicidades)? ¿Será suficientemente seguro el sistema de firma digital? ¿Será un sistema fácil para todos los agentes implicados? ¿Será ágil el sistema de modificaciones de las prescripciones? ¿Evitará la dispensación masiva actual en las farmacias? ¿Evitará la sustitución indiscriminada de genéricos en las farmacias, tanto en prescripción aguda como en la crónica, como ocurre actualmente? ¿Evitará el problema actual de almacenamiento de medicamentos en las casas? ¿Se evitará la prescripción crónica no consensuada con el médico de familia e inducida por otros especialistas?
Respecto a las 2 primeras cuestiones, desde la Asociación Nacional de Consumidores y Usuarios de Servicios de Salud (Asusalud) ya se han manifestado algunas objeciones respecto a la necesidad de recabar el consentimiento del paciente para el tratamiento y la posible cesión de datos que comporta. Esta asociación de usuarios de la sanidad teme una posible utilización inadecuada de los datos de los pacientes incluidos en el proceso porque, entre otros puntos, no se contempla cómo van a ser custodiados.
Respecto a la seguridad física de los pacientes, los beneficios que el sistema debe aportar son esenciales porque éstos son errores evitables. No resulta fácil, y en países como el Reino Unido, con una mayor utilización que nosotros de la informática en la consulta de los médicos generales, han observado que algunos programas informáticos no detectan con suficiente precisión los errores de la prescripción6.
Además de la seguridad, el proceso que debe mejorar, esencialmente, es el de la prescripción por parte del médico y el cumplimiento por parte del paciente, y disminuir, para beneficio de ambos, la frecuentación innecesaria.
Uno de los nuevos problemas es la sustitución indiscriminada de los medicamentos genéricos, incluso en los tratamientos de larga duración, en la oficina de farmacia. No entendemos a quién beneficia la sustitución, porque al paciente sólo consigue crearle confusión. Esperemos que la prescripción electrónica racionalice esta práctica actual y contribuya a que se hagan públicos los datos sobre ella. Otro problema, éste más antiguo, es el conocido como «prescripción inducida por otros especialistas», que debe seguir haciendo el médico de familia. Por supuesto, se trata de una prescripción inducida, no consensuada o aceptada por éste. Es sabido que es uno de los canales de introducción de nuevos medicamentos en la práctica. Esperemos que el nuevo sistema de prescripción electrónica permita adjudicar/identificar al responsable de la indicación cuando ésta no esté consensuada.
La implantación de la receta electrónica parece que mejorará el proceso administrativo, permitirá disponer de los datos de facturación en tiempo real y evitará las demoras de cerca de 2 meses que supone actualizar los datos con el sistema actual.
Por último, entendemos que, cuando se diseña un proceso de esta envergadura que afecta a casi todos los actores del proceso, debe planificarse de forma muy meticulosa y pensar en el beneficio real de todos los implicados y, sobre todo, intentar resolver los problemas actuales y evitar crear otros nuevos.
