Los ahogamientos constituyen una de las principales causas de muerte accidental a nivel global y en España se sitúan entre las tres primeras causas de muerte no intencional. Con una suma aproximada de 400 víctimas mortales anuales, concentradas en su mayoría en los meses de verano, en 2024 las comunidades autónomas con mayor número de personas ahogadas han sido Galicia, Castilla y León, Cataluña, Islas Baleares, Andalucía y Canarias. En cuanto a las edades de las víctimas, según la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo1, los niños hasta los 5 años son quienes sufren más frecuentemente estos accidentes en piscinas particulares. Por otro lado, es destacable que el mayor número de ahogados se encuentra entre la población adulta de 65 a 75 años1,2.
Entre los principales factores de riesgo se encuentran la carente o inapropiada supervisión, la falta de sensibilización respecto a la seguridad en el medio acuático, y la malinterpretación del peligro incluso cuando se conocen las características del lugar, que lleva a los bañistas a adoptar actitudes temerarias como, por ejemplo, el baño en zonas expresamente prohibidas o lanzamientos de cabeza desde sitios peligrosos3. Cabe destacar en algunos casos la concomitancia del consumo de alcohol u otras sustancias que conllevan la sobreestimación de las propias habilidades4.
La prevención de ahogamientos supone un desafío para toda la sociedad. En este sentido, en España, la responsabilidad de la seguridad en playas y ríos es compartida entre el Gobierno central, que establece la legislación básica en materia de tecnología, seguridad y sistemas de alerta temprana y protección civil (uso de drones, inteligencia artificial, sensores, aplicaciones móviles para detectar condiciones peligrosas…), las comunidades autónomas, principales responsables de la gestión de las playas y ríos (incluyendo la elaboración de planes de seguridad, la señalización, el socorrismo y la vigilancia), y los Ayuntamientos, que mantienen las competencias en la gestión diaria de las playas y ríos situados en su término municipal, como la limpieza, el mantenimiento de las instalaciones y la coordinación con los servicios de emergencia.
En el caso de zonas de baño en propiedades particulares, los propietarios tienen la responsabilidad de garantizar el bienestar de los usuarios, cumpliendo con la normativa vigente en materia de vigilancia y seguridad. En este sentido, la aprobación de leyes supone un empuje gubernamental en pos de la seguridad ciudadana. Como muestra, comunidades autónomas como Cataluña, Asturias, La Rioja, Cantabria, Comunidad Valenciana, Baleares o Canarias ya penalizan mediante diferentes decretos la desatención de los menores en piscinas comunitarias o privadas, la irresponsabilidad de los ahogados y/o sus tutores, o que se confíe plenamente a los socorristas la responsabilidad de la seguridad de los menores5.
De cara a mitigar la problemática de los ahogamientos, las campañas de concienciación y prevención resultan esenciales para llegar a diferentes públicos (niños, adultos, turistas). Así, la cobertura mediática debe combinar mensajes informativos, vídeos e infogramas con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la adopción de medidas de seguridad en entornos acuáticos; por ejemplo, reconocer las banderas de advertencia, localizar puestos de socorristas, conocer el entorno y evitar zonas peligrosas1.
Como aspecto final a destacar, la reducción de las muertes por ahogamiento requiere la inversión en programas de capacitación especialmente dirigidos a niños y adolescentes. Desde una perspectiva educativa y preventiva, se trataría de enseñar a nadar y promover el uso de dispositivos de flotación personal, así como de educar en primeros auxilios en situaciones de ahogamiento y medidas de reanimación básicas6. Con ello, se garantizaría que la ciudadanía esté capacitada para tomar decisiones más precisas y oportunas ante situaciones críticas.
FinanciaciónEste estudio no recibió financiación.
Consideraciones éticasEste trabajo no implicó el uso de sujetos humanos, y estuvo exento de aprobación por un comité de ética.
Conflicto de interesesLos autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.
