Los programas docentes de Medicina de Familia y Comunitaria (MFyC) españoles siempre se han distinguido por sus propuestas pioneras en el campo de la tutorización en la formación sanitaria especializada. Sirva esta afirmación preliminar para justificar la preocupación creciente de sus responsables ante la ausencia de soluciones satisfactorias para los problemas que, desde hace ya bastantes años, vienen padeciendo los tutores MIR de los centros y unidades docentes de las distintas especialidades, entre ellas la de MFyC.
A pesar de las diferentes disposiciones legales que abordan la definición, perfil competencial, actividad e incentivación de los tutores MIR, la tozuda realidad nos indica que siguen existiendo déficits muy importantes en estos y otros aspectos que son causa de su desmotivación creciente. Esta situación se ve agravada por la existencia de disparidades importantes entre las distintas Comunidades Autónomas (CCAA) en todo lo que hace referencia a la incentivación y reconocimiento de los tutores.
En este contexto desfavorable no puede extrañar que, ante la falta de atractivo del cargo de tutor, cada vez sea más difícil encontrar candidatos que, cumpliendo con los requisitos curriculares establecidos, acepten acceder a esta responsabilidad. En el caso concreto de la atención primaria y comunitaria este hecho es un condicionante negativo de la capacidad docente de las unidades de MFyC.
La profunda descentralización de las competencias sanitarias a las CCAA también incluye la regulación operativa de la figura de los tutores MIR. El Real Decreto 183/2008 definió las líneas estratégicas en este ámbito, pero dejó a criterio de cada Comunidad Autónoma el calendario de su aplicación y la concreción de todos los aspectos relativos, por ejemplo, a la disponibilidad horaria para dedicarse a esta función o a su incentivación económica y reconocimiento en la carrera profesional. Como mencionaba antes, algunas CCAA han dictado disposiciones sobre estos puntos, pero aún son muchas las que aún no lo han hecho.
Es preciso que la administración sanitaria central priorice este problema y aborde a la mayor brevedad posible la elaboración de un nuevo decreto que sustituya al de 2008 ya que, después del tiempo transcurrido, se ha hecho evidente que el vigente hoy no ha servido para dar solución suficiente ni homogénea a la problemática de los tutores MIR.
También sería imprescindible que tanto las organizaciones profesionales como las sociedades científicas tomaran carta activa en este tema ya que el deterioro de las condiciones en que desarrollan su actividad los tutores tiene, sin lugar a dudas, consecuencias negativas sobre la calidad de la formación de los profesionales sanitarios.
La renovación del marco legal referido a los tutores MIR debe concretar más que el decreto de 2008 y, en sus distintos apartados, señalar calendarios de aplicación de las diferentes disposiciones, criterios mínimos para la definición de estas, así como posibles medidas sancionadoras en caso de incumplimiento, referidas a la renovación de la acreditación docente de centros y servicios.
No podemos seguir mirando para otro lado. Hay que abandonar la pasividad ante un problema que lesiona gravemente el sistema de formación sanitaria especializada y, si las administraciones responsables no lo hacen, pasar a la acción reivindicativa con el objetivo de encontrar soluciones a la problemática situación actual de los tutores MIR.
