Sres. Directores: Agradecemos a P. García y J. Navarro los comentarios a nuestra carta. Como ocurre en muchos casos, estamos de acuerdo en lo que hay que hacer, es decir, en qué se debe hacer en referencia a las intervenciones en tabaquismo. Otra cosa es el cómo, es decir, en cuáles son los mejores procedimientos para alcanzar los objetivos propuestos. En nuestra experiencia, la oferta de sustitutos de la nicotina en pacientes atendidos individualmente en el marco de la atención primaria es la que es, y no es otra.
Cuando decimos que el coste del producto sustitutivo de la nicotina es el principal obstáculo subjetivo que plantea el paciente, no estamos exponiendo una opinión, exponemos simplemente los hechos (los resultados objetivos obtenidos en nuestra consulta) y los hechos son siempre testarudos. Se podría argumentar que se trata de una población de nivel socioeconómico medio-bajo, que quizá no se les transmitió bien los beneficios económicos de la cesación tabáquica, etc. Pero cualquiera que trate fumadores en atención primaria sabe lo que ocurre en la práctica. Nosotros no decimos que ocurra lo mismo en los grupos terapéuticos que organizan las unidades de tabaquismo o en otros contextos asistenciales en los que hay una selección o autoselección de casos especialmente motivados.
Sabemos que hay diversos ejemplos de comunidades autónomas en las que la Administración ha proporcionado los sustitutivos de la nicotina para determinadas experiencias de atención a fumadores. Sabemos también que menos de un 10% de los fumadores atendidos en atención primaria cumplen criterios para ser tratados con sustitutivos de la nicotina (deseo real de dejar el tabaco, puntuación en test de Fagerström, intentos previos, alta motivación, etc.), por lo que el coste potencial de esta medida no se puede aplicar a los 10 millones de fumadores que tenemos en España, sino a una cifra que hemos estimado en unos 50.000 fumadores/año (no todos van a dejarlo a la vez), lo que supone 1.000 millones/año, es decir, una cifra 100 veces inferior a la que se gasta en fármacos antihipertensivos cada año en nuestro país (por cierto para obtener resultados bastante pobres). Este dinero saldría a buen seguro del ahorro en la atención sanitaria a los fumadores que abandonaran el tabaco (alrededor de 10.000 por año). Si además tenemos en cuenta que las intervenciones en tabaquismo son mucho más coste-efectivas que las intervenciones en hipertensión arterial o hipercolesteremia, pocas objeciones teóricas podríamos hacer a esa medida. Por otra parte, este planteamiento sería coherente con la subvención a otras terapias para conductas adictivas, caso de los fármacos interdictores en los alcohólicos o la metadona en los adictos a los opiáceos. Aunque es cierto que a veces lo gratuito no es apreciado (aunque nosotros no proponemos una gratuidad total, sino una subvención parcial, incluso en pensionistas), es conocido que facilita el cumplimiento del tratamiento en las clases sociales más desfavorecidas. En cuanto a la discusión sobre el coste-oportunidad de la medida, también podríamos hacerla extensiva a los 0,9 billones de pesetas que nos gastamos cada año en medicamentos: ¿no sería mejor emplear una parte sustancial de ese dinero en educación sanitaria?
