Sres. Directores: El autor de esta carta me atribuye una opinión no expresada en el editorial que su Revista amablemente publicó.
La decisión de introducir o no las vacunas conjugadas anti-Hib en el calendario vacunal es difícil. Intencionadamente, no hago una recomendación expresa, sino que expongo los hechos que definen la situación en España y los argumentos que pueden apoyar una u otra postura, que esencialmente son los siguientes:
La incidencia de la enfermedad no ha sido estudiada de forma correcta en nuestro país y sólo recientemente disponemos de datos aproximativos, que parecen indicar una menor incidencia que en otros donde se ha implantado la vacunación.
Las vacunas conjugadas han demostrado ser muy efectivas y seguras. No se comprende la alusión a la necesidad del uso de placebo en los ensayos clínicos. Son muchos los ensayos realizados correctamente y los países que han implantado la vacunación con una efectividad manifiesta.
La vacunación de grupos de riesgo, por lo restringida (en general las autoridades sanitarias sólo aceptan la vacunación de niños inmunodeficientes), no puede tener un efecto significativo en la población general.
La vacuna es muy cara y la prevención de cada caso resulta más costosa en nuestro país que en otros con mayor incidencia.
No cabe esperar de momento ahorro sanitario y, por lo tanto, sólo puede defenderse su inclusión asumiendo un mayor gasto en aras de la prevención de las secuelas asociadas y la mortalidad, con sus costes sociales y humanos. En este sentido, un estudio del Hospital La Fe de Valencia, publicado recientemente1 intenta cuantificar el coste de la pérdida de vidas y encuentra rentable la vacunación en su área de influencia.
El desarrollo futuro de vacunas combinadas podría disminuir notablemente los costes.
Con estas premisas la vacunación general ha sido incluida en las recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría, y por el contrario no ha sido incluida en los calendarios vacunales oficiales.
Para los gestores de la sanidad pública se trata de decidir si es posible y si merece la pena asumir el gasto. Hasta ahora la opción es que no, y se entienden las razones. A los pediatras se les plantea el dilema de si deben informar a los padres. Creo que la mayoría lo hace y parece razonable. Los padres están en su derecho de decidir si vacunan o no a sus hijos y razonablemente muchos lo harán.
Por otro lado, contraponer vacunación a eliminación de 14 plazas de pediatría me parece un sinsentido similar a prescindir de 20 plazas de radiólogo en el ejercicio en que se compra un aparato de resonancia magnética. Si la vacunación anti-Hib estuviese justificada, corresponde a los gestores públicos encontrar el modo de financiarla. Otras medidas y campañas preventivas de efectividad mucho menos demostrada lo han sido.
