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Vol. 22. Núm. 9.
Páginas 609-610 (noviembre 1998)
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Sres. Directores: Considero una interpretación excesivamente libre, apasionada e inexacta que en el editorial mencionado dé yo «por sentado», de manera explícita o implícita, que la responsabilidad del desmesurado crecimiento del gasto farmacéutico sea del médico de atención primaria (AP). No sólo no pienso así, sino que una lectura objetiva de mi texto no encuentra ni un solo indicio de ello y además aclara que lo que estoy pidiendo es una discusión con otro lenguaje y planteamientos, como hablar de resultados en términos de salud o hacerlo de prescripción eficiente. Por esta razón, no voy a discutir sobre el porcentaje del gasto farmacéutico que corresponde a atención primaria, siendo además cifras harto conocidas. Sin embargo, sí me gustaría, en la línea de precisiones semánticas del Dr. Baena, diferenciar lo que es la prescripción inducida de lo que se ha denominado prescripción forzada o prescripción cautiva. Me parece una trivialización y una grave autocomplacencia concluir que, como la prescripción de AP que se origina en atención especializada es un 46,4%, éste es un consumo no imputable a AP. Los pacientes que reciben aquellas recetas son pacientes nuestros, de AP, que hemos derivado por diferentes razones (y en diferente cuantía), pero que en cualquier caso hubiéramos debido tratar (o no). Además, lo que realmente no debería ser imputable a AP son las recetas con las que no estamos de acuerdo (prescripción forzada) que, por supuesto, son muchas menos que ese 46,4%. Mientras la atención especializada no esté obligada y preparada a asumir sus propias recetas, éste es un hecho incontrovertible y la lógica furia que esta injusta imputación produce debería dirigirse de manera más precisa. El ejemplo de la ticlopidina me parece pura demagogia, y de nuevo el Dr. Baena pone en mi texto juicios no pronunciados ni implícitos. Espero haber sido mejor entendido por otros lectores.