Ante la actual situación derivada de la aprobación del RD 16/20121 (con entrada en vigor el pasado 01-09-2012) no se puede aplicar, ni mucho menos, aquello de «este es un pequeño paso para un hombre pero un gran salto para la humanidad». Todo lo contrario. Según el INE2, el pasado año llegaron a nuestro país 457.650 personas (cabe destacar que emigraron 507.740), de los cuales el 32,77% fueron etiquetados como «ilegales», a los que se les negará la atención en la sanidad pública («salvo excepciones»)1.
Tal y como figura en dicho RD, esta es una medida «urgente» que pretende «mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones». La ironía surge cuando en ningún caso se puede producir tal mejoría, puesto que: a)se pretende dejar desatendida a una masa de población nada despreciable (aproximadamente 150.000 personas); b)el hecho de negarles la asistencia puede provocar el desarrollo de epidemias; c)con este tipo de medidas puede fomentarse la xenofobia en los usuarios «legales» del Sistema Nacional Sanitario (SNS); d)se compromete al facultativo a tener que tomar una decisión que para muchos puede resultar desagradable, objetar o cumplir con la ley pese a incurrir en un delito de «omisión de socorro» o «denegación de auxilio»; e)aumentará la atención en los Servicios de Urgencias (de por sí sobresaturados gracias a recortes previos), generando unos costes económicos con los que no se ha contado, y f)la calidad asistencial no puede progresar cuando constantemente el SNS (y especialmente el colectivo de APS3,4) está sufriendo recortes indiscriminados (destinándose el dinero a otros fines, como, por ejemplo, al colectivo taurino o al rescate de bancos, aunque ello supone otra historia).
Como estudiantes de medicina, quisiéramos manifestar nuestro desconcierto y decepción ante las directrices que ha tomado el actual Gobierno con respecto a esta situación. No entendemos cómo se incluyen asignaturas como Legislación, Gestión Sanitaria o Bioética en los planes de estudio, cómo se nos habla de la Carta de Esculapio, del Juramento Hipocrático, de la Declaración de Ginebra, de la Ley General de Sanidad o del Código Deontológico, si finalmente pretenden que neguemos la asistencia a quien la requiere. ¿Cómo es posible que se planteen planes educativos en los que se incluye la formación humanística y cultural del estudiante y ulteriormente se adopten este tipo de medidas? Si una persona precisa nuestra a atención, ¿por qué debemos distinguir entre raza, color, nacionalidad o situación de legalidad?
Entendemos que nuestros gobernantes-tecnócratas olvidan (con cierta frecuencia) que el médico trata a personas, que trabaja con un igual; luego el hecho de atender a los pacientes «ilegales» no debe ser una cuestión de conciencia, sino de mero reconocimiento de Derechos Humanos. Cuando un Gobierno antepone los deseos de unos pocos (bancos, equipos de fútbol o empresas de distinta índole) a los derechos de una población, y no vela por sus intereses, las personas quedamos vulnerables, especialmente aquellas con menos recursos. En este sentido, los más desfavorecidos son los primeros a los que se debería proteger, y así lo entiende la Constitución Española (Artículo 43: «Derecho a la protección de la salud»)5. La salud no puede ni debe estar supeditada a aspectos puramente económicos.
No entendemos cómo argumentan la necesidad de implantar esta cruel medida basándose en criterios únicamente económicos, cuando el ahorro correspondiente a negar la asistencia a inmigrantes «ilegales» supondría unos 500 millones de euros, es decir, el equivalente al 0,71% del presupuesto anual del Ministerio de Sanidad, el cual curiosamente recuerda el coste del fraude fiscal en España: 70.000 millones de euros.
Tras la lectura del mencionado RD concluimos que esta es una medida absolutamente irresponsable, desalmada, irracional y repleta de contenido demagógico, que como estudiantes de medicina, usuarios del SNS y futuros médicos rechazamos rotundamente.
Desde aquí queremos agradecer a los más de 2.000 médicos que se han declarado objetores de conciencia. ¡Gracias!
Conflicto de interesesLos autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.
