Sr. Director: Si dispusiésemos de un tratamiento seguro y eficaz que redujese la morbimortalidad de nuestros pacientes hasta en un 80% y aportase sustanciales beneficios sanitarios y económicos, ¿dudaríamos en utilizarlo? Cualquier comité ético de investigación suspendería un ensayo clínico en el que se demostraran en el grupo con tratamiento tales beneficios que significara un agravio no aplicarlos también al grupo control. Sin embargo, contamos con una intervención que responde a las características descritas en cuanto a beneficio para los pacientes y no está siendo optimizada: la vacunación antigripal.
Existen evidencias científicas de la repercusión sobre la mortalidad y la morbilidad evitable de la inmunización contra el virus de la gripe; sin embargo, según los datos de la OMS, en los países más avanzados las tasas de inmunización pueden no superar el 10% en los grupos de alto riesgo. En España, se estima que unas 3.000 personas mueren cada año como consecuencia de la gripe (SEPAR).
El personal que trabaja en el ámbito sanitario es un grupo de riesgo en el que se recomienda la vacunación. Por un lado, para impedir el contagio de los pacientes, evitando el agravamiento de patologías ya establecidas en su organismo. Por otro lado, por la recomendación de vacunar a los trabajadores de servicios esenciales para la comunidad y reducir así las posibles repercusiones sociales en una época de epidemia. Por último, para proteger de la enfermedad a los profesionales, lo que supone un ahorro en los costes por incapacidad temporal y atenúa la sobrecarga del servicio por bajas laborales imprevistas.
Parece natural que, conociendo los beneficios de la vacunación, encontrásemos una alta cobertura en este colectivo; sin embargo, la bibliografía muestra la «resistencia» a la vacunación entre el personal de los centros sanitarios1-6. Algunos investigadores de los Centers of Disease Control (CDC) de Atlanta señalan que la gripe es una enfermedad cuya gravedad está infravalorada y que en Estados Unidos el número de personas que mueren por gripe es mayor que hace dos décadas. En el Área 19 de la Comunidad Valenciana (Elche, Santa Pola y Crevillente, de 256.590 habitantes), la cobertura de la vacuna en el grupo de mayores de 65 años en la campaña antigripal 2002-2003 ha sido del 53,2%, mientras que la del personal de los centros de salud fue del 27,3%, sensiblemente inferior. Por tanto, parece que en la actividad preventiva tenemos un enfoque tan centrado en el usuario que no valoramos hasta qué punto la propia vacunación es una medida preventiva para nosotros y nuestros pacientes. Ésta es una de las pocas actividades preventivas en atención primaria que dependen exclusivamente del trabajador y no del paciente y, sin embargo, las tasas de cobertura son bajas (tabla 1). Como profesionales orientados hacia la prevención y la promoción de la salud, que asumimos hace tiempo la cultura de la calidad y de la evidencia científica en la práctica clínica, ¿podemos mostrarnos indiferentes ante estos datos? Es necesaria una reflexión profunda sobre el hecho de que una intervención con un grado de efectividad y eficiencia tan alto no se haya incorporado a los propios profesionales.
