La revista Avances en Diabetología —órgano oficial de expresión de la Sociedad Española de Diabetes (SED)— dedica un número extraordinario al análisis de las ventajas potenciales de la insulina aspart en distintos contextos clínicos. Dicho suplemento ha sido patrocinado por la compañía que comercializa la molécula. Los abajo firmantes creemos que ello abre varias cuestiones serias tanto acerca del papel de una sociedad científica, como de su medio de expresión. Cuestiones que, a nuestro parecer, rebasan las consideraciones meramente metodológicas para instalarse en el corazón de la ética y la responsabilidad de una sociedad científica con el entorno social en el que se desarrollan sus actividades.
Que la diabetes es una enfermedad de muy alta prevalencia y sus implicaciones la convierten en un problema de salud pública de primer orden debería quedar fuera de toda duda. Por ello, creemos que cualquier debate acerca de las bondades o conveniencias relativas de las herramientas terapéuticas empleadas en su manejo debe realizarse en el contexto del más estricto rigor metodológico. Debe analizarse así la eficacia comparada, a ser posible sobre puntos clave «duros» basados en el impacto sobre órganos diana o, a falta de datos en este sentido, sobre variables subrogadas de fortaleza indudable conjuntamente con datos de seguridad, conveniencia o aceptabilidad y, cómo no, costes implicados. Y las herramientas deben analizarse de un modo conjunto, a ser posible evaluando alternativas y algoritmos terapéuticos. Esta perspectiva adquiere una mayor trascendencia considerando el impacto epidemiológico de la diabetes, la crisis económica que atravesamos y sus indudables repercusiones sobre los sistemas sanitarios.
Muchos tenemos la impresión de que, en general, los análogos de insulina se introdujeron en el mercado rápidamente ofreciendo ventajas farmacocinéticas sin que existiese una evaluación clínica y farmacoeconómica rigurosa en los distintos contextos de aplicación. La sociedad confiaba en los clínicos y nosotros confiábamos en nuestros líderes de opinión nacionales e internacionales que desarrollan los ensayos clínicos. Sin embargo, esta cadena de confianza puede haber sido contaminada en algunas ocasiones por el conflicto de intereses y generar de este modo bolsas de gasto ineficiente.
Por presentar un botón de muestra de nuestra realidad —asumiendo que no tenemos un país ejemplar en cuanto al rigor de sus registros y a la transparencia de sus datos—, podemos dar un repaso somero al gasto que el Servicio Extremeño de Salud destinó en 2011 a insulinas y fármacos hipoglucemiantes: un total de 26,5 millones de euros (el 7,3% del gasto farmacológico extrahospitalario total; de esa cifra, 11,5 y 15 millones de euros se gastaron en insulinas y otros fármacos hipoglucemiantes, respectivamente). Destacamos algunos datos que nos parecen relevantes:
- 1.
El 50% del gasto en insulinas recae sobre una única molécula, la insulina glargina.
- 2.
De los 11,5 millones gastados en insulina, 10,3 se gastan en análogos de insulina.
- 3.
El 66% del gasto en fármacos hipoglucemiantes corresponde a las diferentes formulaciones de inhibidores de la enzima DPP-IV y análogos de GLP1.
Los abajo firmantes no estamos del todo convencidos de que este empleo de fondos públicos —que bien hacen falta en otros recursos para la misma enfermedad, como puede ser el refuerzo de horario protegido para una correcta atención al paciente diabético en atención primaria, o bien para el fortalecimiento y la defensa de la educación diabetológica y de la atención especializada en coordinación con todos los recursos disponibles— esté debidamente justificado sobre la base de la mejor evidencia disponible atendiendo a resultados en salud. Se nos antoja, pues, que se trata de una vía posiblemente errónea de vehicular los escasos recursos disponibles de un sistema sanitario público ya suficientemente amenazado de restricciones presupuestarias por otros motivos.
Otra cuestión que no es menor es el empleo del órgano oficial de una sociedad científica para hacer una monografía de producto patrocinada por su respectiva compañía. Los abajo firmantes pensamos que tal tipo de publicación —legítima, por otra parte— pertenece a la propaganda. El mecanismo de mezclar las actividades de sociedades científicas con los de compañías farmacéuticas no es nuevo. Ahí está la base del patrocinio de los congresos científicos y una de las razones de su relativo —pero progresivo— descrédito. Duele, sin embargo, que la misma enfermedad sistémica alcance el corazón de una sociedad científica y a su órgano de expresión. Porque, entonces, mejor que vayamos directamente a inscribirla en el registro de sociedades mercantiles.
