Erik Iván Matamoros Amieva ha titulado su libro La colegiación obligatoria de abogados en México, nombre que no le hace justicia a su acuciosa investigación, que no sólo nos ofrece una sólida argumentación sobre la importancia y necesidad de la obligatoriedad de que los abogados en México estén colegiados, sino que también es un exhaustivo análisis de las peripecias y desasosiegos que significa ser licenciado en derecho en nuestro país.
Erik Iván, joven abogado egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, refleja en esta obra su honda preocupación por el devenir de la abogacía mexicana. Gracias a él nos enteramos que desde 1945 la Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General de Profesiones, ha expedido casi medio millón de cédulas para que abogados egresados de las casi un millar de instituciones de educación superior mexicanas que imparten la licenciatura en derecho puedan ejercer la profesión en la que fueron preparados en dichas instituciones. Para nuestra sorpresa, también nos enteramos que existen 34 denominaciones diferentes de la profesión jurídica y que hay discrepancias en la formación que reciben los alumnos de la República mexicana que acuden a las distintas aulas universitarias para estudiar jurisprudencia.
Uno de los atractivos de este texto, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, es la afectuosa introducción de Héctor Fix-Zamudio, quien nos ofrece algunos datos del inquieto autor, desde que éste colaboró con el distinguido jurisconsulto como ayudante de investigación. Bajo la tutela de Fix-Zamudio, Erik Iván llevó a cabo este trabajo que culminó con una exitosa tesis que le otorgó la licencia para ejercer el oficio de jurista y que ahora en forma de libro aparece como el número 194 de la prestigiada serie Estudios Jurídicos.
En el prólogo, Jorge Ulises Carmona Tinoco, también investigador del mencionado Instituto, comparte con el autor su inquietud por el desprestigio que rodea en los últimos tiempos a la profesión jurídica, leit motiv que está presente en toda la obra y detrás de la propuesta de la colegiación obligatoria de los abogados mexicanos como garante de que la profesión sea ejercida por personas debidamente habilitadas para ser el adecuado eslabón entre los ciudadanos y la impartición de la justicia.
Como fundamento de su propuesta de la colegiación obligatoria en cuanto mecanismo idóneo para mejorar la situación en que se encuentra la abogacía en México, Erik Iván nos introduce en los recovecos de esta profesión y nos presenta un diagnóstico que en momentos es alarmante acerca de los avatares de la disciplina en nuestro país.
El autor no tiene empacho en aceptar algunos de los principales problemas que rodean el ejercicio profesional de este oficio, y acepta entre otras cosas que éste ocupa el segundo lugar en denuncias por el uso de cédulas profesionales apócrifas, y que la fama de deshonestidad, abuso y corrupción pende como espada de Damocles sobre los integrantes de este gremio profesional.
Erik Iván, preocupado por las distorsiones de la práctica del derecho en México, recurre a una mirada crítica para detectar el origen de esas distorsiones. Desde el atractivo que ejerce la carrera por el prestigio que la acompañó desde su surgimiento, o simplemente por la ausencia de las matemáticas dentro de los planes de estudio como determinantes de la elección estudiantil por estudiarla, hasta la proliferación de escuelas de derecho en instituciones privadas que ven en esto un lucrativo negocio en el que lo que menos interesa es la calidad académica; el autor revisa sin benevolencia, desde distintas perspectivas, el modus operandi en México de este sector de profesionistas.
Hay una verdadera crisis en el desempeño de los abogados, muchos de los cuales, una vez egresados de sus centros de estudios y obtenida su licencia para ejercer su profesión, rara vez vuelven a pisar un salón de clases para actualizar sus conocimientos y la experiencia obtenida no es tanto por el fogueo que da la práctica profesional sino por la capacidad para las relaciones públicas, los vínculos con el coyotaje y con algunos aspectos pocos claros de la impartición de la justicia.
Otro aspecto que señala el autor es el relacionado con la falta de actualización de los métodos de enseñanza. En un mundo que ha sido revolucionado con las nuevas tecnologías de la información, la enseñanza del derecho ha tenido dificultades para adaptarse a esa nueva realidad educativa, persistiendo la memorización y la acumulación de información como formas de trasmisión del conocimiento.
Vivimos tiempos de educación líquida como denomina Zygmunt Bauman a esta era en la que el conocimiento deja de tener vigencia con gran rapidez, pero la docencia del derecho no ha encontrado senderos para estar en consonancia con estos nuevos tiempos provocando, como señala el autor, “un desperdicio de espacios cerebrales al memorizar conceptos que tienen una duración efímera en estos tiempos de reformas constantes”.
Por otro lado, el cambio de intereses de los estudiantes de derecho se ha modificado sustancialmente. Antes, se era abogado para hacer una carrera política o en la administración pública. La historia reciente de México nos habla de la gran transformación que vivió nuestro país cuando sus dirigentes políticos dejaron de ser militares formados bajo el fuego de la revolución mexicana de principios del siglo pasado, y ser sustituidos por “licenciados en derecho” egresados de la UNAM principalmente, que fueron los responsables de la modernización del país, en donde el analfabetismo era uno de los principales retos a combatir junto con la sustitución de importaciones a través de la industrialización.
Abogados de gran prosapia formados en las principales universidades públicas mexicanas han hecho grandes aportaciones no solo en la jurisprudencia sino en la literatura, la historia, las humanidades, por lo que es inexplicable para el autor la descalificación que sufren ahora los alumnos egresados de estas instituciones, semillero tradicional de talentos nacionales. Ahora se es abogado para formar parte de un despacho jurídico prestigiado o para deambular por los diferentes ámbitos del organigrama del Poder Judicial.
Por tal motivo, un punto nodal de este análisis son las recomendaciones que el autor hace en el sentido de una actualización pedagógica del profesorado, pues se ha agudizado el divorcio de lo que se aprende en el aula y lo que es la práctica actual de la abogacía. Lamenta que los textos utilizados por la mayoría de los docentes del derecho tengan más de 50 años de haber sido publicados. En muchas universidades, tanto públicas como privadas, es común que los profesores usen como libro de texto el mismo ejemplar que ellos utilizaron cuando eran estudiantes universitarios y hasta los muestran orgullosos a sus pupilos.
Otra de las preocupaciones de Erik es que la mayoría de los actuales aspirantes a abogados no leen ni saben redactar y son incapaces para la argumentación legal, por mencionar algunas limitaciones. Para el autor, muchos de los alumnos de las universidades públicas carecen de un compromiso auténtico con sus estudios. El bajo nivel académico ha hecho de los estudios de posgrado un mecanismo para compensar los vacíos formativos, pero ni aún así se suplen las deficiencias, pues como lo señala Fix-Zamudio, “muchos títulos de doctorado equivalen realmente a la licenciatura”.
Ante este panorama, hasta cierto punto desolador, la colegiación obligatoria de los abogados se convierte en un imperativo urgente. Para fundamentar su propuesta, el autor hace varios recorridos: desde una revisión histórica de los distintos requisitos establecidos en México en los siglos XVII y XVIII hacia quienes habían concluido sus estudios como bachiller en leyes antes de recibir su grado de licenciado, así como de la legislación nacional y estatal existente, hasta la comparación de cómo estos mecanismos de control y vigilancia se han implementado en diferentes países, pasando por los efectos del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, así como la revisión de algunos dictámenes tanto de la Corte Internacional como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre este tema.
Después de leer con interés este libro, que mención aparte está bien escrito, lo que facilita su lectura, podemos asegurar que Erik Iván “se metió hasta la cocina” y no dejó ningún aspecto sin revisar, relacionado con este tema. Dispuesto a tomar “al toro por los cuernos”, el autor nos entera de la gran resistencia que hay en amplios sectores de la abogacía hacia la colegiación obligatoria y, sobre todo, la negativa a ser evaluados por sus pares a través de asociaciones y colegios.
Ante esto, entre los usos y costumbres que es conveniente erradicar, producto de ambigüedades legislativas, están los relacionados con la proliferación de barras, asociaciones y colegios de litigantes, de los cuales 133 están registrados ante las oficinas federales y estatales correspondientes, mismas que reportan un bajo número de agremiados, que solamente representan el 3.2% del total de los profesionistas registrados.
Así es que para lograr la obligatoriedad de la colegiación todavía falta un largo trecho por recorrer. Primero hay que empezar por ordenar la casa, pues la falta de mecanismos de control por parte de las autoridades encargadas de vigilar a las asociaciones y colegios y el cumplimiento de sus códigos de ética, hace más compleja la obligatoriedad.
Consciente de que el registro de un título y la expedición de una cédula es un mero trámite administrativo que no implica la certificación de habilidades, aptitudes y conocimientos, el autor juega con la idea de proponer la creación del Instituto Nacional de Profesiones, como un organismo autónomo e independiente, con recursos propios, para diferenciarlo de las instancias oficiales existentes, pues considera vital que el Instituto se encuentre fuera del esquema de la educación superior en México. Igualmente, plantea la creación de una ley general que establezca las bases sobre las cuales las entidades federativas diseñen mecanismos para la adecuada certificación de conocimientos profesionales.
Para Erik Iván Matamoros Amieva, la colegiación es el medio más eficaz para la reivindicación de los abogados en la sociedad mexicana, de tal modo, “que el ejercicio de la abogacía deje de ser la lucha de la selva”. Ahora falta convertirla en política pública e implementarla correctamente. Un reto que creemos vale la pena.
Solo nos resta felicitar sinceramente a mi colega, compañero de trabajo y joven amigo, a quien le auguro un futuro prometedor como estudioso del derecho. Agradezco la interesante bibliografía citada, que nos permite asomarnos a la problemática del ejercicio de los abogados en México y la preocupación de varios estudiosos de ese tema, lo que nos da esperanza de que los caminos pueden modificarse.
Hago una invitación desde estas líneas a leer esta interesante obra, que estoy seguro los atrapará de la misma manera que a mí y hago extensiva mi felicitación a la UNAM y a su Instituto de Investigaciones Jurídicas por apoyar publicaciones de sus jóvenes egresados, que nos ofrecen una visión propositiva sobre el mejoramiento de su campo profesional.