La contienda por los contenidos de educación sexual: repertorios discursivos y políticos utilizados por actores en México a inicios del siglo XXI

Resumen

En 2006, en México hubo una contienda para modificar contenidos de educación sexual en secundaria. Para entender esta lucha por la educación laica, aplicamos entrevistas y revisamos declaraciones públicas de distintos actores, documentando el uso de repertorios discursivos para argumentar sus propuestas y la articulación con empresarios y funcionarios públicos. La disputa muestra cómo el Estado laico se construye mediante estrategias de diferentes actores y refleja la legitimidad de los discursos tanto religiosos como seculares. La laicidad de la educación sexual avanzó debido a que el Estado laico se sostiene en un complejo marco legal y político; y a que la evidencia científica y las prioridades en población, salud, género y derechos humanos mostraron mayor legitimidad que los valores religiosos. Sin embargo, los contenidos son permeados por discursos católicos debido al uso de redes de poder y a la preocupación por la pérdida del orden sexual.

Abstract

In 2006, there was a fight to modify the content of middle school sex education in Mexico. To understand this struggle for secular education, we conducted interviews and reviewed public statements by different actors, documenting the use of discursive repertoires to argue their proposals and the link with businessmen and public officials. The struggle shows how the secular state is constructed through actors’ strategies and reflects the legitimacy of both religious and secular discourse. The secularism of sex education advanced because the secular state is underpinned by a complex legal and political framework which scientific evidence and population, health, gender and human rights priorities regard as being more legitimate than religious values. However, the contents are permeated by Catholic discourse due to the use of power networks and concerns over the loss of sexual order.

Resumo

Em 2006, houve no México uma disputa para modificar o conteúdo da educação sexual nas escolas secundárias. Para entender essa luta pela educação laica, aplicamos entrevistas e revisamos as declarações públicas de diferentes atores, documentando a utilização dos repertórios discursivos para discutir suas propostas e a coordenação com empresários e funcionários públicos. A disputa mostra como o Estado laico é construído por estratégias de atores e reflete a legitimidade religiosa e secular dos discursos. O caráter laico da educação sexual adiantou porque o Estado é suportado num quadro jurídico e político complexo, e também porque provas científicas e as prioridades da população em termos de saúde, gênero e direitos humanos mostraram uma maior legitimidade do que os valores religiosos. No entanto, os conteúdos são permeados por discursos católicos a consequência do uso de redes de poder e a preocupação com a perda da ordem sexual.

Introducción

Un Estado laico se sostiene en una cultura política y un marco jurídico que mantienen su autonomía respecto a las instituciones, significados y valores religiosos; la laicidad consiste en que las leyes, las políticas públicas y el quehacer del Estado se basan en los principios de la democracia, los derechos humanos, y el conocimiento científico.¹ México se ha construido como Estado laico desde 1857; desde 1917, el artículo tercero constitucional establece que la educación pública debe ser laica, y progresivamente se han puesto límites a la influencia de las instituciones religiosas en este ámbito; sin embargo, la sexualidad ha continuado siendo regulada por discursos religiosos sobre los procesos reproductivos, los usos del cuerpo y la estructura de “la familia”. Los contenidos sobre educación sexual de los libros de texto son un indicador de laicidad y son el resultado de una lucha entre actores seculares y religiosos, donde las organizaciones católicas y otros actores temen que la educación sexual laica provoque el caos y la pérdida del orden social.

Este artículo documenta la contienda que hubo en México entre 2006 y 2008 respecto de los contenidos de educación sexual de los libros de Ciencias 1 (biología) para secundaria. Esta disputa entre organizaciones católicas y organizaciones de derechos sexuales es parte de una lucha histórica que se inició a principios del siglo XX (Del Castillo, 2000) sobre la atribución del Estado para definir e impartir educación sexual, acerca de cuáles contenidos deben ser incluidos, y desde cuáles principios y valores. Esta lucha muestra cómo la acción colectiva reconfigura las relaciones de poder entre gobierno y organizaciones tanto religiosas como seculares; los actores movilizaron estrategias de incidencia en las que utilizaron repertorios discursivos y se articularon dentro de la red de relaciones de poder. El resultado refleja la capacidad de influencia de la religión en un Estado laico.

Las organizaciones con perspectiva católica incidieron en las acciones de funcionarios del gobierno federal y de varios estados, pero encontraron un frente de resistencia: el de actores que empujaron la educación sexual laica de acuerdo con las convenciones internacionales, la Constitución mexicana y leyes sobre salud, educación, género, y discriminación. Esta lucha muestra que el debate entre lo sagrado y lo profano continúa siendo importante, y que el cambio de los contenidos oficiales es movido por actores cuya eficacia se basa en articulaciones estratégicas y en la legitimidad de sus discursos. Muestra cómo el poder opera a través de producción y distribución de discursos sobre sexualidad, y revela procesos de resistencia que lo subvierten y transforman (Foucault, 2007).

El objetivo de esta investigación es entender los discursos y estrategias que utilizan los actores para incidir en los contenidos oficiales de la educación sexual. Exploramos de qué manera se articulan los actores y utilizan los significados religiosos y seculares como repertorios discursivos que dan sentido y legitimidad a su acción. Se documentan las estrategias y repertorios discursivos que emplean en una red de relaciones de fuerzas. La información se obtuvo mediante la revisión de declaraciones en prensa, documentos y entrevistas con actores y personas involucradas en las políticas de educación sexual.² Este documento se enfoca en la acción dentro de la contienda y no aborda los materiales que motivaron la disputa, que serán parte de otras publicaciones.

Este texto aporta nuevas evidencias a un campo de investigación en crecimiento: los estudios sobre los enfrentamientos en torno a las políticas de educación sexual, de los cuales destacan algunos trabajos. En México, se analizan dos momentos históricos en la construcción de la laicidad: Del Castillo Troncoso (2000) documenta cómo en 1933 los actores religiosos movilizaron a la comunidad escolar, deteniendo la primera iniciativa de educación sexual; Granados, Nasaiya y Torres (2007) analizaron estrategias y discursos de una red de actores que incidieron en los contenidos oficiales a fines del siglo XX. En Argentina, Esquivel (2013) revisó discursos y actuaciones de dirigentes políticos y religiosos ante la reciente Ley de Educación Sexual en Buenos Aires. En Escocia, Epstein (2000) documenta el hecho de que el gobierno negoció con las iglesias los lineamientos sobre educación sexual. Williams (2011), en Estados Unidos, estudió el movimiento en favor de la abstinencia y mostró la movilización de actores evangélicos comprometidos a pesar de falta de recursos provistos por el gobierno demócrata.

Principalmente desde el postestructuralismo y la sociología de la religión, estos estudios muestran que los discursos reguladores de la sexualidad se construyen por la movilización de actores en redes de relaciones de fuerza y dan cuenta de su preocupación por la pérdida del orden sexual y sus maneras de interpelar al Estado. Este artículo pretende aportar un marco conceptual sobre sexualidad, religión y poder; y documenta no solo la acción de actores políticos y religiosos, sino de organizaciones ciudadanas que defienden la laicidad en un contexto en que ciertos funcionarios de gobierno se inclinan por la religión.

Sexualidad, religión y poder: una caja de herramientas

Para este análisis utilizo un marco conceptual en tres áreas: regulación de la sexualidad, construcción del Estado laico y estrategias utilizadas por diferentes actores. Entiendo la sexualidad como un constructo social y un elemento estratégico en la organización de la sociedad y de la subjetividad (Weeks, 1998, p. 27). La educación sexual juega un papel central en las políticas de salud y población, es una apuesta por la regulación de los sujetos y la población, e implica diversas relaciones de poder que operan a través de discursos (Foucault, 2007, p. 129). En tanto la religión legitima al orden social al otorgarle un significado como natural, eterno y sagrado (Berger, 1981, p. 57), considero que el cristianismo produjo un orden sexual legítimo en Occidente. Para entender dicho orden, retomo a Reich (1985, p. 48), quien identifica que un sector social experimenta “la necesidad de la regulación moral, porque asegura que si se eliminara […] acarrearía el caos”; y a Bauman (2010, p. 52), quien afirma que todo orden social produce visiones de los peligros que amenazan su identidad. Por su parte, Weber (2008, pp. 25-27) sostiene que existe un orden legítimo que los sujetos respetan por un sentido del deber y cuya legitimidad se garantiza en función de intereses, posibles consecuencias, afectos, valores o “de manera religiosa […] por la creencia en bienes de salvación”. Desde esta lógica, planteo que la exclusión de contenidos de los libros de texto resulta de un temor colectivo por la pérdida de dicho orden, tal como se produce ante sujetos y prácticas que salen de las normas tradicionales; respecto a esto último, Weeks (1998, p. 99) denomina pánico moral a la ansiedad social hacia quienes son identificados como amenaza cuando se redefinen los límites de lo que se considera legítimo, y Butler (2010) habla de la abyección como los procesos mediante los cuales la sociedad expulsa del espacio social a sujetos cuya sexualidad es percibida como un peligro cultural.

Por orden sexual legítimo me refiero al sistema de regulaciones sobre el deseo, las identidades, la vinculación y las prácticas sexuales; no es una realidad, sino una representación normativa cuya legitimidad se sotiene en que los sujetos le reconozcan un carácter obligatorio (Weber, 2008, p. 25). La moral judeocristiana ha naturalizado y legitimado un orden subordinado a la noción de “sexualidad natural”, con un sentido reproductivo, un dogma de complementariedad entre los sexos, la sacralización del matrimonio monogámico y la renuncia al placer. En sociedades cada vez más plurales no hay un único orden sexual legítimo, sino que coexisten distintos órdenes discursivos cuyos marcos éticos se contradicen y complementan pero no se universalizan, sino constituyen “intentos […] fallidos de domesticar el campo de las diferencias” (Laclau y Mouffe, 2004, p. 108). En consecuencia, la disputa por la educación sexual es una lucha entre la conservación y la transformación del orden sexual reconocido como legítimo en medio de creencias, intereses, realidades, y bajo el temor de que el incumplimiento del modelo judeocristiano genere desorden, caos o deterioro social.

La construcción del Estado laico se aborda a partir de dos conceptos clave: laicidad y secularización. La secularización es un proceso de transformación cultural de las sociedades occidentales modernas; consiste en la disminución de la importancia social de las religiones judeocristianas, que van perdiendo parte de su poder político y su rol constitutivo en la vida social (Giumbelli, p. 28); los valores y significados religiosos se convierten en un asunto privado, de libre elección, que el Estado deja de imponer formalmente, y se pluralizan y recomponen (Hervieu-Leyer, 2004, p. 16). La laicidad consiste en la autonomía de la esfera política respecto de valores e instituciones religiosas; Blancarte (2008a, p. 29) la define como “el régimen social de convivencia cuyas instituciones políticas son legitimadas por la soberanía popular y no por elementos religiosos”, entendiéndola como resultado de un cambio político que ha habido en diversos países con el fin de garantizar el respeto a la libertad de conciencia. En México, la laicidad se sostiene en una serie de medidas legales y en una cultura política que se ha construido desde la segunda mitad del siglo XIX. Desde esta perspectiva, un Estado laico es un sistema jurídico-político que mantiene autonomía en sus leyes, instituciones y políticas públicas respecto de doctrinas y autoridades religiosas (Blancarte, 2008b; Bauberot, 2008); y una educación laica es aquella cuyos contenidos y prácticas se fundamentan en la ciencia, responden a las realidades sociales, se sostienen en principios democráticos —como los derechos humanos— y no imponen valores ni significados de ninguna religión.

Comprender la laicidad implica definir lo público y lo privado; Rabotnikof (1998) y Casanova (1994) identifican distintas visiones al respecto; este último señala que no hay división clara entre ambas esferas. Fraser (1993), sostiene que “público” y “privado” son nociones creadas por la burguesía para establecer su propia acción como una esfera protegida de la intervención del Estado, y señalar el trabajo gubernamental como un área en la que los integrantes de la burguesía tienen derecho de influir.

Considerando lo anterior, propongo una definición que reelaboro a partir de las ideas de Blancarte cuando aborda los derechos sexuales (Blancarte, 2008a, pp. 39-41). Este autor afirma que el papel del Estado laico es garantizar la libertad de conciencia. La esfera privada incluye asuntos que no afectan a terceros, por ello el sujeto no está obligado a someterse a la opinión de la comunidad; aquí el Estado no tiene derecho de imponer o prohibir, sino que su papel es proteger la vida privada. La esfera pública constituye aquellas situaciones de interés general que tienen repercusiones más allá de los sujetos; todas las personas tenemos el derecho a conocer y participar en asuntos públicos, y el Estado tiene la obligación de regular e implementar políticas públicas incluyentes. Por ende, las y los funcionarios públicos deben mantener sus creencias personales y religiosas fuera del ejercicio de sus funciones (Blancarte, 2008a, p. 40). Finalmente, el Estado laico tiene la responsabilidad de educar a la población sobre temas de interés público tales como la regulación de la población, la salud sexual y reproductiva, la igualdad de género, así como la violencia y la discriminación relacionadas con la sexualidad; y tiene la atribución de definir e impartir los contenidos educativos de acuerdo con los principios de laicidad e interés superior de la niñez.

Para abordar las estrategias utilizadas por diferentes actores, parto de la premisa de Foucault (1986, 1988, 1994, 2007), quien concibe el poder como una forma de relación que permite a ciertos sujetos influir en el comportamiento de otros. Las relaciones de poder no son fijas, sino que resultan de situaciones y contextos específicos, determinados por estrategias y luchas dentro de redes de fuerzas (Foucault, 2007, pp. 113-117 y 2010, pp. 6-7). El poder es ejercido desde diferentes puntos y siempre hay procesos de resistencia en los que los sujetos luchan por interpelar a las instituciones y cambiar los efectos del poder en su subjetividad. Finalmente, el Estado es un espacio de lucha donde diferentes actores se disputan el poder de definir los significados oficiales de las políticas públicas. Como lo señala Mann (1991, p. 86), la acción gubernamental es influida por procesos de política interna, por otros poderes como el ideológico y el económico, por relaciones políticas con otros estados y por las estrategias de los diferentes actores.

Para entender cómo se involucran los actores en la contienda, parto de la idea foucaultiana de que los sujetos son producto de discursos y desde su subjetividad ejecutan actos de habla que producen efectos (Butler, 2004, p. 18). En esta disputa, los actores se movilizan mediante el uso de discursos como recursos políticos mediante los cuales elaboran argumentos que dan legitimidad a sus demandas y guían sus estrategias. Utilizan lo que Steinberg (1999, p. 203) denomina repertorios discursivos, es decir, marcos interpretativos a través de los cuales construyen el sentido de su acción y las bases éticas y políticas de sus demandas; estos repertorios aparecen como argumentos que expresan ante sus adversarios, ante la sociedad y ante el Estado. En este trabajo, se consideran los posicionamientos religiosos o laicos de los actores; pero, retomando a Laclau y Moufe (2004), considero que no existen subjetividades unificadas, sino distintas posiciones de sujeto, y que los actores construyen articulaciones a partir de ciertos consensos que se hacen visibles en sus declaraciones públicas. Finalmente, he tomado el término contienda de las teorías de los movimientos sociales; se refiere al episodio de interacción colectiva y pública entre actores y su objeto de reivindicación, donde algún gobierno juega un papel importante (Mc Adam, Tarow, y Tilly; 2005, p. 5).

El contexto de la contienda

Los contenidos de educación sexual en México se han ido instituyendo en medio de reacciones de actores religiosos. La más relevante ocurrió en 1974, cuando se publicaron los primeros contenidos sobre sexualidad en los libros de ciencias naturales de sexto de primaria; la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) llevó a cabo vigorosas manifestaciones, la Iglesia católica y el Partido Acción Nacional (PAN) también se opusieron a los textos; diversas universidades e instituciones defendieron los materiales, por lo que solo se modificaron algunas imágenes (Blancarte, 1992, pp. 315-320). El avance más importante se realizó en 1998, con libros que incluyeron contenidos que respondían a la Convención de Derechos de la Niñez y a los Acuerdos de El Cairo y de Beijing sobre salud reproductiva y perspectiva de género.

Tal como lo reportan Granados et al. (2007), al inicio de cada ciclo escolar se observan protestas que hacen visibles las tensiones entre diferentes actores y encontramos que los funcionarios pueden inclinarse a modificar los contenidos de los textos cuando vislumbran que un partido con distinta ideología llegará al poder. Los nuevos contenidos de educación sexual fueron concebidos durante la transición política iniciada en el año 2000, durante los dos sexenios en que el PAN, identificado con los valores católicos, estuvo a cargo del gobierno federal. Esto ocurrió después de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) hubiera estado en el poder durante setenta y cinco años. Más adelante, en 2005, hubo una reforma educativa que representó una oportunidad política para los actores interesados en incidir en las políticas de educación sexual. El equipo de la Dirección de Desarrollo Curricular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que estuvo a cargo de los libros que incorporaron la perspectiva de género en 1998, estaba convencido de la importancia de la laicidad y preocupado por la posibilidad de que el PAN impusiera una perspectiva católica en los contenidos de educación sexual; entonces, se diseñó un nuevo programa de biología para garantizar una visión liberal (entrevista con Elisa Bonilla, responsable de Desarrollo Curricular, 1997-2006).

La contienda se desarrolló en un momento de fuerte protagonismo y capacidad de influencia de las organizaciones católicas en las políticas federales sobre sexualidad y género debidos a su alianza estratégica con militantes del PAN que gobernaban el país y varias entidades. Además, los avances sobre derechos sexuales en el Distrito Federal —especialmente, la reforma al Código Penal de 2007, que permite la interrupción legal del embarazo durante el primer trimestre de gestación, y el reconocimiento de las parejas del mismo sexo mediante la Ley de Sociedad de Convivencia que se aprobó en 2006— incrementaron el miedo a la pérdida del orden sexual entre los actores conservadores.

La primera etapa de la disputa

El inicio del conflicto

En el verano de 2006, algunas editoriales distribuyeron copias de los nuevos textos en varios estados del país; los textos representaban un paso en la construcción de la laicidad educativa, porque además de abordar temas como el uso del condón y los métodos anticonceptivos, incorporaron contenidos sobre el inicio de las relaciones sexuales, la anticoncepción de emergencia y la masturbación como una práctica “que no causa daño”. Algunos autores además abordaron la homosexualidad, un tema que no era parte del programa oficial.

En agosto, un frente de jerarcas católicos conservadores y varias organizaciones con las que compartían perspectiva implementaron una estrategia para detener la distribución y modificar los contenidos de los libros. Tal estrategia utilizó repertorios discursivos y articulación en redes de poder. Varias organizaciones de derechos sexuales respondieron a través de posicionamientos mediáticos, demandando el cumplimiento de convenciones internacionales, de la Constitución mexicana y de leyes nacionales sobre salud, educación, derechos humanos, género, infancia, y no discriminación. Varios funcionarios y personal de las editoriales también participaron en el debate, lo cual dio como resultado una compleja producción y distribución de discursos sobre la sexualidad y el papel del Estado. Esta disputa movilizó un juego de verdades que pondera la legitimidad de los significados religiosos frente al conocimiento científico y los valores democráticos como fundamentos éticos de la educación pública.

La Iglesia católica

Algunos de los jerarcas más conservadores de la Iglesia católica exigieron detener la distribución de los libros, citando argumentos basados en documentos de la Iglesia sobre educación sexual.³ Utilizaron varias tácticas como parte de su repertorio discursivo para legitimar sus demandas. La primera fue la sacralización de la sexualidad y la reproducción a través de conceptos como “orden de la naturaleza” y “transmisión de la vida”, que apelan a un orden supramundano para acreditar a la Iglesia como la principal autoridad para definir lo que puede ser incluido en la educación pública y para legitimar la acción del Estado. Si se considera que la laicidad consiste en una legitimación no religiosa (Blancarte, 2008a), parece que usan esta táctica para conservar poder político.

La jerarquía católica sacraliza ciertos procesos biológicos con el fin de imponer un orden sexual basado en su religión; por “orden natural” se refiere a relaciones heterosexuales, reproductivas, conyugales y monogámicas, donde el deseo es considerado parte de la “naturaleza” que facilita la procreación y donde “el amor y el matrimonio” representan la forma legítima de ejercicio de la sexualidad. Los nuevos contenidos oficiales entran en conflicto con su perspectiva: “se desvincula del recto orden de la naturaleza, del amor responsable, de la transmisión de la vida y del matrimonio” (obispo Rodrigo Aguilar Martínez, presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Familiar, La Jornada, 10/08/2006, p. 46).

La segunda táctica fue presentar la educación sexual como un asunto privado, como un área fuera de la competencia del Estado. Los jerarcas entonces demandaron el reconocimiento de los progenitores como la autoridad para educar a los hijos por un “derecho natural” que consideran por encima de los derechos humanos de la niñez. Presentaron al Estado como una institución temporal que debiera sujetarse a un “orden natural”: universal, eterno y sagrado. Además, utilizaron referentes de la democracia para representar la política educativa como una imposición violatoria de los “derechos de los padres”, mezclando su concepto de ley natural con el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dicta “Los padres tendrán el derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”. En la Convención de Derechos de la Niñez, ese derecho se convierte más bien en una responsabilidad subordinada al principio de interés superior de la niñez; sin embargo, esto muestra que la argumentación legal y de derechos humanos puede ser utilizada desde enfoques opuestos, y que también se va secularizando: “La familia es el lugar preferente para la educación sexual, la cual es un derecho inalienable y una obligación de los padres; el Estado […] tiene una función subsidiaria […]. (Es) grave que los padres de familia no hayan sido claramente convocados y consultados” (obispo Rodrigo Aguilar Martínez, idem).

La tercera táctica fue cuestionar la educación sexual y afirmar que tiene efectos negativos tales como prácticas sexuales tempranas y de riesgo, mayor libertad sexual y pérdida del modelo tradicional de vida sexual. Con el fin de obtener el apoyo de otros actores, utilizan la problematización de la sexualidad como un recurso para imponer un orden sexual católico, fomentando el temor a que la libertad sexual lleve a un caos personal y social. Además, como parte de su repertorio discursivo, descalifican los contenidos mediante el uso de conceptos psiquiátricos; con ello presentan su posición como científica, buscando legitimar sus creencias en discursos seculares:

La Iglesia católica se opone firmemente a un sistema de información sexual desvinculado de los principios morales; dicha postura no es sino un estímulo para introducirse en la experiencia del placer sexual, abriendo el camino al vicio desde los años de la inocencia (idem). [La educación sexual proporciona información] ambigua, incompleta y con un enfoque reduccionista […], una mala formación […]. Se les expone a incapacitarse para el amor responsable […]; implica exponer a los chicos a inclinaciones como el voyerismo, el fetichismo y el exhibicionismo, entre otras (obispo Rodrigo Aguilar, La Jornada, 15/08/2006, p. 43).

Al cuestionar la legitimidad del Estado en la definición de los contenidos, incluso emplearon argumentos que apelan a la democracia de manera conveniente a su perspectiva: “Lo bueno hubiera sido que hubieran consultado a la parte católica, somos un 90 por ciento de católicos […]; hay […] una actitud totalitaria de un Estado que se abroga el derecho de definir qué es moral, qué es educación y qué es ciencia” (Juan Sandoval, cardenal de Guadalajara, 12/08/2006).⁴

Finalmente, en sus declaraciones dejaron ver una estrategia de articulación, que sigue las recomendaciones de la Encíclica “Orientaciones Educativas para el Amor Humano”. Dado que la laicidad educativa está protegida por la Constitución, y que la ley prohíbe a la Iglesia intervenir en política, parece que negociaron con el secretario de Educación y varios gobernadores para evitar la distribución del libro: “Se están implementando otros elementos para que aquello no se dé en las escuelas, no es una determinación de la Iglesia, nosotros no intervenimos, pero los Gobernadores pueden (actuar para) que la juventud no sea dañada” (Norberto Ribera, arzobispo primado de México, Reforma, 11/08/2006, p. 4).

Organizaciones con perspectiva católica

Las organizaciones civiles católicas involucradas en la contienda contra los libros fueron la UNPF, En la Comunidad Encuentro (ENLACE), y Red Familia. Su repertorio discursivo muestra tres ejes de argumentación: a) recomendaciones basadas en los documentos oficiales de la Iglesia católica, b) referencias a la ciencia (con información verdadera o falsa) para usar el miedo a la pérdida del orden sexual y mostrar sus argumentos como un discurso moderno, y c) presentación de los “derechos naturales” como si fueran lo mismo que los derechos humanos, para legitimar sus demandas.

La UNPF fue fundada en México por integrantes de la Iglesia católica en 1913 para movilizarse en contra de la laicidad educativa y desde 1933 ha protagonizado acciones de oposición a las políticas de educación sexual (Del Castillo, 2000; Granados et al., 2007). Sus argumentos expresan una identidad política que incorpora ciertos valores democráticos a los fundamentos católicos. Su repertorio discursivo incluye la táctica de presentarse a sí mismos como los defensores del “derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos”; han trabajado en la producción discursiva de “los padres” como sujeto colectivo víctima del Estado y al que habría que empoderar: “Los padres tenemos derecho […], porque eso se financia con dinero público […], entonces, tenemos el derecho a participar” (entrevista con Noel Aguilar, Presidente de UNPF, 2010).

Otra de sus tácticas es la utilización de citas de los libros fuera de contexto, por ejemplo, argumentan que el mensaje “no hay una edad para iniciar la actividad sexual” invita a un inicio temprano de la actividad sexual (Guillermo Bustamante, UNPF, El Universal, 27/08/2006, p. VIII), cuando en realidad el libro afirma que la maduración es una de las bases para el inicio sexual. Para legitimar sus argumentos, Bustamante simula que están basados en la ciencia, aunque cita información obsoleta o falsa:

Los libros pueden provocar que un niño de 12 años tenga relaciones sexuales y hasta con niños de su mismo sexo […], la homosexualidad es una desviación sexual. Son relaciones aberrantes […], el contacto pene-boca, pene-ano son tendencias antinaturales. [La masturbación…] causa daños sicológicos […], los que se masturban tienden a quedarse en las nubes y poco en la realidad… [El condón] no es 100% seguro, hay científicos que dicen que el VIH traspasa el látex (idem).

ENLACE es una organización cuyo objetivo es incidir en las políticas públicas para incorporar la perspectiva católica, utilizando una estrategia de articulación con organizaciones civiles, empresarios y funcionarios públicos. Paz Fernández, su representante, estuvo al frente de las negociaciones con la SEP para la modificación de los libros; como columnista del periódico Reforma, difundió nociones católicas como “familia natural”, el género como “complementariedad entre mujeres y hombres”, y la abstinencia como la única alternativa de prevención efectiva de infecciones de transmisión sexual. El repertorio discursivo que usó para legitimar sus demandas consisitió en fomentar el miedo a la pérdida del orden sexual, hacer referencia a convenciones internacionales sobre derechos humanos y difundir mitos sobre salud sexual, por ejemplo, el que niega la eficacia del condón y los anticonceptivos, o el que afirma que todas las relaciones sexuales producen embarazos e infecciones. Con el fin de hacer parecer su discurso como científico, usó términos psiquiátricos para afirmar que los libros promovían las prácticas eróticas no reproductivas.

Promueven un enfoque distorsionado […], exaltando el derecho al placer e incitando a la experiencia erótica […]. Se promueve el autoerotismo. Se induce a la pornografía […]. El matrimonio es el gran ausente […], se desvincula el comportamiento sexual de toda referencia ética […]. Se sugieren prácticas que en medicina se identifican como parafilias: voyerismo, fetichismo, exhibicionismo, entre otras (Paz Fernández, Reforma, 18/08/2006, p. 15).

Red Familia está formada por diversas organizaciones alrededor del país, articuladas con redes similares en Latinoamérica. Además de afirmar que el gobierno no tiene legitimidad para definir los contenidos, su vocero sostuvo que algunos temas deben permanecer en lo privado y que el Estado debe promover valores tradicionales. Con el fin de despertar una preocupación por la pérdida del orden sexual, utilizó argumentos pseudocientíficos respecto de los efectos de la educación sexual y la capacidad de los menores para asimilar información:

No es adecuado ni oportuno, ya que no habla del matrimonio […], promoviendo el diálogo en grupo sobre temas de incumbencia personal […]. Hay que preguntarnos si esa edad es la oportuna para estar platicando de estos temas […]. Carecen de rigor científico […], se potencia el derecho al placer, a la masturbación y a tener relaciones sexuales […], fomentan las conductas de riesgo […], tienen deficiencias, errores y falsedades científicas (Alfredo Postlethwaite, Red Familia, Reforma, 04/08/2006, p. 1).

Como parte de su estrategia, simultáneamente aprovecharon sus alianzas dentro de la red de relaciones de poder y negociaron con funcionarios de la SEP para que incumplieran el principio de laicidad y les permitieran revisar conjuntamente los contenidos para modificarlos: “Gómez Morín, de quien depende la instancia encargada de los contenidos […], nos acaba de proporcionar los 20 volúmenes […]. La revisión […] estará a cargo tanto de la Subsecretaría de Educación Básica, como de los integrantes de la coalición” (Paz Fernández, ENLACE, Reforma, 08/08/2006, p. 2).

La intervención de estos actores obedece a las directivas de los documentos eclesiales sobre educación sexual. Refleja una clara habilidad para traducir sus demandas en argumentos aparentemente seculares que dan cierta legitimidad. Ilustra claramente el uso del miedo a la pérdida del orden sexual mediante referencias al peligro de que se borren ciertos límites morales; un temor que estos actores experimentan y fomentan como parte de sus principios. Asimismo, da cuenta de una importante capacidad de alianzas con funcionarios estratégicos, que les permite actuar de manera independiente de la Iglesia católica para influir en las políticas públicas.

Las organizaciones de derechos sexuales

A diferencia de lo ocurrido durante las contiendas por la educación sexual en el siglo XX, en 2006 se involucraron en la disputa dos organizaciones: la Red Democracia y Sexualidad (DEMYSEX) y Afluentes. También colaboraron la Red por los Derechos de la Infancia, la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología (FEMESS) y la Asociación Nacional de Padres de Familia (ANPF), esta última formada por representantes de asociaciones de padres de familia de escuelas públicas del país. Su estrategia consistió en refutar públicamente el discurso católico mediante un repertorio discursivo basado en argumentos seculares; mostraron evidencia científica sobre la importancia de la educación sexual laica y sobre sus efectos, tratando de contrarrestar la preocupación por la pérdida del orden sexual.

Estas organizaciones decidieron dejar fuera los temas de homosexualidad y aborto, porque no estaban en el programa oficial; fue parte de una acción que apeló al derecho positivo, pues citaron todo un andamiaje jurídico nacional e internacional, ya que la educación sexual laica está respaldada en el artículo tercero constitucional, en convenciones internacionales sobre derechos humanos, de las mujeres y de la infancia; así como en la legislación sobre salud, población, educación, discriminación, igualdad entre mujeres y hombres y protección de derechos de la infancia (Díaz, 2014). Estas organizaciones reelaboran el discurso que Foucault señaló como base del biopoder, dando un nuevo sentido a los argumentos sobre salud y población; de esta manera, como lo afirma Giddens (1998, p. 21), los discursos científicos sobre la sexualidad contribuyen a una liberación. Este repertorio, basado en evidencias y principios democráticos como la laicidad y los derechos humanos, se resume en el concepto de educación integral de la sexualidad que estas organizaciones contribuyeron a incorporar en la Declaración Ministerial “Prevenir con Educación”, firmada por ministerios de Salud y de Educación de Latinoamérica en 2008:

Una educación que aporte aprendizajes para vivir una sexualidad responsable; en condiciones de igualdad, libertad y justicia; acorde con la diversidad y complejidad de las sociedades y comunidades […], que no produzca miedo ni culpa y que no imponga los valores de ciertos grupos de poder […]; que proteja la salud del individuo y contribuya a la salud pública; en la que se respeten los derechos a la no discriminación, a decidir sobre la vida reproductiva, al placer y a una sexualidad libre de violencia y presión; una educación sexual laica basada en valores democráticos y en información científica (Declaración Ministerial “Prevenir con Educación”, 2008).

DEMYSEX es una red de organizaciones que trabajan en temas de educación sexual y derechos sexuales en todo el país. Coordinaron una estrategia de visibilidad en medios de comunicación, afirmando que si el Estado cumplía las demandas de las organizaciones católicas, eso significaría un retroceso en la construcción de la laicidad y una violación a los derechos de los menores de edad. También implementaron una campaña para que los padres de familia interpusieran juicios de amparo en caso de que no se les entregaran los libros (entrevista con José Ángel Aguilar, director de DEMYSEX). Aunque no hubo amparos, usaron dos principios del derecho positivo como recurso político y simbólico: el interés superior de la niñez, y la laicidad educativa.

Ni un paso atrás en la educación sexual […]. De retirar los contenidos […], los jóvenes […] seguirán enfrentando alto riesgo de contraer enfermedades como el VIH, embarazos no deseados […] (y) violencia sexual (José Aguilar, DEMYSEX, El Universal, 11/08/2006, p. C3). Ninguna autoridad […] puede soslayar los acuerdos internacionales y la propia legislación nacional que garantiza a los menores no solo su derecho a la información, sino a una educación libre de prejuicios y dogmas religiosos (José Aguilar, La Jornada, 13/08/2006, p. 42).

Por su parte, Afluentes es una organización dedicada a la producción de materiales y modelos educativos sobre sexualidad que puedan ser aplicados en políticas de salud, educación y población. Su estrategia fue la producción y distribución de discursos. Gabriela Rodríguez, su representante, formaba parte del Consejo de Formación Cívica y Ética de la SEP; eso le permitió participar en el diseño del programa de secundaria. Asimismo, difundió información proveniente de resultados de distintas investigaciones y evaluaciones de políticas de salud y población, la cual brindó respaldo científico a los argumentos de que la educación sexual no incrementa las relaciones sexuales ni el número de compañeros sexuales ni anticipa el inicio sexual en los adolescentes.

Los gobernadores revelan gran desconocimiento de los éxitos de la Política de Población de México y los beneficios […] del programa de educación sexual […]; el número de hijos por mujer ha bajado de 6 a 2.1; la mortalidad materna, la tasa de embarazo adolescente y de aborto se han reducido a la mitad […], cerca de 80 por ciento de los jóvenes han utilizado el condón alguna vez y la curva de la epidemia del VIH/sida ha pasado de acelerada a amortiguada (Gabriela Rodríguez, Afluentes, La Jornada, 18/08/2006, p. 30).

La FEMESS está integrada por asociaciones de profesionales de las ciencias sociales, de la salud y de la educación; su papel en este debate fue reforzar la defensa de los libros mediante evidencia científica. La participación de expertos reconocidos como autoridades legítimas para hablar sobre sexualidad ha sido una táctica utilizada para la defensa de las políticas de educación sexual desde las primeras contiendas en el siglo XX (Del Castillo, 2000), pues demuestra una cada vez mayor fuerza ante la argumentación religiosa: “Hablar a los jóvenes sobre el tema, no los induce a iniciarse en la actividad sexual […]. No tiene nada de dañino, ya que es información indispensable, aunque insuficiente” (Eusebio Rubio, FEMESS, La Jornada, 11/08/2006, p. 43).

La ANPF citó investigación que muestra que muchos padres de familia no están en contra de la educación sexual ni de los libros de Ciencias 1; de esta manera cuestionó la legitimidad de la organización católica que pretendía aparecer como representante de padres y madres de familia e hizo explícito que buena parte de la sociedad mexicana no está en contra de la educación sexual. Junto con la Red por los Derechos de la Infancia, estos actores utilizaron argumentos científicos y el derecho positivo como parte de su repertorio discursivo; argumentaron sobre la importancia de los contenidos para la protección de la salud y citaron el marco legal que respalda la educación sexual laica; además, apelaron a uno de los acuerdos internacionales de la ONU más firmados: la Convención de Derechos de la Niñez, que establece el principio de interés superior de la niñez y deja en segundo plano el derecho de los padres a elegir su educación.

De retirar los textos se violentaría la Convención de los Derechos de la Niñez […] (y) la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes […]; (se presentará) una denuncia penal contra cualquier autoridad […] que incumpla su responsabilidad (Gerardo Sauri, Red por los Derechos de la Infancia, El Universal, 11/08/2006, p. C3).

[José Luis Pérez Bautista, de la ANPF] advirtió que […] están dispuestos a iniciar una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos para exigir que se respeten los derechos de los niños y jóvenes (El Universal, 11/08/2006, p. C3) […]. “Representamos a casi 20 millones de padres de familia de México […], hicimos una encuesta, y 95 por ciento se manifestó a favor de la educación sexual” (Notiese, 26/10/2006, http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=1740).

Estos actores mostraron una importante capacidad técnica y política para contrarrestar la fuerza y las alianzas de las organizaciones católicas. Conscientes de la legitimidad de los discursos seculares, muestran un manejo de la información científica y el marco jurídico; asimismo, conocen los discursos y las alianzas de sus opositores.

Autores, editoriales y funcionarios involucrados en la política educativa

Los autores elaboraron los contenidos de acuerdo con las reglas establecidas por la SEP y con los intereses de las empresas editoras. Habían formado parte del comité que diseñó el programa oficial y después fueron invitados a hacer los libros. Las editoriales producen opciones de libros con distintos grados de laicidad para que sean aprobados por la SEP y elegidos por autoridades escolares con distintas posiciones ideológicas. En la contienda, los autores defendieron los contenidos, el secretario de Educación respondió a las demandas de los actores católicos y varios gobiernos locales se opusieron a distribuir los textos. Los autores plantearon que los contenidos de educación sexual son un asunto público y, por tanto, son responsabilidad del Estado; además, refutaron los argumentos de los católicos, señalando que los principios de la educación deberían ser el conocimiento científico, “la realidad”, y las necesidades de las y los jóvenes, por encima de las cuestiones morales.

El Estado tiene la responsabilidad de informar con veracidad y claridad […]. La educación sexual no puede ser eliminada ni descuidada […] solo porque exista la reacción de ciertos grupos de padres […]. Los jóvenes se encuentran bombardeados con temas de sexo […]; si no se abordan estos temas, se dará la espalda a la realidad (Luz Lazos, autora del libro de editorial Norma, La Jornada, 08/08/2006, p. 44).

Es muy respetable la idea […] de que los padres tenemos derecho de educar a nuestros hijos de la manera que mejor nos parezca, pero […] cierto tipo de conductas […] van a representar problemas de salud pública […]. No se habla del matrimonio […], pero... ¡no entiendo por qué debería de venir en un libro de Biología! (Ana Barahona, autora del libro de editorial Castillo, Reforma, 04/09/2006, p. 7).

Los funcionarios de la SEP cuidaron de no entrar en conflicto con los actores católicos. El secretario de Educación se deslindó del tema, afirmando que las editoriales diseñan los libros y los gobiernos estatales son quienes los seleccionan (La Jornada, 08/08/2006, p. 44); sin embargo, se hizo pública una reunión que sostuvo con organizaciones de perspectiva católica, acompañados por el empresario Lorenzo Sertvije.

La SEP e integrantes de organizaciones civiles acordaron revisar las 20 versiones del libro […]. El convenio se logró en una reunión que sostuvo el titular de la SEP, Reyes Tamés, con la Coalición Red Familia […], el empresario Lorenzo Sertvije […] y el presidente de la UNPF, Guillermo Bustamante. [Red Familia] dio a conocer […] que Tamés prometió que dejará en libertad a los gobiernos de los estados para que decidan o no usar los libros de texto (Paz Fernández, ENLACE, Reforma, 08/08/2006, p. 2).

Por su parte, el director de la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito (CONALITEG) mostró una posición apegada al principio de laicidad; señaló la relevancia de los contenidos por sus implicaciones en materia de salud y derechos humanos y para evitar conflictos, aclaró que los textos se habían dado a conocer a organizaciones de padres:

contienen información […] a la que todo adolescente y joven tiene derecho a acceder […]; hay un porcentaje considerable de niñas menores de 15 años que se embarazan, algunas […] corren el peligro de morir, además […] un alto porcentaje de jóvenes menores a los 18 años […] contraen enfermedades venéreas (Jorge Velasco y Félix, CONALITEG, La Jornada, 14/08/2006, p. 44).

Dirigentes de siete entidades federativas declararon públicamente que no repartirían los libros, para responder a las demandas de los actores católicos: el gobernador de Sonora (del Partido Revolucionario Institucional) y los secretarios de Educación (del PAN) de Baja California Norte, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Morelos y Yucatán. Estos funcionarios públicos reprodujeron los argumentos católicos y se insertaron en una estrategia de distribución del discurso que pretendía imponer los contenidos de su elección. Basaron su acción en fundamentos religiosos; sin embargo, se legitimaron afirmando que estaban cumpliendo con su responsabilidad de atender las demandas ciudadanas, lo que muestra el uso de los principios de la democracia participativa como parte de su repertorio discursivo. Francisco Rubín, secretario de Educación de San Luis Potosí declaró: “no se distribuirán […], se deja abierta la sexualidad a los jóvenes para que la puedan ejercer como ellos quieran […], ¿dónde está […] el amor y otra serie de contenidos, que debe tener la relación sexual entre un hombre y una mujer?” La secretaria de Educación de Yucatán, Carmen Solís, argumentó que había recibido demandas de padres de familia y grupos cívicos locales para no disponer de dichos textos, y dijo que no iría en contra de las demandas ciudadanas (La Jornada, 05/08/2006, p. 37). El Secretario de Educación de Morelos, Ramón Tallabs, aseguró que recibió una orden de la Secretaría de Educación Pública para retener alrededor de 4,000 ejemplares, después de manifestaciones “ante la manera grotesca y antipedagógica en la que se aborda el tema” (La Jornada, 23/08/2006, p. 47). María Guadalupe Murguía, Secretaria de Educación de Querétaro, declaró: “teníamos 19 opciones y determinamos que la del autor Raúl Limón es la más adecuada” (Crónica, 24/08/2006).

Los gobiernos de Guanajuato y Baja California Norte decidieron no distribuir algunos textos (Reforma, 04/08/2006, p. 4); además, editaron sus propios textos de Ciencias 1 en 2008, sin pasar por el proceso de revisión de la SEP (Público/Milenio, 25/09/2006, p. 33). En 2009, Hortencia Orozco, regidora por el PAN en León, Guanajuato, encabezó una quema pública de libros (La Jornada, 05/10/2009, p. 32): “La Secretaría de Educación de Guanajuato informó que no distribuirá los libros […] de las autoras Ana Barahona y Marina Robles […]; indicó que un grupo de especialistas elabora material complementario” (La Jornada, 04/09/2006, p. 42).

La posición más explícita en conceptos católicos y preocupación por la pérdida del orden sexual fue la del priista Eduardo Bours Casteló, gobernador de Sonora, quien mostró que esta postura no se limita a un partido cuando se opuso fuertemente a los contenidos con argumentos de tipo moral y religioso: “Resulta inaceptable que se hable de reproducción sexual a jóvenes de primer grado de secundaria sin abordar paralelamente el tema de la familia […]; me parece que hay ciertas cosas que se tienen que cuidar y sobre todo a un niño de 11 o 12 años, por el amor de Dios” (Eduardo Bours, La Jornada, 09/08/2006, p. 46).

Finalmente, este episodio muestra algunas razones por las que los funcionarios públicos deciden incumplir el principio de laicidad: 1) con frecuencia asumen los argumentos conservadores como verdad debido al uso de lenguaje similar a la ciencia y los derechos humanos, 2) coinciden con el discurso católico en su preocupación por la pérdida del orden sexual, 3) por su formación religiosa, creen en bienes de salvación y piensan que ejercen una especie de objeción de conciencia al apoyar las demandas católicas, 4) lo hacen a cambio de beneficios políticos: ya sea seguir los principios de su partido político, buscar votos de creyentes o recibir legitimación de la jerarquía católica, y 5) aunque no se tiene evidencia, la reunión con empresarios sugiere que también podrían guiarse por exigencias de posibles patrocinadores.

La modificación de los libros como resultado de la contienda

En 2007 iniciaba la segunda administración del PAN en el gobierno federal, lo que derivó en un reacomodo de la red de relaciones de poder. El personal impulsor del programa de Ciencias 1, que laboraba en la Dirección de Material y Métodos desde antes de los gobiernos panistas, fue reemplazado por militantes del PAN; esta expansión de sujetos católicos en puestos operativos significó un punto de entrada para la influencia católica. El subsecretario de Educación Básica, Fernando González, y la directora de Materiales Educativos, Edith Bernáldez, protagonizaron un acto de incumplimiento de la laicidad; entregaron dictámenes a las editoriales, donde exigían una serie de modificaciones a los libros basadas en el discurso católico.

Nos mandaron llamar a una reunión en la SEP, solo para quienes hicimos los libros […]; se presentó una persona intermedia entre Edith Bernáldez y el subsecretario. Nos dijo: “por instrucciones del más alto nivel me he reunido con ustedes para pedirles encarecidamente que atiendan las correcciones […]; hemos tachado los textos que no deben aparecer y les hemos escrito abajo cómo deben sustituirse o cuándo se tienen que eliminar” (entrevista con la responsable de la edición de uno de los libros de editorial Santillana en 2007).

Esta fue una gestión hecha por Paz Fernández, directora de ENLACE, quien también logró que el gobierno de Jalisco implementara un material complementario titulado Sexualidad y salud humana, y un proceso de capacitación al profesorado (Público/Milenio, 14/11/2007, p. 16); Fernández articuló una fuerte alianza con altos funcionarios de la SEP; de hecho, desde 2009 fue electa diputada federal por el PAN, donde utiliza su nombre legal o de soltera: Paz Gutiérrez Cortina. Esto da cuenta de la posición estratégica de los actores católicos dentro de la red de relaciones de poder en ese momento; y a pesar de que el discurso católico no tenía suficiente legitimidad, la articulación basada en acuerdos intersubjetivos y políticos permitió la influencia religiosa en una política formalmente laica. Los dictámenes entregados se basaron en el discurso católico y se centraron en siete ejes de argumentación que reproducen los documentos oficiales de la Iglesia y que representan el orden sexual que temen perder:⁵

• •

  Los adolescentes como sujetos que no están listos para la información.

• •

  Sacralización de la reproducción que presenta los métodos anticonceptivos “naturales” como los más eficaces y los hormonales como riesgosos para la salud.

• •

  Defensa de la vida desde la concepción que califica al anticonceptivo de emergencia y el dispositivo intrauterino como abortivos.

• •

  Modelo de erotismo restringido a la noción de “sexualidad natural”: matrimonio heterosexual, monogámico, indisoluble y procreativo.

• •

  Abstinencia como la única alternativa legítima y efectiva para la prevención del embarazo y las infecciones de transmisión sexual. Se afirma que el condón y los anticonceptivos son ineficaces y que las políticas públicas exitosas se basan en el modelo ABC:⁶ abstinencia para quienes no tienen una relación estable, fidelidad para quienes tienen una pareja, y condón como último recurso para quienes no pueden practicar las otras dos.

• •

  Rechazo al placer y al sexo no reproductivo donde se repudian las relaciones sexuales, el sexo oral y anal, y la masturbación.

• •

  Rechazo y negación de la diversidad sexual.

Personas de las editoriales informaron de este hecho a las organizaciones de derechos sexuales, quienes pusieron en marcha una estrategia de articulación con funcionarios que apoyaban la laicidad. DEMYSEX y Afluentes solicitaron una reunión con el subsecretario de Educación Básica y pidieron la intervención de la Secretaría de Salud, logrando el apoyo de la Dirección de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Su repertorio discursivo consistió en citar a la instancia legítima para definir el discurso sobre salud y ofrecer argumentos basados en evidencias científicas y en la ley. Como resultado, lograron limitar las modificaciones que la SEP había ordenado; esto muestra la legitimidad de la laicidad como repertorio discursivo, así como la eficacia de la articulación con funcionarios estratégicos en el sistema de relaciones de poder: “Exigimos una reunión con nosotros, porque iban en contra de uno de los artículos de la Ley General de Educación, que dice que los libros no pueden ser mostrados antes de ser impresos. Tuvimos dos reuniones con el subsecretario y los directores” (Entrevista con José Ángel Aguilar, de DEMYSEX). “Fue muy importante el trabajo de Secretaría de Salud. El subsecretario de Salud, Mauricio Hernández, y Patricia Uribe, directora de Equidad de Género y Salud Reproductiva, lograron esa negociación” (entrevista con Gabriela Rodríguez, de Afluentes).

Finalmente, las modificaciones a los libros fueron las siguientes: a) desapareció el tema de la homosexualidad, al igual que un anexo del texto de Ana Barahona; no se exigió su permanencia porque no eran parte del programa oficial; b) se matizaron los mensajes sobre el inicio de las relaciones sexuales y la masturbación; c) se incluyeron algunos mensajes sobre la abstinencia como una opción preventiva más, y se eliminaron otros que afirmaban que el condón era la mejor opción; d) se eliminaron las referencias al sexo oral y anal; y e) se incluyó un cuadro sobre la eficacia de los métodos anticonceptivos, donde se incluye la anticoncepción de emergencia, pero se sobrevaloran los métodos naturales. Estos cambios marcaron los límites de lo que podía ser incluido en los contenidos oficiales; no se ajusta a lo que pedían los actores católicos, pero resultó en una censura y en un acuerdo tácito de no tocar los temas polémicos a los libros de Ciencias 1 y formación Cívica y Ética de 2007 a 2011: “Traté de no ser muy explícita; principalmente en el asunto de las preferencias sexuales […]; no se habla nada de placer. Me cuidé porque no quería ser censurada y que me lo estuvieran regresando” (entrevista con Carmen Sánchez, autora del libro de Fernández Editores).

Como las organizaciones con perspectiva católica no quedaron satisfechas con las modificaciones hechas a los libros, en 2008 Paz Fernández publicó una segunda edición del material complementario Sexualidad y salud humana, y logró que la SEP imprimiera dos millones trescientos mil ejemplares y los distribuyera en las escuelas;⁷ la obra solo se imprimió ese año, porque las organizaciones de derechos sexuales hicieron una denuncia pública: “La SEP compró 2,300,000 ejemplares del libro Sexualidad y salud humana, editado por la Red Familia, y los ha distribuido entre los alumnos de primero de secundaria, como material complementario” (José Aguilar, DEMYSEX, La Jornada, 08/08/2008, sección Sociedad y Justicia).

Conclusiones

Esta contienda pone en evidencia que la laicidad de la educación sexual es un proceso en construcción para el que no es suficiente la separación de esferas, sino que requiere una autonomía respecto a la legitimación religiosa, como lo sostiene Blancarte (2008a). Asimismo, se observa que no todo proceso de democratización lleva a una mayor laicidad, pues puede dar acceso a funcionarios comprometidos con principios religiosos. Sin embargo, también muestra que el Estado laico no retrocede tan fácilmente si está respaldado en un marco legal. Pero, dado que la ley puede ser utilizada tanto por actores seculares como religiosos, requiere una cultura política donde la laicidad tenga legitimidad, y de actores que la defiendan.

La primera etapa de la contienda consistió en un proceso de producción y distribución de discursos, donde los actores católicos incorporaron a su repertorio argumentos semejantes a discursos seculares —como el de la ciencia y el de los derechos humanos—; esto sugiere un debilitamiento en la legitimidad de la religión para definir la política pública. La estrategia de presentar a los padres de familia como víctimas de una imposición del Estado no tuvo éxito; esto se debe a que el principio del interés superior de la niñez se encuentra protegido por distintas leyes y ha adquirido mayor legitimidad. Sin embargo, la preocupación por la pérdida del orden sexual abre una puerta a la influencia religiosa; por eso es tomada en cuenta tanto por actores católicos como por quienes formulan las políticas públicas y por quienes defienden la educación laica. Esto pone de manifiesto el doble papel de los discursos; tanto su carácter estructurante y performativo como su utilidad instrumental para ser usados como recursos políticos que legitiman acciones guiadas por principios basados en otros discursos.

Las motivaciones de quienes se involucraron no se limitan a la significación religiosa. Para la jerarquía católica, el debate sobre educación sexual representa su oportunidad de mantener una posición como autoridad capaz de legitimar al Estado; para los políticos, representa una mediación entre su subjetividad, sus intereses y sus responsabilidades. Para las organizaciones católicas, representa la oportunidad de cumplir el mandato de la Iglesia acerca del ejercicio de una ciudadanía religiosa y evitar la pérdida del orden sexual católico. Para las organizaciones de derechos sexuales, significa incorporar una serie de valores democráticos, como la inclusión, la igualdad de género y la libertad de conciencia.

La segunda etapa de la contienda se caracterizó por la articulación de los actores con funcionarios públicos en una red de relaciones de poder. A pesar de la cercanía de los actores católicos con funcionarios estratégicos del gobierno federal, el proceso de resistencia encabezado por organizaciones de derechos sexuales, logró limitar la influencia católica. Las modificaciones hechas a los contenidos logran mantener la laicidad, pues prevalece la información científica por encima del discurso religioso, el cual ha perdido legitimidad frente a discursos seculares como la ciencia, la ley y los derechos humanos, especialmente en un tema respaldado por un amplio marco legal, como lo es la educación sexual, y más particularmente en temas de población y salud pública, que están consolidados porque se incluyen contenidos oficiales de las décadas de 1970 y 1980. Otros temas, como la igualdad de género, son más recientes, pero se han ido incorporando porque la perspectiva se ha transversalizado a partir de la década de 1990. Sin embargo, esta creciente legitimidad encuentra sus límites en temas donde prevalecen la sacralización y el miedo a la pérdida del orden sexual: el aborto y la diversidad sexual siguen ausentes en los contenidos oficiales.

Si, como señala Foucault (2010, p. 39), el poder opera a través del discurso, esta contienda nos muestra que la capacidad de influencia de los actores es resultado de la interacción entre los discursos seculares y los religiosos, y de las principales estrategias utilizadas por los actores: la articulación con funcionarios y actores dentro de una red de relaciones de poder y el uso de repertorios discursivos. Además, dado que los libros de secundaria son editados por editoriales privadas, los intereses económicos jugaron un papel importante.

Siguiendo a Foucault: “hay que considerar el discurso como una serie de acontecimientos […] políticos, a través de los cuales el poder se transmite y se orienta” (2010, p. 740) y “establecer y describir las relaciones que estos […] acontecimientos discursivos mantienen con otros acontecimientos, que pertenecen al sistema económico, al campo político o a las instituciones” (2008, p. 741). Entonces podemos entender esta contienda como una apuesta por contenidos que tienen implicaciones biopolíticas y que juegan un papel estructurante y performativo como parte del orden sexual legítimo. Los contenidos finales, en tanto resultado de la contienda, representan acuerdos intersubjetivos acerca de lo que es legítimo informar; acuerdos mediados por las estrategias de los actores involucrados dentro de la red de relaciones de poder, donde la legitimidad de los discursos seculares y religiosos dentro de un sistema político constituyen condiciones de posibilidad para la laicidad educativa. Finalmente, lo religioso mantiene cierta capacidad de influencia, pero no logra imponerse de manera total.

Estos hallazgos abren nuevas inquietudes. Será importante seguir investigando acerca de cómo se incorporan los contenidos en los espacios escolares concretos y la manera en que se maneja el conflicto cultural acerca de la educación sexual. Asimismo, explorar los alcances de temas como aborto y homosexualidad después de los cambios legales que ha habido en México. Y resulta interesante retomar esta perspectiva teórica y metodológica para documentar y comprender otras contiendas que se desarrollan actualmente en la región en este tema y que involucran los ejes de sexualidad, religión y poder, como las disputas en torno al matrimonio igualitario y la interrupción legal del embarazo.

Agradecimientos

Este artículo forma parte de un estudio más amplio, el cual incluye un análisis de los contenidos motivo de la disputa. Agradezco a Roberto Blancarte, a Cristina Palomar y al IASSCS Publication Mentoring Program por su orientación para este trabajo.