La trinidad perversa de la que huyen las fugitivas centroamericanas: violencia feminicida, violencia de estado y violencia de mercado

Resumen

Cada año atraviesan el territorio mexicano entre 200,000 y 400,000 migrantes centroamericanos, y su destino es Estados Unidos. Aproximadamente el 25% de estas personas son mujeres. Este trabajo aborda por qué su éxodo debe tratarse y entenderse como “migración forzada”. En el transcurso del trabajo se expone el contexto en el cual se desarrollan los mecanismos que las expulsan de sus países de origen. Se vierten argumentos que explican que su huida de Centroamérica es una “fuga” estratégica de resistencia contra una triple violencia: de Estado, de mercado y patriarcal. Esta fuga en femenino, proponemos, representa resistencias como luchas antipatriarcales y anticapitalistas en el mundo contemporáneo. El trabajo de reflexión se basa en un acompañamiento etnográfico a la Caravana de Madres Centroamericanas donde se tejen los testimonios de sus protagonistas con trabajos de investigación de feministas centroamericanas.

Abstract

Every year, Mexican territory is crossed by between 200,000 and 400,000 Central American migrants attempting to reach the United States. Approximately 25% of these are women. This paper explores the reasons why their exodus should be treated and understood as “forced migration”. It describes the context in which the mechanisms driving them from their home countries develop. It explains why their flight from Central America is a strategic form of resistance against three forms of violence involving the state, the market and patriarchy. This escape by women, we suggest, constitutes a form of resistance similar to the anti-patriarchal and anti-capitalist struggles in the contemporary world. This reflexive work is based on an ethnographic accompaniment of the Caravan of Central American Mothers, in which the testimonials of its participants are interwoven with research by Central American feminists.

Resumo

No seu percurso aos Estados Unidos, cada ano atravessam o território mexicano entre 200 000 e 400 000 migrantes da América Central. Cerca de 25% dessas pessoas são mulheres. Este artigo propõe entender o seu êxodo como “migração forçada”, analisando o contexto dos mecanismos de expulsão dos países de origem. A fugida da América Central é uma “fuga” estratégica de resistência contra a violência triple do Estado, o mercado e o sistema patriarcal, parte das lutas antipatriarcais e anticapitalistas no mundo contemporâneo. O trabalho de reflexão é baseado num acompanhamento etnográfico da Caravana das Mães da América Central, onde são tecidos depoimentos de seus protagonistas com pesquisa de feministas desses países.

Dedicado a la Rebelión de las Niñas en Guatemala, que murieron calcinadas cuando estaban bajo la tutela del Estado.

Introducción

Cada año, entre 200,000 y 400,000 personas —nadie sabe a ciencia cierta— atraviesan México por tierra desde Centroamérica para intentar establecerse en los Estados Unidos de Norteamérica.¹ Los mexicanos los vemos en las calles, en las estaciones de autobuses, en los hospitales, en las vías de trenes, en nuestro quehacer cotidiano. También nos enteramos de su paso por nuestro país a través de las noticias de radio y televisión, de los diarios, del cine. Nos indigna la realidad a la que son sometidos: agredidos, violentados, extorsionados por funcionarios que cobran del erario público; o a manos de las redes criminales administradas desde el Estado, las mismas que a nosotros nos aterrorizan día con día.

Este texto trata sobre migrantes, en concreto sobre mujeres centroamericanas. Pero en lugar de exponer los fenómenos diversos de la violencia que nuestras hermanas centroamericanas padecen en México, reflexionamos sobre los motivos de su éxodo, de aquellas situaciones que causan que abandonen sus países de origen para intentar alcanzar el norte del continente.

Las y los centroamericanos huyen de la violencia del mercado neoliberal que infringió todos los ámbitos de su vida cotidiana y generalizó el uso de la violencia, sobre todo contra las mujeres, ante gobiernos omisos y cómplices. De estas miles de personas que intentan escapar como estrategia de sobrevivencia, se estima que entre el 20 y el 30% son mujeres.² Producto de este éxodo masivo, y sumando a los otros millones de exiliados por las guerras de la década pasada, se calcula que el 46% de las personas procedentes de Centroamérica que viven y trabajan en Estados Unidos son mujeres.³

En este texto atendemos a los motivos del éxodo de las mujeres centroamericanas, e intentamos comprender qué las empuja al exilio económico y afectivo hacia el norte. Nuestra pregunta parte de lo más íntimo; es personal y política: ¿qué realidad obliga a una mujer a huir del lugar donde ha crecido, donde están enterrados sus muertos, donde viven sus hijos, sus madres? ¿A qué situaciones se enfrentan para haber tomado esta decisión?

Al investigar la dimensión femenina de las migraciones centroamericanas busco abonar elementos para que se reconozca este éxodo masivo como migración forzada, porque quienes lo padecen no buscan el “sueño americano”, sino la sobrevivencia. Las mujeres buscan seguir vivas para poder después rescatar del horror a sus hijas y madres, a sus hermanas y a sus amantes, a quien se pueda. Porque lo importante es salir vivas de ese territorio. Las centroamericanas migran por el derecho a una vida en condiciones de dignidad, una vida vivible.

Lo que hemos llamado “la trinidad perversa” de la migración de mujeres busca hacer patente que las centroamericanas huyen de la violencia de la industria maquiladora, de la violencia machista y patriarcal que usa sus cuerpos como territorio de escritura para venganzas o demostración de fuerzas, y de la violencia que implica esta “muerte en vida”,⁴ de la que huyen, después de constatar la acción omisa o incluso la total complicidad de las estructuras de los Estados centroamericanos.

Este es un texto que se arriesga a hablar sobre ellas, nunca por ellas, y que espera poder establecer un diálogo con las experiencias vitales de las migrantes, después de que han tomado aire, cuando llegan a la tan anhelada “otra orilla”; y que quiere seguir construyendo preguntas en colectivo con otras y otros estudiosos sobre el tema que analizan este éxodo masivo, de historias de una región rota hacia territorios metropolitanos en crisis, desde una perspectiva feminista.

Se trata de un ejercicio de aproximación teórica más que etnográfica, pero sustentado en un esfuerzo de investigación de largo aliento, que realizo desde 2008, sobre las migraciones en tránsito por México. Ahora bien, utilizo algunas reflexiones de mujeres migrantes que me han compartido en entrevistas en momentos concretos.

El texto está organizado en tres partes. La primera habla del proceso de neoliberalización de la región después de la derrota de las luchas por la liberación nacional, seguida de una reflexión sobre la violencia feminicida⁵ como uno de los principales motivos de éxodo de las centroamericanas; en el tercer apartado explicamos por qué, además de la violencia del mercado y de la violencia feminicida, las mujeres huyen de la violencia necropolítica con la que los Estados centroamericanos gobiernan. De ahí el título del texto, esa trinidad perversa de la que huyen las mujeres centroamericanas.

Centroamérica, de la lucha por la liberación nacional a la neoliberalización de la existencia

Entre las décadas de 1970 y 1990 Centroamérica vivió diferentes procesos de “liberación nacional” que después se convirtieron en guerras civiles en Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Diversos registros calculan (otra vez apenas como aproximaciones) que la guerra en esos países dejó alrededor de 250,000 muertos, además de un número incalculable de desplazados internos y refugiados de guerra.⁶

Después de las guerras, todas las cuales terminaron con firmas de tratados de paz en la década de 1990, llegó el momento de “organizar” los Estados. La retórica que se implementó en dicha “reorganización” fue el neoliberalismo, por un lado, y la cooperación para el desarrollo, por el otro. Retóricas que se amalgamaron a través del relato de la “transición a la democracia”. Desde entonces y hasta ahora, a través de estos dispositivos discursivos, Centroamérica ha sido administrada principalmente por empresas norteamericanas y europeas, además de algunas empresas de capital mexicano que también participan en el proceso de acumulación por desposesión.

En esta genealogía de colonialismo y desposesión es imprescindible destacar el papel que Estados Unidos ha tenido en la región. Fueron los norteamericanos quienes financiaron, entrenaron y no pocas veces gerenciaron las estrategias de guerra sucia (que involucran ejércitos privados como los “Kaibiles” en Guatemala o las “Contras” en Nicaragua y El Salvador) contra los pueblos de América Central. En lo contemporáneo, la presencia de Estados Unidos es militar, económica y de fuerte injerencia política.

En Centroamérica, el capital transnacional actualmente gestiona los bienes y servicios antes estatales, y todas las ramas productivas. Para sostener y profundizar esta “acumulación por despojo”, la clase política de la región ha modificado leyes, tratados y reglamentos para que permitan el saqueo de los recursos naturales.

A esto le hemos llamado la neoliberalización de Centroamérica. Sus pueblos, aquellos que una generación atrás apostaron por la liberación nacional, por la autodeterminación y hoy, en una especie de espiral contraria a las utopías que los impulsaron, viven en un modelo neoliberal que opera en torno a cuatro “sectores”: a) el turismo; b) las industrias maquiladoras de textiles; c) la agroindustria, y d) el tándem de manufactura de piezas electrónicas y prestación de servicios informáticos (Moreno, 2002). Además de estas cuatro “patas” del modelo neoliberal centroamericano, la región se sostiene de las remesas de los migrantes, si bien estas se redujeron de manera sustancial después de iniciada la crisis económica global (Social Watch, 2011).

El sociólogo costarricense Abelardo Morales (2008) explica que el sistema de la migración centroamericana⁷ evidencia de manera nítida las nuevas contradicciones en la estructura social de la posguerra en la región. Porque a las condiciones de acumulación por despojo o desposesión, ya estructurales en Centroamérica, se suma ahora la extracción de una plusvalía adicional al trabajo, la “sobreplusvalía”, que deviene de la obtención de una renta al salario transnacionalizado por la vía de las remesas.

Este sistema es intrarregional; se compone de aproximadamente cuatro millones de personas nacidas en los cinco países (Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Costa Rica), donde aproximadamente el 12% del total de habitantes de la región ha emigrado fuera de sus países de origen. Esa cifra equivale a alrededor del 15% de la Población Económicamente Activa (PEA).

Estos centroamericanos migran hacia países vecinos (Costa Rica), hacia Europa (España) o hacia el norte del continente (Canadá y Estados Unidos). Este último es el destino mayoritario de los migrantes y, para alcanzarlo, los centroamericanos deben atravesar México por aire, tierra o mar; aunque cada vez es más difícil sortear el corredor migratorio más importante del mundo, con un flujo promedio de 9.3 millones de personas (OIM, 2010). Según reportes del Instituto Nacional de Migración en México (INM), se ha conseguido deportar desde aquí a ocho de cada diez migrantes que atraviesan el país (Rodríguez, 2014).⁸

Los migrantes centroamericanos, con estancia legal o ilegalizados, trabajan en Estados Unidos en los sectores más precarios del mercado: la industria del ladrillo o de construcción inmobiliaria, la realización de actividades extractivas (incluidas la agricultura y la minería) y la industria de los cuidados. Todos estas labores están altamente precarizadas (Morales, 2015).

Otro corredor migratorio es el intrarregional, es decir, el corredor Nicaragua-Costa Rica, por el que transitan y se establecen dos de cada diez migrantes de esos cuatro millones de personas que han abandonado el lugar donde nacieron (Morales, 2011). Este corredor se caracteriza por su alto grado de presencia femenina. Las mujeres nicaragüenses se trasladan a Costa Rica a trabajar en el circuito de los cuidados,⁹ como trabajadoras domésticas, cuidadoras de ancianos o nanas. Un número importante de centroamericanos se desplaza también a ese país para trabajar en las empresas de seguridad privada. Como dicen los “ticos”, San José, su capital, está custodiada en buena medida por sujetos con rasgos fenotípicos que, para el costarricense promedio, son identificados como “personas peligrosas”. Es una paradoja.

Es evidente que, en términos generales, el éxodo masivo de la población centroamericana hacia el norte del continente es generado por las condiciones sociales de precarización de todos los ámbitos de la vida (trabajo, derechos sociales, políticos, económicos, culturales, liberalización de la violencia) que padece en sus países de origen. Es importante acotar, con base en el trabajo de Morales Gamboa (2015), la inferencia de que los movimientos de personas en dicha región han sido una constante histórica, sobre todo los intrarregionales (entre países centroamericanos), si bien durante las guerras y posguerras de esos países los flujos de personas se intensifican, bien en calidad de refugio¹⁰ o como migración económica hacia el norte del continente (México y sobre todo Estados Unidos). Así pues, quienes se van son las y los exiliados del neoliberalismo,¹¹ que huyen de la violencia social e institucional y del endeudamiento que dejan las políticas para “fomentar el progreso y el desarrollo de los países pobres” (Galindo, 2007).

Este trabajo habla en concreto de las mujeres que migran. Nos parece importante partir de la premisa de que las migraciones humanas no son un fenómeno nuevo, sino que lo novedoso son las políticas de fronteras que intentan gobernarlas. Asimismo, partimos de la premisa de que la presencia femenina en los movimientos migratorios de ninguna manera constituye un hecho nuevo, sino que se trata de un novedoso desafío para los repertorios feministas vigentes en las ciencias sociales y un debate imprescindible para las políticas públicas con perspectiva de género.

Desde 1970, diversos intérpretes comenzaron a observar un crecimiento exponencial de la participación de mujeres en los flujos migratorios internacionales; estas migrantes se movían cada vez más de forma independiente, es decir, no eran acompañantes de los hombres. A este fenómeno se le denominó, en la bibliografía especializada de la década de 1990, feminización de las migraciones, y se estableció como una de las características de las migraciones internacionales contemporáneas (Valido, 2010).

Reconocer formalmente la agencia femenina en la migración es muy importante, porque se debe poner el énfasis en que las migrantes se han convertido en blanco para las prácticas patriarcales de expropiación y explotación del cuerpo femenino, que les inscriben una triple venganza: intentar su aniquilamiento por haberse atrevido a desafiar la racialización del mercado laboral en el capitalismo neoliberal que las había relegado, sobre todo, a la industria de la maquiladora; por haber desafiado, con su fuga, a los hombres que las usan como papiros de sus prácticas performativas de masculinidad violenta; y, finalmente, por desafiar a los gobiernos y organismos internacionales que las concebían sumisas y les habían impuesto políticas de extranjería, que las reclutaban como trabajadoras temporales de la agricultura intensiva, o como trabajadoras del ámbito del circuito de los cuidados, pero apegadas a la gestión de “contingentes legales”, o bien que las consideraron siempre apenas como sujetos de “reagrupación familiar”, otro perverso dispositivo biopolítico de las migraciones amparado en la narrativa de los derechos humanos, pero que en realidad supedita los derechos de las mujeres a sus vínculos con “trabajadores” migrantes.

Según las estadísticas actuales, casi 500 millones de mujeres migrantes desafiaron al neoliberalismo (Naciones Unidas, 2010), a los mercados y los gobiernos que lo operan, y a los hombres de las culturas machistas y patriarcales de las que provienen. Esto no quiere decir que se hayan salvado de la racialización del mercado de trabajo, pues en los lugares de destino se dedican sobre todo a la agricultura, la industria de la maquila, la industria de los cuidados y la industria del sexo. Su fuga tampoco implica que desobedezcan al régimen de extranjería que consiguieron burlar cuando se quedaron “sin papeles” después de que su contrato por cuotas venció. Todas buscan “los papeles” y los estrechos derechos que estos les otorgan. No se han logrado librar del patriarcado; al contrario, lo padecen intensivamente en sus comunidades diaspóricas y en las sociedades de acogida, igualmente patriarcales, donde también se ejercen, contra “nativas” y extranjeras, formas de violencia feminicida.

La violencia feminicida, uno de los principales motivos del éxodo de las centroamericanas

Las motivaciones para el éxodo de estos millones de centroamericanas y centroamericanos son diversas. Para Abelardo Morales (2008), y para Carmen García y María Tarrío (2008), la decisión de migrar obedece sobre todo a razones económicas. Centroamérica es una de las zonas con más bajos niveles de vida en el continente, situación que se agudiza progresivamente con la firma de los tratados de libre comercio entre Estados Unidos y Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Honduras, a destiempo desde 1995 y hasta 2007, cuando se firma el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica (CAFTA, por sus siglas en inglés).

Otras perspectivas afirman que el éxodo masivo se produce también como consecuencia de motivos ambientales: lo mismo por catástrofes generadas por el neoextractivismo en la región que por desastres naturales como terremotos y huracanes. No obstante, la migración centroamericana también se debe, en buena medida, a motivos políticos. La gente huye del autoritarismo de regímenes que violentaron a sus pueblos, primero con el argumento de “combatir el comunismo” y ahora con golpes de Estado en favor de “democracias liberales”, como en el caso de Honduras. Otro factor expulsor ha sido la corrupción que los regímenes de posguerra heredaron y de los que se sostienen.

Sin embargo, de manera cada vez más manifiesta, documentada y evidente, quienes emprenden el éxodo migratorio son sujetos que escapan de la liberalización de la violencia y el terror:

Honduras y El Salvador se convirtieron recientemente en los países más violentos del mundo, con tasas de homicidios de 81 y 66 personas por cada cien mil habitantes. En el corredor centroamericano operan novecientas pandillas con setenta mil miembros, según un informe de una agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) (Ruiz Parra, 2012, p. 3).

Existen cada vez más trabajos que evidencian que las mujeres, las criaturas, los y las jóvenes centroamericanos, emprenden la fuga para refugiarse de la violencia de la cual son blancos específicos. En el caso de las mujeres, en concreto, de las formas de violencia feminicida; según Morales (2015), este tipo de migrantes representa 52.6% del total en la región, una tendencia que se origina en la década de 1990, es decir, una tendencia que se explica por el exilio masivo de refugiados de las guerras civiles financiadas por Estados Unidos y operadas por las oligarquías domésticas.

Esta perspectiva la suscriben diferentes organizaciones de derechos humanos de la región, como el Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Progreso (Cofamipre), una de las organizaciones que componen la Caravana de Madres Centroamericanas en busca de sus hijos migrantes.¹² Para las madres activistas, hay dos motivaciones principales entre las hijas que se fueron: la violencia sexual de algún familiar o vecino, y en su mayoría, la violencia por parte de sus esposos.

Violencia de género, violencia doméstica, violencia sexual, asesinatos, todo ello sustentado en prácticas de violencia feminicida. Estos son los principales motivos que nombran las mujeres que hemos entrevistado en su tránsito por este país frontera (Kuhner, 2011). Y si bien en este texto priorizamos los datos sobre homicidios de mujeres en América Central —un trabajo arqueológico que han realizado las feministas de esa región—, queda el desafío para futuros trabajos de tejer además las cifras que caracterizan sociodemográficamente la violencia doméstica en ese territorio.¹³

Por violencia feminicida entendemos, haciendo eco de la larga disputa simbólica de las feministas en la academia, los medios y los debates legislativos, a la violencia “no como un acontecimiento aislado en la vida de las mujeres víctimas de violencias, sino el trágico epílogo de un continuum de terror hecho de abusos verbales y físicos, caracterizado por una amplia gama de manifestaciones de violencia” (Borzacchiello, 2014, p. 52).

En 1992, Jill Radford y Diana Russel construyeron y justificaron la categoría de “femicidio” como la expresión extrema, mortal, de la violencia contra las mujeres. Paralelamente, Marcela Lagarde y otras académicas y periodistas feministas mexicanas extendieron el significado del término al proponer la categoría “feminicidio”, ampliando la acepción propuesta por las norteamericanas para que designara no solo al asesinato de mujeres, sino a todas las conductas violentas que pueden, o no, ocurrir hasta causar la muerte de las mujeres, conductas violentas en las que es determinante la responsabilidad directa del Estado.

En este trabajo comprendemos el término “feminicidio” como un castigo ejemplar, en el sentido de que constituye un mensaje dirigido a las mujeres en general, suscribiendo la idea de muchas colegas de pensar en plural la idea de que las violencias feminicidas no solo designan a los asesinatos de mujeres, sino también a la violación sexual, el secuestro, la tortura o la vejación; y nos atrevemos a proponer incluso que la trata de mujeres también es un hecho que califica como violencia feminicida.¹⁴

Si bien abundar sobre este tema sería motivo de otro artículo (la relación entre trata de personas, feminicidio, fugas de centroamericanas), desde nuestra perspectiva resulta central tejer los debates, las disputas simbólicas que día con día libran las defensoras de derechos de los migrantes en tránsito por América Latina, con lo que las feministas radicales piensan de los feminicidios.

Este trabajo, el de tejer de una manera muy fina, ya lo han hecho Lexartza, Carcedo y Chaves (2013), donde proponen pensar el éxodo de las centroamericanas, sobre todo, como consecuencia de la violencia en su contra:

esas expresiones de la violencia que se dirigen a las mujeres de manera no casual [...] producto de la condición de discriminación de estas. No se trata por tanto de una manifestación más de la violencia social, sino que es una forma específica de violencia, de carácter estructural, direccional y asimétrico, ejercida por los hombres o el orden patriarcal contra las mujeres (Lexartza et al., 2013, p. 21).

La socióloga costarricense Ana Carcedo (2010) explica que las violencias que expulsan al éxodo a estas miles de mujeres son de carácter físico, emocional, sexual, material o simbólico, y en algunos casos, todas juntas.

Sirva de evidencia el relato de María, mujer migrante entrevista en el albergue de Lechería, estado de México, en 2008. Ella viajaba con un bebé de dos años buscando llegar a Houston para encontrarse con su hermana, que había huido de un marido maltratador:

Por ejemplo en Guatemala es la violencia intrafamiliar, contra la mujer, la violación y el abuso hacia la mujer y la discriminación. Porque muchas veces el hombre se cree muy machista hacia la mujer, que la mujer no tiene derecho ni de trabajar, solo en el hogar trabajar en la cocina, cuidar a los hijos, y del maltrato familiar hay esposos que son muy machistas, en pegar, exigentes, son muy, las maltratan mucho. Y a veces que las discriminan también porque a veces son indígenas, por ejemplo las que usan así corte y las que son mayas. Entonces también las discriminan (entrevista con María, migrante guatemalteca, 2008).

Violencias estructurales inscritas en los cuerpos de estas fugitivas, violencias que además no acaban en el éxodo, pues en el tránsito se exacerban infinitamente. Justamente por eso, proponemos que, para pensar el tránsito de las mujeres migrantes centroamericanas, se recurra a las llaves explicativas de quienes han trabajado las violencias feminicidas.

Como explica Mariana Berlanga, Rita Laura Segato ha analizado la dimensión comunicativa del feminicidio, al considerar que estos asesinatos constituyen mensajes que se envían por una doble vía: de manera horizontal y vertical (Segato, citada en Berlanga, 2013).

La hipótesis de que los cuerpos de las mujeres son territorio de venganza (Sagot, 2013) al mismo tiempo que mensajes entre hombres que asesinan, desborda y completa la idea inicial de Radford y Russell y resulta útil cuando pensamos la migración en tránsito de mujeres centroamericanas por México, que, como se sabe, es territorio sumido en una guerra administrada desde el Estado y que ha dejado más de 163,000 muertos entre 2006 y 2015 (Centro Nacional de Información, 2015, y Proceso, 2013, citados en Estévez, 2015).¹⁵ Territorio donde las mujeres centroamericanas sufren violencia por parte de sus propios pares, los migrantes en tránsito; por parte de autoridades migratorias, polleros, miembros del crimen organizado, traficantes, etcétera (IMUMI, 2012). Sus cuerpos sirven en el trayecto de escudo entre grupos de hombres, de tributo para los asaltantes en la ruta migratoria, de aparador para el tipo de castigo “extrajudicial” que los agentes migratorios dejan tatuados en estas mujeres.

Por eso, como lo documentaron Lexartza et al. (2013), las violencias feminicidas de las que huyen las centroamericanas se suman al uso que se hace de sus cuerpos como testimonio de la barbarie que puede ejercerse entre los bandos que se disputan un territorio. Tal y como contaba Diana, migrante hondureña en tránsito por México, entrevistada en 2013 en las vías del tren, en el estado de Veracruz, mientras miraba las fotografías que las madres caravaneras centroamericanas despliegan cada vez que visitan México:

Es que por ejemplo en San Pedro antes de que me viniera hubo unos secuestros hace dos meses, no hace un año que tiene hace un año que desaparecieron dos personas, dos, dos mujeres que no han aparecido. Y solo pidieron el rescate pero creo que las asesinaron y las sepultaron porque nada, no aparecieron sus cuerpos […]. También escuché que secuestraron una cerca de mi casa y que a ella la violaron, la tenían drogada y que le daban comida por un agujero y ya cuando dieron el rescate la dejaron tirada. Iba bien golpeada y bien morada de acá porque le habían inyectado droga, dicen que era la hermana de uno de los del grupo contrario a los que se la llevaron (Diana, migrante hondureña, 2013).

Así, las mujeres centroamericanas son para los hombres de la región el cuerpo/territorio, el pergamino con el que demuestran capacidad de dominio y delimitan su territorio.

La demostración de fuerza que debe realizar un grupo sobre otro, desde su punto de vista, es explicativo del feminicidio. Parte de la tesis de que el cuerpo de las mujeres, en estos casos, funge como un lugar de escritura a partir del cual se da todo un despliegue de violencia. En las marcas inscritas en estos cuerpos los perpetradores hacen pública su capacidad de dominio irrestricto y totalitario sobre la localidad ante sus pares, ante la población local y ante los agentes de Estado, que son inermes o cómplices (Segato, citada en Berlanga, 2013).

¿Quiénes son esos hombres que usan a la mujer como pergamino de la violencia que pueden realizar performativamente para que lo lean otros hombres? Son hombres con una subjetividad sustentada en una masculinidad generada y consolidada en el neoliberalismo, hombres que utilizan la violencia como medio de supervivencia, de autoafirmación, seres “comunes y corrientes”. Pero también, se ha documentado, subjetividades heredadas de la época de los kaibiles. Una mezcla de masculinidades hegemónicas en tiempo de neoliberalismo, con subjetividades cuya genealogía se rastrea en las guerras sucias de apenas dos décadas atrás.

Podríamos decir que el feminicidio es una pauta normalizada en la perspectiva de estos sujetos, característica de una subjetividad sustentada en la narrativa de la masculinidad violenta que se viraliza en todo el sistema migratorio norte y centroamericano. Son estos hombres los que copan las estadísticas que Carcedo y otras han compilado sobre feminicidio en Centroamérica; una pandemia, que desde 2005 en El Salvador registra tasas mayores a las diez muertes por cada 100,000 mujeres. En Guatemala y Honduras emularon a los salvadoreños en 2007 y 2009, respectivamente. Hace poco más de una década, en estos países, y en los otros de la región, las tasas eran estables y notablemente inferiores (entre dos y cuatro por cada 100,000 mujeres, salvo El Salvador, con seis por 100,000 mujeres).

Muchos de estos nuevos escenarios del femicidio están estrechamente vinculados a las dinámicas migratorias. Este es el caso del escenario de la trata, del escenario de las maras o del escenario de las mafias y redes delictivas nacionales e internacionales. En consecuencia, podría pensarse que atacar el femicidio en la región pasa también por revisar las condiciones en las que se ven obligadas a migrar las mujeres (Lexartza et al., 2013, p. 21).

Insistimos: la realidad las persigue perversamente, pues para concretar la fuga, para llegar a Estados Unidos, estas mujeres tienen que atravesar México, un territorio al que García y Tarrío (2008) llaman “país retén” y Anguiano (2011) propone considerar como “frontera vertical”.

Una travesía que comienza en la línea fronteriza del sur de México, conformada por 1,139 kilómetros, con 48 puntos de internación aérea, marítima y terrestre. Los principales pasos por los que los migrantes entran a este país retén son: Ciudad Hidalgo, Talismán, Unión Juárez, Mazapa de Madero, Ciudad Cuauhtémoc, Carmen Xhan, Frontera Corozal y El Ceibo.

Así, las centroamericanas que huyen de violencias diversas se encuentran con otras igual de desgarradoras cuando viajan por tierra atravesando México, país frontera que inscribe en los cuerpos de las centroamericanas las violencias feminicidas, lo mismo cuando son atrapadas por la industria de la trata de personas que durante el trayecto, donde sufren todo tipo de vejaciones, entre las que destaca la violencia sexual.

Algunos ejemplos de violencia sexual incluyen: La violación por parte de desconocidos. Las insinuaciones o el acoso no deseados de carácter sexual, con inclusión de la exigencia de mantener relaciones sexuales a cambio de favores. La prostitución forzada y la trata de personas con fines de explotación sexual (Kuhner, 2011, p. 23).

Por reportes de prensa, por informes de organizaciones civiles, incluso por informes de las comisiones de derechos humanos de los Estados involucrados en el tránsito de las mujeres, sabemos que casi todas sufren violencia sexual en el trayecto, si bien las rutas terrestres no son las principales vías que estas centroamericanas usan para llegar a Estados Unidos. La pregunta una vez más es: ¿quién las violenta?, pero además: ¿por qué el Estado omite la puesta en marcha de medidas que desarticulen estas diversas violencias que hemos llamado feminicidas?

La violencia de Estado, gubernamentalidad de la muerte

Si para responder a la pregunta sobre las subjetividades que violentan a las mujeres propusimos adoptar la hipótesis de subjetividades basadas en masculinidades neoliberales y de la posguerra, ante la pregunta de: ¿qué tipo de Estados hacen de la omisión y la impunidad una especie de política pública? respondemos siguiendo las premisas propuestas por el filósofo e historiador camerunés Achille Mbembe, quien, a partir de una formación posestructuralista, propone completar la perspectiva foucaultiana del biopoder —la economía política del poder— con la noción de necropolítica.

Mientras que la biopolítica, desde la perspectiva de Foucault (2006, 2009), nos habla de tecnologías de gubernamentalidad para el control de las poblaciones —las diferentes formas para gobernar la vida—, Mbembe propone una gubernamentalidad de la muerte en la que los sujetos no son solo “cuerpos máquina” a los que la disciplina y las tecnologías del control convierten en existencias uniformes útiles al capitalismo. En las sociedades del control necropolítico (Mbembe, 2011) las poblaciones, los sujetos, no son solo cuerpos máquina que se autovigilan y autocastigan para ser productivos, sino que, para la economía de guerra, del estado de excepción que gobierna mediante perversas relaciones de poder, los sujetos son, además de maquínicos, cuerpos desechables.

Este necropoder opera en todo el globo, es decir, no es exclusivo de las periferias, sino que está presente en todos los continentes, en todos los países; pero tiene uno de sus rostros extremos y evidentes en las zonas de las que huyen, por los confines en los que intentan transitar y en los espacios-tiempos que habitan los migrantes y refugiados en todo el mundo (Mbembe, 2016).

La perspectiva de Mbembe nos ofrece luces para comprender la que ya todos llaman “crisis humanitaria” de los migrantes centroamericanos. Si echamos un vistazo a la vida cotidiana de las mujeres y de los hombres que en Centroamérica sobreviven a la violencia gestionada por el Estado, descubriremos que la migración de las y los centroamericanos es forzada, y que las mujeres que se fugan de este escenario son sobrevivientes y se movieron del lugar de “muertas-en-vida” que el capitalismo les asignó para buscar en la migración el derecho a la vida.

Así lo demuestra el testimonio de Susana, migrante salvadoreña “atorada” en México desde 2011 y recogido en una de las reuniones entre trabajadoras sexuales y madres caravaneras que buscan a sus hijas e hijos en el barrio capitalino de la Merced, en la Ciudad de México, en diciembre de 2015:

[Mi hermana] llegaba a la casa y se volvía a ir con mi cuñado, llegaba a la casa y se volvía a ir con mi cuñado, y ella llegaba bien golpeada con sus cosas y ya mi cuñado la llamaba y ya ella se iba y así y así. Y de ahí ya no aguantó y se huyó, se fue a California huyendo de ese maltrato (entrevista a Susana, de origen salvadoreño, 2015).

Las sociedades centroamericanas se rigen por pactos sociales políticamente construidos a partir de la marginalidad y la omisión. Los niveles de violencia que abordaremos a continuación, sus características, solo se explican en forma diacrónica y sincrónica, es decir, a partir de una realidad histórica de larga data, insistimos, y de la que Estados Unidos (país de destino mayoritario de esta diáspora) tiene muchas responsabilidades. Aunada a estas condiciones históricas, la precarización de la vida que impone el neoliberalismo explica la emergencia de pueblos sistemáticamente violentados a los que, desde el norte, quieren retratar como sociedades que se violentan como forma de relación social. Nada más lejos de la realidad. La necropolítica con la que se gestiona la vida pública en Mesoamérica (eso incluye México) es un modelo de Estado que no corresponde con las utopías de los pueblos que la padecen.

Esta violencia de Estado es la que ha propiciado 79,000 homicidios registrados en los últimos seis años y un promedio de 33 asesinatos por cada 100,000 habitantes en 2008;¹⁶ de ahí que todos los medios de información caricaturicen a Centroamérica como “la región más violenta del mundo” (Gabriel, 2010).

Al respecto, Serrano y López (2011) señalan que en tres países —El Salvador, Guatemala y Honduras— los índices de crimen y violencia se encuentran entre los tres más altos de América Latina. En los demás países de la región —Costa Rica, Nicaragua y Panamá— los niveles de crimen y violencia son significativamente menores, aunque registran un aumento sostenido de los índices de violencia en años recientes. Para dimensionar estas cifras y descentrarlas del uso justificativo de la urgencia de planes securitarios regionales hay que decir que El Salvador tiene el índice de homicidios más alto de América Latina (58 por cada 100,000 habitantes) y que, junto con Guatemala y Honduras —con índices de homicidios de 45 y 43 por cada 100,000 habitantes, respectivamente—, se encuentra entre los primeros cinco del continente. El índice de homicidios para Centroamérica en general es de 35.4 por cada 100,000 habitantes, demasiado alto comparado con el promedio para toda América Latina, que es de 20 por cada 100,000 (Serrano y López, 2011).

El fenómeno desencadena, por ejemplo, la violencia juvenil y la de los denominados “maras”, jóvenes de entre 15 y 34 años de edad que constituyen la abrumadora mayoría de las víctimas de homicidio; las bandas de maras están conformadas en su mayoría por hombres, aunque no de forma exclusiva. Esta doble realidad —la de que los jóvenes ejercen la violencia y son además sus principales víctimas— ha sido abordada por los estudiosos de la juventud, que la han nombrado como “juvenicidio”,¹⁷ una hipótesis que pretende explicar por qué existen más de 900 bandas de maras que operan en Centroamérica, con un estimado de 70,000 integrantes (Escobar, 2008).

No obstante que los maras sin duda contribuyen a la violencia en El Salvador, Guatemala y Honduras, hay indicios de que son responsables solamente de una parte de la violencia (diversas fuentes sugieren que quizás el 15% de los homicidios se relacionan con los maras). Además, resulta muy escasa la información confiable sobre el papel de los maras juveniles en la industria del narcotráfico.

Estos “índices de violencia y criminalidad” —como se les llama en la literatura hegemónica— se explican por la disponibilidad de armas de fuego, que a su vez ocurre por dos razones: las guerras civiles posteriores al sueño de liberación nacional en la región y, sobre todo, el aumento en la importación de armas en los años posteriores. Ambas causas tienen literalmente “armadas hasta los dientes” las máquinas de guerra de los Estados necropolíticos centroamericanos.¹⁸

Finalmente, la violencia en Centroamérica, más allá de los índices que hasta ahora se han abordado al respecto, se explica por la “salida del Estado” de la que habla Mbembe cuando caracteriza los Estados necropolíticos. En Centroamérica se carece de una estructura judicial que procure justicia; los crímenes regularmente permanecen impunes y la mayoría de los casos denunciados se pudre en el olvido; literalmente, los expedientes judiciales, mal construidos, quedan archivados. Por ejemplo, en 2006 en Honduras se presentaron 63,537 denuncias penales, de las cuales 49,198 se remitieron a investigación y solamente 1,015 terminaron en condena. Si a ello sumamos el amplio número de crímenes o sucesos violentos que no son denunciados por los hondureños —tal y como sucede en México— porque se tiene la certeza de que es más peligroso apelar a las instituciones de justicia que no acudir a ellas, la cifra real de crímenes resulta descomunal. La suma de impunidad, omisión, descrédito, hacen de las instituciones encargadas de la impartición de justicia en la región entes fantasmales, en el mejor de los casos, y en buen número de realidades, filosos tentáculos del “crimen administrado por el Estado”.¹⁹

De esta forma, y de acuerdo con diversas perspectivas, los gobiernos de Centroamérica generalmente atribuyen el crecimiento de la violencia y la criminalidad a la expansión del crimen organizado, al tráfico de drogas, armas y personas hacia Estados Unidos, así como a la proliferación de maras y pandillas juveniles. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, y más allá de las numeralias del terror disponibles, proponemos que las poblaciones centroamericanas son administradas por Estados necropolíticos que consideran a estas poblaciones “desechables”, cuerpos máquina hiperexplotables para el neoliberalismo a la centroamericana, basado en maquila, agroindustria, turismo y remesas.

¿Qué implicaciones tiene esta realidad para la población en general en Centroamérica? Nos interesa recalcar, por todo lo anteriormente descrito, que la migración representa para las poblaciones consideradas desechables una fuga, la alternativa para ejercer el derecho a una vida “vivible”. Y es que, según un informe del Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM),²⁰ en Centroamérica la violencia extrema de la criminalidad, combinada con lo que Mbembe llama gubernamentalidad necropolítica, degenera en un acoso permanente hacia la población. Lo que a su vez nos obliga a pensar el tránsito de centroamericanos como un fenómeno de expulsión forzada.

Los centroamericanos, dice el MMM, “no se pueden quedar y no tienen a dónde ir, expulsados por la pobreza y la amenaza inminente de muerte en el país de origen; extorsionados por el crimen organizado, secuestrados y ejecutados en el país de tránsito, y deportados si logran llegar al país de destino” (Sánchez, 2015). De su trabajo a pie de vías, los activistas del MMM afirman que:

siete de cada diez migrantes entrevistados refieren que vienen huyendo de sus países por amenazas de muerte, extorsiones o asesinato de algún familiar bien sea a mano de las pandillas o de “los narcos”, y se ha convertido en práctica común que las pandillas intenten reclutar a menores de edad para actuar como informantes o para vender drogas en las escuelas y, de no aceptar, son ejecutados (Sánchez, 2016).

Se cobra por todo: a todos los negocios, grandes, medianos, pequeños, y también por vender en la calle. La extorsión está tan generalizada que incluye el cobro de cuota a quienes tienen familiares en Estados Unidos. Esta violencia ejercida por el crimen organizado camina de la mano con la violencia de Estado, alimentada por la falta de oportunidades de empleo, salud, educación y satisfactores mínimos para vivir.

En Centroamérica reina la impunidad total y los agraviados no pueden denunciar porque, según testimonios reiterados, muchos han sido ejecutados después de presentar la denuncia dada la complicidad de la autoridad con el crimen organizado.

[E]n entrevistas directas, jóvenes migrantes han informado que las pandillas vigilan los puertos de entrada para detectar a los deportados con quienes tienen pendiente ajustes de cuentas y a quienes les exigen que paguen “el impuesto de guerra” atrasado por el tiempo que se ausentaron, en otras entrevistas han referido que algunos de sus compañeros han sido asesinados luego de ser deportados (MMM, 2014).

A modo de conclusión...

En este texto nos propusimos pensar las motivaciones del éxodo de nuestras hermanas centroamericanas que se fugan de las violencias que padecen. Este ejercicio, de momento sustentado apenas en datos estadísticos, en lecturas de otras feministas y migrantólogas, en los discursos publicados de organizaciones sociales, en nuestras propias preguntas, busca poner en la mesa elementos para establecer, en el diálogo con otros, horizontes de vida, posibilidades de futuro. Relatos que podamos inscribir en los repertorios propios y los de las mujeres que vienen, para que puedan habitar en territorios en donde fugarse sea un privilegio para reinventarse y reinventar a las comunidades a las que pertenecemos, y no la única vía para seguir viva. Que migrar sea una decisión vital y no una imposición por la mortífera realidad.

A lo largo del trabajo hemos esbozado que la migración de las y los latinoamericanos, en concreto de las centroamericanas hacia el norte del mundo, tiene causas específicas que desbordan lo económico. Son estrategias de sobrevivencia que se basan en la fuga individual para evitar un naufragio colectivo. Como confirma el testimonio de Yeni, migrante hondureña entrevistada durante la última caravana migrante de 2016, cuando le preguntamos por qué arriesgarse a migrar:

Sí duele, sí da miedo, pero para mí más miedo da a una quedarse, hay veces que uno quiere seguir adelante. Yo por ejemplo traigo un pensamiento muy grande porque quiero sacar mis tres hijos adelante, me adelanto para después poder sacarlos de allí, para que vivamos mejor (entrevista a Yeni, migrante hondureña, 2016).

Haciendo eco de esta estrategia vitalística de las hermanas centroamericanas, este trabajo busca abonar a la discusión pública elementos de análisis que permitan sustentar la idea de que los desplazamientos contemporáneos son forzados por la neoliberalización de todos los ámbitos de la vida. Y como tal, tenemos que reconocerla. Primero, en los discursos académicos para apoyar o empujar transformaciones en las retóricas de extranjerías de nuestros respectivos países.

Lo que las experiencias de las mujeres, los niños, las y los jóvenes, los hombres centroamericanos nos gritan con su migración es que quienes van hacia el norte ya no persiguen el “sueño americano”, sino apenas la posibilidad de seguir soñando, durmiendo, despertando. Todo sin que sus vidas, o las de sus seres amados, peligren. Sin que su comunidad y sus existencias en condiciones de dignidad peligren.

Y por todo ello, las actuales migraciones, además de feminizadas, han de pensarse —y ha de actuarse alrededor de ellas— como desplazamientos forzados. Si los Estados, en este ejercicio necropolítico de hacer de las violencias políticas públicas, no lo reconocen, discutamos firmemente como académicas, como feministas, como activistas, contaminemos los discursos vigentes en materia de “flujos humanos” y tomemos el riesgo de pensar y proponer categorías que demuestren por qué la migración es forzada.

En tanto que lo comprendamos, dejaremos de ver a los y las migrantes como víctimas y podremos pensarlos como agentes. Como fugitivos del exterminio que, antes de quedarse a morir en vida, intentan, quemando las naves, una vida digna. Porque mientras ese cambio de perspectiva no suceda, los cuerpos y las historias de todas nosotras seguirán siendo territorio de venganza del capitalismo, del patriarcado y de los Estados necropolíticos.

Usar la caja de herramientas del feminismo radical, los modelos de análisis que ha construido, es una forma de cambiar la perspectiva hacia la migración femenina que se fuga de la trinidad perversa de la violencia de la que hemos hablado. Al mismo tiempo, considerar la fuga de estas migrantes como estrategia vitalística es una interpelación que desde los estudios migratorios hacemos a las teóricas y las activistas del feminismo. Muchas luchas de mujeres tienen lugar en lo contemporáneo; la migración es una de ellas, y es tiempo de estudiarla y abrazarla como lucha hermana.