Los derechos humanos y el internacionalismo en el movimiento lésbico-gay mexicano, 1979-1991

Resumen

Desde la década de 1970, las organizaciones mexicanas LGBT han luchado para que los derechos civiles y políticos de ese colectivo sean vistos por el estado como derechos humanos. Las estrategias que se han implementado han sido dependientes del contexto político de la época en cuestión. En la década de 1980, el movimiento utilizó una estrategia de izquierda, solidarizándose con luchas revolucionarias en Centroamérica, apoyando las luchas LGBT de izquierda en otras partes del mundo y condenando la represión dentro de México, que no se limitó al acoso policial, intimidación, chantaje y violencia contra integrantes de la comunidad LGBT. Con la implementación de los mecanismos de derechos humanos a finales de la década de 1980 por parte del estado mexicano, activistas lésbico-gays centraron sus argumentos en el discurso liberal de los derechos humanos; utilizaron tal discurso durante la planeación de la conferencia de 1991 de ILGA, donde reclamaban, en su solicitud al gobierno local, la protección de los derechos humanos como símbolo de un estado moderno y democrático. Este cambio en las dinámicas de acción ilustra por qué la participación de lesbianas y homosexuales en la construcción de estos discursos es importante para la comprensión de la institucionalización de ciertos sectores del movimiento lésbico-gay en este periodo.

Abstract

Since the 1970s, Mexico's LGBT organizations have fought for their civil and political rights to be seen by the state as human rights. The strategies that they have used to defend human rights have depended on the political context of the time period in question. In the 1980s activists utilized a left internationalist strategy, expressing solidarity with revolutionary struggles in Central America and lending support to leftist lesbian and gay struggles in other parts of the globe. Within Mexico, they utilized human rights discourse to condemn repression —not limited to, but including police harassment, intimidation, extortion, and violence against lesbians and gays. However, with the Mexican state's implementation of human rights mechanisms in the late 1980s, LGBT activists increasingly employed a liberal discourse of human rights. Seeking protection from the state during the planning of the 1991 ILGA conference, activists appropriated President Salinas’ own language, asserting that the protection of human rights was symbolic of a modern and democratic state. Analyzing these changes in organizing strategies and tactics is important for understanding the institutionalization of certain sectors of Mexico's LGBT movement during this period.

Resumo

Desde os anos 1970, as organizações LGBT mexicanas tem procurado do Estado o reconhecimento dos seus direitos civis e políticos como direitos humanos. As estratégias implementadas são dependentes do contexto político da época em questão. Na década de 1980, o movimento adotou uma estratégia de esquerda em solidariedade com as lutas revolucionárias na América Central, o apoio às lutas LGBT em outras partes do mundo, e a condenação à repressão no México, não limitada à perseguição policial, mas incluindo também a intimidação, a chantagem e a violência contra membros da comunidade LGBT. Após a implementação pelo Estado de mecanismos de direitos humanos no final dos anos 1980, ativistas homossexuais e lésbicas concentraram os seus argumentos sobre o discurso liberal dos direitos humanos. Foi assim que durante o planejamento da conferência 1991 da ILGA, eles reclamaram ao governo local a proteção dos direitos humanos como símbolo do Estado moderno e democrático. Esta mudança na dinâmica da ação ilustra por quê a participação de gays e lésbicas na construção destes discursos é importante para compreender os processos da institucionalização de certos setores do movimento gay e lésbico neste período.

Introducción

Una declaración del grupo ultraconservador Pro-Vida del año 1989 proclamaba su compromiso por la defensa de los derechos humanos en México. Dentro del contexto de la condena a las relaciones homosexuales por antinaturales, antimexicanas y pecaminosas, clamaba que “no existe el derecho humano de pervertir y degradar a los demás” y que “tenemos el pleno derecho de defender nuestros valores éticos y culturales” (Comité Nacional Pro-Vida, A.C., 1991). Esta declaración, publicada en periódicos locales, formó parte de la reacción negativa en contra de los grupos mexicanos de lesbianas y homosexuales que organizaban la conferencia de la Asociación Lésbico-Gay Internacional (ILGA, por sus siglas en inglés en 1991, y conocida entre 1978 y 1986 como la Asociación Gay Internacional, IGA) a celebrarse en el verano de 1991 en Guadalajara, México. Los grupos de lesbianas y gays usaron también el discurso de los derechos humanos en sus esfuerzos organizativos. Por ejemplo, en una carta dirigida al presidente municipal de Guadalajara, los y las activistas escribieron: “Como hemos venido planteando ante Usted desde finales de 1989 en forma verbal y escrita, las lesbianas y los homosexuales —dentro de un marco de pluralidad, modernización, y solidaridad— tenemos derechos: a la reunión, a la seguridad pública, a la información, a la recreación, a la cultura” (Comité Organizador, Grupo Orgullo Homosexual de Liberación y Grupo Lésbico Patlatonalli, 1991). Como se observa en el lenguaje usado en esta cita, activistas lesbianas y gays se organizaron para ser anfitriones de la conferencia de la ILGA de 1991, lo cual dio como resultado un debate sobre el significado mismo de los derechos humanos.

Una de las grandes consecuencias de la II Guerra Mundial fue la ulterior Declaración Universal de Derechos Humanos, desarrollada y escrita por profesores, abogados y políticos, muchos de ellos latinoamericanos. Esta acción ha inspirado una agenda global de derechos humanos y ha creado una plataforma que permite a las personas en todo el mundo defender sus derechos políticos y civiles como derechos humanos universales. Como argumentan autores como Sonia Cárdenas y Edward Cleary, Latinoamérica tiene una trayectoria peculiar en la defensa de los derechos humanos debido en parte a los altos niveles de abuso y a la existencia de varias organizaciones influyentes en la región (Cárdenas, 2010; Cleary, 2007).

Aunque los derechos sexuales no siempre han sido reconocidos como derechos humanos por las Naciones Unidas, activistas LGBT en México y por todo el mundo se han apropiado del discurso desde la década de 1960.¹ La estrategia política adoptada por el movimiento mexicano ha dependido del contexto político de la época en cuestión. Mientras que los y las activistas lesbianas y homosexuales mexicanos han utilizado por largo tiempo el discurso de los derechos humanos para condenar la represión —que no se limita al acoso policial, la intimidación, el chantaje y la violencia contra integrantes de la comunidad LGBT—, en las décadas de 1970 y 1980 emplearon una política internacionalista e izquierdista para condenar la represión y reclamar la democracia. Con la implementación de los mecanismos de derechos humanos a finales de 1980 por parte del estado mexicano se dio un cambio en los parámetros con que los y las activistas LGBT usaron el mismo discurso.

Desde el comienzo de su proceso de organización política en 1978, las organizaciones mexicanas lésbicas y homosexuales han conceptualizado su movimiento como internacional, solidarizándose con luchas revolucionarias en Centroamérica y apoyando las luchas de lesbianas y gays de izquierda en otras partes del mundo. Utilizando la diferenciación del historiador David Churchill, sostenemos que la ideología del movimiento de lesbianas y homosexuales de la Ciudad de México durante este periodo estuvo basada principalmente en un “internacionalismo de izquierda”, que distinguimos del “internacionalismo liberal”. El primero aboga por políticas socialistas como un medio de transformación de la vida diaria, mientras que el segundo es un discurso basado en el derecho y los conceptos de ciudadanía global (Churchill, 2009). Parece ser que hacia 1991, cuando la ILGA se reunió en México, las principales estrategias de las organizaciones mexicanas de lesbianas y homosexuales estaban basadas más frecuentemente en nociones de internacionalismo liberal. Mientras que el activismo lésbico-homosexual exigía que el gobierno mexicano salvaguardara sus derechos humanos, garantizados por los nuevos entes estatales, las organizaciones políticas conservadoras y religiosas como Pro-Vida desafiaban la mera noción de que lesbianas y gays poseyeran derechos humanos y reclamaban sus propios derechos humanos a la “expresión cultural y ética” (Comité Nacional Pro-Vida, A.C., 1991). Por tanto, al utilizar el discurso de los derechos humanos y apelar a la noción de ciudadanía, los activistas buscaban su inclusión dentro del estado, así como la protección por parte del mismo. El hecho de que el activismo utilizara tal discurso durante la planeación de la conferencia de 1991 de la ILGA ilustra la cambiante naturaleza de la política lesbiana y homosexual bajo un estado neoliberal y progresivamente más democrático, en contraste con un estado autoritario.

Sin embargo, la utilización del discurso de los derechos humanos y el reclamo de ciudadanía no significó que los activistas abandonaran los principios de la izquierda internacional. En este ensayo ofrecemos un panorama de cómo activistas lesbianas y homosexuales utilizaron el discurso de los derechos humanos entre finales de la década de 1970 y principios de la de 1990; explicaremos por qué y cómo los activistas utilizaron este cambio de discurso e ilustraremos por qué la participación de lesbianas y homosexuales es importante en la construcción de estos discursos para la comprensión de la institucionalización del movimiento lésbico-gay en este periodo.

Organización temprana por la liberación lésbica y homosexual

En las décadas de 1970 y 1980, activistas lesbianas y homosexuales generalmente utilizaron el discurso de los derechos humanos en defensa de los perseguidos políticos y para exigir un alto al régimen autoritario. Mucho del activismo lésbico y homosexual no solamente militaba doblemente en la izquierda mexicana, sino que también participaba activamente en la organización internacional por la liberación de lesbianas y gays, forjando redes en las cuales se ofrecía y buscaba la solidaridad. En 1979, a expresa invitación, cuatro integrantes del Grupo Lambda de Liberación Homosexual de la Ciudad de México viajaron a Washington D.C. para participar en la Marcha Nacional por los Derechos de las Lesbianas y Homosexuales, como integrantes de la representación del caucus del Tercer Mundo. Juan Jacobo Hernández Chávez, del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria (FHAR), otro de los grupos basados en la Ciudad de México, también participó en la manifestación y en la conferencia, durante cuyo transcurso nació la Coalición de Lesbianas y Homosexuales Latinoamericanos (Mejía, 1979, p. 5). Claudia Hinojosa, una de las fundadoras de Lambda, reflexiona sobre la importancia de este hito:

Era muy impresionante. O sea, participar en esa marcha fue para mí una experiencia que marcó mi vida para siempre, ¿no? Y en el caucus hicimos un statement. Y era totalmente incendiario: que nosotros no queríamos derechos, que queríamos subvertir el orden social. Y luego, en la marcha, llevábamos una manta rosa que decía: “gays and lesbians for socialist feminism” […]. A raíz de eso, la prensa, el Washington Post decía que era un grupo de guerrillas, ¿no? Que un grupo de guerrilleros latinoamericanos había participado, porque la palabra, claro, allí en el medio también, dentro de la Guerra fría, decir que éramos socialistas era decir que éramos guerrilleros automáticamente. Pero era un rollo para nada de derechos civiles ni nada así. “Queremos justicia y cambiar el mundo”. Ahora me da mucha ternura ver eso, pero había… o sea, para llegar a hablar de derechos civiles y derechos humanos, había que pasar por todo eso, ¿no? (Hinojosa, entrevista con la autora, 2010).

Como se indica en esta cita, el movimiento mexicano de lesbianas y homosexuales se imaginaba la lucha lesbiana y gay en términos transnacionales y como miembro activo de la izquierda internacional. Dentro del contexto de la Guerra Fría, tales afiliaciones políticas levantaron las sospechas del estado mexicano sobre Lambda. Investigaciones llevadas a cabo en los archivos de la Dirección Federal de Seguridad revelan que agentes de la policía secreta se infiltraron y monitorearon sus reuniones y eventos, tales como la marcha del orgullo gay del mes de junio que se lleva a cabo desde 1979.

Lambda nació a partir del grupo mixto “Sex-Pol”, dedicado a crear conciencia y a “dar la cara” en la lucha por la liberación homosexual y lésbica y contra la represión estatal. Fue una de las tres organizaciones lésbico-homosexuales emergentes en la Ciudad de México a partir de 1978. El FHAR se formó en la primavera de 1978, tanto para combatir la represión estatal y policial, como para organizar un movimiento de liberación homosexual. A pesar de que en el grupo participaban mujeres, la mayor parte estaba conformada por varones homosexuales y travestis. La organización Oikabeth, originada inicialmente por una célula lésbica del FHAR, pronto se separó para formar una organización lesbiana autónoma. Los líderes de las tres organizaciones tenían un origen de clase media y alta, se autoidentificaban como socialistas y antiimperialistas, y se alineaban con una amplia gama de luchas por la justicia social. La mayoría de las y los participantes de Lambda y Oikabeth provenían de la clase media, mientras que el FHAR organizaba principalmente a la clase trabajadora. A pesar de coordinar acciones conjuntas, existían diferencias ideológicas entre las agrupaciones, además de que practicaban diferentes estrategias de organización social. Lambda y Oikabeth abogaban por la liberación lesbiana y homosexual, el feminismo y el antiimperialismo, mientras que el FHAR en general no adoptó una política feminista. También existieron desacuerdos sobre si el movimiento de lesbianas y homosexuales debería buscar el derrocamiento o la reforma del estado mexicano. Todas estas organizaciones apoyaron iniciativas revolucionarias en otros lugares de Latinoamérica, además de mantener comunicación con organizaciones internacionales de lesbianas y homosexuales, particularmente con aquellas de tendencias políticas orientadas hacia la izquierda.

De las tres organizaciones, Lambda fue la que duró más tiempo y mantuvo el mayor número de conexiones de largo plazo con organizaciones de carácter internacional. A través de su internacionalismo de izquierda, Lambda en especial proyectó la perspectiva latinoamericana hacia la organización lésbica y homosexual transnacional, y tuvo influencia dentro de sus redes por el apoyo a campañas de derechos humanos y reformas democráticas en el sur global.

Enfrentando la represión en casa

La educación sobre la represión que enfrentan las lesbianas y los homosexuales en México fue una de las actividades centrales del naciente movimiento de liberación de lesbianas y homosexuales. Lambda, Oikabeth y el FHAR, entre otros, desafiaron la impunidad política y exigieron el respeto a sus derechos constitucionales. Por ejemplo, en un artículo titulado “Ni el lesbianismo ni la homosexualidad son crímenes”, publicado en la década de 1970, Claudia Hinojosa, del grupo Lambda, condenó el acoso diario y anticonstitucional a gays y lesbianas por policías tanto vestidos de civil como uniformados. En una entrevista con la autora, se describe a sí misma como víctima de la intimidación.

Hacían campañas de intimidación contra nosotros, igual a las que hacían contra los activistas de izquierda, ¿no? Por ejemplo, abrían mi auto y no robaban nada, pero lo revolvían todo, o sea el típico, ¿no? O en mi casa y en mi trabajo, con señales como que “te tenemos controlada y debes de tener mucho cuidado con lo que dices”. Entonces, incluso, en medio de la reforma política, el gobierno seguía cometiendo estos actos de intimidación, ¿no? (Hinojosa, entrevista con la autora, 2010).

Alma A. comparte experiencias personales sobre acoso y extorsión por parte de la policía y recuerda haber sido despojada de su agenda, y después, que la policía llamara a sus conocidos por teléfono para informarles de su orientación sexual. Como resultado de esta extorsión, ella perdió su beca universitaria (Alma A., entrevista con la autora, 2010). También relató cómo muchos hombres acosados por la policía fueron obligados a ponerse pelucas y lápiz labial para posteriormente ser fotografiados y sus retratos aparecieron en tabloides como el Alarma. Según Alma A., este tipo de acoso hizo muy difícil la organización por la liberación de lesbianas y homosexuales: “la policía era el reflejo del gobierno, era muy difícil organizarse, no fue nada fácil” (Alma A., entrevista con la autora, 2010). Aún así, lesbianas y homosexuales organizaron diversas manifestaciones en respuesta al acoso y la violencia policiales. Integrantes del movimiento feminista y del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) asistieron frecuentemente a dichas manifestaciones de solidaridad. Por esto, además de la sincronización con las “marchas por el orgullo” en Estados Unidos, las y los activistas mexicanos inicialmente usaron las “marchas por el orgullo” como oportunidades para protestar en contra de la represión, además de ser ocasiones para celebrar la identidad lesbiana y homosexual.

A finales de la década de 1970 y mediados de la de 1980, el movimiento lésbico-gay de la ciudad de México combatía la represión estatal contra la izquierda junto con el Frente Nacional contra la Represión (FNCR), y defendía el derecho de asociación y la manifestación libre de acoso e intimidación policiales. Como otros movimientos en contra del autoritarismo y por la aparición de los desaparecidos dentro de Latinoamérica, el FNCR utilizó el discurso de los derechos humanos para señalar la responsabilidad del gobierno. Reflexionando sobre esta historia, el historiador y político Michael Ignatieff ha declarado:

los derechos humanos se han vuelto globales no porque sirvan a los intereses de los poderosos, sino porque, primordialmente, han avanzado la causa de los desposeídos. Los derechos humanos se han vuelto globales al enfocarse en lo local, incrustándose en la visión y los fundamentos de las culturas, independientemente de Occidente, para sostener las luchas populares contra estados injustos y prácticas sociales opresoras (Ignatieff, 2001, p. 7).

Para examinar el uso del discurso de los derechos humanos dentro del activismo lésbico mexicano, retomamos la respuesta de Ariadna Estévez:

tanto el fundacionismo como el relativismo en el pensamiento de derechos humanos atribuyen exclusivamente a pensadores europeos la concepción del pensamiento liberal, lo que lleva a la conclusión errónea de que los derechos humanos son una “contribución de Occidente para el resto del mundo” (Estévez, 2008, p. 13).

A partir del trabajo de Upendra Baxi y Enrique Dussel, quienes proponen una “descolonización contemporánea del concepto de derechos humanos”, Estévez argumenta por una “comprensión regional de los derechos humanos a partir de las luchas sociales, en vez de un marco legal y político puramente europeo” (Estévez, 2008, p. 13). De la misma manera, nuestra investigación revela que el uso del discurso de los derechos humanos, por parte de activistas lesbianas mexicanas, parte del trabajo de los movimientos antiimperialistas en Latinoamérica por la democratización del estado desde las raíces. En principio, el uso del discurso de los derechos humanos no solamente sostenía los derechos civiles y políticos, sino que exigía también derechos sociales y económicos. Por tanto, en su trabajo con el FNCR, Lambda adoptó la retórica transnacional para así poder reclamar los derechos de homosexuales y lesbianas como derechos humanos. El movimiento de lesbianas y homosexuales en México —Lambda en específico—, junto con el FNCR, emitió inicialmente un discurso que afirmaba los derechos de lesbianas y gays como derechos humanos. En 1979, el mismo año en que se formó el FNCR, las tres organizaciones lésbico-gay mexicanas participaron en la marcha conmemorativa del 2 de octubre contra la represión policial y del estado, así como en la marcha del 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. En diciembre de 1980, como parte de la primera semana de actividades dedicada a los derechos lésbico-gays del Grupo Lambda de la Ciudad de México, los activistas colaboraron con el FNCR y participaron en la marcha del 10 de diciembre, así como en el primer Foro Nacional sobre Violaciones a los Derechos Humanos. En respuesta a las exigencias del grupo Lambda sobre la victimización de gays y lesbianas durante redadas policiacas, extorsiones, encarcelamientos, acoso y violencia física, dicho foro incluyó una proclama que condenaba la represión policiaca contra la homosexualidad. A partir de entonces, Lambda participó anualmente en la marcha del 10 de diciembre en contra de la represión, y en 1983 se convirtió en la primera organización lésbico-gay en formar parte de la junta directiva del FNCR. La posición de Lambda dentro de la junta del FNCR dio mayor credibilidad al discurso de los derechos lésbico-gays como derechos humanos, que cada vez era más aceptado por la izquierda.

A pesar de la disminución del activismo lésbico-gay durante la década de 1980, debido a factores como la crisis económica, la epidemia de sida, el desgaste de las y los activistas y los conflictos internos, el movimiento mexicano lésbico-gay continuó trabajando de forma internacional, particularmente con la ILGA. La participación dentro de la ILGA fue decididamente un factor importante para los miembros de Lambda que compartían objetivos a largo plazo sobre la defensa internacional de los derechos lésbico-gays como derechos humanos. En este trabajo se incluye el estatus de consultora de la asociación dentro de las Naciones Unidas y la Organización Mundial para la Salud, y el reconocimiento oficial de los crímenes cometidos contra lesbianas y gays gracias a las denuncias de Amnistía Internacional. A finales de la década de 1970 y principios de la de 1980, Lambda frecuentemente reseñó la situación de los derechos humanos de gays y lesbianas en México y su organización para promover cambios democráticos. En respuesta, otros grupos alrededor del mundo comenzaron a informarse sobre la situación de lesbianas y gays en México y los mexicanos recibieron información sobre lo que acontecía en el resto del mundo. A petición de Lambda, activistas internacionales mandaron cartas a funcionarios mexicanos protestando por la represión contra lesbianas y gays. Por ejemplo, en 1980 Lambda envió a la IGA un boletín de actualización que informaba sobre los efectos de dicha solidaridad internacional:

El Grupo Lambda en reciente comunicación con Dublín expresa que el éxito de la marcha ha resultado en un incremento de la represión policiaca y amenazas hacia la comunidad gay. Sin embargo, el continuo interés internacional por la situación en México ha auxiliado en la campaña de las organizaciones gays para combatir la intimidación por parte de autoridades gubernamentales (International Gay Association, 1980).

Esta declaración claramente indica la importancia que Lambda vio en la solidaridad internacional para los derechos lésbico-gays en México. A mediados de la década de 1980, lesbianas latinoamericanas incrementaron su trabajo con el Secretariado de Información Internacional Lésbico en colaboración con la ILGA, que financió y organizó el primer encuentro lésbico latinoamericano en México durante 1987.

Así, al apartarse de las ideologías predominantes de la izquierda internacionalista y de una concepción de los derechos humanos centrada en Latinoamérica, hacia finales de la década de 1980, los y las activistas lésbico-gays centraron sus argumentos en el discurso liberal de los derechos humanos. Esta fue una ocasión oportuna para condenar la represión en su contra. Como parte de su campaña por la modernización del país, el presidente Carlos Salinas había creado la Dirección de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación, y en junio de 1990 la reemplazó con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). En el discurso inaugural, declaró: “la defensa de los derechos humanos significa la entrada a la modernidad, nuestra modernización resultará en mayores libertades” (Medina Valdés, 1991, p. 6). A pesar de haber ganado por un estrecho margen contra el contendiente del partido de la izquierda —Partido de la Revolución Democrática, PRD— Cuauhtémoc Cárdenas, y del neoliberalismo que prevaleció dentro de México, Salinas estaba determinado a negociar con Estados Unidos y Canadá un tratado comercial que sería conocido como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). La mayoría de sus críticos interpretaron la creación de la CNDH como una maniobra política necesaria para asegurar el TLCAN (Ibarra de Piedra, 1990, p. 6). Amnistía Internacional criticó la afiliación de la organización al gobierno mexicano, aduciendo que para que la comisión fuera efectiva debería ser no gubernamental (Medina Valdés, 1991, p. 6). Para reforzar dichas críticas, el día después de inaugurada la CNDH, el gobierno mexicano rechazó un reporte de la Organización de Estados Americanos que condenaba la violación de los derechos humanos en México, señalando que fuera de México simplemente no se comprendía cómo funcionan los mecanismos de la política mexicana (Rechaza México el informe de la OEA sobre violación de derechos humanos, 1990, p. 1). Salinas claramente había creado la comisión de derechos humanos para ganar legitimidad dentro del orden mundial neoliberal.

De cualquier modo, la creación de estructuras para la defensa de los derechos humanos por parte del estado mexicano ayudó a ampliar el espacio discursivo para que las lesbianas utilizaran dicha retórica con la finalidad de presionar al gobierno para que fuera congruente en sus políticas. Como organización integrante de la Coordinadora Nacional de Lesbianas Feministas (CNLF), el Grupo Lésbico Patlatonalli, organización lésbica basada en Guadalajara y fundada por una ex integrante de Lambda, fue anfitriona del primer Foro Nacional sobre Derechos Humanos de las Lesbianas en junio de 1990. A finales de la década de 1980, Patlatonalli se había convertido en la organización mexicana más renombrada y la primera organización lésbica constituida institucionalmente, al mismo tiempo que el activismo lésbico menguaba en la Ciudad de México.² A diferencia de las organizaciones lésbicas y homosexuales más antiguas de la Ciudad de México, Patlatonalli buscó la vía de la negociación, más que la confrontación con los gobiernos regionales. Al constituirse formalmente como una organización civil ante el gobierno mexicano, Patlatonalli fue capaz de acceder a financiamientos internacionales para sus proyectos. Por tanto, a diferencia de otras organizaciones lésbico-gays más antiguas, no tuvo que depender de las cuotas de afiliación para sus operaciones, lo que le permitió desarrollar proyectos a largo plazo.

Aproximadamente 120 personas asistieron al Primer Foro sobre los Derechos Humanos de las Lesbianas. Provenían de diversos sectores de Guadalajara y la Ciudad de México; había trabajadores de la salud y la educación, varones homosexuales y feministas heterosexuales. De acuerdo con una declaración pública y recogida por la revista feminista Fem, las y los participantes discutieron el marco de lucha por los derechos de las lesbianas en términos tanto de derecho mexicano como de las leyes internacionales y los mecanismos legales. En la declaración pública, Guadalupe López García, de Patlatonalli, comienza por explicar las exigencias de las lesbianas dentro de un marco más amplio de lucha por los derechos humanos en México:

La defensa de los Derechos Humanos en nuestro país es más conocida por las luchas en torno a la presentación y libertad de los desaparecidos políticos, los derechos de los indígenas, de los refugiados, de las mujeres, de los niños. Más recientemente, se habla del respeto a los derechos de los homosexuales […]. Poco se ha retomado el apoyo a la lucha de las mujeres que tenemos una opción sexual distinta: las lesbianas. Nosotras también tenemos derechos: a expresarnos, a reunirnos, a asociarnos, al empleo, a la salud, a la maternidad —si así lo queremos—, a la información y a la expresión artística y religiosa (López García, 1990, p. 13).

Ni esta cita ni la declaración en su totalidad hacen referencia explícitamente a la participación histórica de las lesbianas y gays dentro de las coaliciones por los derechos humanos en la Ciudad de México, pero resalta la continua marginación de las lesbianas dentro del debate nacional; así como la persistente amenaza contra los derechos humanos de las lesbianas y gays por medio de “campañas de moralización” y bandos de Policía y Buen Gobierno.³ El manifiesto continúa describiendo las luchas de las lesbianas en México, dentro del contexto internacional, y sugiriendo que Naciones Unidas debería añadir una cláusula a la Declaración Universal de los Derechos Humanos para la protección de la preferencia sexual.

Desde la década de 1980, cuando se convirtió en la primera organización lésbica en México en incorporarse como asociación civil y buscar el reconocimiento oficial del gobierno local, al tiempo que accedió a préstamos de financiadoras internacionales, Patlatonalli participó en numerosas redes transnacionales e internacionales. Una indicación de su nivel de activismo internacional está en su participación, en 1990, como parte de la CNLF, en varios eventos internacionales, incluyendo el Segundo Encuentro de Lesbianas Latinoamericano y del Caribe en Costa Rica, una reunión con lesbianas latinas en California y una conferencia en Estocolmo con ILGA (1991), donde accedieron a ser anfitrionas.

Decimotercera Conferencia Anual “En solidaridad”

A partir de la mitad de la década de 1980, dos organizaciones conformadas predominantemente por varones gays y exmilitantes de Lambda —GOHL (Grupo Orgullo Homosexual de Liberación, Guadalajara) y el Colectivo Sol (Ciudad de México)— trabajaron conjuntamente con la ILGA en representación de los intereses latinoamericanos en conferencias internacionales y editaron el recientemente creado boletín ILGA en español. Este boletín fue por sí mismo el resultado de años de continua presión sobre la ILGA para incrementar la participación y la representación de Latinoamérica. Por ejemplo, durante un taller sobre asuntos lésbico-gays en 1985, los representantes del sur global sugirieron que el boletín de la ILGA se distribuyera libre de costo para los grupos en Latinoamérica, Asia y África, además de que se llevara a cabo una conferencia en Latinoamérica y se creara una oficina en la región. Durante la década de 1980, los participantes latinoamericanos animaron a la ILGA a proponer resoluciones que conectaran la violación de derechos humanos en Latinoamérica con la intervención de Estados Unidos y el predominio de regímenes autoritarios en la región. Por ejemplo, gracias a la insistencia de los participantes latinoamericanos en la conferencia anual de 1986, los afiliados pasaron resoluciones que apoyaban movimientos democráticos y revolucionarios en Latinoamérica y se comprometieron a incrementar la coordinación con grupos lésbicos y gays de la región (ILGA, 1986). En la conferencia anual de 1988, los grupos latinoamericanos solicitaron a la ILGA un apoyo más activo con las luchas de liberación en Latinoamérica y la reestructuración de la organización para permitir a los participantes del sur global mayores oportunidades de liderazgo (ILGA, 1988).

Según el Informe Anual de la ILGA (1989), durante su Decimoprimera Conferencia Anual en Viena, y con el apoyo de activistas de organizaciones de México, los afiliados austriacos de GOHL propusieron que la Decimotercera Conferencia Anual tuviera lugar en Guadalajara, México. Los participantes de la camarilla latinoamericana que estuvieron en una reunión con miembros de GOHL inmediatamente se ofrecieron como anfitriones de la conferencia y recomendaron la invitación a lesbianas para la organización del evento. En 1990, el GOHL, siguiendo las estipulaciones de la ILGA de que las lesbianas tuvieran una participación igualitaria en la planeación y como anfitrionas de la conferencia, se acercó a Patlatonalli e invitó a las integrantes del grupo a participar como anfitrionas y coorganizadoras. A pesar de una historia de conflicto con GOHL y desacuerdos iniciales dentro de la CNLF sobre la participación del movimiento lésbico con la ILGA, finalmente Patlatonalli aceptó colaborar en la organización de la conferencia.

Cuando Patlatonalli y GOHL iniciaron en Guadalajara una campaña ciudadana por el respeto a los derechos humanos durante el otoño de 1989, la homofobia del gobierno local se incrementó y tomó la forma de campañas de moralización y represión por parte de la policía local contra lesbianas y gays. Como parte de la campaña, las organizaciones buscaron dialogar sobre los derechos lésbico-gays con el gobierno local. Los representantes oficiales del gobierno, en vez de atender estas demandas, ridiculizaron públicamente los esfuerzos de estas agrupaciones y el alcalde declaró su rechazo a la realización de la conferencia de la ILGA de 1991 en Guadalajara, declarando que “por parte del Ayuntamiento no tendrán los organizadores y visitantes ningún tipo de apoyo” (Patlatonalli, 1990a). Como protesta, a finales de enero de 1990 Patlatonalli y GOHL sometieron una queja formal por la violación de sus derechos humanos frente a la CNDH.

No obstante —según el comunicado de prensa enviado a la ILGA por GOHL y Patlatonalli, previo a la conferencia de junio de 1990 de la ILGA en Estocolmo—, la comunicación con el alcalde de Guadalajara estaba mejorando e, inclusive, él mismo había declarado públicamente que la conferencia tendría lugar, como se había planeado, en Guadalajara en 1991. En la misma misiva, tanto el GOHL como Patlatonalli expresaron su entusiasmo por la planeación del evento y su esperanza por una participación mundial, expresamente proveniente de América Latina. Los organizadores comentaron sobre la relevancia de la conferencia:

El hecho de que por primera vez en la historia de la ILGA, la conferencia tenga lugar en el llamado “tercer mundo”, es un evento histórico sin precedente para la liberación lésbico gay del mundo. El análisis y las propuestas que las mujeres y hombres de América Latina tienen sobre nuestras particulares formas de opresión, desde nuestras organizaciones y luchas, son de la más alta importancia (Patlatonalli y GOHL, 15 de junio de 1990) (Patlatonalli y GOHL, 1990b).

Para promover una amplia participación en la planeación de la conferencia, durante la reunión de agrupaciones latinoamericanas, celebrada dentro del marco de la conferencia anual de junio de 1990 de la ILGA, los representantes líderes de Patlatonalli y GOHL decidieron conjuntamente que el Movimiento Homosexual de Lima quedaría encargado de contactar a las organizaciones latinoamericanas, mientras que la Comunidad Homosexual Argentina se encargaría de organizar el programa para la conferencia. Más tarde, durante ese año, Patlatonalli utilizaría sus conexiones transnacionales para mandar la carta-invitación a los participantes de la conferencia internacional citando a Audre Lorde: “Yo soy tu hermana: forjando conexiones a través de las diferencias”. En esta carta, Patlatonalli expresó su solidaridad con la lucha contra el racismo de las lesbianas de color en Estados Unidos y las invitó a participar en la conferencia del ILGA de 1991, a manera de incentivar la representación en una organización que, a pesar de su enfoque internacionalista, era todavía muy europea (Patlatonalli, 2 de octubre de 1990) (Patlatonalli, 1990b). Desde el otoño de 1990 y hasta la primavera de 1991, tanto Patlatonalli como el GOHL enviaron numerosas invitaciones para estimular una participación amplia a la conferencia. Durante este periodo, las agrupaciones aseguraron el respaldo de la CNDH y del presidente de México. Sin embargo, la tensión se intensificó con el alcalde de la ciudad de Guadalajara, Gabriel Covarrubias Ibarra, y con el presidente municipal de Zapopan, Nicolás Orozco Ramírez; por consiguiente, la organización de la conferencia se dificultó. En febrero, el periódico El Occidental publicó un artículo detallando la oposición de los miembros del gobierno a dicha conferencia. De acuerdo con el artículo, los servidores públicos declararon que la única forma en que la conferencia se llevaría a cabo sería a puertas cerradas. En este respecto, José Manuel Verdín, político representante del partido político más conservador de México —el Partido Acción Nacional (PAN)—, rechazó públicamente la conferencia en una entrevista:

Creo que la ley no les puede prohibir reunirse, pero el hacer apología de esa anormalidad, y además de hacer reunión, van a hacer manifestaciones o ejercer la prostitución, se podría actuar como situación amoral y por incitar, con su comportamiento, a la práctica de comportamientos que rechaza la población (Ibarra Rivas, 1990).

Adicionalmente, el secretario de turismo de la región señaló que otorgar permiso para una reunión pública les daría a homosexuales legitimidad para ir en contra de “las buenas costumbres” (valores familiares) y las normas morales de la sociedad mexicana (Opuestos los alcaldes a la Reunión de Homosexuales, 1991). En marzo de 1991, la junta consultiva de la presidencia municipal, que incluía a un representante de la agrupación por el Mejoramiento de la Moral, declaró públicamente su oposición a la realización de la conferencia aduciendo que dicha reunión era un ataque a las costumbres mexicanas. Nualart afirma que, cuando el GOHL y Patlatonalli comenzaron a buscar espacios para realizar la conferencia, tanto Orozco Ramírez como Covarrubias Ibarra organizaron una campaña de homofobia en que presionaban a los negocios locales para no apoyar a los organizadores:

en ningún lugar de la zona metropolitana pudimos convenir, incluso fuimos con un sacerdote porque allí hay lugares donde hacen retiros espirituales, y era un sacerdote jesuita; primero nos dijo que sí y después también nos dijo que no. Fue una amenaza del gobierno de tal magnitud que decían que no garantizaban la integridad de los participantes que llegaran. Había pintas en la calle que decían “putas, no queremos el sida aquí, váyanse a otro lado” cosas feas (Nualart, entrevista con la autora, 2010).

GOHL y Patlatonalli respondieron al grafiti con sus propias frases combativas: “la ciudad es de todos” y “Fuera nazis” (Patlatonalli y GOHL, 1991b). Además, condenaron públicamente al gobierno en un desplegado traducido al inglés y distribuido internacionalmente:

Un gobierno… que no respeta la igualdad y la libertad sexual, el derecho a la información y a la libertad de expresión… se vuelve autoritario y despótico. Las transformaciones que han tenido lugar dentro de la sociedad mexicana están siendo negadas, y sobre todo, la definición del Estado como un Estado libre, plural, laico y democrático ha sido violada. El brutal trato hacia las minorías es una muestra de la incapacidad para gobernar (ILGA, 1991).

Con el propósito de condenar el rechazo del gobierno local, en este comunicado de prensa, los organizadores llamaron a sus aliados a enviar cartas de solidaridad en apoyo a la conferencia de Guadalajara tanto a miembros del gobierno local como al nacional.

Al tiempo que buscaron la solidaridad internacional, los organizadores evocaron el discurso sobre la modernidad —retomado de las intervenciones públicas del presidente Salinas—, donde reclamaban, en su solicitud al gobierno local, la protección de los derechos humanos como símbolo de un estado “moderno” y democrático (Patlatonalli y GOHL, 1991a). Por ejemplo, en un comunicado de prensa distribuido internacionalmente en enero de 1991, las agrupaciones expresaron sus anhelos por el reconocimiento del gobierno mexicano a sus derechos como ciudadanos: “los debates en la nación sobre Modernidad, Derechos Humanos, y Participación Cívica, nos alientan a confiar en que las lesbianas y los homosexuales por fin seremos tratados como ciudadanos”. Las declaraciones de GOHL formaban parte del paquete informativo que fue enviado a los potenciales participantes latinoamericanos y fueron presentadas ante la prensa local; inclusive se utilizó la mercadotecnia de la globalización neoliberal para perfilar a la conferencia de la ILGA. En un artículo que circuló por Reuters News, Jorge Romero, uno de los líderes de GOHL declaró: “Los gobernantes de América Latina se están dando cuenta de que no pueden establecer negociaciones comerciales con países del Primer Mundo, en donde los homosexuales han logrado ser vistos sin desprecio, y al mismo tiempo perseguirnos a nosotros” (Una democracia que también llega para los homosexuales, 1991).

De acuerdo con esta lógica, para promover el respeto por México en la esfera de la política internacional, lograr una mejor inserción dentro de la economía global y asegurar que el TLC fuera aprobado, el gobierno mexicano debía apoyar los derechos de la comunidad lésbico-gay. Algunas integrantes de Patlatonalli y la CNLF colaboraron con agrupaciones prosindicales y antiimperialistas, aunque estaban en franco desacuerdo con la agenda neoliberal. En sus esfuerzos por contener el embate contra la conferencia de la ILGA, utilizaron el discurso de la violación de los Derechos Humanos y las concepciones modernas neoliberales. Por ejemplo, un poco más tarde, Patlatonalli y GOHL enviaron una carta a la CNDH para solicitar su intervención, denunciando las violaciones del gobierno local a sus derechos humanos fundamentales en concordancia con la Constitución Mexicana, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, además de otros tratados internacionales firmados por México (Patlatonalli y GOHL, 1991c). Mientras tanto, la ILGA solicitó la intervención de las Naciones Unidas al tiempo que solicitaba la afiliación a la misma.

En junio de 1991, la popular revista gay estadounidense The Advocate publicó un extenso artículo documentando la historia de la lucha lésbico-gay en la Ciudad de México y en Guadalajara. El artículo, escrito antes de la cancelación de la conferencia, contenía entrevistas a prominentes activistas mexicanos y a funcionarios del gobierno de la Ciudad de México. El texto documentó tanto historias de activismo en México como experiencias de represión policiaca y homofobia gubernamental, y presentó a México como un país políticamente inestable y antidemocrático, además de discutir ampliamente la inadecuada respuesta a la crisis del sida y la falta de recursos financieros dedicados al combate de la enfermedad (Lida, 1991). El lenguaje utilizado en el artículo hacía eco de los reclamos de Patlatonalli y GOHL de que la represión por parte del gobierno mexicano contra los derechos lésbico-gays contradecía su proclama de “modernidad”. De alguna forma, la presentación de lesbianas y gays mexicanos como víctimas de un estado represivo y retrógrado motivó la solidaridad desde Estados Unidos. En cuanto a la organización de la comunidad LGBT y feminista, algunos académicos argumentan que, dentro de esos contextos, las lesbianas y gays occidentales se permiten promoverse a sí mismos como “agentes especializados en el rescate de víctimas (no occidentales) de la violación de los Derechos Humanos” (Grewal, 2005, p. 153). Para el caso específico de la conferencia de la ILGA es importante considerar las motivaciones reales de la solidaridad internacional con las lesbianas y gays mexicanos. Si acaso la solidaridad internacional hubiera logrado presionar exitosamente al gobierno de Guadalajara para que permitiera la realización de la conferencia, ¿podría esto significar que los activistas de Estados Unidos “habían rescatado” a los mexicanos de un gobierno abusivo y podía acaso este “rescate” considerarse como una forma más de imperialismo cultural? Ciertamente, aquellas lesbianas y homosexuales mexicanos que se han opuesto a acercamientos basados en discursos sobre derechos podrían haberlo interpretado así. Aunque las acciones de aquellos activistas mexicanos que trabajaron junto con ILGA sugieren que la solidaridad internacional fue útil y probablemente necesaria en el apoyo al derecho a la manifestación pública y a la libertad de reunión de lesbianas y gays. Más que víctimas, los activistas mexicanos se vieron a sí mismos como participantes activos dentro de un movimiento transnacional que tardó años en consolidarse.

Sin embargo, ni el llamado de GOHL, Patlatonalli y del ILGA apelando al discurso de los derechos humanos ni la petición de asistencia a las Naciones Unidas pudieron cambiar la postura del gobierno local. Para mayo, los representantes gubernamentales sostuvieron su postura hacia la conferencia. De acuerdo con el comunicado de prensa de Patlatonalli y GOHL del 21 de mayo de 1991, los representantes del gobierno local trataron de presionar al presidente de la CNDH para que retirara su apoyo. Los organizadores respondieron: “Nos han pedido que encontremos un lugar ‘más seguro’ en alguna zona turística ‘americanizada’ como Acapulco, pero hemos contestado que la conferencia debe llevarse a cabo en Guadalajara, donde nuestra gente vive y trabaja” (Activists Rally Worldwide, 1991) Incapaces de convencer al gobierno de Guadalajara de adherirse a los estatutos de derechos humanos nacionales e internacionales, la administración salinista trabajó para cambiar la sede de la conferencia. En mayo, Jorge Carpizo, entonces presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, inició un diálogo con el gobernador de Guerrero, quien inmediatamente aceptó recibir la conferencia y ofreció posibles descuentos de alojamiento. Como se indicó anteriormente, GOHL y Patlotanalli estuvieron en desacuerdo con esta propuesta e insistieron en que la conferencia se quedara en Guadalajara. Para inicios de junio, como el gobierno de Jalisco continuaba con declaraciones en las que afirmaba no garantizar la seguridad de los participantes y, más allá de eso, amenazó con arrestar a los organizadores, se decidió seguir el consejo de Carpizo y cancelar la conferencia (Patlatonalli y GOHL, 1991d). Dos días después de la cancelación de la conferencia mediante un comunicado de prensa internacional realizado el 13 de junio, hubo protestas en los consulados mexicanos en San Francisco, Nueva York y Washington D.C. Un artículo en el San Francisco Chronicle anunció que el alcalde de San Francisco, Art Agnos, había escrito a funcionarios del gobierno mexicano urgiéndoles a “crear una atmósfera de respeto y tolerancia… para todos aquellos que quisieran asistir”. Este mismo artículo indicaba que hubo activistas en contacto con líderes en Washington, tales como Nancy Pelosi, quien indicó al gobierno mexicano que las negociaciones del TLC se estancarían mientras continuara habiendo violaciones a los derechos humanos (Tuller y García, 1991). Poco tiempo después, 28 miembros del congreso, liderados por Pelosi, enviaron una misiva al embajador mexicano donde condenaban las violaciones a los derechos humanos contra gays y lesbianas. Probablemente, esta fue la primera ocasión en que miembros del congreso estadounidense actuaron a favor de lesbianas y gays extranjeros (Harding, 1991, p. 53). Aunque la carta no amenazó específicamente las negociaciones sobre el TLC, el representante de Massachussets, Barney Frank —abiertamente gay—, replicó:

México es un país que desea obtener ciertas cosas de Estados Unidos. Algunos de los miembros del Congreso, que han firmado la carta, apoyan el Tratado de Libre Comercio que México desea con Estados Unidos. Lo que demuestra que México tendrá que pagar un alto precio… si continúa con su intransigencia (Harding, 1991, p. 53).

Por lo tanto, al tiempo que GOHL y Patlatonalli denunciaron las violaciones a los derechos humanos como símbolo de la falta de modernidad en México, miembros del congreso estadounidense indicaron que las violaciones a los derechos humanos internacionalmente reconocidos paralizarían las negociaciones neoliberales para implementar un TLC. Similarmente al “pinkwashing” israelí, práctica donde se señalan las protecciones a los derechos humanos otorgadas a lesbianas y gays israelís a la vez que se ignoran las violaciones a los derechos humanos de los palestinos, el debate sirvió para minimizar las violaciones a los derechos humanos de lesbianas y gays estadounidenses al contrastarlas con lo “retrógrado” del estado mexicano (Puar, 2007, p. 17). El hecho de que miembros del congreso estadounidense hicieran la conexión entre la protección de gays y lesbianas con normas de modernidad neoliberal, también parece estar en oposición con la postura antineoliberal de Patlatonalli y de una gran parte de la CNFL. De hecho, esta contradicción ha sido expuesta por lesbianas marxistas como Yan María Yaoyóltl Castro y Alma Oceguera, quienes sugieren que las posturas políticas basadas en el derecho y las posturas políticas antiimperialistas se contradecían unas con otras dentro del contexto del neoliberalismo. A este respecto, también se debe considerar la oportunidad económica que representaba llevar a cabo la conferencia de la ILGA en México, además de la legitimidad internacional obtenida por la vigilancia a las normas de derechos, lo que influyó sobre la decisión de Salinas de apoyarla.

A pesar de la oposición de las facciones conservadoras, los planes de llevar a cabo la conferencia de la ILGA en México prosiguieron. Antes que cancelar completamente la conferencia, Patlatonalli y GOHL decidieron seguir el consejo de la CNDH y la trasladaron a Acapulco. La ILGA y otros asistentes que habían planeado asistir a la conferencia en Guadalajara apoyaron a los organizadores para realizarla en Acapulco en lugar de cancelarla. En esencia, el gobierno mexicano buscó sosegar a todas las partes en el asunto y rescatar su imagen frente a la mirada internacional. En Acapulco, el Director de la CNDH dio el discurso de bienvenida a los participantes extranjeros.

Frente a los medios, Patlatonalli y GOHL, tuvieron cuidado de no culpar a la sociedad civil por la cancelación de la conferencia en Guadalajara; en lugar de hacer eso, señalaron a las agrupaciones ultraconservadoras, como Mejorando Nuestra Moral, Pro-Vida, la iglesia católica y los gobiernos locales y regionales de Guadalajara y Jalisco. En un artículo titulado “En Guadalajara: gobierno heterosexista, sociedad plurisexual” (Patlatonalli y GOHL, 1991e), los organizadores de la conferencia expresaron:

Se quiso hacer aparecer a la sociedad civil tapatía como opositora a la realización de la Conferencia de Lesbianas y Homosexuales, cuando en realidad, esa supuesta “unanimidad de la opinión pública” se reducía a algunas cartas, carteles y pintas anónimas, tres desplegados y una marcha de 40 personas, acciones todas identificadas con la OPOSICIÓN REAL E INCONSTITUCIONAL de los presidentes municipales de Guadalajara y Zapopan y del gobernador del estado de Jalisco.

Aunque el gobierno local en Acapulco apoyó la conferencia, el arzobispo y las facciones conservadoras del estado de Guerrero —incluyendo al presidente del PAN— promovieron protestas en contra de la realización de la conferencia (Sánchez Granados, 1991).

Sin embargo, a pesar de tantos conflictos, el comité organizador y los líderes de la ILGA concluyeron que la conferencia “En solidaridad” había sido un éxito. Según la entonces Secretaria General de la ILGA, Lisa Power: “Esta conferencia vio el surgimiento de las agrupaciones en América Latina y su adhesión al Movimiento Internacional Lésbico-Gay […] significando un salto hacia el futuro tanto para ILGA como para América Latina”. Asimismo, la líder de Patlatonalli, López García, comentó sobre el significado de la conferencia en términos del apoyo ofrecido por la CNDH:

Esta conferencia, realizada con el apoyo de la CNDH, ha dejado un gran impacto en la sociedad mexicana […]; la atención pública ha sido enorme. Finalmente, una discusión más objetiva y constructiva sobre el lesbianismo y la homosexualidad ha sido posible. Esta es una gran victoria de los derechos humanos para México, América Latina y el mundo entero (Patlatonalli y GOHL, 1991d).

Como había sido planeado con anticipación, los participantes de Latinoamérica se reunieron dos días antes de la conferencia para celebrar la primera conferencia regional lésbico-gay de Latinoamérica y el Caribe, donde se decidió coordinar esfuerzos y solidaridad por toda la región y planear la primera conferencia lésbico-gay latinoamericana que tendría lugar en 1993. Según el reporte oficial de la ILGA, aproximadamente 150 delegados de 35 países asistieron la conferencia general de la ILGA. La mayor parte de los participantes provenían de Latinoamérica incluyendo Nicaragua, Costa Rica, Perú, República Dominicana, Brasil, Puerto Rico, Ecuador y Chile. Según Nualart, de Patlatonalli, para la mayoría de los participantes latinoamericanos esta era su primera conferencia ILGA. Se llevaron a cabo reuniones con énfasis en Latinoamérica y asuntos lésbicos. Por ejemplo, los participantes nicaragu¿enses compartieron sus experiencias al “salir del clóset” en el contexto de la revolución sandinista y el subsecuente nacimiento del movimiento lésbico-gay de la década de 1980. A pesar de varios acuerdos previos entre líderes del GOHL y la ILGA de no manifestarse públicamente, Patlatonalli encabezó un evento público, bien nutrido y con amplio apoyo, por los derechos lésbico-gays y por la remoción del presidente municipal de Guadalajara por motivos de violaciones a los derechos humanos.

Los participantes latinoamericanos continuaron pugnando dentro de la ILGA por una mejor representación de los asuntos concernientes a la región y al sur global. Al principio, los líderes de ILGA declararon que, como la conferencia se realizaba “en solidaridad”, no contaba con carácter oficial, por lo que no incluiría votaciones. Sin embargo, la presencia mayoritaria de los participantes latinoamericanos logró exitosamente revertir la decisión, al proclamar que la primera conferencia de la ILGA con una mayoría de participantes del sur global debería ser reconocida oficialmente.

Conclusiones

A pesar de tener que trasladar la conferencia a Acapulco, debido a la negativa gubernamental de proteger los derechos de los participantes, el trabajo de los activistas lésbico-gays y sus aliados logró que el estado mexicano incluyera la defensa de los derechos lésbico-gays como parte de los Derechos Humanos. Ciertamente, como López García lo indica, el hecho de que el director de la CNDH diera la bienvenida fue una acción monumental en la historia de las relaciones entre activistas lésbico-gays y el propio estado mexicano. Las activistas lesbianas y gays exigieron que sus derechos como mexicanos fueran respetados e hicieron un uso pragmático de las mismas herramientas del estado para lograr sus metas. Junto con la dirigencia de ILGA, usaron el discurso del internacionalismo liberal para obligar a México a reconocer los derechos humanos de las y los participantes en la conferencia. Obviamente, el estado mexicano también tenía muchos elementos en juego durante estas negociaciones; para poder impulsar las negociaciones del TLC, tuvo que mostrar a Estados Unidos que se respetarían los derechos humanos, inclusive los de las lesbianas y gays. No sabemos si el estado hubiera apoyado los derechos de los organizadores de la conferencia si no hubieran existido esas negociaciones en ese momento.

Sin embargo, la confianza en los mecanismos estatales y los llamamientos desde concepciones liberales de ciudadanía perturbaron a activistas LGBT, particularmente lesbianas, quienes rechazaron la formación de alianzas con lo que consideraron un estado represor y neoliberal. De acuerdo con las declaraciones de María Trinidad Gutiérrez, una ex activista de Lambda, durante una entrevista con la autora (2010), la conferencia de ILGA de 1991 representa uno de tantos puntos de fractura en la historia del activismo LGBT, puesto que constantemente se ha cuestionado la vinculación del movimiento con las instituciones de gobierno y del extranjero. Antes que incorporarse al estado o afiliarse con alguna ONG internacional, algunas activistas mexicanas han continuado con su trabajo de base, como en los periodos iniciales de liberación, y han acumulado fondos gracias a donaciones informales. También continúan haciendo críticas al modelo neoliberal a través de su trabajo en coaliciones. Por tanto, una más de las consecuencias en este giro hacia el internacionalismo liberal es la fractura de las organizaciones LGBT. No obstante los conflictos internos de las organizaciones, son muchas las activistas que han continuado participando en los espacios políticos, culturales y académicos y han generado contribuciones al avance de los derechos humanos de la comunidad LGBT en México.