¿Prostitución, trabajo o trata? Por un debate sin prejuicios

Todo lo que nos incomoda nos permite definirnos.

Cioran

1.

En enero de 2014 una Jueza ordenó a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno del Distrito Federal (styfe del gdf) otorgar a las personas que trabajan en el comercio sexual callejero la licencia de “trabajadores no asalariados”. Esa categoría existe desde 1972, y con ella se registra a personas que laboran en vía pública sin una relación patronal, ni un salario fijo, como los lustrabotas, los cuidacoches, los músicos callejeros, los vendedores de billetes de lotería y diez oficios más.² Esta resolución judicial es la culminación de una larga lucha de un grupo de trabajadoras/es sexuales, que tuvo que recurrir a un juicio de amparo luego de que con anterioridad el gdf se negara a otorgarles dicho reconocimiento.

En México la demanda de que se reconozca el carácter laboral del trabajo sexual data de mediados de los años noventa y está estrechamente vinculada al trabajo de acompañamiento político que realiza Brigada Callejera en Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”.³ A partir de 1997 Brigada ha aglutinado a trabajadoras/es sexuales de distintas entidades federativas bajo el nombre público de Red Mexicana de Trabajo Sexual y ha coordinado la realización de diecisiete Encuentros Nacionales, que se han llevado a cabo en la Ciudad de México y en cinco entidades federativas, donde se han debatido cuestiones coyunturales, se han hecho declaraciones políticas y se han programado acciones conjuntas con otros grupos. Una prioridad ha sido la de obtener condiciones laborales dignas, seguridad y respeto a los derechos humanos y civiles de todas las personas involucradas en el trabajo sexual. El reclamo de las licencias⁴ de “trabajador no asalariado” es parte de tal prioridad. Hace dos años, ante la reiterada a negativa de la Secretaría de Trabajo del gdf a dárselas, un grupo de 61 mujeres y 6 varones inició una demanda por la violación a su derecho a trabajar en paz como trabajadoras sexuales y en lo particular contra la negativa a otorgarles las licencias de no asalariadas. En febrero de 2013 se admitió la demanda de amparo, donde además de reclamar que la Secretaría del Trabajo no les diera el mismo trato que a otros trabajadores en vía pública, también se denunciaba a la Asamblea Legislativa del df por haber proclamado la Ley de Cultura Cívica⁵ y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal por la aplicación de dicha ley. El primer juicio relativo a la demanda estuvo a cargo de un Juzgado de Distrito que se declaró incompetente “pues la litis se constriñe medularmente en considerar y reconocer su carácter de trabajadores no asalariados, para lo cual debe verificarse que cumplan con lo establecido en una relación laboral con características propias”. El caso fue remitido a un Juzgado Federal en Materia de Trabajo, y ahí el Juez Cuarto también se declaró incompetente, por lo que se trasladó el caso al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa. Correspondió a la Jueza Paula María García Villegas Sánchez Cordero, del Décimo Tribunal Colegiado del Primer Circuito, quien lo recibió el 24 de junio de 2013 y finalmente lo resolvió concediendo el amparo el 31 de enero de 2014.

La sentencia marca un hito. Luego de señalar que el asunto es complejo porque está envuelto en una problemática social y jurídica profunda, pues las personas que prestan su trabajo como sexo servidoras/es se encuentran en la mayoríade los casos en una situación de vulnerabilidad extrema que cargan a cuestas desde muy tierna edad la Juez argumentó que La prostitución ejercida libremente y por personas mayores de edad plenamente concientes de ello, puede considerarse como un oficio, puesto que es el intercambio de una labor (sexual) por dinero. La Jueza discrepó de los planteamientos de la Ley de Cultura Cívica y estimó que abordar el tema de la prostitución bajo el argumento de que no puede dársele la connotación de un trabajo o bajo el argumento de que es una actividad indigna, deshonesta o socialmente inútil, es tanto como abordar el problema con una visión muy estrecha y sin tomar en cuenta todas las aristas sobre las que gira, pues es verlo desde el punto de vista de si escandaliza la moral de algunos miembros de la sociedad, pasando por alto la alta complejidad que tiene como es la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las y los trabajadores sexuales, que muchas veces son explotados por los proxenetas, que no tienen otra alternativa de vida para su sustento, que han sido marginados social y familiarmente, a quienes se ha violado el derecho a la salud, especialmente sexual y reproductiva, a la educación y en algunos casos se ha transgredido su dignidad humana. La mayoría de las veces han iniciado en este oficio siendo menores de edad, engañadas y explotadas, viven en una profunda soledad y con limitaciones materiales alarmantes, pues a veces ni siquiera en dónde dormir tienen y mientras más se acercan a la edad adulta e incluso a ser personas adultas mayores su situación se agrava aún más. En ocasiones son objeto de extorsiones y acto de hostigamiento e intimidación por los propios agentes policiacos y ministeriales. Por ello es que al parecer de esta Jueza de Distrito, la problemática que gira en torno a la prostitución es muchísimo más compleja que la simple calificación moral o descalificación simplista de ese oficio como un trabajo que no puede considerarse como honesto, digno o socialmente útil. De ahí la Jueza concluyó, respecto al artículo de la Ley de Cultura Cívica, que la redacción de ese numeral tiene en lugar de un incentivo virtuoso para las quejosas, uno dañino que transgrede el derecho al trabajo y a la igualdad, porque las posiciona en una situación aún más vulnerable de la que se encuentran. Señaló: No puede quedar al arbitrio de un tercero, como es un vecino, el ejercicio de la prostitución.

En su argumentación sobre el derecho al trabajo, al que llama el oficio más antiguo del mundo la Jueza señaló que Es inconstitucional especialmente en relación con los derechos humanos al trabajo y a la igualdad contemplados en artículos 5^oy 1^ode la Constitución. Al subrayar la importancia de respetar la libre elección de su trabajo también concluyó que sí procede expedirles la licencia y darles la credencial solicitada.

El 5 de febrero de 2014 llegó la resolución judicial a la Oficialía de partes de la Secretaría del Trabajo del gdf. Un mes antes, el 6 de enero, Patricia Mercado, compañera feminista de larga data, había sido nombrada la titular. El funcionario encargado de dar respuesta a la orden de la Jueza, siguiendo la línea anterior, decidió inconformarse y no acatar la resolución. Sin embargo, cuando le llevó a la recién estrenada Secretaria el documento para su firma, y ella vio de lo que se trataba, lo rechazó y decidió aceptar la resolución judicial. La Jueza también conminaba al gdf y a la Asamblea Legislativa, y en ambas instancias algo similar había ocurrido: se había respondido en automático no acatar la orden judicial. Patricia Mercado explicó las razones por las cuales ella había decidido obedecer la resolución, y logró convencerles de que se retractaran. Entretanto la abogada Zamora y las quejosas, acompañadas de Brigada Callejera, se presentaron a la Secretaría del Trabajo a exigir las credenciales que corresponden a las licencias. Aunque la entrega de credenciales requiere una larga labor previa para que las autoridades de- legacionales definan los lugares públicos donde se llevará a cabo el servicio, como en este caso se trataba de obedecer una orden judicial, la entrega de las credenciales se realizó el día 10 de marzo de 2014, en las instalaciones de la Secretaría. La segunda entrega se realizaría hasta el 11 de julio, Día nacional de la trabajadora sexual, también en las instalaciones de la Secretaría del Trabajo, en presencia de la Secretaria Mercado.

Cuando la prensa dio a conocer que la Secretaria Patricia Mercado había entregado las primeras credenciales, la sección latinoamericana de la Coalition Against Trafficking in Women (la catwlac) desató una campaña en twitter con mensajes que decían, por ejemplo: Compañera, cuánta ignorancia, póngase a leer la Ley Gral contra Trata, La Secretaria del Trabajo dedf@Pat_MercadoC garantizará ’derechos laborales’ a trabajadoras que ’decidan volverse prostitutas. Otros twits, de seguidores decatwlac, intentaron ofender: Garantizar derechos laborales? Te sigues drogando, pendeja? o Garantizar derechos laborales a prostitutas? Seguro así llegaste tú.

Unas semanas después, a principios de abril, la periodista Carmen Aristegui daría a conocer un caso escandaloso: el presidente del pri en el df, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, pagaba supuestamente con dinero del partido (dinero público) a mujeres jóvenes contratadas como secretarias o edecanes para que le dieran servicios sexuales. La noticia cayó como una bomba. Ofrecer puestos de trabajo con un mejor salario e incluir el otorgamiento de “favores sexuales” llevó a todo tipo de declaraciones, que calificaron erróneamente dicha transacción como “red de trata” y “red de prostitución”. El uso indistinto entre ambos conceptos fue profuso, y el escándalo se centró más calificar a Gutiérrez de la Torre de padrote o tratante que en esclarecer su uso indebido del dinero público para fines personales.

A raíz de este suceso la catwlac amplió su campaña en twitter contra la Secretaria del Trabajo:

@Pat_MercadoC También a las víctimas de Cuauhtemoc Gutierrez les vas a dar Credencial de trabajadoras no asalariadas? O son víctimas. Y YAristeguiOnline también pedirá ’se investigue’ la red de prostitución que está haciendo @Pat_MercadoC engdfcon padrón y credenciales? La escueta respuesta institucional de la Secretaría del Trabajo fue: Delito de trata corresponde determinarlo a @ PGJ_CDMX. Discriminación laboral a esta Secretaría. Caso Cuauhtemoc Gutierrez.

Obvio que las jóvenes no eran víctimas de trata, ni siquiera formaban parte de una red de prostitución: la oferta se le hacía a cada chica en lo particular y tenía la posibilidad de rehusar la proposición deshonesta. El delito de Gutiérrez de la Torre era de otro orden, pero en la discusión mediática no se dejaba de hablar indistintamente de “trata” y “prostitución”. El manejo mediático que se dio en torno al caso de Cuauhtémoc Gutiérrez y la campaña de la catwlac y otras feministas abolicionistas, que atacan e intentan denigrar cualquier iniciativa que tienda hacia la regulación (como es el otorgamiento de las licencias y credenciales), me decidieron a retomar un tema que había investigado hacía años.⁶ Ahora que me he sumergido de nuevo en la literatura especializada, que he retomado el contacto con Brigada Callejera y que asistí al xvii Encuentro Nacional de Trabajadoras Sexuales, quedo convencida de que indudablemente Ana Luisa Liguori tenía razón cuando, desde hace tiempo, me insistía en la necesidad de aclarar públicamente la confusión que circula ampliamente entre comercio sexual y trata. Siguiendo tardíamente su recomendación es que he tratado de poner en claro mi postura.

No me gusta hablar de prostitución, pues es un término que únicamente alude de manera denigratoria a quien vende servicios sexuales, mientras que hablar de “comercio sexual” da cuenta del proceso de compra-venta, que incluye también al cliente. Respecto a esta actividad persisten dos paradigmas: uno es el que considera que la explotación, la denigración y la violencia contra las mujeres son inherentes al trabajo sexual y por lo tanto habría que abolir dicha práctica y otro el que plantea que tal actividad tiene un rango de formas variadas de desempeño que deberían regularse así como reconocerse los derechos laborales de quienes se dedican a ella.⁷

2.

Desde los años 70 las llamadas “prostitutas”⁸ se empezaron a organizar para que su milenario oficio fuera considerado un trabajo legal; en diversas partes del mundo armaron conferencias y encuentros internacionales para debatir sobre las condiciones de su regulación, e incluso algunas se pusieron en huelga y amenazaron con dar a conocer los nombres de sus clientes (Delacoste y Alexander 1987; Pheterson 1989; Nengeh Mensah, et al. 2011). Hasta mediados de los 80 hubo progreso en distintos frentes: sindicalización, derogación de leyes discriminadoras, debates sobre la libertad sexual y establecimiento de alianzas con otros movimientos y grupos. Pero a partir de los 90 tal avance se frenó por distintas cuestiones, aunque la principal fue que la derecha religiosa en eeuu ganó influencia y muchas feministas que luchaban en contra de la violencia hacia las mujeres se aliaron con la cruzada moral de Reagan, y luego de Bush. La tragedia de las personas migrantes indocumentadas, traficadas y forzadas a dar servicios sexuales se tomó en consideración cuando en diciembre de 2000 se firmó el Protocolo de Naciones Unidas sobre tráfico de personas en Palermo. En dicho Protocolo el peso que se le da a “la prostitución” es absolutamente desproporcionado en relación al tráfico para el trabajo forzado, agrícola o en maquilas (Bernstein 2013). Además, no define bien qué se entiende por explotación de la prostitución y otras formas de explotación sexual, lo cual permite que cada nación lo interprete a su manera (O’Connell y Anderson 2006). Este Protocolo, junto con la campaña de Bush de “abstinencia sexual antes del matrimonio”, demonizó el comercio sexual. Poco después, Estados Unidos proclamó la us Global aid Act en 2003, que también mezcló discursivamente trabajo sexual y trata, con la cual bloqueó el apoyo a los programas dirigidos a trabajadores sexuales. Además, para aceptar fondos de usaid, forzó a las ong que trabajaban contra la epidemia de vih-sida a firmar un juramento de que no harían su labor educativa y de prevención con trabajadores sexuales⁹ (Saunders 2004). Esto afectó seriamente la política de cooperación con las asociaciones civiles en campañas relativas a infecciones de transmisión sexual (Weitzer 2010). Así, la legítima preocupación por la situación del tráfico de personas¹⁰ transformó el debate sobre el trabajo sexual en una discusión sobre la trata con fines de explotación sexual. El discurso dominante en Naciones Unidas fue el de las feministas abolicionistas estadunidenses y los cristianos conservadores, y el ambiguo Protocolo de Palermo dificultó en algunos países el reconocimiento del carácter laboral de la actividad, y su confusión entre trata y prostitución tuvo gran influencia en las políticas para criminalizar el comercio sexual.

Pese a que se fueron debilitando los procesos de autoorganización de las trabajadoras del sexo, en varios países algunos grupos han seguido reivindicado su quehacer como una cuestión laboral, y han desarrollado diversas estrategias para obtener los derechos correspondientes. El fortalecimiento de la perspectiva “abolicionista”, que califica a todas las mujeres que trabajan en el comercio sexual de “víctimas”, ocurre en un momento en que es visible el crecimiento del comercio sexual. Este aumento implica no solo un fenómeno económico sino que también supone una transformación cultural. Aunque la droga y el sida han impactado dramáticamente el mercado del sexo, desde hace años han multiplicado los table dance y las strippers, los shows de sexo en vivo, los masajes eróticos, los servicios de acompañamiento (escorts), el sexo telefónico y el turismo sexual. Este ascenso del sexo recreativo viene de la mano de la liberalización de las costumbres sexuales y de la desregulación neoliberal del comercio, que ha permitido la expansión del comercio sexual como nunca antes, con una proliferación de nuevos productos y servicios. La industria del sexo se ha convertido en el mundo en un gran empleador de millones de personas que trabajan en ella, y que atraen igualmente a millones de clientes. Los empresarios tienen agencias de reclutamiento y sus operadores vinculan a los clubes y burdeles locales en varias partes del mundo, en un paralelismo con las empresas transnacionales de la economía formal. Y al igual que estas, algunas se dedican a negocios criminales, como el mercado negro de la trata.

El trabajo sexual es la actividad mejor pagada que encuentran cientos de miles de mujeres en nuestro país.¹¹ Y más que un claro contraste entre trabajo libre y trabajo forzado se da un continuum de relativa libertad y coerción. Como las mujeres están ubicadas en lugares sociales distintos, con formaciones diferentes y con capitales sociales diversos, en ciertos casos el trabajo sexual puede ser una opción elegida por lo empoderante y liberador que resulta ganar buen dinero, mientras que en otros casos se reduce a una situación de una precaria sobrevivencia, vivida con culpa y vergüenza. Además, así como muchas mujeres ingresan por desesperación económica, otras son inducidas por la droga, y viven situaciones espantosas. Sin embargo, no hay que olvidar que también hay quienes realizan una fría valoración del mercado laboral y usan la estrategia de vender servicios sexuales para moverse de lugar, para independizarse, incluso para pagarse una carrera universitaria o echar a andar un negocio. También del otro lado de la industria del sexo hay diferencias. Los padrotes y las madrotas funcionan como los empresarios, hay buenos y hay malos. E igualmente entre los clientes hay malos y buenos, los violentos o drogados y los “decentes” y amables. O sea, al mismo tiempo que existe el problema de la trata aberrante y criminal, con mujeres secuestradas o engañadas, también existe un comercio donde las mujeres entran y salen libremente, y donde algunas llegan a hacerse de un capital, a impulsar a otros miembros de la familia e incluso a casarse. Por eso, quienes sostienen que es un trabajo que ofrece ventajas económicas tienen razón, pero no en todos los casos, y quienes insisten en que la prostitución es violencia contra las mujeres, también tienen razón, pero no en todos los casos (Bernstein 1999: 117).

Aunque desde la perspectiva del liberalismo político no hay razón para estar en contra del comercio sexual mientras lo que cada quien haga con su cuerpo sea libremente decidido, muchas personas consideran que la compraventa de sexo es de un orden distinto de otras transacciones mercantiles. Ahora bien, cuando se denuncia la “explotación” de las trabajadoras sexuales no se menciona siquiera que las obreras, las empleadas del hogar, las enfermeras, las taquilleras, las meseras, las de la maquila, las barrenderas y tantas otras también son explotadas. Parecería que no incomoda que las mujeres vendan su fuerza de trabajo en condiciones deleznables, pues únicamente hay escándalo respecto a la “explotación sexual” y no ante otras formas de explotación de la fuerza de trabajo femenina. Y tal vez no hay reacciones indignadas ante esas otras formas aberrantes de explotación laboral porque lo que más inquieta de la “prostitución” voluntaria es que subvierte el modelo tradicional de feminidad.¹² La venta de servicios sexuales ofende o irrita porque muchas personas creen que “degrada” la dignidad de la mujer.

Sí, la prostitución voluntaria femenina produce reacciones adversas porque atenta contra el ideal cultural de castidad y recato de la feminidad (Leites 1990). La expectativa social respecto de la sexualidad femenina es la de que las mujeres solamente deben tener sexo dentro del marco de una relación amorosa; por eso también hay gran rechazo a que las mujeres tengan sexo casual con “desconocidos”, aunque no cobren. Jo Doezema ha planteado que la distinción entre prostitución “voluntaria” y “forzada” reproduce la división entre “putas” y “santas” dentro de la propia categoría de prostituta, siendo la “puta” la que se dedica voluntariamente mientras la “santa” es la forzada, y como víctima queda exonerada de ser despreciada (1998: 41). Si bien algunas trabajadoras sexuales han caracterizado su oficio como un acto transgresor y liberador (Bernstein 2007) la mayoría tiene dificultades para asumirse públicamente por el estigma. Y tal estigmatización es la causa de muchas de las dificultades y discriminaciones que enfrentan las trabajadoras sexuales. El asunto de fondo es justamente la existencia de una doble moral: la sexualidad de las mujeres es valorada de manera distinta de la de los hombres. Por eso hace muchos años Mary McIntosh dijo: “la prostitución implica, al mismo tiempo, un desafío y una aceptación de la doble moral del status quo. Como tal, no puede ser ni condenada totalmente ni aceptada con entusiasmo” (1996:201).

Es notable cómo en varios países se ha optado por la regulación del trabajo sexual, mientras que en otros se ha decidido acabar con la compra de sexo, prohibiéndola. ¿Cuáles son las implicaciones que se derivan de esas dos posturas?¹³ Una, sustantiva, es la relativa a la salud pública, que no analizaré en estas páginas pero que sin duda mueve a muchos gobiernos a tomar la postura de la regulación (Day y Ward 2009; Gruskin et al 2013).¹⁴ Otra, también relevante, es la situación de clandestinidad que, en la ausencia de un marco de legalidad, coloca a las trabajadoras ante riesgos y extorsiones. La razón principal por la cual las mujeres trabajan en el comercio sexual es la económica, y cuando se analiza la situación mundial, se ve que la mayoría de las “prostitutas” son muy pobres; pero para no generalizar es útil distinguir tanto los orígenes sociales de las trabajadoras y su capital social, como el contexto laboral en que realizan su trabajo y su libertad de movimiento. Es evidente que también en el comercio sexual hay clases sociales, y que la brecha económica y social entre el sector de elite, las call girls¹⁵ y las de la calle es sideral. Estas call girls, que atienden en departamentos, y que seguramente podrían conseguir otro tipo de trabajo, están en el comercio sexual porque obtienen ganancias enormes. Ellas son, económicamente hablando, privilegiadas y representan una faceta distinta del fenómeno. Para las demás, que son la gran mayoría, y que no son engañadas, ni drogadas, ni secuestradas, la venta de servicios sexuales es valorada como la mejor opción disponible en el contexto de falta de oportunidades, nula capacitación y salarios miserables en trabajos precarios. A nadie le debería causar sorpresa que prefieran ganar en un día la misma cantidad de dinero que ganarían en semanas en otro tipo de desempeño laboral. Lo que sí debería preocuparnos es que, aunque unos contextos son menos injustos que otros, en general la “prostitución” está rodeada de gran vulnerabilidad, no solo porque genera desaprobación social y estigma, sino también porque en muchos casos es una actividad con riesgos de violencia y de contagio de infecciones de transmisión sexual (its).

3.

Hace rato que varias filósofas y politólogas feministas vienen reflexionando sobre el efecto que el comercio sexual tiene en la justicia social, en especial, en cómo estructura las opciones vitales de las mujeres. En el debate entre feministas sobre cuál debería ser el status de la llamada “prostitución” es posible escuchar que tanto la penalización como la despenalización pueden tener el efecto de exacerbar las desigualdades de género. Aunque resulta complicado hablar en abstracto del tema, sin ubicarlo en el contexto concreto e histórico en que ocurre, se puede ver que varias autoras argumentan que la venta de algunas transacciones vinculadas al cuerpo¹⁶ como la prostitución, debería estar fuera del Mercado porque obstaculiza las relaciones igualitarias.

La manera en que se habla del Mercado suele ser muy economicista, pero las economistas feministas están ampliando la perspectiva de análisis, al subrayar que el Mercado no solo desata procesos económicos, sino que también da forma a la cultura y a la política. La economía feminista plantea que tanto los mercados como los intercambios contractuales no toman en consideración el contexto en el que se llevan a cabo, que es uno de desigualdad entre mujeres y hombres (onuMujeres 2012). Las relaciones de género “marcan el terreno sobre el que ocurren los fenómenos económicos y ponen las condiciones de posibilidad de los mismos” (Pérez Orozco 2012). Sí, los usos y costumbres de género en la economía estructuran y validan las relaciones desiguales entre los hombres y las mujeres de manera absolutamente funcional para la marcha de la sociedad. Además, ciertas transacciones mercantiles frustran o impiden el desarrollo de las capacidades humanas (Sen 1996) mientras que otras determinan ciertas preferencias problemáticas y muchas respaldan relaciones jerárquicas y/o discriminatorias totalmente objetables. Como los mercados sostienen no solo cuestiones económicas sino también éticas y políticas, por eso se habla de “mercados nocivos”, que aparecen cuando hay una distribución previa e injusta de recursos, ingresos y oportunidades laborales (Satz 2010).

Debra Satz (2010) analiza los mercados nocivos, donde incluye al del sexo, y establece cuatro parámetros relevantes para valorar un intercambio mercantil: 1) vulnerabilidad, 2) agencia débil, 3) resultados individuales dañinos y 4) resultados sociales dañinos. La vulnerabilidad y la agencia débil aluden a lo que las personas aportan en la transacción; la vulnerabilidad aparece cuando las transacciones se dan en circunstancias de tal pobreza o desesperación que las personas aceptan cualquier condición, y la agencia débil se da cuando en las transacciones una parte depende de las decisiones de la otra parte. Los otros dos parámetros (daños individuales y sociales) son característicos de los resultados de ciertos mercados cuando posicionan a los participantes en circunstancias extremadamente malas, por ejemplo, en las que son despojados o en las que sus intereses básicos son aplastados. También eso produce resultados extremadamente dañinos para la sociedad, pues socava el marco igualitario que requiere una sociedad y alienta relaciones humillantes de subordinación.

En efecto, el Mercado no es un mecanismo neutral de intercambio, y sus transacciones dan forma a las relaciones sociales. Y aunque en principio cualquier mercado puede convertirse en nocivo, algunos tienen más posibilidades de hacerlo al producir más desigualdad que otro tipo de transacción. Por ejemplo, el mercado de las verduras resulta mucho más inocuo y no es comparable con el del comercio sexual, que sí refuerza una pauta de desigualdad sexista, y contribuye a la percepción de las mujeres como objetos sexuales y como seres socialmente inferiores a los hombres. También en otros mercados de servicios personales, como el del trabajo doméstico con empleadas del hogar, se llevan a cabo transacciones con consecuencias significativas en la estructura de relaciones de género.

De ahí que para evaluar una transacción comercial se requiera evaluar también las relaciones políticas y sociales que sostiene y respalda, y examinar los efectos que tal transacción produce en las mujeres y los hombres, en las normas sociales y en el significado que imprime en las relaciones entre ambos. Por eso la preocupación ética y política que provoca la “prostitución” no puede ser abordada únicamente desde una perspectiva de “eficacia” del mercado, o del neo-contractualismo o del relativo consentimiento de las personas involucradas. Idealmente, en una sociedad justa, el papel de Mercado debería estar acotado a una igualdad redistributiva, para que todas las personas tuvieran acceso a bienes básicos (salud, educación, vivienda, empleo). Si a partir de tal piso básico hubiera mujeres que quisieran dedicarse a trabajar en el comercio sexual no habría impedimento ético a que lo hicieran.

La reflexión de Satz (2010) subraya que aunque los mercados nocivos tienen efectos importantes en quiénes somos y en el tipo de sociedad que desarrollamos, no siempre la mejor respuesta es prohibirlos. Al contrario, las prohibiciones pueden llegar a intensificar los problemas que condujeron a que se condenara tal mercado. En ese sentido ella reconoce que es menos peligrosa la prostitución legal y regulada que la ilegal y clandestina, pues esta aumenta la vulnerabilidad y los riesgos de salud, tanto para las trabajadoras como para los clientes. Por eso respecto al comercio sexual hay consideraciones fundamentales a favor de una política de regulación que saque de la clandestinidad a quienes requieren ese trabajo y consideraciones que se engarzan con la necesidad de una política de salud pública.

Satz concluye que la mejor manera de acabar con un mercado nocivo es modificar el contexto en que surgió, o sea, con una mejor redistribución de la riqueza, más derechos y oportunidades laborales. Justamente por todo lo anterior, no hay que olvidar que las prohibiciones y restricciones, además de que son “maternalistas”¹⁷ y van contra la libertad constitucional de las mujeres, no son una solución. Como lo que impulsa a las trabajadoras de la calle a dedicarse a tal actividad suele ser una fuerte necesidad económica, prohibirla sin garantizarles un ingreso similar les quita su “tablita de salvación”. Si no se resuelven las circunstancias socioeconómicas que las llevan a tal actividad, prohibir o erradicar el comercio sexual las hundiría o marginaría aún más.

Hace años Nanette Davis señaló “No puede haber una política racional hacia la prostitución mientras exista la discriminación de género” (1993:9). Tiene razón, sin embargo en política hay que hacer mediaciones, y la regulación es la mejor mediación posible. Además, muchas investigadoras sostienen que el comercio sexual no siempre tiene consecuencias negativas, y que con frecuencia es un medio de emancipación personal y movilidad social importante (Agustín 2007; Day 2010; Kempadoo, 2012). Y como también la regulación ha demostrado ser una excelente estrategia para combatir la trata (Kempadoo, 2012), es un error plantear la abolición del comercio sexual, como lo hace la Coalition Against Traffic in Women (catw). Como integrante de esa extraña alianza entre religiosos puritanos y feministas radicales unidos en su misión de erradicar el comercio sexual (Scoular 2010), la catw agita discursivamente contra lo que considera que es la “esclavitud sexual”, término que aplica no sólo a las mujeres víctimas de trata sino a toda trabajadora sexual. Las formas que toma esta cruzada son múltiples, y dependen de las tradiciones políticas y culturales de cada país, pero el eje de la política que impulsan es “salvar” o “rescatar” a las mujeres (Agustín 2007). Aunque existe una amplia variación entre los países (Vanwesenbeeck 2001: 274), la política alentada por las feministas y los cristianos abolicionistas se ha difundido ampliamente en oposición a las investigaciones académicas que dan evidencia empírica de que tal política viola los derechos civiles y laborales de las trabajadoras, aumenta el poder de terceros (clientes, padrotes, traficantes) y pone en riesgo la salud y el bienestar de ellas ¡sin jamás lograr el objetivo de erradicar el comercio sexual!

La catw, que “pretende eliminar el comercio sexual con el argumento de que la prostitución estimula el tráfico” (O’Connell y Anderson 2006: 14) no tiene nada que ver con otra organización internacional, la Global Alliance Against Trafficking in Women (gaatw). Esta alianza mundial distingue entre trabajo y trata y hace una labor de prevención y combate a la trata entre trabajadores/as sexuales a partir de impulsar formas de regulación que respeten sus derechos.¹⁸ Mientras las trabajadoras sexuales organizadas y los activistas de derechos humanos argumentan a favor de la regulación, señalando que si la prostitución se prohíbe o penaliza es imposible establecer estándares laborales y sanitarios, y que precisamente la ausencia de regulación alienta formas de trabajo forzado, la catw y su sucursal latinoamericana y caribeña catwlac, lanzan discursos flamígeros contra el comercio sexual, e impulsan una cruzada moralista que alienta el “pánico moral”.

Respecto al pánico moral Sophie Day (2010) establece un paralelismo entre la situación actual y la época victoriana. Day señala que durante tal época, con sus intensas transformaciones económicas y sociales, el pánico moral en torno a la prostitución, la “trata de blancas” y la enfermedad venérea (en especial la sífilis) expresó las angustias culturales respecto al cambiante papel de las mujeres y a los procesos de inmigración y urbanización. La coincidencia es impactante: una amplia coalición de feministas y grupos religiosos que había decidido “rescatar” a las mujeres alienta la promulgación de las leyes sobre “enfermedades contagiosas” (1864, 1866 y 1869) que perfilaban a la prostituta como peligrosa física y moralmente al mismo tiempo que la consideraban vulnerable. Así se justificó la regulación social y legal de muchas mujeres solteras de la clase trabajadora, para que la salud moral de la sociedad quedara a salvo. También Jane Scoular (2010) comparte tal interpretación y añade que el espectro de la esclavitud sexual servía como cortina de humo para tapar otras cuestiones, como la esclavitud colonial. Desde esa perspectiva ¿será que en México el escándalo sobre la trata sirve también como un distractor, una cortina de humo, para tapar otras cosas?

4.

El tráfico de seres humanos es un pavoroso flagelo criminal, del cual el tráfico con fines de explotación sexual es solo una parte (Casillas 2013, Chang 2013). En México están documentados casos de traslado de mujeres de un lugar a otro dentro y fuera del territorio mexicano así como las distintas formas de coerción (droga, retención de hijos, amenazas) para forzarlas a que den servicios sexuales. Pero aunque esa práctica nefasta es una pieza mínima de la industria del sexo, la cobertura mediática la ha magnificado pues vende más hablar de “esclavas sexuales” que investigar las condiciones laborales de mujeres pobres. Varios autores encuentran que el clima de miedo a la inmigración es el telón de fondo de muchas de las políticas supuestamente para combatir la trata, pero que resultan en contra del comercio sexual callejero (Kulick 2003; Agustín 2007; Scoular 2010; Weitzer 2010; Kempadoo, 2012). Y el discurso incendiario de las abolicionistas sobre los cuerpos “violados” y “explotados” de las mujeres traficadas sirve, por un lado, a una política xenófoba de “seguridad nacional” contra las personas migrantes y, por otro, también resulta útil a una política de “limpieza social”. Por eso a los políticos neoliberales les resulta útil la cruzada moralista de la catw, pues en los operativos policiacos contra la trata subyace una política urbana para la gentrificación de ciertas zonas, que facilita que el capital privado avance sobre los espacios urbanos que la política social del Estado ha abandonado. Por ello las trabajadoras sexuales que están en la calle se vuelven un obstáculo, y son perseguidas y desplazadas sin contemplaciones con operativos policiacos, incluso con represión justificada como combate contra la trata (Hubbard y Sanders 2003). La venta de locales (antros, hoteles de paso) en las zonas rojas produce ganancias económicas y despoja de sus fuentes de trabajo a muchas mujeres (Hubbard 2004).¹⁹

La catw ha logrado instalar mundialmente un discurso apocalíptico sobre la trata y el tráfico, que circula en nuestro país a través de su versión latinoamericana, la catwlac. En las intervenciones públicas que ha estado haciendo en México, la catwlac mezcla comercio sexual y trata, y representa a todas las trabajadoras como víctimas que deben ser salvadas. Hablar solamente de mujeres víctimas de trata sin reconocer la existencia de otras trabajadoras sexuales favorece posturas fundamentalistas, que desvían la imprescindible lucha contra el tráfico hacia el absurdo proyecto de erradicar (abolir) todo el comercio sexual. No hay que confundir la situación de las mujeres obligadas a tener sexo a través de engaños, amenazas y violencia con la de otras mujeres que realizan trabajo sexual por razones económicas, como tampoco hay que confundir a los clientes. Si bien hay cómplices indiferentes de ese atentado brutal contra la libertad y la dignidad que es la trata, en el comercio sexual también hay clientes respetuosos y atentos, como relatan las propias trabajadoras; algunos incluso se vuelven clientes “regulares” y desarrollan relaciones sentimentales o amistosas que duran años.

Es imperativo deslindar el comercio sexual de la trata con fines de explotación sexual, pues dicha confusión se expresa en actos discursivos que logran un cierto efecto en la sociedad y en el gobierno. Pero lamentablemente lo que hoy en día campea es lo que Kempadoo (2012) denomina “la aplanadora anti-tráfico”: una estrategia discursiva, que tiene como fin último abolir toda forma de comercio sexual y cuyo elemento central es declarar, contra toda evidencia, que con la regulación se favorece la trata. La reflexión académica, basada en investigaciones empíricas y debates teóricos, esclarece varios aspectos y muestra lo complejo del problema. De acuerdo a Kamala Kempadoo, “El tráfico sexual ha surgido como una metáfora del estado de degradación de la humanidad en el siglo 21 y se ha convertido en el eje principal de la crítica académica a una variedad de relaciones sociales de poder contemporáneas, tanto a nivel local como mundial” (2012: viii).

Además, los medios de comunicación, al reiterar una y otra vez las horríficas historias de las víctimas de “tráfico”, dejan de lado las historias de las trabajadoras sexuales, y el tema de sus derechos laborales aparece como irrelevante, cuando justamente el derecho al trabajo es fundamental. En México, en el contexto de la precarización laboral (el desempleo, la ausencia de una cobertura de seguridad social y la miserabilidad de los salarios) la llamada “prostitución” representa una forma importante de subsistencia para muchas mujeres. Ganar dinero se plantea como una necesidad fundamental para asegurarse donde vivir, para vestirse y alimentarse, para educar a los hijos, para pagar medicinas, en fin, para sobrevivir de manera decorosa y para darles a sus familiares otras opciones. Las necesidades económicas llevan a la gente sin recursos a hacer todo tipo de labores, incluso algunas muy desagradables, como limpiar excusados o trabajar en los camiones de basura. La coerción económica es fundamental,²⁰ y las feministas que han reflexionado sobre el tema están divididas al respecto. Anne Phillips (2013b) dice que hay algo en el uso de las partes íntimas del cuerpo que vuelve la presión del dinero inaceptablemente coercitiva en el caso de la prostitución mientras que Martha Nussbaum (1999) señala que la compulsión económica es ciertamente problemática, pero que la presión del dinero no se vuelve más coercitiva o inaceptablemente coercitiva solamente porque conduzca a un acceso íntimo en el cuerpo.

En el debate sobre el comercio sexual hay quienes subrayan la autonomía en la toma de tal “decisión” mientras que del otro lado están quienes insisten en la “explotación” y coerción. Ahora bien, no son excluyentes: puede haber decisión y explotación, autonomía para ciertos aspectos y coerción para otros (Widdows 2013). Unas feministas argumentan que ninguna mujer “elige” prostituirse, que siempre son engañadas u orilladas por traumas infantiles de abuso sexual; otras aseguran que la mayoría lleva a cabo un análisis del panorama laboral y realiza una cierta elección, no de un bien, sino del menor de los males y/o el mayor ingreso. “Elegir” en este caso no implica una total autonomía, ni siquiera supone optar entre dos cosas equiparables, sino solo tomar el ingreso superior a las demás posibilidades que están a su alcance. Tal parece que quienes ven el trabajo sexual como denigrante y explotador no visualizan la carencia de alternativas disponibles. Lo que es un hecho es que, aunque las mujeres “elijan” la prostitución como el trabajo mejor pagado que pueden encontrar, dicha “elección” no es, en sí misma, una confirmación de que se trata de una práctica deseable. Me sorprende el paralelismo que se da con el aborto. Quienes luchamos por la despenalización del aborto no lo hacemos porque tal intervención nos parezca la mejor de las prácticas, ni deseamos que más mujeres aborten, sino que pensamos que su ilegalidad produce males mayores y que, en última instancia, las propias mujeres deben decidir al respecto. Quienes defendemos la regulación del trabajo sexual no es que nos parezca que sea la mejor de las prácticas, ni deseamos que más mujeres se dediquen al trabajo sexual, sino que pensamos que su ilegalidad produce males mayores y que, en última instancia, son las propias mujeres las que deben decidir al respecto.

La otra tarea crucial es la de poner al día la legislación. Nuestra Constitución y nuestro sistema político democrático garantizan la libertad individual, incluso la de vender y de comprar servicios sexuales. Sin embargo, al revisar la ley vigente en México (la prostitución es legal pero se penaliza el lenocinio) el panorama es deprimente pues el esquema con que funciona —al menos en el Distrito Federal— está lleno de omisiones e incongruencias y refleja los distintos y complejos intereses de los grupos organizados que están implicados en el negocio. A diferencia de la definición de lenocinio del Código Penal Federal, que no ha sido modificada desde 1931 (“el lenocinio se comete contra personas menores de 18 años o que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo”) la que aparece en el Código Penal del df (reformado en 2007) ha sido inspirada en el Protocolo de Palermo, y sostiene que se castigará por cometer lenocinio al que:

i. Habitual u ocasionalmente explote el cuerpo de una persona u obtenga de ella un beneficio por medio del comercio sexual.

ii. Induzca a una persona para que comercie sexualmente su cuerpo con otra o le facilite los medios para que se prostituya.

iii. Regentee, administre o sostenga prostíbulos, casa de citas o lugares de concurrencia dedicados a explotar la prostitución, u obtenga cualquier beneficio con sus productos.

¿Qué significa “explotar el cuerpo de una persona”? ¿A qué se llama “obtener un beneficio por medio del comercio sexual”? Bajo esa ambigüedad cabe cualquier cantidad de actividades. La imprecisión coincide con la confusa redacción del Protocolo de Palermo, y con ella se puede consignar a cualquier familiar, socio, empresario, hotelero o vecino que realice alguna tarea de apoyo a una persona que se dedique al trabajo sexual. Claudia Torres (2014) distingue entre los conceptos de prostitución voluntaria, lenocinio y trata de personas:

La prostitución voluntaria implica a una persona que libremente decide ejercer el trabajo sexual. El lenocinio y la trata involucran a un tercero, pero mientras el beneficio económico es el elemento central del primer delito, el elemento central del segundo es el engaño, la coacción, la coerción, la amenaza o la subordinación (Torres 2014:75).

¿Por qué es delito obtener un beneficio económico con el trabajo sexual de una persona y no lo es con los demás tipos de trabajo? ¿Qué no es lo característico del sistema capitalista beneficiarse del trabajo de otras personas? Resulta más que sospechoso que el rechazo solamente se dé en relación al trabajo sexual. El delito de lenocinio sirve para manifestar discursivamente un rechazo moralista al comercio sexual, mientras que en los hechos dificulta establecer formas legales de organización del trabajo sexual de quienes quieren trabajar independientemente, sin padrotes ni madrotas, pero con apoyo de compañeras. Por ejemplo, si un grupo de trabajadoras decidiera rentar un local donde dar servicios sexuales, a quien firme el contrato de alquiler se la podría acusar de “lenona” o “tratante”. Así, a quienes trabajan en la calle se les dificulta la independencia laboral al mismo tiempo que se les fuerza a organizarse en las redes controladas por las mafias. La hipócrita y ambigua redacción del artículo de lenocinio obstaculiza la organización laboral de las trabajadoras y el desarrollo de formas más libres y seguras de ofrecer los servicios. Además, esta incongruencia legal le resulta útil al sórdido entramado de corrupción y abuso que rodea al comercio sexual, donde no solo los que controlan el negocio logran inmensas ganancias, sino también algunas autoridades delegacionales, policiacas y judiciales, a la vez que quienes intentan trabajar por fuera de las mafias y sin dar mordidas enfrentan no solo dificultades enormes por las extorsiones sino también grandes peligros.

5.

Luego de conocer las investigaciones nuevas que documentan una variedad de experiencias, así como de volver a escuchar a algunas de las mujeres que trabajan en la calle, estoy convencida de que la regulación del comercio sexual mejoraría las condiciones de trabajo y la seguridad de la mayoría de quienes se dedican a esa actividad. Reconocerles derechos como trabajadoras a quienes lo solicitan de manera independiente es una mediación ante la falta de otras opciones laborales que caracteriza la situación nacional. Pero para garantizar los derechos de quienes trabajan en ese sector hay que ir más allá de las posturas fundamentalistas del abolicionismo²¹ y regular el negocio. Hay que apoyar a las trabajadoras sexuales para que puedan laborar sin riesgos y de manera independiente o, si lo desean, capacitarse para realizar otro tipo de trabajo. Es indispensable retipificar el delito de lenocinio y regular nuevas formas de organización laboral.

En México falta mucho en esa dirección. Son varias las cuestiones que hay que analizar y debatir, especialmente porque la postura abolicionista inhibe una discusión civilizada al responsabilizar a quienes están por la regulación de ser instrumentales en la proliferación de la trata. Esto atemoriza a cualquiera, pero más a políticos y funcionarios. Por eso es tan relevante una declaración que a principios de año, y en relación a la detención de una madrota de Sullivan, hizo el Procurador de Justicia del df, Rodolfo Ríos Garza: “Prostitución sí, Trata no” (Milenio 18 feb. 2014). Sin el moralismo rampante que circula tan fácilmente hoy en día en las declaraciones de los funcionarios, el Procurador Ríos Garza deslindó con claridad las dos cosas —el derecho a trabajar y el repudio a la trata— lo cual es un paso fundamental en la defensa de las trabajadoras sexuales y también en el combate contra la trata.

Además también hay que analizar la forma en que el puritanismo que se ha filtrado en la discusión alimenta lo que Elizabeth Bernstein (2012) califica el “giro carcelario” de la política neoliberal. Bernstein encuentra que, al reformular el comercio sexual como “tráfico de mujeres”, el activismo feminista abolicionista ha transnacionalizado un discurso que alienta una política punitiva. A Bernstein le preocupa que ahora las feministas acudan cada vez más al terreno judicial y lamenta que la tendencia feminista abolicionista busque la criminalización, no solo de los padrotes, sino de los clientes, como una vía eficaz para erradicar el comercio sexual (Bernstein 2012:240). Bernstein, quien hizo una investigación durante cuatro años entre los grupos abolicionistas, entrevistando a muchas de sus líderes, retoma la frase de una de ellas para ejemplificar esa postura: “Necesitamos leyes que hagan que los varones se lo piensen antes de entrar al negocio de la explotación sexual comercial” (2012:241). ¡Zás! Tal parece que este feminismo le da la espalda a una reflexión sobre las causas estructurales (económicas y culturales) del fenómeno, y en su lugar asume el imperativo punitivo neoliberal. ¿Dónde queda la resistencia feminista frente al control del Estado? Bernstein documenta cómo el discurso feminista sobre “las víctimas que hay que salvar” ha servido a la estrategia carcelaria contemporánea de la agenda económica neoliberal,²² y ha producido una “remasculinización del Estado”, al facilitar un control creciente sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres.

Sí, el abolicionismo contemporáneo, al concebir la “prostitución” como una forma de violencia sexual, en lugar de insistir que el Estado se enfoque en las condiciones estructurales de explotación de la fuerza de trabajo, ha ampliado y fortalecido la intervención judicial. Así el análisis del tráfico se ha desplazado de los factores estructurales y las instituciones dominantes a los hombres delincuentes (clientes, padrotes y traficantes). Según las investigadoras ya citadas, lo que más preocupa a las feministas abolicionistas y a los cristianos conservadores, es la comercialización generalizada de las relaciones sexuales, que perciben como un peligro. Y, ante lo que viven como una amenaza, su reacción puritana ha sido respaldar la estrategia neoliberal de criminalización. ¿Será que el nuevo paradigma respecto a la sexualidad —el del sexo recreativo en lugar del sexo procreativo— es lo que ha provocado que aumente la política carcelaria? No deja de sorprender que dicha creencia pase totalmente por alto elementos estructurales del capitalismo que favorecen la ganancia económica de unos cuantos grupos.

Pero era inevitable que el neoliberalismo impactara al feminismo al igual que a toda la vida social. Son muchas las reflexiones académicas que analizan la dinámica que está generando este momento tardío del capitalismo, que Sayak Valencia (2014) califica de “gore”. Lo que la dinámica neoliberal ha provocado llevó a Nancy Fraser (2013) a la denuncia de que el movimiento feminista se ha terminado enredando en una “amistad peligrosa” con los esfuerzos neoliberales para construir una sociedad de mercado. Y aunque comparto con Fraser su llamado a romper esa “amistad peligrosa” con el neoliberalismo, mucho me temo que estemos ante el devenir imparable que Bolívar Echeverría describe con el concepto de “fuerza cósica”. Ya Irma Saucedo y Guadalupe Huacuz apuntaron algunos “efectos no deseados de la acción feminista” en la lucha en contra de la violencia hacia las mujeres (2011: 236). Y Kristin Bumiller (2008) ya había señalado cómo la política neoliberal ha aprovechado la lucha feminista contra la violencia hacia las mujeres.

Ante esta gravísima situación, me parece que hay que volver a poner la mirada a la cuestión del trabajo. Martha Nussbaum lo hace espléndidamente en su ensayo sobre la venta de sexo. Ella inicia su alegato contra los prejuicios de recibir dinero a cambio de servicios corporales diciendo que:

Todas las personas, excepto las que son ricas de manera independiente y las desempleadas, recibimos dinero por el uso de nuestro cuerpo. Profesores, obreros, abogados, cantantes de ópera, prostitutas, médicos, legisladores, todos hacemos cosas con partes de nuestro cuerpo y recibimos a cambio un salario. Algunas personas reciben un buen salario, y otras no: algunas tienen cierto grado de control sobre sus condiciones laborales, otras tiene muy poco control; algunas tienen muchas opciones de empleo, y otras tienen muy pocas. Y unas son socialmente estigmatizadas y otras no lo son (1999:276).

Nussbaum se pregunta por qué está mal visto recibir dinero o hacer contratos en relación al uso de ciertas partes del cuerpo. Los argumentos feministas en contra de la prostitución califican las transacciones mercantiles en el campo de la sexualidad femenina como denigrantes para las mujeres, y dicen que implican tanto una dañina mercantilización como una enajenación de la sexualidad. Piensan que la transacción mercantil vuelve a las mujeres en objetos que los hombres controlan y usan a su antojo y que, al convertir la sexualidad en mercancía, se la despoja de su valor intrínseco. Nussbaum cuestiona estas creencias, que califica como prejuicios. Ella analiza la mercantilización de la sexualidad con el caso de la prostitución a partir de un amplio marco donde inscribe dos cuestiones: una revisión de nuestras creencias y prácticas en relación a tomar dinero por el uso del cuerpo y una revisión de las opciones y alternativas de las mujeres pobres. Para esta filósofa, no debería preocupar el que una mujer con muchas opciones laborales elija la prostitución. Es la ausencia de opciones de las mujeres pobres la que hace de la prostitución la única alternativa posible, y eso es lo verdaderamente preocupante (1999: 278). Por eso para Nussbaum el punto más candente que plantea la prostitución es el de las oportunidades laborales de las mujeres de escasos recursos y el control que pueden tener sobre sus condiciones de empleo. De ahí que para ella la legalización de la prostitución logra mejorar un poco las condiciones de mujeres que tienen muy pocas opciones (1999: 278). A Nussbaum le preocupa que el interés de las feministas esté demasiado alejado de la realidad de las opciones laborales existentes, como si la venta de servicios sexuales se pudiera sacar del contexto de los intentos de las mujeres pobres para sobrevivir, y considera que la lucha de las feministas debería promover la expansión de las opciones laborales, a través de la educación, la capacitación en habilidades y la creación de empleos (1999: 278). Lo grave, según ella, es que muy pocas personas en el mundo tienen la opción de usar sus cuerpos, en su trabajo, con lo que Marx llamaría una manera realmente humana de funcionar, lo cual implica, entre otras cosas, tener opciones sobre el trabajo a elegir, un medida razonable de control sobre las condiciones laborales y el resultado, y también la posibilidad de usar el pensamiento y la habilidad en lugar de funcionar como una parte de una maquinaria (1999: 298). Por eso para Nussbam el punto es cómo expandir las opciones y oportunidades que tienen las personas que trabajan, cómo aumentar la humanidad inherente en el trabajo y cómo garantizar que todos los trabajadores sean tratados con dignidad (1999: 298).

Apoyar la lucha de quienes están en la calle para ser reconocidas y respetadas como trabajadoras no asalariadas no supone considerar al comercio sexual como la mejor de las actividades laborales, ni tampoco implica no repudiar la trata. De hecho, la regulación es muy útil en el combate a la trata. Mientras cambian los factores económicos estructurales que llevan a las mujeres a vender servicios sexuales hay que estar del lado de las más vulnerables, para que puedan hacerlo sin riesgos y de manera independiente de las mafias. Pero como la actividad sexual comercial de las mujeres es un desafío a la doble moral, que considera que las transacciones sexuales de las mujeres son de un orden distinto a las transacciones sexuales de los hombres, persiste el estigma.

¿Se podrá, en el futuro, acabar con la estigmatización de las trabajadoras sexuales? Hay, sin duda, fuertes indicios para suponer que la venta de servicios sexuales no se extinguirá fácilmente. La discusión, muy bien planteada por Martha Nussbaum, en relación a lo que significa tomar dinero por servicios corporales me conduce a formular una interrogante. Ante la lenta, pero persistente igualación de las actividades de las mujeres con las de los varones, ¿qué camino que tomará a futuro la doble valoración que existe sobre la compra-venta de servicios sexuales? En otras palabras, ¿en qué dirección se dará la transformación de la doble moral sexual, los varones dejarán de comprar sexo recreativo o las mujeres empezarán a hacerlo?

Finalmente, los grandes cambios económicos y la creciente fluidez en el movimiento de personas, capital y servicios que provoca la reestructuración globalizada del capitalismo no deben de hacernos olvidar lo que también significa simbólicamente el comercio sexual. Liv Jessen, una trabajadora social directora del Pro Centre, un centro nacional para prostitutas en Noruega, dice: “La prostitución es una expresión de las relaciones entre mujeres y hombres, de nuestra sexualidad y los límites que le ponemos, con nuestros anhelos y sueños, nuestro deseo de amor e intimidad. Tiene que ver con la excitación y con lo prohibido. Y tiene que ver también con el placer, la tristeza, la necesidad, el dolor, la huida, la opresión y la violencia” (2004: 201). Reflexionar sobre esto es una de las maneras de acercarnos a una mejor comprensión de la condición humana y, por ende, a mejores formas de convivencia