El movimiento para criminalizar el trabajo sexual en Estados Unidos

Hasta hace poco, la prostitución no se consideraba un problema público sustancial en Estados Unidos, y las leyes y las políticas públicas estaban relativamente definidas. Sin embargo, la última década ha sido testigo de un debate creciente sobre el comercio sexual y del crecimiento de una campaña bien estructurada y comprometida con ampliar el rango de criminalización. Una cruzada moral con mucho poder ha logrado reconfigurar las políticas del gobierno estadunidense hacia el trabajo sexual, al incrementar las penas para los delitos existentes y crear nuevos delitos. Las organizaciones que conforman dicha cruzada defienden una orientación abolicionista hacia todas las formas de comercio sexual, las cuales cada vez se confunden más con el tráfico sexual. Este artículo examina el impacto de este movimiento en las normas jurídicas y en las políticas gubernamentales, y argumenta que la cruzada moral y sus aliados en el gobierno están reaccionando al crecimiento de la industria del sexo en los últimos años y al temor de que se normalice dentro de la cultura estadunidense.

En noviembre de 2008, los residentes de San Francisco, California, participaron en un referendo sobre una medida que habría despenalizado de facto la prostitución en la ciudad, pues establecía que la policía dejaría de ejecutar los castigos en contra de la prostitución en la ciudad. No fue aprobada, aunque la apoyó una minoría considerable de votantes (42%). Cuatro años antes, los ciudadanos de Berkeley, California, habían votado una propuesta similar, la cual fue apoyada por 36% de ellos. Como demostraré en este artículo, en la actualidad los casos de San Francisco y de Berkeley son del todo excepcionales en Estados Unidos, en donde los líderes políticos rara vez discuten la liberalización de las políticas sobre prostitución, y mucho menos se someten a votación pública.¹ Según el razonamiento de una comisión en Buffalo, Nueva York, “dado que es improbable que se convenza a las autoridades tanto de la ciudad como del estado de despenalizar o legalizar la prostitución, no se gana nada discutiendo los méritos de ninguna de las dos opciones” (Prostitution Task Force 1999).

Aunque algunos observadores han documentado una mayor normalización e integración de la industria del sexo —en particular en lo relativo a la pornografía y el table dance, cuestiones que se han colado a los medios masivos, por no mencionar su flagrante abundancia en internet (Brents y Sanders 2010; Comella 2010; Jost 2008)—, la prostitución en Estados Unidos sigue siendo inaceptable. Es un hecho que cada vez se le sataniza, marginaliza y penaliza más, como resultado de los esfuerzos de una fuerte cruzada moral en su contra. Esta estaba enfocada en un inicio a combatir la trata de personas con fines sexuales, pero luego amplió su rango de acción a la prostitución, la pornografía, los table dances y todas las otras formas de comercio sexual.

Esta tendencia punitiva podría considerarse una reacción a la creciente disponibilidad y publicidad masiva de los servicios sexuales, y a aquello que los miembros de la cruzada moral y los líderes políticos consideran una normalización alarmante del sexo en venta. Dicho de otro modo, con ayuda de internet, la falta de regulación neoliberal del comercio y el florecimiento de los mercados libres han permitido que la industria del sexo crezca como nunca antes y a nivel mundial. El neoliberalismo también implica que los individuos tienen derecho a participar en el comercio sexual. En lo personal, sugiero que este relajamiento de la moral sexual tradicional, en combinación con la disponibilidad sin precedentes de una variedad cada vez más grande de servicios sexuales, es justo lo que ha provocado una fuerte resistencia por parte de la ya mencionada cruzada moral que intenta frenar esta ola al impulsar leyes que proscriban el trabajo sexual. Lo anterior es parte de una política simbólica más amplia en la cual ciertas fuerzas sociales han luchado contra otros signos de permisividad alarmante (Wagner 1997) y han intentado imponer una nueva respetabilidad. Hunt describe una de sus dimensiones de la siguiente forma:

La nueva respetabilidad refleja el papel al que aspiran mujeres en ascenso, a las cuales les preocupa mostrar [independencia de los hombres, lo cual] genera una sensación renovada de que el sexo y la sexualidad están en riesgo y en peligro. [...] Se expresa a través de la preocupación por el peligro externo del sexo general y de la sexualidad masculina en particular. [...] Esto, a su vez, enfatiza la postura de las mujeres como víctimas. [...] La manifestación más distintiva de la nueva respetabilidad es la preocupación con respecto al imaginario y la representación sexuales (Hunt 1999: 430).

Ese último punto puede extenderse al comercio sexual en general. En Estados Unidos, los esfuerzos de la cruzada moral estaban latentes en los años 90 del siglo xx, pero se fortalecieron en la siguiente década dado que el advenimiento del gobierno de George Bush abrió una ventana de oportunidad única para que las organizaciones que la conforman insertaran su propia agenda. Los acontecimientos de la administración Bush son consistentes con tendencias más generales hacia una mayor regulación moral que responden a los males sociales percibidos (Hunt 1999; Wagner 1997), pero también es evidente que su gobierno alteró radicalmente el grado de acceso estatal y de influencia en materia de políticas que tenían las fuerzas sociales comprometidas con ampliar las regulaciones morales.

En este artículo se examinan estos desarrollos con información tomada de grupos moralizadores, informes de agencias gubernamentales y legislaciones relevantes. Como veremos, los activistas de este movimiento han logrado con bastante éxito que sus posturas sean incorporadas en las políticas gubernamentales y en las prácticas de aplicación de la ley. Dicho de otro modo, la cruzada moral no se limita al mero debate ni a la intimidación, pues ha logrado en cierta medida instaurar la penalización de los servicios sexuales con castigos nuevos, un mayor número de arrestos y una creciente satanización oficial del comercio sexual.

La perspectiva de la cruzada moral

Las cruzadas morales son un tipo de movimiento social que considera que su misión es la tarea justa de combatir cierta condición o actividad que se define como un mal sin reservas. Las cruzadas morales tienen metas tanto simbólicas (intentar retrazar o reforzar las fronteras normativas y los estándares morales) como instrumentales (socorrer a las víctimas, castigar a quienes hacen el mal) (Cohen 1972; Goode y Ben-Yehuda 1994). Algunas están motivadas por auténticas inquietudes y deseos humanitarios de ayudar a las víctimas, mientras que a otras les interesa fundamentalmente imponer costumbres específicas sobre otros, sobre todo cuando las reglas convencionales parecen estarse deshaciendo y generan ansiedad con respecto a la erosión de las fronteras normativas o amenazan un estilo de vida que sus miembros valoran. El discurso de estas cruzadas tiene tres características centrales:

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  Inflación de la magnitud de un problema (por ejemplo, el número de víctimas, el daño a la sociedad) y argumentos que exceden por mucho la evidencia existente.

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  Historias de horror, en las que los casos más terribles se describen con mórbido lujo de detalle y se presentan como si fueran típicos y prevalecientes.

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  Convicción categórica: los miembros de la cruzada insisten en que cierto mal existe en la medida exacta en la que ellos lo describen y se niegan a reconocer cualquier escala de grises.

Al enfatizar las circunstancias de las víctimas traumatizadas, satanizar a los perpetradores y exagerar el alcance del problema, estos activistas buscan alarmar al público y justificar las soluciones draconianas que proponen.

La cruzada contra la trata y el trabajo sexual en Estados Unidos (y en otras naciones) ha estado dirigida de manera preponderante por una coalición entre la derecha religiosa y las feministas abolicionistas. Entre los miembros de la derecha se incluyen organismos como Focus on the Family (Enfoque en la familia), National Association of Evangelicals (Asociación nacional de evangélicos), Catholic Bishops Conference (Junta de obispos católicos), Concerned Women for America (Mujeres preocupadas por Estados Unidos), International Justice Mission (Misión por la justicia internacional), Shared Hope Internacional (Esperanza compartida) y muchos más. Entre los grupos feministas se incluyen la Coalición contra el Tráfico de Mujeres (catw, por sus siglas en inglés), Equality Now (Equidad ahora), el Protection Project (Proyecto de protección) y Standing Against Global Exploitation (sage - En contra de la explotación mundial); además, el movimiento en Estados Unidos está alineado con grupos extranjeros, como el Lobby europeo de mujeres. El término feminista abolicionista hace alusión a quienes argumentan que la industria del sexo debería ser eliminada porque objectiviza y oprime a las mujeres, acciones que se consideran inherentes al comercio sexual. Las organizaciones feministas dominantes, como la National Organization for Women (Organización nacional de mujeres), han tenido poca participación en este debate y se enfocan más en otros problemas que atañen a las mujeres.

Los miembros religiosos y feministas de esta coalición pueden tener puntos de vista distintos sobre otros problemas sociales, como el aborto, pero en general coinciden en lo relativo al trabajo sexual. El enfoque en un solo problema que tiene la mayoría de estos grupos feministas —centrado exclusivamente en la industria del sexo— opaca todos los otros problemas y explica su voluntad de colaborar con grupos de derecha para darle mayor legitimidad a su campaña al ser un empeño bipartito de izquierda y de derecha.

Durante el gobierno de Bush (2001-2008), esta cruzada logró tener una influencia tremenda en la elaboración de políticas y transformó con éxito el movimiento contra el tráfico con fines sexuales en un proyecto oficial del gobierno enfocado en todos los tipos de comercio sexual. Lo más notable de las sanciones legales resultantes es lo mucho que difieren de las políticas basadas en evidencias concretas. Como he argumentado en artículos anteriores (Weitzer 2007; 2005; 2010), casi todas las premisas de la cruzada sobre la trata de personas en particular y sobre el trabajo sexual en general carecen de sustento o se ha demostrado que son falsas. Una razón crucial por la cual la cruzada logró un éxito tan notable fue por la falta de un contradiscurso y por la presión ejercida por grupos influyentes. En las contadas ocasiones en las que sus premisas fueron desafiadas en foros públicos, quienes representaban a la oposición fueron ignorados o señalados como apologistas de proxenetas y traficantes. Lo anterior es contrastante con otras luchas morales, como los debates sobre las drogas o el aborto, en donde las premisas de los emprendedores morales han sido contrarrestadas enérgicamente por los defensores.

Tráfico de personas con fines de explotación sexual: realidades y ficciones

Los hechos vinculados con el tráfico con fines sexuales son un tanto turbios, pero hay algunos aspectos que sí son claros. Sabemos que la reubicación de un lugar a otro para la venta de sexo ha existido desde hace mucho. También sabemos que hay víctimas a quienes se les coacciona o se les incita con engaños a entrar al negocio del comercio sexual: las personas son transportadas a lugares en los que se les intimida para que se prostituyan. Los informes realizados en todo el planeta indican que el tráfico de personas con fines de explotación sexual por medios coercitivos es del todo real. También se sabe que el tráfico sexual puede ser muy lucrativo, desde el punto de vista de las terceras partes involucradas. De hecho, hay “pocas actividades criminales en las que la proporción ganancia-costo es tan alta” (Williams 1999: 153). Los actores más explotadores se hinchan los bolsillos con el trabajo de personas que acumulan poco dinero, si es que acaso reciben ganancias por su labor. Asimismo, algunos terceros violentan a quienes ejercen el trabajo sexual o exigen que tengan relaciones sexuales con ellos durante mucho tiempo.

Lo que desconocemos es cuántas personas son traficadas entre fronteras cada año. Las premisas principales de los grupos abolicionistas de que la magnitud del problema es inmensa y que va en aumento no tienen sustento alguno, pero son estratégicas. ¿A qué me refiero con que son estratégicas? A que las dimensiones de un problema social importan para atraer la atención de los medios de comunicación, los financiamientos y el interés de los responsables de la creación de políticas. Por ello, las cruzadas morales tienen la inclinación inherente de inflar la magnitud de un problema, y las cifras que presentan no suelen ser verificables (Goode y Ben-Yehuda 1994: 36-44). La cruzada en contra del tráfico de personas afirma que hay cientos de miles, sino es que millones de víctimas en todo el mundo, y que este problema ha alcanzado niveles epidémicos, afirmaciones que luego son reproducidas por funcionarios del gobierno de Estados Unidos y de otras naciones. Cuando se presentan cifras específicas, estas van de 600 000 a cuatro millones de víctimas.

Al igual que las cifras mundiales, las de Estados Unidos han cambiado radicalmente en muy poco tiempo. En el año 2000, el gobierno afirmaba que al año se traficaban entre 45 000 y 50 000 personas, cifra basada en gran medida en el reporte de un analista del gobierno hecho a partir de recortes de periódicos (Markon 2007).² Esta cifra sospechosa fue citada en la importante ley de protección contra la violencia a víctimas del tráfico (tvpa, por sus siglas en inglés) del año 2000, para justificar la nueva ley, la cual establece inequívocamente que “el Congreso ha descubierto que [...] cerca de 50 000 mujeres y niños son traficados hacia Estados Unidos cada año” (tvpa 2000: s. 102[b1]). El informe Trafficking in Persons (Tráfico de personas) del Departamento de Estado reprodujo esa cifra en 2002, pero, apenas un año después, la redujo a entre 18 000 y 20 000 (lo que representa una reducción de entre 60 y 64% de la original de 50 000), y los informes Trafficking in Persons de 2004 y 2005 la redujeron aún más, a entre 14 500 y 17 500. Los miembros del Congreso y los funcionarios del gobierno de Bush aceptaron estos datos sin cuestionamientos, y aprobaron la legislación con base en la noción de que una cantidad inmensa de gente estaba siendo víctima de esta recién descubierta forma moderna de esclavitud, que es como prefiere llamarle la cruzada moral.

Algunos organismos han puesto en tela de juicio las cifras. Por ejemplo, una evaluación realizada por la General Accountability Office (Oficina general de responsabilidades o gao) cuestionó los estimados prevalecientes por su “debilidad metodológica, carencia de información y discrepancias numéricas”. La gao concluyó que (i) “las cifras del país por lo regular no están disponibles, no son confiables o no son comparables”, (ii) que “el gobierno de Estados Unidos no ha establecido aún un mecanismo efectivo para calcular el número de víctimas”, (iii) como tampoco han podido hacerlo las organizaciones no gubernamentales que se dedican al tema (gao 2006). El Departamento de Justicia señaló que había una disparidad entre las cifras oficiales y el número de víctimas identificadas, la cual podía atribuirse ya fuera a la inexactitud de las cifras o a la falta de esfuerzos para hacer cumplir la ley:

Lo más importante es que el gobierno debe abordar la incongruencia entre el número estimado de víctimas de tráfico que entran a Estados Unidos —entre 14 500 y 17 500 [al año]— y la cifra de víctimas encontradas —solo 611 en los últimos cuatro años [20012004]— [...] La brutal discrepancia entre ambas cifras implica que los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos aún no son suficientes. Asimismo, debe evaluarse la cifra estimada para garantizar que sea precisa y que refleje el número de víctimas reales (us Department of Justice 2005a: 4).

El informe Trafficking in Persons realizado en 2008 por el Departamento de Estado, por primera vez no dio una cifra específica, sino que utilizó el ambiguo “miles” (US Department of State 2009). Este informe también afirma que entre 2001 y mediados de 2008 se han encontrado 1 371 víctimas de tráfico, cifra que sigue siendo apenas una fracción de las personas que supuestamente han sido traficadas hacia Estados Unidos en ese periodo (que, si nos basamos en la cifra oficial más conservadora, serían: 14 500 × 7.5 años = 108 750 personas) (US Department of State 2009).

Las organizaciones que componen la cruzada y las oficinas gubernamentales de Estados Unidos también aseguran que la cifra de víctimas de tráfico va en constante aumento. Por ejemplo, Bradley Myles, líder del Polaris Project, afirma que el tráfico de personas es “el delito que más rápido se multiplica en todo el mundo” (Iwasaki 2008). Curiosamente, esta afirmación contradice las cifras del propio gobierno, tanto en cuanto al tráfico internacional como el nacional, las cuales fueron disminuyendo de forma continua durante los ocho años de la administración Bush.

A nivel internacional, es evidente que el tráfico sexual ha aumentado en algunas partes del mundo, sobre todo el proveniente de la ex Unión Soviética y de Europa oriental. La separación del imperio soviético y la disminución de los estándares de vida de muchos de sus habitantes han facilitado la migración, pero también la han vuelto mucho más atractiva que antes. Ahora bien, el aumento del tráfico de personas tras la desaparición de la Unión Soviética no implica que el tráfico vaya en aumento. De hecho, es posible incluso que se haya estabilizado, como lo señala un informe de la Organización Internacional para las Migraciones cuando afirma que el número de víctimas de tráfico en el sureste de Europa que fueron identificadas y asistidas permaneció casi igual (aunque hubo una ligera disminución) entre 2003 y 2004 (Surtees 2005).³

Los investigadores han criticado las estadísticas proporcionadas por los activistas, las ong y los gobiernos por su “falta de transparencia metodológica” y de documentación de fuentes (Kelly 2005: 235-237), por haberlas extrapolado de unos cuantos casos de víctimas identificadas (las cuales no representan a la población general de víctimas) (Tyldum y Brunovskis 2005; 17) y por la falta de una definición estandarizada de víctima que sirva como base para estimar la magnitud del problema (Gozdziak y Collet 2005: 99). No obstante, tanto el Congreso como el gobierno de Bush hicieron caso omiso de estas críticas. Como declarara Tony Fratto, portavoz de la Casa Blanca, el problema “no son las cifras, sino que se trata de un crimen espeluznante. [...] ¿Cómo podemos permitir que ocurra, en la medida que sea, al interior de nuestras fronteras?” (Markon 2007). Dicho de otro modo, cuando se cuestionan las cifras, los funcionarios responden que estas no son lo que importa. Sin embargo, el gobierno sigue citando estas altísimas cifras para justificar el gasto de grandes sumas de dinero para financiar organizaciones abolicionistas que investigan el problema, así como para solventar los esfuerzos de aplicación de la ley para identificar y rescatar víctimas de tráfico tanto en Estados Unidos como en el extranjero, los cuales han retribuido poco en relación con lo que se ha invertido en ellos (Farrell, McDevitt y Fahy 2008; Ditmore 2009).

En pocas palabras, las cifras que reflejan la magnitud del problema no son confiables en lo más mínimo. Incluso los estimados generales son dudosos, dada la naturaleza clandestina del comercio sexual. Hay otros focos rojos, como que las cifras oficiales han fluctuado bastante en un periodo de tiempo corto, que relativamente pocas víctimas de tráfico coercitivo han sido localizadas y que hay discrepancias sustanciales en cuanto a cómo se define el tráfico y cómo se identifica a las víctimas y se las certifica como tales.

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Complejidades y toda una escala de grises

Las cruzadas morales esbozan los problemas en blanco y negro, pero el del tráfico de personas está lleno de matices y complejidades que suelen ser rechazadas por los líderes de la cruzada y por sus aliados en las instancias de gobierno. Uno de esos matices es la cuestión del consentimiento y de la intencionalidad. Si la cifra total de personas traficadas es opaca, es igual de incierto cuántos individuos han sido traficados a la fuerza o a través de engaños, en contraste con quienes han migrado con toda la información y el consentimiento sobre el tipo de trabajo que realizarán y la naturaleza de las condiciones de trabajo. Los líderes de la cruzada contra el tráfico de personas suelen poner ambos grupos en la misma categoría o simplemente niegan que cualquier persona sea capaz de aceptar trabajar en la industria del sexo.

Dentro de la población de mujeres migrantes que han entrado al negocio de la prostitución, hay una gran variedad de experiencias en el proceso migratorio, así como un amplio rango de relaciones complejas con los intermediarios. Asimismo, las y los migrantes tienen distintas metas y deseos, los cuales deben ser considerados en relación con las condiciones de sus lugares de origen. Como señala Julia O’Connell Davidson, aunque las y los migrantes experimentan condiciones laborales desagradables o de explotación en el lugar de destino, algunos de ellos creen que son “preferibles a permanecer en casa, en donde las amenazas a su seguridad —en forma de violencia, de explotación o directamente de privación alimenticia— son mucho mayores” (Davidson 2008: 9). Laura Agustín coincide cuando describe los factores de atracción y de rechazo que subyacen las acciones de algunos migrantes: “mucha gente huye de los prejuicios del pueblo, de trabajos miserables, de calles peligrosas y de familias sofocantes. Y a algunas de las personas más pobres les agrada la idea de resultar hermosas o exóticas en el extranjero, y de despertar el deseo ajeno” (Agustín 2007: 45-46). No pretendo romantizar el trabajo sexual, pero creo que este argumento es un contrapunto útil para el lugar común de la víctima que presentan las fuerzas abolicionistas, el cual es cuestionado por un corpus cada vez más grande de investigaciones sobre el tema:

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  Por ejemplo, una investigación realizada a inmigrantes que trabajaban en un salón de masajes coreano en Nueva York concluía que: “invariablemente, las coreanas afirmaban saber qué tipo de trabajo se esperaba que hicieran [...] Tenían relativa libertad de movimiento y habían entrado al negocio del sexo por voluntad propia [...] Como prostitutas, tenían un estilo de vida que no encajaba en el estereotipo de la víctima de tráfico de personas” (DeStefano 2007).

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  Un estudio sobre migrantes vietnamitas que trabajaban en Cam- boya descubrió que la mayoría de ellas sabía que iría a trabajar a un burdel, y sus motivaciones incluían “los incentivos económicos, el deseo de una vida independiente y la insatisfacción con la vida rural y el trabajo agrícola”. Después de las redadas en los burde- les organizadas por organizaciones de rescate, las mujeres “solían regresar a su burdel tan pronto como era posible” (Busza, Castle y Diarra 2004; véase también Steinfatt 2003).

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  En Australia, “la mayoría de las mujeres sabe que trabajará en la industria sexual y por lo regular decide venir a Australia con la creencia de que logrará ganar una cantidad sustancial de dinero. [...] Pocas de ellas se considerarían a sí mismas esclavas sexuales” (Meaker 2002).

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  En Europa, las investigaciones señalan que las mujeres “suelen estar conscientes de la naturaleza del trabajo [...] Muchas migrantes saben qué les espera, ganan grandes cantidades de dinero en poco tiempo vendiendo sexo y tienen control sobre las condiciones en las que trabajan” (Agustín 2005: 98-101). Una investigación sobre tráfico de mujeres de Europa oriental a Holanda descubrió que pocas de las 72 entrevistadas habían sido llevadas bajo coerción, y que muchas de ellas ya habían trabajado antes como prostitutas: “Para la mayoría de las mujeres, las motivaciones económicas fueron decisivas. La oportunidad de ganar una cantidad considerable de dinero en poco tiempo les resultó irresistible [...] En la mayoría de los casos quienes las reclutaron fueron amigos, conocidos o hasta familiares” (Vocks y Nijboer 2000: 383-384).

No se trata de descubrimientos aislados, pues otra investigación muestra que muchas migrantes se dedicaban al comercio sexual antes de la reubicación o estaban muy conscientes de que trabajarían en la industria del sexo en su nuevo hogar. Un analista concluye que “la mayoría de las víctimas de tráfico está consciente de que el trabajo que se le ofrece es en la industria del sexo” (Doezema 2000: 23-24). Ya sea que esto caracterice a la mayoría o no, es evidente que los traficantes no necesariamente encajan en el estereotipo de maldad encarnada que el movimiento en contra del tráfico de personas ha hecho popular. Algunos de los facilitadores son familiares, amigos o cómplices que hacen los arreglos de viaje, obtienen los documentos necesarios, proporcionan fondos y ayudan de cualquier forma necesaria en el proceso migratorio. Por ejemplo, muchas de las vietnamitas que trabajaban en burdeles en Camboya fueron reclutadas y transportadas por sus familiares, incluyendo madres y tías (Steinfatt 2003: 24). Este tipo de intermediario tiene una relación cualitativamente distinta con las migrantes que los depredadores que usan la fuerza o el engaño para incorporar a las víctimas a las filas del comercio sexual.

En pocas palabras, la evidencia indica que el fenómeno de migración para dedicarse al trabajo sexual es diverso y complejo. Hay varias trayectorias migratorias y distintas experiencias de trabajo que pueden implicar mucha coerción o explotación, o buena información e intencionalidad consciente de parte de la migrante. Sin embargo, dichas complejidades, matices y variaciones han sido ignorados por las fuerzas abolicionistas y por los gobiernos bajo su influencia.

Cuando el tráfico se mezcla con todos los otros tipos de trabajo sexual

Cuando una cruzada moral logra el éxito con respecto a su objetivo fundacional, en ocasiones pone la mirada en otros problemas que asocia con su razón de ser original, fenómeno conocido como expansión del dominio. Lo que a mediados de los años 90 empezó como una campaña contra el tráfico de personas con fines de explotación sexual se ha ido expandiendo de manera constante con el paso del tiempo. Asimismo, con el paso del tiempo el foco de atención de la cruzada ha empezado a ser la demanda, es decir, los clientes, quienes son satanizados cada vez más y son el blanco de penas muy duras, como se muestra a continuación:

1. La prostitución en la mira

Los conservadores religiosos han señalado desde hace mucho la prostitución por ser perversa y pecaminosa, además de considerarla una fuente de decadencia moral en la sociedad y una amenaza para la institución del matrimonio, pues rompe el vínculo entre sexo, amor y reproducción. La campaña en contra del tráfico de personas les ha dado a dichos conservadores nuevas oportunidades para expresar estos miedos, lo cual hacen en sus publicaciones, sus sitios de internet y en los medios de comunicación. Es como si la ofensiva gubernamental contra la prostitución ratificara las posturas de la derecha religiosa acerca del sexo y de la familia. Algunas líderes feministas de la cruzada también defienden posturas bastante tradicionales de la sexualidad apropiada. Por ejemplo, Kathy Barry, fundadora de catw, lo hace en un pasaje memorable de su trascendental manifiesto abolicionista, llamado Female Sexual Slavery (Esclavitud sexual de las mujeres):

Estamos volviendo a los valores que las mujeres siempre le han atribuido a la sexualidad, valores que nos han robado, que han sido distorsionados y destruidos conforme nos han colonizado a través tanto de la violencia sexual como de la supuesta liberación sexual. Son los valores y las necesidades que vinculan el sexo con la calidez, el afecto, el amor, el cuidado [...] Los valores sexuales y la experiencia positiva y constructiva del sexo deben basarse en la intimidad [...] Esto significa que el sexo no debe comprarse, adquirirse legalmente ni obtenerse por medio de la fuerza (Barry 1979: 227-230).

Otra líder de catw, Janice Raymond, pareciera estar de acuerdo cuando afirma que los clientes de la prostitución “carecen de responsabilidad, intimidad y emociones” en su comportamiento sexual (Raymond 2004).

El principio central de las feministas abolicionistas es que la prostitución es una institución de dominación masculina y de explotación de las mujeres. La página de internet de catw lo afirma de manera inequívoca: “toda forma de prostitución explota a las mujeres, independientemente de si hay consentimiento de su parte. La prostitución afecta a todas las mujeres, justifica la venta de cualquier mujer y reduce a todas las mujeres al nivel de objeto sexual”. Por lo tanto, esta forma de comercio sexual jamás calificaría como intercambio comercial convencional, como cualquier otro servicio, ni podría organizarse de forma que promoviera los intereses de las trabajadoras. Según insiste Laura Lederer: “Esta no es una forma legítima de trabajo [...] Jamás podría considerarse una forma legítima de ganarse la vida dado que es inherentemente dañina para hombres, mujeres y niños [...] Toda la industria del sexo representa un abuso de los derechos humanos” (Jones 2002).⁴

Los grupos abolicionistas han luchado para que se aprueben políticas dirigidas más bien al tráfico con fines de explotación sexual y no al tráfico con fines laborales. E. Benjamin Skinner, un periodista que empatizaba con la cruzada, discrepa con este enfoque exclusivo en el tráfico sexual:

Para la coalición dominante [...] la única forma de esclavitud —o al menos la única digna de la atención de los estadounidenses— es la prostitución. Por lo tanto, todas las prostitutas son esclavas. La suya es una lógica circular que confunde a quienes con frecuencia ayudan a verdaderos esclavos, a verdaderas prostitutas y a prostitutas verdaderamente esclavizadas (Skinner 2008: 289).

Los abolicionistas también suelen tener la intención de vincular el tráfico sexual con la prostitución (véase O’Connor y Healy 2006; Leidholdt 2003: 167). Su premisa central es que el tráfico con fines de explotación sexual es inseparable de la prostitución, y la prostitución es maligna por definición. No solo se mezclan ambas cosas, sino que los activistas abolicionistas también afirman que la mayoría de las trabajadoras sexuales han sido traficadas (Hughes 2003: 1). Dicha vinculación es un intento transparente de sentar las bases para lograr la meta máxima de la cruzada: eliminar el comercio sexual por completo. Por ejemplo, la activista Donna Hughes conmina a “reconectar el tráfico y la prostitución, y combatir el intercambio sexual comercial como un todo” (Hughes 2002: 2).

El gobierno estadounidense ha incorporado por completo a su discurso esta fusión entre tráfico sexual y prostitución. Una página de internet del Departamento de Estado llamada “The Link between Prostitution and Sex Trafficking” (El vínculo entre prostitución y tráfico sexual) reafirma esta conexión al proclamar que la prostitución “es inherentemente dañina”; es decir, que “deja a las mujeres y a los niños devastados física, mental, emocional y espiritualmente”, que la prostitución legal “crea un refugio para los criminales que trafican personas y las explotan sexualmente” y que la prostitución “es la forma más antigua de opresión” (us Department of State 2004). El sitio documenta estas nociones exclusivamente con textos de autores abolicionistas, como Janice Raymond, Melissa Farley, Donna Hughes y Gunilla Ekberg.⁵ Algunos funcionarios del gobierno cuestionaron en privado la representación que de la prostitución ha hecho la cruzada,⁶ pero este cuestionamiento interno no tuvo efecto alguno en la postura oficial del gobierno de Bush de que la prostitución es un mal incomparable.

Lo que falta en este discurso es el reconocimiento de que la prostitución y el tráfico con fines de explotación sexual difieren sustancialmente: la prostitución es un tipo de trabajo, mientras que la migración y el tráfico implican un proceso de reubicación para acceder a un mercado. Tanto a nivel empírico como conceptual, es inapropiado fundir ambas.

El deslizamiento entre tráfico y prostitución se facilita al satanizar al cliente, pues una cualidad esencial de las cruzadas morales es la identificación de los males encarnados, como ocurre en este caso (Cohen 1972). El foco de atención que en un inicio estaba puesto en los traficantes se ha ido expandiendo de manera constante hasta incluir a los clientes (la demanda), quienes son vistos como la causa principal del tráfico de personas. De hecho, algunos miembros de la cruzada definen tanto a los traficantes como a los clientes como depredadores. Melissa Farley declara que los clientes “no son meros chicos malos que necesitan una reprimenda, sino que una descripción más adecuada de ellos es que son depredadores” (Brown 2008). Un informe reciente sobre clientes de la prostitución en Escocia afirma que “la prostitución se entiende mejor como una transacción en la que hay dos papeles: explotador/depredador y víctima/presa”, y aboga por poner a los clientes “en la misma categoría que los violadores, los pederastas y otros indeseables” (Macleod, Farley, Anderson y Golding 2008: 27). Por su parte, Donna Hughes hace la siguiente acusación generalizadora: “Los hombres que compran actos sexuales no respetan a las mujeres ni tienen deseo alguno de respetarlas” (Hughes 2005). El título mismo del informe de Hughes, The Demand for Victims of Sex Trafficking (La demanda de víctimas del tráfico sexual) parece implicar que los clientes buscan intencionalmente involucrarse en el comercio sexual con víctimas del tráfico de personas.

Si bien es cierto que algunos clientes son depredadores, las premisas de amplio alcance de la cruzada moral no hacen más que caricaturizarlos. Las investigaciones acerca de los clientes advierten que no se deben hacer generalizaciones vagas, pues estos varían considerablemente en cuanto a sus antecedentes, su comportamiento y sus motivaciones para comprar servicios sexuales (Monto 2008; Sanders 2008; Lowman y Atchison 2006). Es verdad que existen clientes que actúan de manera violenta y otros que buscan prostitutas menores de edad, pero los clientes abusivos parecen ser una minoría (Monto 2008; Lowman y Atchison 2006). En un estudio, solo 8% de los clientes que fueron arrestados tenían antecedentes penales por algún delito sexual o violento (Brooks-Gordon 2006).

La atención prestada a la prostitución ha tenido repercusiones importantes en las políticas estadounidenses. En primer lugar, la mayoría de los esfuerzos por ejercer las leyes contra el tráfico de personas se ha centrado en casos de prostitución, por lo que han prestado mucha menor atención al tráfico con fines de explotación laboral (Farrell et al., 2008). Desde 2006, el Departamento de Justicia ha creado 42 grupos de trabajo especiales (unidades de vigilancia del cumplimiento de la ley coordinadas por diversas agencias gubernamentales) responsables de identificar a las víctimas del tráfico, aunque algunos de sus agentes consideran que el tráfico sexual y la prostitución están al mismo nivel, como lo revela una evaluación reciente: “Algunos grupos de trabajo locales se han enfocado exclusivamente en la prostitución, pues no hacen distinción alguna entre la prostitución y el tráfico con fines de explotación sexual” (Women's Commission for Refugee Women and Children 2007).

En segundo lugar, se han implementado medidas represoras en contra de la demanda (los clientes). La ley de reautorización de protección de víctimas del tráfico (tvpra, por sus siglas en inglés) autorizó que se distribuyera un presupuesto de 25 millones de dólares al año entre departamentos de policía para ampliar los arrestos de quienes “compran actos sexuales comerciales” y emprender otros esfuerzos para penalizar a los clientes, como financiar la creación de John Schools (tvpra 2005: s. 204[1b, 1c]), que son programas de tiempo completo para la rehabilitación de los clientes que están diseñados para aleccionar a los clientes que han sido arrestados acerca de los daños que causa la prostitución y disuadirlos de reincidir en el delito. Hasta 2008, 40 ciudades en Estados Unidos habían creado escuelas de este tipo, las cuales también han sido introducidas en Gran Bretaña y Canadá (Ohtake 2008). Tan solo en San Francisco, más de 5 700 clientes arrestados pasaron por la John School entre 1995 y principios de 2008 (Ohtake 2008).

La tvpra de 2008 ofrece recursos para asegurar un mayor cumplimiento de la ley. Ofrece financiamiento para la recolección policial de información sobre el comercio sexual, para hacer estudios sobre “el uso que hacen los criminales de negocios y servicios sexuales en internet” y para diseminar las mejores prácticas de aprehensión y procesamiento de quienes usan internet para la prostitución o el tráfico sexual (tvpra 2008: s. 237[c]). Sin duda esto sienta las bases para un mayor número de arrestos de personas que anuncian servicios sexuales en línea o que aprovechan dichos servicios. En los últimos años, muchos departamentos de policía en todo el país han empezado a monitorear cada vez más los anuncios en internet para localizar y arrestar a los proveedores.

Un tercer resultado importante se centra en las restricciones de elegibilidad para recibir financiamiento gubernamental. Los activistas abolicionistas presionaron con éxito al gobierno de Estados Unidos para que adoptara una política que negara el financiamiento a organizaciones que no estuvieran lo suficientemente comprometidas con erradicar la prostitución. Hoy en día, para ser elegible para recibir financiamiento del Estado, cualquier ONG extranjera que trabaje en el frente del tráfico debe declarar que se opone a la prostitución, en particular a la prostitución legal. Este requisito se agregó a la tvpra de 2003 y se aplica a cualquier actividad de la organización o financiamiento que reciba, incluyendo fondos que provengan de fuentes distintas al gobierno. La política del Departamento de Estado es clara: “no se otorgarán fondos del gobierno a organizaciones no gubernamentales extranjeras que apoyen la prostitución regulada por el Estado” (us Department of State 2004: 2). Esta medida se implementó a pesar de que el Departamento de Justicia cabildeó en contra de la medida y cuestionó su constitucionalidad.⁷ Además, la prohibición aplica a cualquiera, incluyendo a los propios estadounidenses que solicitan fondos para realizar investigaciones sobre el tráfico (National Institute of Justice 2007).

De igual modo, la ley contra el sida en el mundo, promulgada en Estados Unidos en 2003, exige que cualquier organización internacional que esté luchando por frenar la propagación del sida tenga “una cláusula que exprese de manera explícita su oposición a la prostitución y al tráfico con fines de explotación sexual” si quiere recibir financiamiento. La exigencia se extiende a los grupos estadounidenses que trabajan con organizaciones internacionales o subcontratan sus servicios. Las organizaciones que no toman postura frente a la prostitución, así como aquellas que están a favor de su despenalización o legalización no son elegibles para recibir financiamiento del Estado (véase Masenior y Beyrer 2004). El no hacerlo deriva en una negativa sumaria de financiamiento.

Estas restricciones promueven que la investigación y la intervención se incline en una dirección, con lo que se elimina la posibilidad de tomar en cuenta puntos de vista contrastantes y se privilegia e institucionaliza aún más la postura abolicionista. En mayo de 2005, 171 organizaciones tanto nacionales como extranjeras firmaron una carta dirigida al presidente Bush en la que se oponían a la exigencia de declararse en contra de la prostitución, pues creían que dicha política interfería con algunas propuestas prometedoras que requerían ganarse la confianza de los y las trabajadoras sexuales. Dada la restricción, varias ong se han negado a solicitar el financiamiento gubernamental.

Los sistemas de prostitución legal son uno de los blancos principales. La misión de catw es extensa e implica “cuestionar la aceptación de la industria del sexo y la normalización de la prostitución como trabajo, así como someter a escrutinio las iniciativas de ley en diversos países”. Se da por hecho que la legalización plantea una amenaza simbólica a la sociedad al darle la bendición estatal a una institución que oprime a las mujeres y que supuestamente también fomenta un mayor tráfico de personas con fines de explotación sexual al quitarle las restricciones a una industria previamente ilegal y circunscrita. La codirectora de catw, Janice Raymond, ha declarado que “la legalización y la despenalización de la industria de la prostitución es una de las principales causas del tráfico sexual” (Raymond 2003). Asimismo, Linda Smith, directora de Shared Hope International, testificó en el Congreso estadounidense que el gobierno debería “considerar que en los países donde la prostitución es legal o tolerada no hay leyes ni esfuerzos legales suficientes para erradicar el tráfico sexual” (Smith 2002). Concerned Women for America, por su parte, afirma que “legalizar la prostitución no remedia el problema del tráfico sexual, sino que más bien lo potencia”.

El estado de Nevada es el único lugar en Estados Unidos en donde la prostitución es legal y está regulada por el gobierno, por lo que se ha convertido en el blanco de los abolicionistas. Según ellos, ahí los burdeles destacan como antros de mala muerte cuyos delitos están listos para ser tipificados. Las bases de la penalización se sentaron en una investigación reciente sobre los burdeles financiada por el Departamento de Estado y realizada por la activista abolicionista Melissa Farley. Su informe se esmera en satanizar los burdeles legales del estado, y ha sido criticado por varios académicos que han estudiado dichos burdeles por más de una década (Hausbeck, Brents y Jackson 2007). Describo este informe a cierto detalle en este artículo puesto que ha recibido mucha atención y elogios de los medios de comunicación, incluyendo el influyente New York Times, y se le dio el sello de credibilidad cuando se publicó como un informe oficial del Departamento de Estado. Está saturado de premisas descabelladas que se basan en anécdotas y e información imprecisa, lo cual es característico de los textos de Farley.⁸ En primer lugar, la autora no ofrece evidencias de que exista tráfico en los burdeles, y en vez de eso confía en las percepciones de unos cuantos individuos para establecer dicha conexión:

Las mujeres son traídas ilegalmente de otros países a los burdeles legales de Nevada [...] En Nevada, 27% de las 45 personas entrevistadas [o lo que es lo mismo, solo 12 individuos] en los burdeles legales de Nevada creían que había inmigrantes indocumentadas en los burdeles legales. Otro 11% dijo no estar seguro, mientras que hasta 38% de las mujeres entrevistadas pueden haber tenido noticia de que hubiera mujeres extranjeras traficadas prostituyéndose en los burdeles legales de Nevada (Farley 2007: 118-119; las cursivas son mías).

Otra forma de reportar este descubrimiento sería decir que hasta 62% de las personas entrevistadas no creía que hubiera mujeres traficadas en los burdeles, mientras que el resto no tenía opinión alguna o creía que eran inmigrantes indocumentadas, que no es lo mismo que decir que fueran víctimas de tráfico. Curiosamente, Farley convierte las creencias de una minoría en evidencia de que hay tráfico. En otra parte, Farley escribe que unas cuantas mujeres en un burdel le contaron que en otro burdel había mujeres que habían sido traficadas desde China. En vez de considerar estas declaraciones como rumores, las presenta como si lo que relataran fuera un hecho, y llama testigos a quienes le contaron esa historia, con lo cual les da a sus declaraciones un aura de credibilidad (Farley 2007: 120).

En segundo lugar, Farley tergiversa sus hallazgos para que encajen en su orientación abolicionista. En entrevista con algunas trabajadoras de ocho de los 30 burdeles legales en Nevada, la autora afirma que: “Sabía que intentarían minimizar lo malo que es trabajar ahí’ (Farley 2007: 22). Si la entrevistada no afirmaba que su trabajo en el burdel era malo, la autora afirmaba que era porque estaban en negación, barrera que entonces ella intentaba penetrar: “les estábamos pidiendo que por un instante se quitaran una máscara que era esencial para su supervivencia psicológica” (Farley 2007: 22). También afirma que la mayoría de las mujeres que trabajan en burdeles legales tenían proxenetas, a pesar del hecho de que las mujeres “estaban renuentes a admitir que sus maridos o esposos las obligaban a prostituirse” (Farley 2007: 31). Y “un porcentaje sorprendentemente bajo —33%— de nuestras entrevistadas en los burdeles legales reportaron haber sido víctimas de abuso sexual en la infancia”, porcentaje que “es menor que la incidencia actual probable de abuso sexual, dada la presencia de síntomas de insensibilidad, evasión y disociación entre estas mujeres”, o de incomodidad al discutir ese tipo de experiencias (Farley 2007: 33). Al citar la investigación de Brents y Hausbeck que concluye que los burdeles “representan los ambientes más seguros a disposición de las mujeres para vender actos de sexo consensual a cambio de dinero” (Brents y Hausbeck 2005: 289), Farley menosprecia sus hallazgos con el argumento de que “esa seguridad es relativa, dado que toda la prostitución se asocia con una probabilidad alta de violencia” (Farley 2007: 20). Por lo demás, descarta de forma sumaria el resto de las evidencias que contradicen su postura.

Pero ¿qué hay de los sistemas legales en otras partes del mundo? La propia valoración del Departamento de Estado parece socavar la noción de que los sistemas en los cuales la prostitución es legal son como un imán para el tráfico sexual. En su informe anual Trafficking in Persons Report, encontró que varias naciones en donde la prostitución es legal (Australia, Alemania, Holanda y Nueva Zelanda) “cumplen del todo con los estándares mínimos para combatir el tráfico de personas”. Asimismo, el informe de 2005 revela que las autoridades holandesas reportan una “disminución del tráfico en el sector legal”, hallazgo que confirman también otros analistas (Transcrime 2005).⁹ En lugar de ser un imán que atrae migrantes a un país, pareciera que la prostitución legal puede ayudar a disminuir el tráfico debido al aumento de vigilancia. Además, “la prohibición de la prostitución y las restricciones de viaje son lo que atrae al crimen organizado y abre la posibilidad de obtener jugosas ganancias, así como de generar en las prostitutas la necesidad de protección y de asistencia” (Murray 1998: 60). En palabras de Kamala Kempadoo, “los traficantes se aprovechan de la ilegalidad del trabajo sexual comercial y de la migración, y son capaces de ejercer una cantidad excesiva de poder y control sobre [las y los migrantes] [...] En esos casos, los principales obstáculos son las leyes que evitan el trabajo sexual comercial y la inmigración” (Kempadoo 1998: 17).

Además de tener el potencial de desalentar el tráfico con fines de explotación sexual, la prostitución puede organizarse de tal forma que mejore las condiciones de seguridad, salud y satisfacción laboral de quienes la ejercen, lo cual parece confirmarse en varios países. No es que estos sistemas estén libres de problemas, pero la evidencia obtenida en ellos contrasta impresionantemente con la imagen de la prostitución propuesta por la cruzada moral.¹⁰

2

La pornografía y el desnudismo en la mira

La expansión de dominio abarca más que solo la prostitución. Los activistas abolicionistas han presionado al gobierno para que se penalice “el comercio sexual en su totalidad” (Hughes 2002: 2), y hasta la fecha han tenido cierto éxito. La legislación clave sobre el tráfico sexual define “las actividades sexuales comerciales” como “cualquier acto sexual por el cual cualquier persona da o recibe algo de valor a cambio” (tvpa 2000: s. 103[3]; tvpra 2005: s. 207[3]). Un propósito de la propuesta de ley para erradicar la demanda de tráfico sexual de 2005 era “combatir las actividades sexuales comerciales” en general, puesto que “las actividades sexuales comerciales tienen un impacto devastador en la sociedad. El comercio sexual tiene un efecto deshumanizante en todos los involucrados”. La ley se centraba en una amplia variedad de actos sexuales, como los lap dances en clubes de strip tease, la prostitución legal en burdeles en Nevada y la pornografía. Partes de esta propuesta de ley se incluyeron en la tvpra de 2005, la cual contiene una sección que hace referencia repetidamente a la necesidad de investigar y combatir el “tráfico de personas y la demanda de actos sexuales comerciales en Estados Unidos” (tvpra 2005: s. 201a), con lo cual se difumina casi del todo la línea divisoria entre el tráfico con fines de explotación sexual y el sexo comercial.

El informe de Donna Hughes sobre el tráfico (financiado por el Departamento de Estado) incluye secciones sobre la pornografía y el desnudismo (Hughes 2005).¹¹ En él afirma que “la introducción de la práctica del lap dancing (baile en el regazo) ha eliminado casi por completo la distinción entre baile y prostitución”, y también que las mujeres y las niñas son traficadas con la intención de que se presenten y se desnuden en clubes de strip tease (aunque solo encontró seis casos de esto en Estados Unidos entre 1998 y 2005) (Hughes 2005: 22, 26). Otros miembros de la cruzada han hecho afirmaciones similares acerca de los clubes de strip tease, lo que el futuro puede derivar en mayor supervisión y control gubernamental. Hughes, sin embargo, sostiene que estos lugares “son atractivos para algunos criminales porque asumen que, si el desnudismo en clubes es legal, es menos probable que los atrapen traficando mujeres para estos mercados” (Hughes 2005: 22), a pesar de la abrumadora evidencia que demuestra que el crimen organizado prospera en circunstancias en las que un vicio en particular está penalizado —como lo han demostrado en muchas ocasiones las prohibiciones de drogas, apuestas y alcohol— y que tiende a disminuir su acción cuando dicho vicio se legaliza.¹² El crimen organizado también puede reducirse en el caso de la prostitución legal. En Queensland, Australia, una evaluación gubernamental concluyó que el crimen organizado había sido eliminado en gran medida en los burdeles legales, y en Nueva Zelanda un estudio realizado por el gobierno no encontró evidencia alguna de involucramiento criminal en la prostitución (Crime and Misconduct Commission 2004; Prostitution Law Review Committee 2008: 163-164). En otros lugares, el crimen organizado puede ser más resistente en cierto sector en particular, pero la premisa de que necesariamente aumenta cuando se legaliza la prostitución, como afirman los abolicionistas, es dudoso.¹³

La pornografía también está siendo sujeta a un nuevo escrutinio. La mayoría de los grupos involucrados en la cruzada en contra de la prostitución se alarman en igual medida frente a la pornografía, y han empezado a asociarla con el tráfico. En un artículo titulado “Pornography as trafficking” (Pornografía como forma de tráfico), Catherine MacKinnon, icono del abolicionismo, pone al mismo nivel la distribución de la pornografía y el tráfico de personas representado en la pornografía:

En los materiales resultantes, estas personas son entonces transportadas y vendidas para el uso sexual de un comprador [...] Cada vez que la pornografía se intercambia comercialmente, el tráfico continúa a medida que las mujeres y los niños que participan en ella son transportados y entregados como objeto sexual, vendidos y comprados de nuevo. Hacer todo esto con el propósito de explotar la prostitución de otros —lo cual la pornografía hace intrínsecamente— lo convierte en tráfico de personas (MacKinnon 2005: 993, 1004).

El desfase entre materiales y personas llama mucho la atención. La fusión es aún más sospechosa en el argumento circular de MacKinnon en el que afirma que: “La industria de la pornografía, en su producción, genera una demanda de prostitución y por lo tanto de tráfico, porque en sí misma es una forma de prostitución y de tráfico” (MacKinnon 2005: 999).

En los años 90 aumentó en gran medida el acceso a la pornografía gracias al video, la televisión por cable e internet. El mercado en expansión de materiales sexuales despertó la ansiedad de los grupos conservadores y de las feministas prohibicionistas, cuyos líderes se quejaban de que el gobierno de Bill Clinton ignoraba la amenaza creciente a los valores tradicionales y a las mujeres (Public Broadcasting Service 2006). Los grupos en contra de la pornografía habían confiado en que la llegada de Bush a la presidencia implicaría la implementación de medidas restrictivas contra la pornografía, aunque esto no se materializó sino hasta su segundo periodo de gestión. Dos años después de que tomara posesión, una organización de derecha conocida como Concerned Women for America analizó el balance hasta la fecha del Departamento de Justicia, y se quejó de que solo estuviera abordando las formas más extremas de pornografía.

Hasta que el Departamento de Justicia persiga a los principales productores de pornografía hard-core y distribuidores de materiales constitutivos de delito, aunque sean de naturaleza menos pervertida, los miembros de esta industria seguirán amasando millones al explotar a las mujeres, hacer adictos a los hombres, exponer a los niños, destruir los matrimonios y contaminar la cultura, mientras ellos se ríen entre sí de camino al banco (LaRue 2003).

El fiscal general John Ashcroft celebró reuniones privadas con algunos grupos conservadores en 2002 para mitigar sus inquietudes, y el fiscal general Alberto Gonzales creó una nueva unidad de Departamento de Justicia en 2005 con este mismo fin (la Fuerza de Trabajo de Lucha contra la Obscenidad), pero los activistas antipornografía no estaban satisfechos (Sullivan 2004). Una carta escrita en 2007 al presidente Bush y firmada por más de 50 de los principales involucrados en el movimiento en contra de la pornografía lo instaba a emprender una guerra contra la pornografía. Sus autores se mostraban alarmados por el aumento explosivo en la disponibilidad de la pornografía, la cual asocian con una serie de daños. Argumentan que “el tráfico de mujeres y niños [se] vincula con la propagación de la obscenidad” y que la pornografía “corrompe a los niños, arruina matrimonios, contribuye a los delitos sexuales contra niños y adultos, y socava el derecho de los estadounidenses de vivir en una sociedad decente” (vv.aa. 2007).¹⁴ En la carta reclaman que el Departamento de Justicia ha sido laxo en su papel de hacer cumplir las leyes contra la obscenidad, exigen que se persigan con más intensidad los casos de pornografía y le piden a Bush que “ponga la lucha contra la obscenidad en los primeros lugares de su lista de prioridades”. Dos años antes, uno de los firmantes, Patrick Trueman (exdirector de la unidad de lucha contra la obscenidad del Departamento de Justicia y actual consejero jurídico del Family Research Council) testificó ante el Congreso que “la pornografía está muy relacionada con un aumento en las cifras de prostitución, prostitución infantil y tráfico de personas [...] La pornografía es uno de los factores que más fomenta la demanda de sexo ilícito” (Trueman 2005). Mientras tanto, Donna Hughes afirmaba que los productores de pornografía “suelen depender de las víctimas de tráfico” (Hughes 2005: 26), cargos que se hacían sin evidencias sustanciales.

Es evidente que la normalización de la pornografía y su incorporación a la cultura es la fuerza que motiva la intensa campaña de los activistas abolicionistas por penalizar su producción, distribución y posesión. En palabras de Robert Peters, líder de la organización Morality in Media:

[...] si pudiéramos enviar un mensaje a la gente de que el sexo no se trata de esto, habremos ganado más de la mitad de la batalla. Sin importar si eres creacionista o darwinista, el sexo está ligado a algo más que masturbarse frente a imágenes de otros individuos teniendo relaciones sexuales. Está ligado a las personas, a nuestra capacidad de amar (Beato 2004).

La presión ejercida por estos grupos e individuos permite explicar las acciones recientes del gobierno con respecto a la pornografía. En general, la ley no ha cambiado (la decisión Miller de 1973 que estipula que los estándares comunitarios locales deben usarse para determinar si algo es obsceno sigue siendo la piedra angular de la ley que regula la pornografía),¹⁵ pero su aplicación se ha extendido. Recientemente, el Departamento de Justicia lanzó una nueva campaña contra la pornografía que incluía mayores recursos enfocados hacia la pornografía de adultos (pues la práctica previa se centraba en la pornografía infantil [Kay 2005]). El Departamento de Justicia también creó una nueva unidad (la Fuerza de Trabajo de Lucha contra la Obscenidad) junto al ramal de lucha contra la obscenidad ya existente (US Department of Justice 2005; Schmitt 2004). El jefe de esta nueva unidad, Brent Ward, fue fiscal federal en Utah durante el gobierno de Ronald Reagan, tiempo en el que persiguió con ahínco a los distribuidores de pornografía, intentó imponer nuevas restricciones a los clubes de strip tease, enjuició a una compañía de sexo telefónico y obligó a las dos salas de cine para adultos que quedaban en Utah a cerrar sus puertas (Gehrke 2007). Otra figura central es Bruce Taylor, quien trabajó en la unidad de lucha contra la obscenidad del Departamento de Justicia durante el gobierno de Reagan, fue abogado de la agrupación antipornografía líder en Estados Unidos (Citizens for Decency through Law [Ciudadanos a favor de la decencia por medio de la ley], fundada en 1956) y presidente de otra organización en contra de la pornografía (el National Law Center for Children and Families [Centro nacional jurídico para familias y niños]). En la actualidad es consejero legal titular de la unidad de lucha contra la obscenidad (Schmitt 2004). Las designaciones de Taylor y de Ward fueron celebradas por los grupos de derecha que habían presionado al gobierno de Bush para que emprendiera una nueva guerra contra la pornografía (LaRue 2004).

Una situación intrigante es el vínculo existente entre el Departamento de Justicia y una de las organizaciones antipornografía líderes en el país, Morality in Media (Moralismo en los medios, o mim). La página de internet del Departamento de Justicia contiene una sección llamada “¿Qué pueden hacer los ciudadanos para combatir la obscenidad?” que alienta a las personas a reportar casos de “pornografía hard-core”. Desde 2004, los visitantes que dan clic en ese icono son redireccionados al sitio ObscenityCrimes.org, cuyos empleados realizan una evaluación del caso. Este sitio es dirigido por MIM, el cual recibió dos financiamientos sustanciales para solventar el trabajo de dos oficiales de policía retirados que hacen el trabajo de evaluación (Bates 2007). En los últimos años, mim ha transferido 67 000 quejas ciudadanas al Departamento de Justicia (Lewis 2007), y el hecho de que la página del Departamento proporcione vínculos para sitios de mim parecería reflejar una convergencia perfecta de intereses con una organización muy tendenciosa.

Mientras que el gobierno de Clinton casi no procesó casos que implicaran obscenidad adulta, Bush si emprendió varias acusaciones. Entre 2001 y mayo de 2005, dichas acusaciones derivaron en condenas de 40 individuos y negocios, asi como en otras veinte resoluciones pendientes (s/a 2005). Este record no parecia satisfacer a los activistas en contra de la pornografia, como evidencia la queja del exfuncionario del Departamento de Justicia Patrick Trueman:

Los pocos casos que han sido procesados son de pornografía extrema que muestra violencia, defecación o animales. La mayoría de la gente no tiene interés en estas cosas, como tampoco son los temas de la industria de la pornografía convencional. Sin embargo, al perseguir sólo los casos de obscenidad extrema, le estamos dando luz verde a la industria de la pornografía convencional. Existe la percepción de que todo lo que no es pornografía extrema es legal, pero no es así. El hecho de que no se hagan acusaciones en su contra no la hace legal [...] La mayor parte de la pornografía viola los estándares comunitarios; eso la hace ilegal, lo cual es fácil de demostrar (Laugesen 2007).

Trueman después describe los peligros que implican su normalización y convencionalidad:

A la industria de la pornografía convencional se le ha dejado hacer casi todo lo que ha querido. La pornografía es tan ubicua hoy en día que los estudiantes universitarios ya no saben cómo relacionarse con las mujeres, puesto que la pornografía los ha condicionado a creer que tienen derecho a obtener servicios sexuales de parte de ellas sin necesidad de entablar una relación. Consumen una dieta de pornografía tan regular que ya no saben distinguir entre el amor y el deseo sexual (Laugesen 2007).

En pocas palabras, podría decirse que la tendencia en cuanto a la aplicación de la ley contra la pornografía durante el gobierno de Bush tardó en materializarse y ha tenido un alcance mucho menor del esperado por los activistas de la cruzada, a pesar de que fue mayor que durante la administración Clinton. Con Bush, los esfuerzos gubernamentales para erradicar la pornografía fueron menos intensivos que las innovaciones legales sustanciales y las fuertes acciones de refuerzo de la ley contra la prostitución y el tráfico de personas con fines de explotación sexual, aunque aun así formaron parte significativa de los amplios ataques del Estado contra la industria del sexo en general.

A seis meses de la llegada de Barack Obama a la presidencia, pocas cosas han cambiado. Brent Ward sigue al frente de la Fuerza de Trabajo de Lucha contra la Obscenidad, y los fiscales del Departamento de Justicia siguen trabajando en casos heredados de la administración anterior (Gerstein 2009). En julio de 2009, una gran coalición de organizaciones en contra de la pornografía, encabezadas por el Alliance Defense Fund, solicitó una audiencia con el nuevo fiscal general del presidente Obama, Eric Holder. Su carta a Holder ilustra, de nueva cuenta, mi argumento de que la cruzada abolicionista actual es una respuesta directa a la percepción de un derrumbamiento de la moral sexual tradicional causado por el florecimiento del comercio sexual y la supuesta sexualización de la cultura en general:

Desde el surgimiento de internet, la pornografía ilegal ha inundado los hogares, los negocios, las bibliotecas públicas y hasta las escuelas. Los resultados han sido devastadores para nuestro país. La adicción a la pornografía es muy común entre hombres, mujeres y muchos niños. Los niños están creando pornografía con sus celulares, siguiendo una nueva tendencia llamada sexting (mensajes de texto con contenido sexual). El uso de la pornografía es un factor significativo en el aumento de los divorcios. Los hoteles, los moteles y las compañías de televisión por cable y satelital, así como muchos otros negocios, se están enriqueciendo al ofrecer pornografía ilegal y obscena a sus clientes. Estados Unidos se está convirtiendo en una nación pornificada [...] Estamos obligados a escribirle y pedirle al gobierno que amplíe sus esfuerzos para combatir el vicio de la pornografía (Alliance Defense Fund 2009).

Los autores se oponen tanto a los materiales obscenos (es decir, la pornografía que ha sido considerada obscena por un jurado) y el vicio de la pornografía en general, incluyendo la que es legal.

Conclusión

La evidencia aquí presentada muestra que las fuerzas dominantes de la cruzada abolicionista que está en contra del tráfico de personas con fines de explotación sexual, así como sus aliados en el gobierno estadounidense, están comprometidos con emprender un ataque más amplio contra el sexo comercial —incluyendo la prostitución, los clubes de strip tease y la pornografía—, cuyas formas se asocian con el tráfico y la esclavitud sexual. La represión, e incluso la penalización directa, de la pornografía y de los clubes de strip tease se vuelve más atractiva para las organizaciones dominantes y para los políticos moderados si es posible vincularlos con el tráfico sexual; es decir, si logran convencer de que las trabajadoras sexuales en estos sectores han sido coaccionadas y traficadas. Dicha expansión del dominio ha sido un proceso gradual. El enfoque inicial exclusivamente en el tráfico se fue ampliando a medida que los activistas comenzaron a insistir que todos los sectores de la industria del sexo comercial deberían ser sujetos a represión. La evidencia de esta expansión del dominio puede hallarse en las áreas que deben someterse a mayor escrutinio según la propuesta de ley para ponerle fin a la demanda de comercio sexual, en la mayor represión a la prostitución en territorio nacional contemplada en la tvpra de 2005 y de 2008, en la exigencia de que quienes buscan financiamiento gubernamental para investigar o intervenir en el tema del tráfico de personas o del sida deben firmar que están en contra de la prostitución, y en el aumento en el número de investigaciones sobre productores y distribuidores de pornografía adulta por parte del Departamento de Justicia de acuerdo a las leyes contra la obscenidad.

La cruzada moral ha logrado con éxito dejar de ser un movimiento social y convertirse relativamente rápido en un proyecto del gobierno estadounidense, al haberse institucionalizado casi por completo en el discurso oficial, la legislación y las prácticas de aplicación de la ley durante la administración Bush. Durante ese periodo hubo una osmosis extraordinaria entre la ideología de la cruzada y del gobierno, y las iniciativas políticas. Como he mostrado aquí y en otros textos, el éxito de este movimiento se debe en gran medida a la convergencia de intereses y a la interpenetración organizacional entre grupos de la cruzada y el gobierno de Bush, muy parecida a la asociación entre organizaciones antipornografía y la administración Reagan a mediados de los años 80 (Weitzer 2007; 2005; 2010). Es improbable que la entrada del nuevo gobierno de Obama altere el statu quo, dado el gran alcance que ha logrado tener la inversión institucional en el abolicionismo. Lo que sí es factible es que las fuerzas políticas y religiosas de derecha tengan menor acceso al Estado que durante la administración Bush, aunque es predecible que las leyes, los aparatos de las agencias estatales y la maquinaria de aplicación de la ley se mantengan firmes en su lugar en el futuro

Traducción: Ariadna Molinari Tato