Estamos reunidos frente a Lázaro Cárdenas, por primera vez después del golpe de Estado legislativo que han dado contra la nación y contra el pueblo las mayorías legislativas pusilánimes e incondicionales a un Poder Ejecutivo entreguista.
Este golpe de Estado legislativo se completó en diciembre de 2014 al aprobarse la llamada reforma energética y al rechazar, mediante una absurda argumentación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la consulta popular demandada por al menos seis millones de ciudadanos, consolidando así un régimen que estará cada vez más en el dominio y para beneficios de los más privilegiados.
En agosto de 2013, el titular del Ejecutivo sostuvo, en la exposición de motivos de las reformas constitucionales en materia de energía, que los beneficios esperados serían la restitución de las reservas de hidrocarburos a tasas superiores a 100%, la elevación de la producción de petróleo a 3 millones de barriles diarios para el 2018 y a 3.5 para el 2025, así como la integración nacional de la industria del abasto de gasolina y gas.
Actualmente, a poco más de un año de esos engañadores anuncios, nada permite pensar que esos objetivos, al mantener una política petrolera entreguista y sin inversiones del Estado en la propia industria, puedan alcanzarse, además que las circunstancias nacionales e internacionales han cambiado radicalmente: la violencia delincuencial continúa en niveles crecientes, incontrolables por el gobierno; la desaparición forzada de estudiantes normalistas de Ayotzinapa, reclamo que habrá que sostener con fuerza hasta que sean presentados todos con vida, ha generado una movilización popular que recorre el país, con un eco internacional sin precedente; actos de corrupción que involucran a los más altos funcionarios de la Federación han acabado por demoler la credibilidad gubernamental, llevándose de paso a los partidos políticos vinculados, agudizando la crisis política y social que México no había vivido en las últimas décadas; y la inversión productiva no sólo no acaba de llegar, sino que se aleja.
Por otra parte, desde mediados del 2014 el mercado petrolero ha experimentado una severa caída de sus precios, arrastrando a la estabilidad económica del país. Es previsible que los altos precios alcanzados no se recuperen, si bien va, hasta después de finalizado el actual sexenio, con serias afectaciones a las finanzas del gobierno y al desarrollo económico visto a mediano plazo.
Además, es conocido el desequilibrio existente entre las calidades del aceite que se produce. La extracción de aceites ligeros (tipo Olmeca) ha disminuido en más de un 40%, lo que trastorna el abasto y aumenta las ineficiencias de las refinerías nacionales. Esta situación se ha tratado de superar mediante la reconfiguración de las refinerías, pero la falta de inversión ha llevado este proceso con una gran lentitud, con la consecuencia ahora, de que además de importar la mitad de los combustibles que se consumen en el país, que representa un jugosísimo negocio para los intermediarios que se mantiene para el público en la obscuridad, se empiecen a importar crudos ligeros de los Estados Unidos en el orden de 100 000 barriles diarios, aun cuando se mantiene la exportación de 225 000 barriles diarios de ligeros mexicanos.
Con cierto optimismo, puede estimarse que los precios del petróleo se establecerán por un tiempo en el orden de los 55 dólares por barril. La Secretaría de Hacienda hizo que en el presupuesto de ingresos de la Federación, el Congreso fijara al petróleo un precio de 79 dólares por barril, previendo así un ingreso de $1 214 000 000 000 (un billón doscientos catorce mil millones de pesos). Entre 2013 y 2014 la producción sufrió una caída de 93 000 barriles diarios. Hacienda estimó una producción de 2.4 millones diarios en 2015, aunque ya el primer trimestre del año registra que esa cifra no se ha alcanzado, quedando 41 000 barriles abajo, lo que representa un déficit $11 200 000 000 (once mil doscientos millones de pesos) en ingresos fiscales.
Desde 2002 el gobierno ha contratado coberturas financieras para que las ventas de petróleo no fueran a quedar por debajo de las estimaciones del presupuesto aprobado. Estas coberturas de alto costo, que cobran operadores financieros internacionales, sólo fueron utilizadas en el 2009. El pasado 13 de noviembre, el Secretario de Hacienda anunció que se habían cubierto 228 000 000 de barriles, a 76.4 dólares por barril, y que los 2.6 dólares faltantes para alcanzar el precio previsto estarían cubiertos por el Fondo de Estabilización Petrolera. La operación costó al país Dlls. 773 000 000 (setecientos setenta y tres millones de dólares), aunque por otro lado el mismo funcionario afirmó textualmente que: el gobierno de la República ha cubierto a 100% los ingresos petroleros para el ejercicio 2015 en los términos establecidos por la Ley de ingresos de la Federación aprobada por el Congreso de la Unión para el año que entra.
Aquí salta una contradicción entre estas dos declaraciones: la Ley de ingresos prevé una producción para el año de 876 000 000 barriles (ochocientos setenta y seis millones de barriles), destinándose a la exportación 416.8. Así, la producción efectivamente cubierta representa sólo 26% del total o 54% de la exportación. Se presenta entonces un hueco fiscal de $11 500 000 000 (once mil quinientos millones de pesos) entre lo cubierto y el total de la producción, si el precio del barril se ubica en los 55 dólares. ¿Cómo se va a cubrir ese déficit? ¿Qué explicación se da para haber anunciado una cobertura de 100% cuando sólo se cubrió una parte? ¿Cómo se manejará ese faltante de ingresos: con recortes y más recortes?
Vayamos ahora a lo más actual: las rondas para asignar áreas de exploración y explotaciónDesde que el gobierno dio a conocer la Ronda Cero, informó que con las asignaciones de la mayoría de las reservas en proceso de explotación a Pemex, así como una parte de las probables y posibles, el organismo podría sostener los niveles de 2.4 millones de barriles diarios y un flujo regular de recursos fiscales en los años venideros, esperando la incorporación de los operadores particulares para alcanzar la producción de 3 millones de barriles por día en 2018. Planteó, como medida complementaria, que los actuales contratos de servicios se transformaran de inmediato en contratos de producción compartida y que con todo ello se atraería una inversión de 8 500 millones de dólares anuales en un programa sin precedente en el mundo.
La caída de los precios modificó las expectativas. En vez de haberse licitado para estas fechas 169 bloques, en una superficie de 28 500 Km2, en lo general en zonas con altos grados de dificultad y elevados costos de explotación (Plegado Perdido, 11; lutitas, 8; Chicontepec, 89; aguas profundas, 17; y terrestres y aguas someras en el Golfo de Campeche), se han licitado sólo 14 bloques de las costas de Veracruz, Tabasco y Campeche, que cubren una superficie de 4 200 Km2, en los que se proyecta una inversión de 1 500 millones de dólares. Muy lejos estas cifras de las inicialmente anunciadas.
En el segundo conjunto de licitaciones se ofrecen 9 áreas en cinco contratos, en la misma región, que abarcan una extensión de 280.9 Km2. A esta convocatoria corresponden reservas probadas por 143 millones de barriles, además de 1 169 millones de reservas probables y posibles. Todos los recursos puestos a disposición de particulares se localizan en zonas de fácil explotación y han sido explorados y estudiados por Pemex, con altas inversiones de dinero público, que se pretende ahora, que sin mayor esfuerzo, pasen a manos de particulares.
El gobierno había sostenido que se induciría a los particulares a invertir en aquellos campos en los que podía considerarse que por sus condiciones geológicas y ubicación, Pemex carecía de experiencia para desarrollarlos. Lo que se está viendo es que el gobierno está entregando a particulares los proyectos mejor estudiados –por trabajos e inversiones de Pemex–, con el menor grado de dificultad para aprovecharlos y los riesgos más reducidos. En estos campos es de esperarse un costo de extracción de unos 16 dólares por barril, lo que abre ya perspectivas de muy elevados rendimientos. Ahora bien, es muy posible que el gobierno suscriba los contratos correspondientes a estos bloques aceptando que los particulares no realicen inversiones de inmediato, lo que significaría estar entregando las reservas más redituables para que las exploten cuando resulte a los petroleros privados de su interés y mayor utilidad y no cuando convenga a la nación.
En las licitaciones hasta ahora convocadas no se han incluido las zonas marinas profundas o aquellas en las que se localizan los yacimientos en esquistos. Hasta hace muy poco, esos recursos se ofrecían como los tesoros que atraerían de inmediato ríos de inversión. Hoy, la caída de los precios hace inviable la explotación de las aguas profundas y las lutitas.
Por otro lado, los precios bajos de la materia prima abren oportunidades atractivas a la transformación industrial. Sería el momento de retomar los proyectos de nuevas refinerías, de la producción de fertilizantes, de la petroquímica, haciendo una selección racional de las cadenas productivas por desarrollar para recuperar el crecimiento de la demanda y del mercado interno, ofreciendo oportunidades para inversión de todo tipo.
El gobierno sigue negando conceder autonomía presupuestal y de gestión a las entidades del sector energético, a las que sigue tratando como sus cajas chicas. Sus presupuestos y excedentes solo se utilizan para saldar déficits, sin tomar en cuenta las necesidades de modernización industrial y corporativa de las mismas entidades.
De haber confianza en que llegará en volúmenes apreciables la inversión particular, sobre todo la nacional, el gobierno debiera estar reduciendo los precios de la gasolina y la electricidad. Ninguna razón existe para que en México se paguen gasolina y electricidad caras. El gobierno debe aclarar por qué importa combustible barato y lo vende caro al consumidor y por qué la electricidad está cara cuando los precios del gas natural, que soportan la mayos parte de la generación, han disminuido de manera importante.
Al Congreso de la Unión deben hacerse llegar, por todos los conductos posibles, incluso el de la iniciativa popular, las iniciativas para revertir las contrarreformas a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales que se impusieron en 2014.
Se debe dar continuidad a los procedimientos para presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la demanda para lograr la modificación de la Ley de consultas populares a fin de que éstas sean efectivamente realizables.
Es preciso, además, que se detengan las licitaciones (las rondas) que pondrán los yacimientos de México en manos de particulares, principalmente extranjeros (las empresas que concursan para obtener estos contratos son: ExxonMobil, Chevron, British Gas, British Petroleum, Royal Dutch Shell, Total, Statoil, Lukoil, eni International, Petrobras, Hunt Overseas, bhp Billiton, Ecopetrol, Cobalt Energía de México, Sierra Oil and Gas, ongc Videsh, Diavaz Offshore, inpex Corporation, Pacific Rubiales, nbl, Hess News Ventures, Casa Exploration, Galp Energía). Los cambios recientes en la situación de la industria petrolera internacional abren la oportunidad al gobierno mexicano para hacer un alto en su estrategia y, con cordura, volteé la cara e impulse el desarrollo de esta industria con sentido patriótico, para verdadero beneficio de todos los mexicanos.
Hoy como nunca, se justifica poner en práctica una política petrolera como la que en particular se viene planteando desde 2008, que cuide y maneje el recurso con racionalidad de presente y futuro para la nación: devolviendo a Pemex y a la cfe a su anterior condición como partes del sector público de la economía; concediendo a ambas entidades efectiva autonomía presupuestal y de gestión; garantizando una reposición anual de reservas de 100% o más; saneando a estas entidades de la corrupción; reduciendo hasta cancelar la exportación de crudo y fomentando la inversión en la petroquímica; fortaleciendo al Instituto Mexicano del Petróleo; promoviendo la utilización de energías no convencionales. economíaunam vol. 12 núm. 35
Las agresiones del entreguismo no se detienen ni se acaban. Un golpe más se maquina entre el Ejecutivo y las mayorías pusilánimes del Congreso, que vincula a dos de los recursos naturales vitales para la vida de la nación: el petróleo y el agua.
Una iniciativa de Ley de aguas privatizadora amenaza limitar legalmente las disponibilidades de agua a la gente, al proponer una dotación de 50 litros por habitante y por día, cuando la Organización Mundial de la Salud ha establecido un mínimo de 100 litros y se considera la dotación de confort la de 150 litros diarios por habitante. Este proyecto de ley amenaza, sobre todo, con el despojo de su agua a miles de comunidades con millones de habitantes y a los productores del campo; amenaza para hacer posible que mediante censos viciados y dictámenes vendidos, supuestamente sustentados en causas de utilidad pública (se sabe bien como opera la corrupción), se despoje del líquido a usuarios en la cuenca en la que el agua se genera, para usarla en otro sitio de la misma, o para llevarla a otra mediante su trasvase, incluso en regiones donde ésta es escasa, para utilizarla, por ejemplo, en el fracking petrolero, método de explotación prohibido en muchos países y en estados de Estados Unidos, por sus extensos e inevitables efectos contaminantes de acuíferos y suelos. Esta iniciativa alienta también a que se continúe con la venta de derechos de agua y su consecuente concentración, con lo que se está reconstituyendo el latifundio en regiones de alta productividad agrícola.
La iniciativa de Ley de aguas, cuya discusión y aprobación fue recientemente diferida, no debe pasar, y debe revisarse la ley vigente para modificarla e incorporar en ella principios y medidas que protejan a colectividades e individuos en sus derechos adquiridos, que garanticen el buen uso del líquido, que fomenten la introducción de mejores prácticas de riego, recordando, por cierto, al respecto, que de ahorrarse 10 a 15% del agua de riego, meta fácilmente alcanzable con las nuevas tecnologías, se garantizaría el abasto de agua potable para el doble de la población actualmente abastecida con este servicio.
Ahora bien, no basta con buenos dictámenes y propuestas apropiadas. Unos y otras deben discutirse con amplitud entre los distintos grupos sociales y por todo el país, pero llevar a la práctica políticas que recuperen para la nación, para la mayoría de los mexicanos, las decisiones para el manejo de sus recursos naturales, requiere de la formación de una mayoría política, que democráticamente y dentro de un Estado de pleno derecho, haga valer sus decisiones.
Echar abajo la contrarreforma energética, frenar un proyecto de Ley de aguas privatizadora y reformar la ley para hacer realmente viable la consulta popular, exige trabajar en la construcción de una mayoría política que impulse estos cambios.
Estas son hoy prioridades en la lucha por la soberanía de la nación y por los derechos de la gente.