En relación a la carta dirigida al editor por Argelich Ibáñez y Juan-Serra1, que hace referencia a un estudio realizado por nuestro grupo de investigación2 sobre el cribado del VIH en un servicio de urgencias (SU), coincidimos con los autores en que es necesario definir de una manera más apropiada el cómo, el cuándo y a quién se le realiza el cribado del VIH en este servicio.
En este respecto, hay diferentes planteamientos, por un lado están los que proponen realizar el cribado del VIH universal3, lo que requiere realizar muchas pruebas y tener en consideración la factibilidad y la efectividad de esta estrategia4,5, particularmente cuando la prevalencia es baja o se presume baja. En nuestro contexto, según nuestros resultados y teniendo en cuenta las limitaciones del estudio, consideramos que el cribado universal en el SU cae en el límite inferior de coste-efectividad (0,1%), primero por la ausencia de una epidemia oculta en la población de bajo riesgo y segundo por la baja eficiencia del cribado universal en este servicio6.
Por otro lado, está la propuesta del cribado selectivo a la población con factores de riesgo, estrategia que incrementa la probabilidad de identificar infección no diagnosticada, requiriendo menos pruebas, mejorando la rentabilidad de la prueba y aumentando el coste-beneficio del programa de cribado7,8. De hecho, a partir de los resultados descritos en nuestro estudio, esta estrategia sería la más apropiada para implementar en nuestro contexto, dadas las características de la epidemia local. Sin embargo, hay que tener en cuenta que por ser una estrategia dirigida a población específica, existe la posibilidad que no se diagnostique a toda la población infectada por no cumplir con los criterios de selección6. Por tanto, es indispensable seleccionar estos criterios más allá de los criterios de riesgo convencionales para aumentar la sensibilidad del programa, incluso se ha descrito usar escalas que midan el riesgo de infección por el VIH en los usuarios de los SU para mejorar la sensibilidad de los mismos9.
Con respecto a la factibilidad de los programas de cribado en los SU, lo que se ha descrito como más coste-efectivo, es crear un programa de cribado en el servicio de urgencias con personal nuevo, especialmente de enfermería, que no sature al personal existente en los SU, que ya estos tienen una carga asistencial bastante elevada, lo que les impediría dar continuidad a un programa de estas características. Además, por un lado tener personal solo encargado del programa de cribado en el SU da la oportunidad de una transición guiada relativamente inmediata del paciente con diagnóstico positivo a los servicios especialistas10, y por otro puede ayudar a ganar la confianza de los pacientes en el proveedor y en el sistema de atención de salud al proporcionar apoyo e introducción directa a la atención integral del VIH10. A pesar de estas bondades, una de las principales limitaciones de la implementación de un programa de estas características, es que requiere la colaboración multidisciplinaria (personal del SU, unidades de VIH y profesionales de la salud pública), lo que implica recursos e inversión en infraestructura.
Por tanto, el cribado del VIH en los SU y respondiendo a las preguntas planteadas por Argelich Ibáñez y Juan-Serra1, en nuestro contexto deberían dirigirse a la población con factores de riesgo —condiciones indicadoras y conductas de mayor riesgo—, usando criterios adecuados que aumenten la sensibilidad del programa, por medio de un programa anidado en los SU con personal de enfermería que garantice: la selección de individuos; la realización adecuada de la prueba; y el vínculo de la atención especialidad a los pacientes con nuevo diagnóstico de VIH. Dada la limitación de recursos en nuestro contexto, crear un programa de estas características es bastante complicado. Por tanto en el contexto actual, sin implementar un programa de cribado, creemos que la prueba del VIH —mediante técnicas de diagnóstico rápido—, debe estar disponible en los SU, donde se debe descartar la infección por el VIH con base a las condiciones indicadoras y las conductas de riesgo.
