Este artículo es un acercamiento a la corrupción gubernamental en México en el periodo 1920-1934. En él se reúne información sobre las prácticas corruptas de la elite de Estado, particularmente de los colaboradores de los presidentes Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Los casos descritos representan indicios de la presencia de la corrupción en varios sectores y dependencias del gobierno, como consecuencia de la situación política dominada por los militares revolucionarios, de las relaciones clientelares y amistosas de Obregón y Elías Calles, y de las prácticas de reclutamiento político de estos mandatarios.
This article is an approach to governmental corruption in Mexico between 1920 and 1934. It contains information about state elite's corrupt practices; especially those by presidents Álvaro Obregón and Plutarco Elías Calles allies. The cases referred to portray early stages of corruption in various governmental sectors and headquarters as a result of political circumstances dominated by revolutionary officers, cliental and amity relations of Obregón and Elías Calles, and the recruiting practices of these two heads of state.
A principios de la década de 1920 el escritor español Vicente Blasco Ibáñez publicó en Estados Unidos una serie de artículos sobre el militarismo y la política mexicana en los que se mostró escéptico con respecto a los ideales y principios revolucionarios de los militares que dominaban el ámbito político nacional: todos los conocidos por él eran individuos de sentido práctico que no perdían de vista sus intereses personales1. Otro observador, el periodista estadunidense Ernest Gruening, aseveró en una obra publicada en 1927 que el estancamiento de México se debía en parte a la falta de conciencia de los servidores públicos. Gruening descubrió que la venalidad también era una característica común entre los gobernadores. Un revolucionario bien enterado le informó en 1923 que de 28, solo dos eran honestos; cabía la duda sobre la probidad de otros dos: el resto robaba y se enriquecía gracias a su posición política. En 1927 la situación no había cambiado. Las indagaciones de Gruening lo llevaban a creer que existía la misma proporción de gobernantes que medraban desde sus puestos, en detrimento del avance de proyectos sociales tales como construcción de escuelas, carreteras, de irrigación y sanidad2. Cabe suponer que no solo los jefes de operaciones militares y los gobernadores incurrían en actos corruptos, por eso resulta fundamental en este trabajo plantear la pregunta: en general, ¿cómo se comportó la elite gobernante en el periodo posrevolucionario?
A pesar de que la corrupción ha permeado históricamente el sistema político mexicano y la administración pública3, el tema no ha sido abordado de manera sistemática y a profundidad. La historiografía de la revolución mexicana ha arrojado un conocimiento parcial en tres vertientes. En primer lugar están las obras de Hans Werner Tobler, Alan Knight, Héctor Aguilar Camín, Alicia Hernández y Friedrich Katz que explican como las distintas facciones revolucionarias, sus líderes y seguidores utilizaron el poder de las armas para allegarse recursos que destinaron a la causa, pero al mismo tiempo formaron o acrecentaron su peculio personal por medio de saqueos, robos y extorsiones4. En segundo lugar tenemos los estudios de Martha B. Loyo y Enrique Plasencia sobre el ejército que describen esta institución, el poder de los jefes militares, las recurrentes prácticas corruptas de los militares revolucionarios y los esfuerzos del poder ejecutivo por reformar y controlar a las fuerzas armadas5. Por último están los trabajos de Mario Ramírez Rancaño, Pedro Castro, José Alfredo Gómez Estrada y Marcela Mijares que abordan las biografías y trayectorias políticas de personajes como Juan Andreu Almazán, Abelardo L. Rodríguez y Francisco R. Serrano que se enriquecieron y acumularon capital gracias a sus puestos públicos e incursionaron en el mundo empresarial con apoyo gubernamental6. Ninguna de las tres vertientes se enfoca propiamente en la corrupción. Luz María Uhthoff ha introducido una variante al investigar administración y corrupción, concretamente las medidas de los gobiernos de Carranza, Obregón y Elías Calles en el periodo 1917-1932 para establecer controles presupuestales y limitar los abusos de los servidores públicos, sobre todo de los jefes de operaciones militares7.
La tendencia general en los estudios ha sido asociar la corrupción con el poder de los militares durante la revolución y la posrevolución. El presente artículo complementa estas visiones al describir la participación de los generales revolucionarios en otras formas de corrupción y observar el fenómeno en diferentes niveles gubernamentales. El objetivo general es caracterizar la corrupción en este periodo y presentar indicios de que la corrupción estaba presente en diferentes áreas y niveles de gobierno.
Jorge F. Malem ha señalado que aun en contextos donde la corrupción es generalizada y no es sancionada legalmente, los involucrados actúan con discreción y en secreto8. Sin muchas evidencias en archivos oficiales, ¿qué fuente podemos utilizar los historiadores para conocer las prácticas y el comportamiento de funcionarios y gobernantes? En buena medida los casos de corrupción conocidos son divulgados por los propios integrantes de la clase política, apoyados por periodistas9; por lo tanto, la prensa es una fuente de primera mano. En este trabajo lo son también las narrativas de un grupo de revolucionarios que protagonizó una refriega de tinta y papel en los decenios de 1930 a 1970. A partir de los años treinta, un buen número de excombatientes publicaron sus memorias y autobiografías en las que narraron sus experiencias en los campos de batalla y en el gobierno a través de periódicos, revistas y libros. Aunque estos textos enfatizan cuestiones políticas, contienen información de tipo cultural, útil para conocer hábitos y costumbres de la elite gobernante del periodo posrevolucionario. Algunos incluyen párrafos recriminatorios, imputaciones y acusaciones fragmentadas de corrupción. Naturalmente estas narrativas fueron escritas para justificar acciones y atacar a adversarios políticos, no obstante, son relevantes porque permiten ver las contradicciones, desacuerdos y debilidades de la elite de Estado que no siempre aparecen en los archivos oficiales y, por esa razón, resultan útiles para hacer un acercamiento al tema, aunque ha sido necesario complementarlas y contrastarlas, en la medida de lo posible, con información extraída de archivos, prensa e historia oral.
Debido a que me interesa mostrar los indicios de que la corrupción estaba presente en diferentes áreas y niveles de gobierno, a lo largo de los primeros tres apartados presento información que alude al fenómeno en departamentos, secretarías y la presidencia de la república; en el último apartado expongo una interpretación sobre la postura de los presidentes Obregón y Elías Calles cuya influencia política abarcó el periodo 1920-1934, incluido el llamado Maximato, en el que gobernaron Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez.
Como último punto introductorio considero necesario definir los conceptos elite de Estado y corrupción, centrales en este trabajo. La elite de Estado, según Ralph Miliband, es un conjunto de grupos jerarquizados con autoridad legítima que se desempeñan en diferentes niveles de la administración pública, el ejército y la policía, el sistema judicial y las cámaras de diputados y senadores10. La corrupción, de acuerdo con Guillermo R. Aureano y Graciela Ducatenzeiler, es abuso de autoridad con fines privados y una conducta que viola los deberes inherentes a los cargos públicos al privilegiar intereses privados en pos de beneficios específicos11. Conviene aclarar que la mayoría de las definiciones de corrupción contienen al menos tres elementos comunes: la transgresión de principios, normas y reglas por parte de los involucrados; el incumplimiento de un deber o una función, y la obtención de un beneficio particular, que puede ser económico, político, profesional y hasta sexual12.
La corrupción en la secretaría de Guerra y MarinaA principios del decenio 1920 una de las secretarías de Estado más importantes fue la de Guerra y Marina, debido a que los presidentes Obregón y Elías Calles requerían pacificar al país, centralizar el poder y afianzar sus gobiernos. En 1920 esta secretaría recibió el mayor presupuesto del gobierno federal, 50millones de pesos, si bien al avanzar la década se lo redujo gradualmente. Los recursos disponibles, la falta de controles administrativos, el uso discrecional del dinero y el poder que ejercían los jefes de operaciones militares en determinadas zonas del país hicieron de esta dependencia un campo propicio para los abusos de autoridad con fines privados. De acuerdo con Luz María Uhthoff, la corrupción no fue exclusiva de las fuerzas armadas, pero probablemente en la Secretaría de Guerra se presentaron más casos puesto que allí se concentró la mayor partida presupuestal13.
En febrero de 1921, la prensa de la ciudad de México publicó un fraude al erario planeado y ejecutado por un grupo de militares que mediante la falsificación de nombramientos y certificados incluyó en la nómina a 481 oficiales espurios. Los militares aprovecharon los débiles controles de la secretaría sobre el ejercicio presupuestal para perpetrar con éxito una serie de fraudes desde 1915. Además de los sueldos, los militares reclamaron el pago de forrajes y equipo inexistentes14. Este caso, según el historiador Enrique Plasencia, hizo evidente la incapacidad del gobierno para controlar a un ejército no profesional formado por caudillos poderosos en la medida que su oficialidad y tropas estaban constituidas por seguidores que los respaldaban a cambio de paga, botín, impunidad y protección15.
La existencia de partidas para gastos de representación, secretos o extraordinarios dio lugar a manejos poco escrupulosos por parte de los jefes de operaciones militares, pues tales gastos no requerían comprobación16 y con esas partidas podían pagar casi cualquier cosa, desde un automóvil hasta información confidencial17. En 1922 la compra de caballos y forrajes con cargo a la secretaría ascendía a millones de pesos y los beneficios personales que obtenían los oficiales por medio de compras irregulares y otras trácalas eran cuantiosos18. Ese año el general Espiridión Rodríguez y el coronel Tranquilino Mendoza, por ejemplo, falsearon información sobre la pérdida de más de 300 caballos que reportaron muertos con la idea de apropiárselos19.
Los jefes de operaciones militares y sus subalternos venales no solo afectaron al presupuesto de la Secretaría de Guerra sino a ciudadanos que fueron víctimas de distintos tipos de extorsión. En Coahuila, el gobierno propició en 1920 la organización de las Defensas Sociales, grupos de civiles armados para repeler a gavillas de rebeldes que afectaban propiedades e intereses particulares20. El coronel Antonio Ríos Zertuche recibió el encargo de supervisarlas. En poco tiempo los rancheros y hacendados coahuilenses padecieron tanto los asaltos de las gavillas como los abusos de Ríos Zertuche, quien los extorsionó valiéndose de su posición21.
En Chihuahua, el general Marcelo Caraveo pretextó una supuesta invasión a su fundo minero Anexas a Florencia —que explotaba en sociedad con Salvador Ateca— para exigir en 1927 a la North Mexico Mining Company, de capital japonés, una compensación de 500,000 pesos. Dado que la empresa carecía de liquidez para pagar los ficticios perjuicios, Caraveo pidió que le fuera entregada una mina de oro de la compañía para explotarla durante un año. No está de más aclarar que el general utilizó la amenaza de fuerza para amedrentar a los japoneses y que estos no recibieron ninguna protección por parte de las autoridades civiles de Chihuahua. Y agregar que después del año «acordado» Caraveo intentó seguir en posesión de la mina22. Ese año el general contendió por el gobierno del estado con el respaldo de oficiales subalternos en la jefatura de operaciones militares y de los diputados locales Jorge M. Cárdenas, Belisario Chávez y Tomás M. Fierro. En conjunto estos hombres ejercieron violencia extrema contra los ciudadanos que se opusieron a la candidatura de Caraveo23.
La fuerza de algunos jefes militares era tal en aquellos años que podían incluso amedrentar a gobernadores civiles. De acuerdo con el testimonio del general Pedro J. Almada, el gobernador de Puebla fue extorsionado por el jefe militar de ese estado en 1925 y 1926. El abogado Claudio N. Tirado se sentía inseguro y débil en su posición, a diferencia del general Juan Gualberto Amaya, quien contaba con hombres armados e influencia en campesinos y en trabajadores. Amaya tenía espías que le informaban sobre los movimientos en la tesorería, y cuando había ingresos fuertes agitaba a las masas bajo su influencia para atemorizar al gobernador y luego «ayudarlo» a solucionar el problema a cambio de pagos extraordinarios de miles de pesos24.
Algunos jefes de operaciones militares comenzaron o afianzaron negocios con la ayuda y protección del gobierno. Gracias a sus relaciones pudieron conseguir en las secretarías de Agricultura, Comunicaciones y Gobernación concesiones de agua, de tierras, mineras y de juegos de azar, así como exenciones o reducciones de impuestos y subsidios. Con esas ventajas en mente planeaban y hacían negocios con el gobierno. El general Lázaro Cárdenas, por ejemplo, ideó en 1921 una empresa de extracción y manufacturera cuya realización requería la influencia e intervención de su mentor Plutarco Elías Calles, entonces secretario de Gobernación. Asociado con su compañero de armas Rodrigo Talamate, Cárdenas pretendía obtener un préstamo en la Comisión Nacional Monetaria para explotar maderas, montar un aserradero y fabricar durmientes que pensaba vender a Ferrocarriles Nacionales de México25. El negocio podía ser redondo si conseguía crédito del gobierno, una concesión para talar bosques y asegurar la venta de su producción a la dependencia mencionada. El plan al parecer no se concretó: Cárdenas nunca destacó como empresario o inversionista, a diferencia de otros revolucionarios como Juan Andreu Almazán, Abelardo L. Rodríguez y Aarón Sáenz26.
Andreu Almazán constituyó en mayo de 1927 la Compañía Constructora Anáhuac, asociado con el general Francisco R. Serrano y otros tres socios minoritarios. Poco después, el presidente Elías Calles firmó un acuerdo y contrato ante notario público para que la compañía construyera una carretera de Nuevo Laredo, Tamaulipas, a Montemorelos, Nuevo León. El contrato representa un ejemplo patente de tráfico de influencias, pues Serrano era entonces gobernador del Distrito Federal y Andreu Almazán era secretario de Comunicaciones y Obras Públicas27.
Abelardo L. Rodríguez ocupó al mismo tiempo la jefatura de operaciones militares y el gobierno del Distrito Norte de la Baja California en el periodo 1923-1929. Esta doble autoridad y el auge de cantinas y garitos en la frontera norte le dieron ventajas sobre sus correligionarios para lograr una rápida acumulación de capital mediante cohechos y tráfico de influencias favorables a los consorcios involucrados en los juegos de azar. Rodríguez consiguió además una concesión de aguas termales y un terreno de 243 hectáreas con potencial turístico por el que pagó dos pesos por hectárea a la Secretaría de Agricultura y Fomento. Rodríguez se involucró en el negocio de los casinos en Tijuana como socio encubierto en el Foreign Club y el lujoso casino Agua Caliente, construido en el terreno mencionado28.
Abelardo L. Rodríguez no fue el único jefe militar que se valió del tráfico de influencias o del cohecho para enriquecerse con los garitos que estaban en auge en todo el país. Según Vicente Estrada Cajigal, el general Benjamín Hill, jefe de la guarnición militar de la plaza de la Ciudad de México y por breve tiempo secretario de Guerra en la presidencia de Obregón, recibió importantes sumas de dinero de dos garitos ubicados en San Juan de Letrán y en Tacubaya, dinero que compartía con Maximino Ávila Camacho, su cómplice29. El general Arnulfo R. Gómez explotó sitios de juego en Chihuahua a donde llegó como jefe de la 5.ª zona militar a fines de septiembre de 1924. El general arribó con un carro lleno de enseres para juego que trasladó de Tampico. Casi de inmediato consiguió mediante tráfico de influencias una concesión para explotar juegos de azar30. El general Eugenio Martínez, jefe de la guarnición de la plaza de la ciudad de México, explotó varios garitos en la capital del país en 1926, asociado con los generales Francisco R. Serrano y Roberto Cruz. La fuerza de estos tres militares era contundente en la ciudad de México, pues Serrano gobernaba el Distrito Federal y Cruz fungía como inspector general de policía31.
La corrupción en otras secretarías y dependencias gubernamentalesSi bien la Secretaría de Guerra fue tal vez la dependencia con más casos de corrupción, los abusos de autoridad también se presentaron en otras instancias gubernamentales. Hay indicios de que las prácticas corruptas fueron moneda corriente en el gobierno del Distrito Federal y en Establecimientos Fabriles y Aprovisionamientos Militares. Esta última dependencia fue creada por el presidente Venustiano Carranza en 1917 con el propósito de solucionar el desabasto de armas y artículos militares. Carranza buscaba también evitar la corrupción en la Secretaría de Guerra; se suponía que con la creación de Establecimientos habría un mayor control sobre los gastos y se eliminaría una importante fuente de malversación, principalmente por compras injustificadas de vestuario, equipo, armas y municiones destinadas a las jefaturas de operaciones militares32.
A finales de 1920 el presidente Obregón puso a Luis N. Morones al frente de Establecimientos Fabriles para administrar dieciocho fábricas que debían producir rifles, municiones, uniformes y artículos de talabartería33. Bajo la dirección de Morones la dependencia estuvo lejos de cumplir los objetivos para los que fue creada. Pronto hubo quejas por el manejo del presupuesto y dudas sobre la calidad de la producción. En 1921, el secretario de Guerra, general Enrique Estrada, solicitó al jefe de la 3.ª zona militar, Joaquín Amaro, un informe confidencial sobre las características de los cartuchos producidos por los Establecimientos. Temía que a causa de los manejos de Morones las municiones no tuvieran pólvora. Por otra parte, la calidad de los artículos que provenían del extranjero generaba inconformidad, pues Morones entregaba a los jefes de operaciones militares artículos de segunda mano, en ocasiones muy usados34.
Cuando Plutarco Elías Calles asumió la presidencia de la república los Establecimientos quedaron a cargo de Celestino Gasca, quien antes había sido gobernador del Distrito Federal y, como Morones, tenía influencia política en amplios sectores de trabajadores agremiados. Hay evidencia de que la malversación continuó con Gasca. En 1926 los encargados de hacer las compras en el extranjero trajeron de Estados Unidos radios y trasmisores de segunda mano, embolsándose parte del dinero que iba a ser utilizado para adquirir artículos nuevos y de mayor valor35. Establecimientos Fabriles destacó por mucho tiempo como una mina de oro por los sobornos que podían ofrecer los proveedores. A mediados del decenio Gasca recibió un valioso anillo diamantado que una compañía estadunidense le envió como gratificación para asegurar contratos36. Y en 1931, el general Juan José Ríos se ganó 100,000 pesos y un automóvil nuevo por firmar un contrato exclusivo con la Casa Fal, proveedora de mantas, frazadas, lonas y paños37.
El gobierno del Distrito Federal ofreció un abanico de oportunidades de enriquecimiento a los funcionarios venales, dada la variedad de puestos y funciones tales como la organización de sorteos de la Lotería Nacional, el manejo de Notarías, la construcción de obras de urbanización, la administración de hospitales y la vigilancia y seguridad ciudadana. Naturalmente, la corrupción estaba bien arraigada en las corporaciones policiacas del Distrito Federal.
Durante el gobierno de Celestino Gasca (1920-1925), el inspector de policía, general Pedro Almada, fue acusado de tener subordinados que robaban automóviles para luego venderlos, además de explotar sitios de juego y burdeles. Del inspector hacia abajo la corrupción era generalizada: había exacciones, tráfico de influencias, sobornos, extorsiones y cobros por proteger a delincuentes. Los gendarmes pagaban a sus superiores una cuota para que se les asignaran los puntos de la ciudad más lucrativos38.
En 1925 el general Roberto Cruz asumió la inspección general de policía con nombramiento del presidente Plutarco Elías Calles y la orden de acabar con los maleantes y bandas de rufianes que plagaban la capital39. De ese año a 1928, Cruz demostró ser un inspector eficiente en el control de la criminalidad, aunque utilizó medidas extremas como la «ley del suicidio» que aplicó sin miramientos en la cárcel40. Pero también destacó como un excelente colaborador en la vigilancia del clero y los grupos católicos que confrontaban al gobierno desde 1926. Es probable que los casos de corrupción notables fueran entonces los abusos del cuerpo policiaco sobre ciudadanos y sacerdotes católicos. Durante la llamada guerra cristera, que comenzó con la clausura de conventos y escuelas y la expulsión del país de religiosos extranjeros, los católicos se convirtieron en un grupo social vulnerable, presa fácil del miedo y víctima de extorsiones41.
En mayo de 1928, la prensa de la ciudad de México dio a conocer los chanchullos de Álvaro Basail, agente de las Comisiones de Seguridad de la Inspección General de Policía del Distrito Federal y encargado de investigar las violaciones a la Ley de Cultos. Basail había logrado reconocimiento por sus pesquisas y detenciones, pero de modo oculto dirigía una banda que extorsionaba a sacerdotes y familias católicas. Con órdenes de cateo falsas, Basail y sus hombres hacían incursiones domiciliarias y detenciones que les permitían extraer fuertes sumas de dinero a familias que veían amenazada su libertad. Es probable que el inspector general estuviera enterado de las andanzas de Basail y recibiera parte del dinero mal habido. Pero el general Cruz se deslindó cuando el caso salió a la luz en la prensa. Ordenó la detención de la banda y su confinamiento en las Islas Marías y declaró que con este castigo buscaba enviar un mensaje a los otros cuerpos y dependencias policiacas42.
El ex presidente Emilio Portes Gil afirmó en sus apuntes autobiográficos, publicados en 1964, que, en efecto, durante la guerra cristera la policía del Distrito Federal realizó constantes cateos en templos y residencias particulares en la ciudad de México, con el pretexto de buscar cómplices de los católicos rebeldes. En esas irrupciones los agentes se apropiaban de dinero y objetos religiosos e históricos tales como pinturas, ornamentos y joyas. Portes Gil aseveró que el inspector de policía —sin mencionar a Cruz— había cometido los mayores abusos y atropellos contra los católicos acaudalados, a quienes acusó de complicidad con los cristeros, para luego pedirles grandes sumas de dinero a cambio de no arrestarlos y procesarlos43.
Los funcionarios civiles no eran ajenos al abuso de autoridad que les procuraba beneficios pecuniarios. Manuel Gamio, subsecretario de Educación con nombramiento otorgado en 1925 por el presidente Plutarco Elías Calles, denunció irregularidades constantes en el manejo de los fondos por parte del titular José Manuel Puig Casauranc. Gamio detectó pagos excesivamente elevados por automóviles, muebles y libros, así como sobornos de los proveedores44. Puig Casauranc pasó de la Secretaría de Educación al gobierno del Distrito Federal (1929-1930). De todas las posibilidades que había allí para la corrupción, tenemos indicios de que al menos se valió de una: vendió plazas nuevas y los empleados recién contratados le pagaron con parte de su sueldo45.
El gobierno del Distrito Federal fue una dependencia disputada por otros miembros de la elite de Estado que tenían relaciones de parentesco importantes. En 1930, Arturo M. Elías, hermano de Plutarco Elías Calles, en contubernio con Francisco Ortiz Rubio, hermano del nuevo presidente Pascual Ortiz Rubio; Manuel Riva Palacio, hermano del secretario de Gobernación, y el general Arturo Bernal, allegado del general Joaquín Amaro, disputaron a Puig Casauranc el puesto de gobernador y lo presionaron con objeto de obligarlo a renunciar, cosa que ocurrió en octubre de 1930. Buscaban que el presidente Ortiz Rubio nombrara a Bernal, para luego hacer negocios con obras públicas por medio de contratos con la empresa Construcciones y Aprovisionamientos S.A., creada por ellos en sociedad en enero de ese año46. Francisco Ortiz Rubio dirigía entonces la Beneficencia Pública, que administraba hospitales, escuelas, orfanatos y el manicomio La Castañeda.
En el verano de 1932 un paro de médicos en los hospitales de la ciudad de México desveló las corruptelas de Francisco Ortiz Rubio en la Beneficencia Pública. De acuerdo con los quejosos, perpetraba verdaderas «aberraciones administrativas». El doctor Gastón Melo, jefe de Salubridad, y otros galenos denunciaron las precarias condiciones prevalecientes en los hospitales, sobre todo en el Hospital General. A Francisco Ortiz Rubio se le atribuyeron fraudes en la Lotería Nacional con sorteos manipulados para su beneficio47, la explotación de un casino clandestino, montado en La Castañeda48, y el secuestro de un invidente acaudalado, supuestamente recluido en ese manicomio con el fin de despojarlo de sus bienes49.
El 30 de abril de 1930 el coronel Carlos Riva Palacio fue nombrado Secretario de Gobernación por el presidente Pascual Ortiz Rubio, gracias a la recomendación del expresidente Plutarco Elías Calles, quien antes lo había apoyado para que fuera electo gobernador del estado de México. En esta posición política, Riva Palacio dispuso de 20,000 pesos del erario para pagar una deuda de juego que contrajo durante una parranda en la ciudad de México50. Riva Palacio era, según Gonzalo N. Santos, un tahúr nato con las características de los de alto nivel: apostaba en grande y despilfarraba51.
El éxito económico de los garitos en el país durante el decenio 1920 y la primera mitad del siguiente significó dinero fácil para varios funcionarios gracias al tráfico de influencias en la Secretaría de Gobernación, donde se autorizaban las concesiones. Naturalmente, quien dirigía esta dependencia tenía muchas prerrogativas y Riva Palacio no las desperdició. En el transcurso de los diez meses que estuvo al frente de la Secretaría de Gobernación aprovechó al máximo su autoridad para acrecentar su peculio con cohechos que recibió por otorgar concesiones de juegos de azar. Pascual Ortiz Rubio asentó en sus memorias que el coronel se vinculó con los propietarios de garitos de Baja California y del resto del país poco después de asumir el despacho52. En la ciudad de México autorizó la apertura de uno que funcionó en las instalaciones del Teatro Iris y provocó protestas por su cercanía con la Cámara de Diputados53.
Por otra parte, Riva Palacio ordenó a los servicios de inmigración dependientes de la secretaría, detener y expulsar a todos los chinos que no comprobaran su residencia legal. El 22 de octubre de 1930, el presidente Ortiz Rubio firmó un decreto de expulsión de 300 chinos por el puerto de Manzanillo, Colima, basado en informes confidenciales de la secretaría que los señalaban como jugadores y traficantes de drogas54. Esta medida permitió a Riva Palacio, en complicidad con el general Agustín Mora y el jefe de la policía de la secretaría, extorsionar a gente de la comunidad china y con ello hizo, según palabras de Ortiz Rubio, «un gigantesco negocio» que fue denunciado por el senador Gonzalo N. Santos. El abuso de autoridad de estos funcionarios coludidos consistió en encarcelar a chinos con buena posición económica, despojándolos de sus documentos migratorios para así convertirlos en extranjeros amenazados de expulsión si no entregaban una determinada cantidad de dinero55.
La corrupción en la presidenciaExisten indicios de que los presidentes y sus colaboradores cercanos, tales como secretarios y jefes del estado mayor presidencial, también cometieron actos de corrupción. El historiador Enrique Plasencia explica que en el periodo posrevolucionario el jefe del estado mayor del presidente tenía información sobre una diversidad de asuntos de orden político y económico, disponía de fondos de la presidencia e influía en la promoción y ascenso de oficiales56. Dadas estas atribuciones, naturalmente podía incurrir en malversaciones y tráfico de influencias, como otros funcionarios.
En marzo de 1922, el general Manuel Pérez Treviño, jefe del estado mayor del presidente Álvaro Obregón, utilizó sus influencias para que su amigo José Travizón obtuviera una concesión de juegos de azar. En una misiva dirigida al gobernador del Distrito Norte de la Baja California, Pérez Treviño solicitó un permiso para que Travizón abriera en Mexicali un casino exclusivo para chinos57. Es probable que Pérez Treviño recibiera alguna compensación a cambio de la recomendación, o que Travizón fuera su testaferro. Meses más tarde, Fernando Torreblanca, secretario particular de Obregón, solicitó al mismo gobernador atenciones para el francés Hipólito Poite, refiriéndole por escrito que según el dicho de varios funcionarios «amigos», Poite era un hombre honorable que iba al Distrito por varios asuntos. Poite deseaba más que nada montar un casino en Tijuana, y en abril de 1923 su negocio, denominado Alahambra Club, ya funcionaban en aquel poblado fronterizo. Además de la recomendación de Torreblanca, Poite contó con la ayuda y protección de Francisco R. Serrano, secretario de Guerra y Marina, según se desprende de telegramas que este envió a Plutarco Elías Calles en junio de 192358.
A finales de mayo y principios de junio de 1928 la prensa de la ciudad de México dio a conocer los detalles de un caso de contrabando dirigido por el general José Álvarez, jefe del estado mayor presidencial. En breve el presidente Plutarco Elías Calles anunció la destitución de Álvarez y su consignación a las autoridades59. En un acto que trasgredía normas y códigos Álvarez dio órdenes telegráficas a la aduana de Ciudad Juárez, Chihuahua, haciéndose pasar por el presidente con el propósito de trasladar sin revisión 22 cajas con supuestos documentos confidenciales, que en realidad llevaban un valioso cargamento de telas de seda60.
Los presidentes no fueron ajenos a los abusos de autoridad con fines privados. Obregón, Elías Calles y Abelardo L. Rodríguez llegaron a la presidencia con proyectos empresariales personales y los continuaron, ahora con claras ventajas dadas por su posición en el gobierno y sus relaciones amistosas y clientelares. A mediados de la década, Obregón estaba a la cabeza de la Oficina Comercial de Álvaro Obregón, el Molino Harinero Regional del Mayo, el Banco Refaccionario de Occidente S.A. y Obregón y Compañía, dedicada a la siembra de trigo, arroz, garbanzo, chícharo y alfalfa61. Para llevar a cabo la operación y expansión de esas empresas acudió al presidente Plutarco Elías Calles en busca de ayuda financiera.
En julio de 1925, Elías Calles ordenó a Fernando Torreblanca, su secretario y yerno, arreglar en la Comisión Monetaria un empréstito de 150,000 pesos para el ex presidente Obregón. Elías Calles se comunicó con Torreblanca por medio de telegramas encriptados, así que cabe suponer que ese préstamo era secreto e incobrable. La Comisión Monetaria ya había otorgado al caudillo una cantidad similar, no obstante, Elías Calles consideró necesario allegarle otra remesa para que concluyera sus trabajos agrícolas en Sonora. Finalmente la suma asignada por la Comisión Monetaria fue de 200,000 pesos, pero Elías Calles se comunicó confidencialmente con Obregón para ofrecerle más dinero, el cual podía salir de los fondos del Banco de México, cuya inauguración estaba próxima62.
El jefe máximo, por su parte, aprovechó su posición política para comenzar dos empresas agroindustriales antes de dejar la presidencia: la Hacienda de Santa Bárbara en el Estado de México y la Compañía Industrial y Colonizadora del Río Mante, en Tamaulipas. Ambas fueron creadas con el apoyo de subalternos y colaboradores63 que se estaban enriqueciendo o se habían enriquecido con el favor o disimulo presidencial y echaban mano a los bienes públicos. Carlos Riva Palacio, gobernador del Estado de México, le regaló terrenos para la hacienda y Luis N. Morones, secretario de Industria y Trabajo, hizo algunas construcciones y obras con equipo y recursos de Establecimientos Fabriles y Aprovisionamientos Militares64. A finales de 1927 Abelardo L. Rodríguez aportó 30 vacas holstein que compró en Estados Unidos con dinero del erario. Más tarde, en los años 1933 y 1934, el general José María Tapia, director de la Beneficencia Pública, firmó varios contratos para que los hospitales, asilos y orfanatos se abastecieran con los productos de la hacienda (verduras, legumbres, leche y huevo)65.
El presidente Pascual Ortiz Rubio no se mantuvo al margen de la corrupción gubernamental durante su breve administración (1930-1932). Regresó a México a fines de 1928, después de casi diez años de ausencia en los que sirvió como diplomático en Alemania y Brasil. Como candidato del Partido Nacional Revolucionario y jefe del poder ejecutivo intentó reintegrarse a la familia revolucionaria, pero no logró formar una red de colaboradores para afianzarse en la política, ni fue capaz de concretar arreglos extraoficiales que le redituaran beneficios pecuniarios.
En 1929, Arturo M. Elías, director general de Correos y hermano del ex presidente Plutarco Elías Calles, promovió en la Secretaría de Comunicaciones la compra de unas dragas marinas para obras portuarias. El presidente Emilio Portes Gil, a punto de terminar su interinato, envió el contrato de compraventa al Congreso para su aprobación; el presidente entrante, Pascual Ortiz Rubio, debía concluirla. El vendedor de las dragas era un estadunidense de origen judío llamado Leonel Dalcowitz, personaje bien relacionado con la elite gobernante, quien acababa de obsequiar a Ortiz Rubio un automóvil blindado para reforzar su seguridad. De acuerdo con Gonzalo N. Santos, el arreglo de la compraventa de las dragas había sido pactado por Arturo M. Elías, Ortiz Rubio y Dalcowitz, pero necesitaban la intervención de los diputados Manuel Riva Palacio, Federico Medrano y la suya para conseguir la aprobación en la Cámara. Dalcowitz se acercó a Santos, el último en la cadena de las complicidades necesarias, y le ofreció un cohecho de 500,000 pesos.
Santos realizó algunas indagaciones antes de aceptar el dinero y se valió de un técnico marino llamado Calcáneo Díaz para conocer el estado y el costo aproximado de las dragas, que resultó ser de unos 4millones de pesos. Las máquinas costarían al gobierno 22millones de pesos, es decir, el fraude sería de 18millones, que el presidente de la república, el director general de Correos y los diputados planeaban repartirse66. Después de analizar la situación, Santos decidió no tomar parte. Había demasiados implicados y corrían el riesgo de ser descubiertos y denunciados por la prensa; el robo no le convenía políticamente67.
Pascual Ortiz Rubio ofrece en sus memorias una versión distinta del caso. Según él, Arturo M. Elías, los miembros de la comisión dictaminadora de la Secretaría de Comunicaciones y los líderes de la Cámara de Diputados recibieron de Dalcowitz una suma fuerte a cambio de autorizar la compra, y como Gonzalo N. Santos no obtuvo ninguna compensación, informó resentido a la presidencia sobre aquellos «sucios manejos». En la versión de Ortiz Rubio, naturalmente, él no tuvo nada que ver con el plan y se opuso con firmeza a la compra de las dragas, no así el ex presidente Elías Calles, quien no solo estaba enterado del plan sino que lo respaldaba68.
Además de este caso, malogrado al fin, Ortiz Rubio intentó otro chanchullo, colocado en el poder ejecutivo. Vinculado a un consorcio estadunidense interesado en construir carreteras en México, trazó un plan para favorecer a la compañía Amasco. Durante su administración esta sería la empresa privilegiada para crear vías de transporte terrestre, como lo había sido la Constructora Anáhuac en el periodo de Elías Calles e interinato de Emilio Portes Gil. El 11 de febrero de 1932, mediante acuerdo presidencial, Ortiz Rubio declaró insubsistentes los contratos del gobierno con la Constructora Anáhuac, firmados en agosto de 1929 y diciembre de 1930. Los costos inadecuados de la obra justificaban la cancelación, pero también el tráfico de influencias del general Juan Andreu Almazán, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas y presidente de la Constructora Anáhuac69. La acción del presidente de la república parecía una medida contra la corrupción pero en realidad era una maniobra para dejar libre el camino a Amasco. A mediados de julio de 1932, Ortiz Rubio firmó un acuerdo presidencial y un contrato con esta empresa por 18,620,000pesos70.
El representante de Amasco Corporation, «amigo» de Pascual Ortiz Rubio, había recurrido al cohecho para conseguir el apoyo de varios funcionarios y, seguro de que la corrupción era el mejor camino para hacer negocios con el gobierno, también le ofreció al secretario de Hacienda, Alberto J. Pani, un paquete de acciones como obsequio, pues el contrato sería válido solo si llevaba su autorización. Pani afirma en sus memorias que se negó a firmarlo71.
Pascual Ortiz Rubio se valió del gobernador del Distrito Federal, Vicente Estrada Cajigal, antiguo colaborador suyo, para otorgar lucrativas concesiones y permisos a su parentela política. A partir de enero de 1932, Estrada Cajigal debió acatar las órdenes del presidente y conceder a sus cuñados una licencia para explotar juegos de lotería en los mercados populares y permisos para organizar funciones de cine nocturnas que les dejaban excelentes ganancias diarias72.
Aun cuando la presidencia de Abelardo L. Rodríguez, sucesor de Ortiz Rubio, duró solo dos años, este tiempo fue bien utilizado por el general para embonar sus intereses personales con las políticas públicas y redondear sus negocios. El programa de creación de carreteras, diseñado para unir regiones separadas por grandes distancias y cordilleras, incluyó la construcción de dos vías asfaltadas indispensables para el desarrollo de sus empresas particulares en Baja California y en Puebla. Con una aseguró un mejor traslado de la producción vitícola del rancho Los Dolores, cercano a Santo Tomas, que había adquirido en 1931. La otra, de 117kilómetros y terminada de modo conveniente en 1934, antes de dejar la presidencia, vinculó a la ciudad de Puebla con Tehuacán73, donde Rodríguez era propietario del Hotel Garcí Crespo y de la embotelladora de agua mineral del mismo nombre74. De acuerdo con las memorias de José Vasconcelos, Jesús Silva Herzog y Gonzalo N. Santos, el general Rodríguez aprovechó también su estancia en el poder ejecutivo para organizar y operar con ventajas dos grandes y lujosos casinos en el centro del país, el Foreign Club, en San Bartolo Naucalpan y el Casino de la Selva, en Cuernavaca, Morelos. En estos negocios fueron sus socios Juan R. Platt, Carlos Riva Palacio, Ramón Salido y otros allegados75.
Obregón y Elías Calles ante la corrupción gubernamentalLos presidentes Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles tomaron diversas medidas contra la corrupción en sus respectivos gobiernos. A finales de 1921, Obregón exhortó a los periodistas independientes de la ciudad de México a colaborar en la tarea de fortalecer la moralidad de los funcionarios. El presidente creía que la prensa podía jugar un papel central en el buen desempeño administrativo si denunciaba ante la opinión pública a los servidores públicos corruptos. Del exhorto se desprende que Obregón confiaba en que esta acción sería útil para corregir los abusos de autoridad, pues según él, ningún funcionario querría ser públicamente señalado como «inmoral» e irresponsable76. En respuesta, el abogado Benito Javier Pérez Verdía publicó un texto con su opinión al respecto: para corregir a los funcionarios no bastaba exponerlos, al menos debía aplicárseles como sanción la destitución de su cargo. Pérez Verdía argumentaba que en el pasado reciente la prensa independiente había denunciado casos de corrupción, efectivamente condenados por la opinión pública, pero los funcionarios seguían en el cargo sin que realmente les importaran las críticas77.
Por otra parte, Obregón intentó al principio de su administración limitar la corrupción que campeaba en la policía del Distrito Federal. Los continuos abusos obligaron al presidente a intervenir y despedir a todo el personal de la llamada policía reservada. En mayo de 1922 ordenó la reorganización de la policía urbana con la idea de reformar a la corporación sobre bases militares78.
En noviembre de 1922 el diario El Demócrata informó que en breve se sometería a la aprobación de las Cámaras un proyecto de ley relativo a las responsabilidades de los funcionarios judiciales. Según el articulista el proyecto merecía un aplauso entusiasta, porque era necesario y urgente establecer sanciones adecuadas en el ramo judicial, donde privaba la corrupción en «gran número de formas y manifestaciones indignantes»79. Casi seis años después, otro periódico capitalino publicó la noticia de la reciente aprobación en la Cámara de Diputados de un proyecto del candidato a la presidencia de la república, general Álvaro Obregón. Con base en este, los jueces acusados de negligencia y corrupción podrían ser destituidos, siempre que el presidente, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores lo consideraran necesario, después de evaluar su conducta en un ejercicio de «opinión justa». La nota decía que pronto se corregirían la ineficiencia de la Suprema Corte de Justicia de la nación así como la impunidad, la ineptitud y la venalidad de los jueces80. Las prácticas corruptas de los funcionarios judiciales parecían recurrentes y se hacían visibles por medio de la prensa.
En relación con las medidas contra la corrupción, Plutarco Elías Calles manifestó públicamente la urgencia de reformar el ejército y acabar con los fraudes en la Secretaría de Guerra81. Como presidente de la república y con la colaboración del general Joaquín Amaro, llevó a cabo en 1925 la reforma de las fuerzas armadas que contempló disminuir el número de oficiales y soldados, reglamentar los licenciamientos, los ascensos, las pensiones y reorganizar las zonas militares. Con todo esto trataba de reducir el gasto militar82. Además emprendió la reforma de la Hacienda pública con el propósito de nivelar los presupuestos y eliminar el déficit, reorganizar el sistema fiscal y establecer un sistema bancario. Elías Calles también promovió cambios en la Contraloría cuya oficina de Asuntos Jurídicos tenía la función de fincar responsabilidades a los funcionarios y empleados que manejaban fondos públicos83. Los logros de la Contraloría, de acuerdo con Luz María Uhthoff, fueron limitados y por lo general sus acciones no alcanzaron a los altos funcionarios84.
Es difícil saber si Obregón y Elías Calles reflexionaron a fondo sobre el lugar que ocupaba la corrupción en sus equipos de trabajo. Para desempeñar funciones estatales en las dependencias de distinto nivel, ambos reclutaron a parientes, amigos, discípulos, antiguos y nuevos colaboradores y aliados85. La confianza, la amistad, el pago de favores, las relaciones clientelares y los objetivos personales que compartían con esos individuos debieron de influir en la manera como trataron la corrupción en sus respectivos gobiernos. Para afirmar lo anterior es necesario ahondar en el tema del reclutamiento y las prácticas corruptas. Con la información disponible solo puedo aseverar que la postura de los presidentes ante los abusos de autoridad con fines privados solo podía ser ambigua.
Como mencioné párrafos arriba, la corrupción en la policía del Distrito Federal indujo a Obregón a tomar medidas drásticas en 1922, pero intervino a favor del general Pedro Almada —inspector de policía acusado de patrocinar a bandas criminales— cuando intentó destituirlo Celestino Gasca, gobernador del Distrito Federal. Almada permaneció en su puesto hasta 1925, presumiblemente con apoyo de Obregón, quien además le otorgó un bono por su desempeño86. La postura del presidente estaba justificada si consideramos que para los jefes sonorenses la policía era un elemento importante durante los periodos electorales para vigilar y controlar a la oposición en la capital del país87. Almada tenía méritos como inspector general.
La tolerancia de las prácticas corruptas sirvió a los presidentes para recompensar y mantener conformes a líderes de agrupaciones sindicales como Luis N. Morones y Celestino Gasca, aliados políticos que contribuyeron a controlar las demandas laborales de los trabajadores agremiados88. Probablemente toleraron sus manejos administrativos y enriquecimiento por las mismas razones por las que los colocaron en Establecimientos Fabriles: se trataba de pagar favores. Obregón debió de estar enterado de la corrupción en Establecimientos Fabriles y considerar que la defectuosa producción y las compras de equipo usado podían contribuir al fracaso de las operaciones militares dirigidas contra los rebeldes alzados en Veracruz, Coahuila, Tabasco, Michoacán, Nayarit, Sinaloa y Oaxaca durante los dos primeros años de su mandato89. No obstante, Morones siguió al frente de la dependencia hasta que el presidente Elías Calles lo nombró secretario de Industria y Trabajo90.
Hay razones para creer que Obregón y Elías Calles aceptaban estas prácticas en el gobierno como inevitables y hasta cierto punto normales, y que las toleraban y sancionaban de modo selectivo. Obregón hacía chistes sobre la voracidad de los revolucionarios cuando se trataba de dinero. Él mismo se asumía como ladrón: «Aquí todos somos un poco ladrones», le confesó en 1920 al periodista y escritor español Vicente Blasco Ibáñez en una entrevista91. Seguramente conocían bien los intereses y las expectativas pecuniarias de sus aliados, colaboradores, discípulos, amigos y parientes que, junto con ellos, constituían la elite gobernante.
¿Cómo actuaron Obregón y Elías Calles cuando recibieron denuncias de los abusos de autoridad cometidos por sus colaboradores y correligionarios? Hay indicios de que los presidentes aplicaron su criterio basados en la calidad de las relaciones y grados de compromiso que tenían con los funcionarios. Una vez conocidas las acciones y las faltas, y evaluada la situación política de los implicados, ellos podían o no informar al público de los actos corruptos, fundamentar judicialmente la destitución o solicitar el enjuiciamiento de oficiales del ejército. Los instrumentos legales durante ese periodo fueron la Constitución de 1917 y la Ley de Responsabilidades de 1896 que otorgaban facultades al presidente de la república y a las Cámaras de Diputados y Senadores para enjuiciar y aplicar sanciones. Estaban también los Códigos penales de 1929 y 1931, aunque estos no definían los delitos de los altos funcionarios y, por lo tanto, no había certeza de qué actos podían ser considerados faltas oficiales92.
En 1922 durante el juicio del general Francisco Murguía, uno de los varios militares que se rebeló contra el gobierno de Obregón y fue capturado, el fiscal público cuestionó su falta de principios revolucionarios por transformar la lucha armada en un negocio lucrativo que le había aportado varios millones de pesos93. Naturalmente Murguía había faltado a los principios mencionados, pero más que nada había trasgredido las reglas del juego del grupo político dominante.
Ese mismo año Obregón se enteró del tráfico de influencias de su jefe de estado mayor a favor de un casino exclusivo para chinos. A pesar de que el presidente decía ser enemigo de los juegos de azar y de vigilar con «celo» la conducta de sus colaboradores cercanos, justificó cabalmente al general Manuel Pérez Treviño. En 1923 tuvo conocimiento de que el general Abelardo L. Rodríguez y su amigo Juan R. Platt, tesorero de Ferrocarriles Nacionales, habían sido sobornados por el consorcio estadunidense fuerte en el Distrito Norte de la Baja California por sus garitos y cantinas. Obregón permitió a Rodríguez sacar provecho oficial y personal de aquellos negocios y enriquecerse gracias a ellos. Una actitud por completo distinta mostró con el general Ignacio Enríquez, gobernador de Chihuahua, a quien presionó para que suprimiera los juegos de azar en ese estado e incluso le retiró el respaldo militar94.
En mayo de 1928, a siete meses de concluir su mandato, el presidente Elías Calles destituyó al general José Álvarez de la jefatura del estado mayor y ordenó su consignación a las autoridades por «faltar a los principios elementales de honestidad y moralidad». En el comunicado de prensa que dio a conocer la falta, Elías Calles afirmó que desde el inicio de su mandato se había propuesto imponer orden y moralidad en la administración, y que en estricto cumplimiento de su función había reprimido las prácticas corruptas siempre que supo de ellas95.
El conocimiento de otro caso permite corroborar la idea de que toleraba y sancionaba las prácticas corruptas de manera selectiva. En 1925, casi al inicio de su administración, Elías Calles recibió varios oficios de Manuel Gamio, subsecretario de Educación, con información sobre los manejos del secretario José Manuel Puig Casauranc y la corrupción en la secretaría. En una de esas comunicaciones Gamio escribió: He seguido rechazando y corrigiendo, hasta donde me ha sido posible, algunas irregularidades que surgieron, sobre todo las relacionadas con el manejo de fondos de la Secretaría [pero] se ha pretendido con una inconsciente despreocupación, continuar por la misma senda ilegal que hice de conocimiento de usted, trayéndoseme a firmar y autorizar libramientos y facturas que entrañan un fraude al erario96.
Gamio fundamentó su denuncia, pero Elías Calles no «cumplió su función»; reafirmó su confianza en Puig Casauranc y recomendó al subsecretario presentar las pruebas que tenía a las instancias correspondientes. Gamio se sintió obligado a renunciar97. Puig Casauranc se había convertido en un colaborador cercano a Elías Calles desde las actividades realizadas durante 1923 en el Centro Director de su campaña política. A partir de entonces impulsó su carrera dentro del gobierno como parte de sus relaciones clientelares y presumiblemente motivado también por un afecto paternal98.
Otro funcionario protegido de Elías Calles que abusó de la autoridad con cierta impunidad fue el coronel Carlos Riva Palacio, cuyas acciones han sido descritas en páginas anteriores. Según testimonio de Alberto J. Pani, Riva Palacio formaba parte de la pandilla de altos funcionarios que adulaban y divertían al presidente durante sesiones de juegos y apuestas que tenían lugar en la casa de Elías Calles y en el casino Sonora-Sinaloa; Riva Palacio era una especie de bufón99. Gonzalo N. Santos, por otra parte, afirmó en sus memorias que Riva Palacio era orejas, voz y oídos del presidente y que era muy apreciado por su talento musical desplegado en esas reuniones (cantaba y tocaba la guitarra)100. Riva Palacio se convirtió en 1925 en gobernador del Estado de México gracias al firme apoyo de Elías Calles101. Su relación cercana con el jefe máximo explicaría por qué después de encabezar la extorsión a los chinos desde la Secretaría de Gobernación se convirtió en el presidente del Partido Nacional Revolucionario en el verano de 1933102, si bien estuvo ausente del gobierno un par de años.
La postura ambigua de Elías Calles ante las prácticas corruptas de la elite de Estado también puede observarse en sus relaciones con el general Francisco R. Serrano. En 1925, recién llegado al poder ejecutivo, Elías Calles encontró desorden, arbitrariedades y corrupción en la Secretaría de Guerra, por lo que inició una depuración del personal103. La secretaría había estado a cargo de Serrano, discípulo, colaborador cercano y pariente político del general Obregón. Seguramente por la perene desorganización en la secretaría, pero también en consideración a la trayectoria revolucionaria de Serrano y sus vínculos dentro de la elite de Estado, Elías Calles no lo aisló políticamente; por el contrario, en 1926 lo nombró gobernador del Distrito Federal. Más aun, antes de esta asignación le ofreció el puesto de secretario de Gobernación, que Serrano no aceptó104.
En 1928, el secretario de Hacienda, ingeniero Alberto J. Pani, presenció un exabrupto de un Elías Calles furioso e indignado porque uno de sus altos funcionarios (probablemente Puig Casauranc) había agotado los recursos asignados a la construcción de edificios escolares cuando las obras no iban todavía a la mitad. Para asombro de Pani, el presidente autorizó una ampliación del presupuesto y no destituyó al funcionario. A Pani le quedó claro entonces que la ineficiencia administrativa y gubernamental durante el periodo estudiado se debía en parte al encumbramiento de individuos ineptos y proclives a la corrupción, quienes no tenían más mérito que ser amigos y seguidores del presidente en turno105.
Consideraciones finalesLos indicios reunidos y expuestos a lo largo de estas páginas permiten observar que inspectores de policía, jefes de operaciones militares, diputados, jefes de estado mayor presidencial, secretarios de Estado, gobernadores y presidentes incurrieron en actos de corrupción durante el periodo estudiado, lo mismo que funcionarios menores que estuvieron al frente de dependencias como la Dirección General de Correos y la Beneficencia Pública (indirectamente la información alude también a funcionarios del poder judicial). Las prácticas de corrupción tuvieron como motivación principal beneficios económicos, aunque también hubo casos en los que los involucrados obtuvieron ventajas políticas.
Las formas de corrupción comunes durante el periodo fueron el tráfico de influencias, la defraudación al erario (compras fraudulentas, apropiación y desvío de recursos públicos, otorgamiento de préstamos), el uso indebido de bienes muebles e inmuebles de las dependencias estatales, el otorgamiento de concesiones a terceros y la construcción de obras públicas, perpetradas por colaboradores cercanos de los presidentes así como parientes que desempeñaron puestos menores. Todas estas formas de corrupción ocurrieron en diferentes sectores y niveles gubernamentales.
Las prácticas corruptas de la elite de Estado afectaron en términos económicos al Estado revolucionario, que después del movimiento armado requería fortalecerse. La principal forma de corrupción que afectó negativamente a la ciudadanía fue la extorsión con violencia física y psicológica que sufrieron grupos sociales vulnerables, como católicos e inmigrantes extranjeros. Estos abusos de autoridad y de fuerza de los jefes de operaciones militares y sus subalternos no pudieron ser frenados del todo por las instituciones vigentes.
El análisis del caso de Establecimientos Fabriles y Abastecimientos Militares remite a un dilema de los presidentes y a una contradicción dada por la confrontación de la ideología revolucionaria y las prácticas políticas: Luis N. Morones se apropió de recursos del erario, entregó manufacturas de calidad dudosa y equipo usado a los jefes de operaciones militares que necesitaban mejores recursos para controlar los movimientos rebeldes que desestabilizaban al gobierno. Las prácticas de Morones, por otra parte, generaron inconformidad y protestas y contradijeron la ideología de la Revolución. Pero su proceder no fue cuestionado ni sancionado por los presidentes porque su influencia en las masas contribuía a la estabilidad política, necesaria para la regularización de las funciones estatales.
Obregón y Elías Calles encontraron en la corrupción una función estabilizadora que les permitió gobernar y cumplir sus objetivos políticos. Ambos la toleraron para tener contentos y apaciguados a los militares fuertes, o bien para pagar compromisos y premiar a sus colaboradores. Al mismo tiempo se pronunciaron públicamente contra los abusos de autoridad y tomaron medidas para limitarlos.
En futuros estudios sobre la corrupción en este periodo debemos considerar que un segmento de la elite de Estado estaba constituido por una red de hombres de negocios que al llegar al gobierno aprovechó las oportunidades para enriquecerse; la corrupción fue para ellos un medio. Obregón y Elías Calles no se apartaron de la vieja práctica de integrar equipos de trabajo con amigos, antiguos colaboradores, paisanos y aliados. Resulta pertinente documentar los objetivos personales que compartían con esos individuos para comprender la manera en que concibieron y trataron la corrupción en el gobierno. Es probable que en conjunto actuaran con relativa impunidad gracias a la complicidad dada por las relaciones clientelares, amistosas y de parentesco que mantenían con los presidentes.
Los generales Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, figuras políticas centrales durante el periodo estudiado, tuvieron una postura de rechazo a la corrupción en sus discursos públicos, pero hay evidencia de que en la práctica la toleraron de manera selectiva, se beneficiaron personalmente con ella y procuraron también beneficios para parientes, amigos y allegados. En la medida que la corrupción fue la moneda de intercambio de un grupo decidido a dominar en la política y a ascender social y económicamente, resulta difícil creer que hubiera voluntad y condiciones para su erradicación gradual.
Finalmente, como hipótesis cabe afirmar que la débil institucionalización política, el precario estado de derecho y la desorganización administrativa, que refieren un Estado mexicano en proceso de fortalecimiento, incidieron en las prácticas corruptas de la elite de Estado durante el periodo 1920-1934, así como el reclutamiento político y la integración de equipos de trabajo por Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles.
FuentesArchivosAcervo Documental del Instituto de Investigaciones Históricas UABC, colección Archivo Privado Abelardo L. Rodríguez.
Archivo General de la Nación.
Fideicomiso Archivos Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca.
HemerografíaEl Demócrata, ciudad de México.
El Universal, ciudad de México.
Excelsior, ciudad de México.
José Alfredo Gómez Estrada es investigador de tiempo completo y profesor del programa de maestría y doctorado en Historia del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California. Doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Historia por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) Occidente. Sus líneas de investigación se han concretado en trabajos sobre historia empresarial y elites regionales en el noroeste de México y sobre el grupo sonorense. Una de sus últimas publicaciones es Lealtades divididas. Camarillas y poder en México, 1913-1932, publicado por el Instituto Mora y la Universidad Autónoma de Baja California.
La revisión por pares es responsabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Para diferenciar a las elites económica, política y de Estado, véase Miliband (1997, pp. 54-55).
Plasencia (2010, pp. 164-165). El monto de esas partidas es desconocido, pero un dato aislado puede darnos una idea: la suma que recibía el secretario de Relaciones Exteriores era de 150,000 pesos anuales. Ver Pani (1951, p. 339).
Archivo Municipal de Saltillo, inserción del gobernador del estado de circular sobre las Defensas Sociales para conocimiento del presidente municipal de Saltillo, Saltillo, Coah., 17 de diciembre de 1921, fondo Decretos y circulares, c.11, e.304, 1f.
Véase en Archivo General de la Nación (en adelante AGN), oficio de Enrique Liekens dirigido a Plutarco Elías Calles, El Paso, 28 de agosto de 1928, y carta de Tsutomu Dyo dirigida a Liekens, Ciudad Juárez, 25 de agosto de 1928, fondo Obregón-Calles, vol. 198, exp. 707-L-8.
Almada (1936, pp. 196-200). Por alguna razón Almada se refiere al gobernador como Laudio Arrojado y al jefe de operaciones militares simplemente como general Amaya.
Fideicomiso Archivos Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca (FAPEC-FT), carta de Lázaro Cárdenas dirigida a Plutarco Elías Calles, Magdalena, Sonora, 20 de julio de 1921, archivo Plutarco Elías Calles, gav. 12, exp. 206, inv. 820, leg. 1/9, foja 510.
Véase la trayectoria empresarial de Aarón Sáenz en Salmerón (2001).
La Compañía Constructora Anáhuac, integrada por Juan Andreu Almazán, Francisco R. Serrano, Luis Jesús A. Castañeda, Elías Hernández y Augusto Flores, contó con un capital inicial de 50,000 pesos dividido en 500 acciones con valor de 100 pesos cada una; Andreu Almazán adquirió 285 acciones y Serrano, 200. Ver Mijares (2015, p. 241).
Esta información proviene de la entrevista a Vicente Estrada Cajigal realizada por Meyer y Olvera (1978). Es imprecisa en cuanto al tiempo, sin embargo, podemos suponer que Hill estuvo involucrado en la explotación del juego en los periodos en los que fue jefe de la guarnición militar de la plaza de la ciudad de México; el primero del 13 de abril de 1916 al 30 de abril de 1917; el segundo, del 11 de junio al 30 de noviembre de 1920. Véase la trayectoria del general Hill en Humberto Musacchio (1999, p. 1317).
AGN, carta de M. Gutiérrez dirigida al presidente Álvaro Obregón, Ciudad Juárez, 29 de septiembre de 1924, fondo Obregón-Calles, caja 167, exp. 425-C-4.
En junio de 1926 el gobierno de Plutarco Elías Calles publicó una serie de leyes penales que imponían de uno a cinco años de prisión a los clérigos que criticasen las leyes, las autoridades o el gobierno. En septiembre refirió en su informe anual que el gobierno había cerrado 129 escuelas católicas, 42 iglesias, 7 conventos y 7 centros de propaganda religiosa. También informó sobre la expulsión de 185 sacerdotes extranjeros acusados de perniciosos. Dulles (1989, pp. 275-276 y 281-282).
«Agentes de las Comisiones de Seguridad que estafaban con éxito a los católicos», Excelsior, Ciudad de México, 19 de mayo de 1928.
Portes Gil (1964, p. 415). No está de más señalar que en esos años hubo robos y extorsiones similares en Jalisco y Puebla. El gobernador de Jalisco, Margarito Ramírez, con frecuencia mandó secuestrar a católicos ricos de todas las poblaciones importantes del estado, especialmente de Guadalajara. Los declaraba cristeros, ordenaba hacer preparativos de fusilamiento y luego les pedía grandes cantidades de dinero como condición para declararlos inocentes y dejarlos libres. Véase Santos (1986, p. 430). En Puebla, el general Pedro Figueroa y el mayor Ricardo Zayas Gálvez, quienes habían desempañado los cargos de inspector de policía y jefe de gendarmería, perpetraron robos de valiosos objetos religiosos en colegios y domicilios particulares. «Culpables de escandaloso robo de objetos religiosos», Excelsior, ciudad de México, 30 de mayo de 1928.
FAPEC-FT, carta anónima (Dr. Armendáriz) dirigida a Francisco Ortiz Rubio, México, 22 de agosto de 1932, archivo Plutarco Elías Calles, gav. 58, exp. 49, inv. 4237, fojas 3-4.
«Fue clausurado ayer el garito del Iris», El Universal, Ciudad de México, 14 de julio de 1931.
«El general Álvarez ha sido cesado en su cargo y consignado», Excelsior, Ciudad de México, 31 de mayo de 1928.
Véase en Acervo Documental del Instituto de Investigaciones Históricas UABC, colección Archivo Privado Abelardo L. Rodríguez, caja 1, la correspondencia entre Abelardo L. Rodríguez, Álvaro Obregón e Ignacio P. Gaxiola, exp. Oficina Comercial de Álvaro Obregón.
FAPEC-FT, carta de Fernando Torreblanca dirigida a Abelardo L. Rodríguez, México, 22 de junio de 1928, fondo 12, serie 010903,exp. 91, inv. 821, leg. 1, foja 1.
Ver contratos en FAPEC-FT, en el expediente de la Hacienda Santa Bárbara, Archivo Plutarco Elías Calles, gav. 39, exp. 4, inv. 2646, fojas 14, 15-18.
Ibid.
Álvaro Obregón, citado por Serna (2007, pp. 66-69).
Benito Javier Pérez Verdía, citado por Serna (2007, pp. 66-69).
«Alrededor del proyecto de Ley de Responsabilidades», El Demócrata, Ciudad de México, 4 de noviembre de 1922.
«Habrá acción popular para acusar a los altos funcionarios públicos», Excelsior, ciudad de México, 19 de mayo de 1928.
Al respecto véase Loyo (2003, pp. 122-123).
Sobre la colocación de amigos y parientes en puestos públicos durante la administración de los presidentes sonorenses, véase Gómez Estrada (2011, pp. 222-226).
Entre los años 1920 y 1922 hubo varios movimientos rebeldes, conatos y pronunciamientos contra el gobierno de Obregón protagonizados por Cándido Aguilar, (yerno de Venustiano Carranza), Francisco Murguía, Pablo Villanueva y Aquileo Juárez, Francisco Cárdenas, Juan Carrasco y Cástulo Pérez. Estos movimientos tuvieron lugar en Veracruz, Coahuila, Tabasco, Michoacán, Nayarit, Sinaloa y Oaxaca. La rebelión más importante ocurrió en 1923 con Adolfo de la Huerta a la cabeza (Zaraus López, 2005).
«El general Álvarez ha sido cesado en su cargo y consignado», Excelsior, Ciudad de México, 31 de mayo de 1928.
Citado por Urías (2002, pp. 109-110).
El dato del nombramiento de Riva Palacio como presidente del partido en Osorio Marbán (1970, p. 356).