El contexto es bien conocido: a raíz de malas políticas gubernamentales y desastrosas aventuras militares, la Corona española sufrió una severa crisis fiscal a fines del siglo xviii. Para recabar fondos, recurrió a los llamados “vales reales”, un instrumento de deuda pública negociable que generaba intereses y podía utilizarse en distintas transacciones. El problema fue el recurso a su continua emisión y la correspondiente depreciación. Por esta razón, en 1798 se determinó “consolidarlos” mediante la desamortización (la expropiación y venta) de bienes de corporaciones eclesiásticas, incluyendo obras pías, hospitales y centros educativos. En 1804 se extendió la medida a las Indias, lo cual aquí afectó no tanto a bienes raíces, sino a los capitales de instituciones y fundaciones piadosas, dados en préstamo a particulares. Esto perjudicó gravemente a comerciantes, hacendados, mineros y otros propietarios que dependían indispensablemente del crédito, y que ahora tuvieron que devengar no solamente los intereses, sino toda la suma adeudada.
Los efectos económicos de la consolidación provocaron el descontento y la irritación de parte de quienes, por su posición social y privilegios, deberían haber sido los principales sostenedores del régimen, muchos de los cuales tuvieron un papel decisivo en la asonada que destituyó al virrey Iturrigaray en 1808. Este golpe de Estado atrajo la condena de un importante sector de la sociedad, arrojó una sombra de ilegitimidad sobre los posteriores gobernantes, y el precedente de que era posible levantarse en contra del alter ego del monarca contribuyó a las graves conmociones posteriores.
Se trata, como puede apreciarse, de un asunto de historia económica, que ha dado lugar entre otras obras a las de Carlos Marichal (La bancarrota del Virreinato. Nueva España y las Finanzas del Imperio español, 1780-1810), y de Gisela von Wobeser (Dominación colonial. La consolidación de Vales Reales, 1804-1812). Lo que nos faltaba era vincular mejor el descontento con las protestas, representaciones y conspiraciones que condujeron a la deposición del virrey. Y es que en efecto, el enojo y la irritación no conducen necesariamente a la acción política, ni llevan siempre al derrocamiento de un gobierno. En esto, la crisis fiscal de la Nueva España a partir de 1804 es causa necesaria pero no suficiente de los acontecimientos que vendrían después.
Dar buena respuesta a estas interrogantes requiere una conjunción de la historia económica con la social, que es el propósito de este nuevo libro de Guillermina del Valle. Para llevarlo a cabo, la autora retoma un método que nos ha atraído desde tiempo atrás: considerar la sociedad no como una agregación de individuos aislados, sino como un ubicuo entramado de vínculos personales que implicaban reconocimiento, reciprocidad, comunicación y, a veces, complicidad. Para comprender plenamente estas redes, se apoya en una amplia revisión de materiales documentales para identificar la “nación” de los actores (tal como entonces se la entendía, esto es, como vizcaíno, montañés o andaluz), el parentesco (las empresas más notables eran manejadas por familias extensas, dirigidas por un patriarca) y las relaciones que nacían de contratos, conveniencias y negocios. Por otro lado, como bien dice, no basta con el análisis estructural de los grupos económicos, ocupacionales, estamentales y étnicos; hay que ver su “tejido relacional”. El estudio de estas situaciones es muy necesario, y la autora retoma y amplía muy convincentemente lo dilucidado en sus proyectos de investigación anteriores, como los que dieron lugar a la obra colectiva Redes sociales e instituciones comerciales en el Imperio Español, siglos xvii-xix (con Antonio Ibarra, 2007). De aquí se derivan varios interesantes capítulos, abundantes en cuadros y tablas, que explican la forma en que las congregaciones piadosas invertían sus capitales a fines de la colonia; el papel de los comerciantes consulares en las mesas de las cofradías más acaudaladas; quiénes eran los beneficiarios del crédito eclesiástico, y los vínculos personales del sector más endeudado de la élite propietaria.
La autora reviste el esqueleto de la coyuntura con el tejido de la sociabilidad para comprender intereses, identidades y lealtades que recorrían la sociedad de arriba abajo, desde los grandes “almaceneros” hasta los personajes más modestos que integraron las filas del Regimiento del Comercio, e incluso los panaderos, tocineros y curtidores que prestaron su músculo y su arcabuz para deponer al virrey. Así, resultan mucho más claras las relaciones recíprocas entre los firmantes de la representación de los labradores (o sea, los hacendados) y “principales” en contra de la consolidación, la correspondiente del Tribunal de Minería, e incluso los nexos que dan razón de las inquietudes del ayuntamiento de Puebla, de la provincia de Tepeaca, del cabildo eclesiástico de Valladolid y de los “labradores” de Michoacán. Y, asimismo, se comprende mejor como fue que un mercader y propietario de importancia relativamente secundaria, como Gabriel de Yermo, pudo comprometer a tantas personas que tenían mucho que perder en una riesgosa aventura política (que al fin y al cabo fue exitosa, pero pudo no serlo).
La lectura de esta obra deja, como ocurre con los buenos libros, interrogantes que podrían dar lugar a posteriores averiguaciones. Una de ellas es el ambiguo papel del influyente Consulado de Comerciantes, muchos de cuyos miembros fueron afectados por la consolidación pero que, sin embargo, acabó por apoyar (o al menos no oponerse abiertamente) a las medidas gubernamentales. Del Valle sugiere que pudo haber alguna discreta negociación en que la corporación pudo trocar su renuente respaldo a cambio de favorecer sus intentos de limitar la creación o extensión de la jurisdicción de nuevos consulados regionales, que amenazaban su hegemonía, así como limitar el “comercio neutral” con países no beligerantes, bajo cuya capa había un activo contrabando. Es un asunto en el que no resulta fácil dar buena razón, porque obviamente existían acuerdos y pactos que no se hacían públicos, pero en el que parece valdría continuar con las hipótesis planteadas.
Un segundo aspecto tiene que ver con el papel del virrey Iturrigaray. La autora reproduce muchos de los argumentos de los golpistas acerca de su carácter arrogante y autoritario como precipitante del golpe de 1808. Ciertamente, este gobernante ha tenido muy mala prensa, en buena medida por haber sido “creatura” del tradicionalmente muy denostado Manuel Godoy. Este “valido” del rey pasó recientemente por una especie de tibia reivindicación historiográfica en varias obras aparecidas con ocasión del 150 aniversario de su muerte. Iturrigaray quizás también ameritaría un estudio particular que le hiciera justicia. Mi sospecha es que su “despotismo” fiscal no era una cuestión de personalidad, sino que simplemente la recaudación de la mayor cantidad de sumas al precio que fuera era algo tan forzoso como inevitable. Un concepto quizás más interesante sería el del agravio: el virrey irritó a la élite de propietarios al negarse a escucharlos, rechazar cualquier posibilidad de concordia (como se había hecho previamente con contribuciones anteriores) y a ceder al menos en lo aparente, manteniendo lo fundamental. Si esto fuera así, más que una cuestión fiscal sería una de “política”, como entonces se entendía, esto es del buen trato y cortesía que debía guardar un gobernante frente a los súbditos más influyentes.
Un último punto es especulativo, y desde luego va más allá de la obra que aquí nos ocupa. Dice Guillermina del Valle, con mucha razón, que la consolidación se llevó a cabo en varios reinos hispanoamericanos, pero no en todos provocó las mismas consecuencias. Es una reflexión de aspiraciones comparativas, que bien podría guiarnos hacia una visión más amplia y comprensiva acerca de la política imperial hispánica y las complejas coyunturas, conflictos y conspiraciones que precedieron a las revoluciones de independencia.