Secularización del poder local. Notables contra frailes en Querétaro, 1650-1700

Resumen

Surgido en el primer tercio del siglo xvi como pueblo de indios y doctrina franciscana, para mediados del xvii Querétaro había alcanzado un floreciente crecimiento económico y se había convertido en pujante vecindario de españoles. La rectoría social y política –y hasta cierto punto económica– que desde el principio ejercieron ahí los frailes, fue disputada y a la postre ganada por una nueva y poderosa oligarquía local que, además, trocó el estatus del pueblo por el de ciudad y la dotó de cabildo formal. Es propósito de este texto dar cuenta de tal proceso.

Abstract

Queretaro was founded in the first third of the Sixteenth Century as Indian village and Franciscan doctrine; by mid-Seventeenth Century it had reached a flourishing economic growth and had become a thriving Spanish neighborhood. The steering role in social, political, and (to a certain extent) economic matters that the friars had played from the beginning was contested and eventually won by a new and powerful local oligarchy that also changed Queretaro’s status, from town to city and gave it a formal Council. The purpose of this paper is to provide an account of the process.

Evolución de una doctrina de indios

En el tránsito entre los años 30 y 40 del xvi, a instancias del encomendero Hernán Pérez Bocanegra, el cacique-comerciante Conni organizó una congregación otomí a unas 35 o 40 leguas al norte de México y sobre un disperso asentamiento de chichimecas denominado Tlachco; tal fue la semilla del futuro pueblo de Querétaro. A la vuelta de unos siete u ocho años, el lugar se había convertido en visita de los franciscanos de Acámbaro y Jilotepec y, transcurrido un lustro más, la apertura del Camino Real de Tierra Adentro, o ruta a las minas de plata del norte, atrajo a alguna población española que se dedicó a la ganadería, a la agricultura y al comercio, gente que hizo crecer moderadamente el núcleo autóctono original. Desde entonces se empezaron a mercedar tierras en la comarca y los españoles tomaron solares para sus casas en el centro mismo del pueblo.¹

Por no poder atender bien esta doctrina, los frailes del Santo Evangelio de México optaron por cederla hacia 1567 o 1568 a sus hermanos de la recién fundada provincia de San Pedro y San Pablo de Michoacán. Pero viendo sus nuevos dueños que la casa y el templo eran de carcomidos adobes y techos pajizos, decidieron mejorar las instalaciones y para el efecto recurrieron a la ayuda del viejo cacique Conni, ahora conocido como don Fernando de Tapia. Éste empezó a levantar un convento “suntuoso y con huerta”, y fue él mismo quien también a su costa mandó poner en la iglesia “un muy buen retablo”,² que ya estaba colocado antes de su muerte, acaecida a finales de 1571. Presumiblemente, las obras y arreglos del convento se extendieron a lo largo de poco más de una década, quizá de 1570 a 1582, puesto que en este último año se asienta que estaba “…acabado, con su iglesia, claustro, dormitorios y huerta, tiene buen edificio de cal y canto y es capaz de muchos religiosos”.³

En poco tiempo, la flamante casa de Querétaro cobró la suficiente importancia para figurar, entre un total de 22, como la segunda de la provincia franciscana de Michoacán, sólo después de la de Valladolid. Tanto así que la Relación de Querétaro (1582) manifiesta que ahí vivían de ordinario cinco o seis frailes, no obstante que “podrían se sustentar en él, muy bien, veinte y más, porque les hacen muchas limosnas los naturales y españoles.”⁴ Lo que corrobora dos bienios más adelante el informe de un visitador de la orden, en el sentido de que los moradores eran ya quince: una docena de estudiantes de hábito, más un maestro de “artes y teología” y dos predicadores.⁵ Para entonces, la casa había adoptado el apelativo del apóstol Santiago y, según se advierte, también tenía un noviciado, aun cuando no funcionara de modo permanente. De este mismo periodo data la fundación de la primera institución que vinculaba a los seglares con el templo de los religiosos, ésta fue la cofradía del Santísimo Sacramento, a la que se afiliaron prácticamente todos los vecinos que tenían algún caudal, como lo avalan diversos testamentos.⁶

A unas tres décadas de su fundación, hacia 1578, Querétaro había logrado desprenderse de la tutela judicial de Jilotepec y tenía un alcalde mayor propio: Bernardino de Santoyo.⁷ En 1586, los españoles del pueblo sumaban algo más de 70 –habrá de entenderse “vecinos”, o cabezas de familia con residencia fija en el lugar–, casi todos criadores de ganado y cultivadores de granos. Estos pocos más de 200 habitantes blancos disponían de casas y calles “bien trazadas y concertadas” y recibían, al igual que los naturales otomíes, mexicanos y tarascos, la atención espiritual de los frailes, puesto que no había en la comarca “clérigo ninguno ni otro ministro de doctrina.”⁸ Muestra de que ya se le consideraba población de cierta monta, fue la solicitud que hizo el virrey Villamanrique ese mismo año para que los vecinos españoles y la república de indios hicieran un “servicio” o préstamo al rey Felipe II, a fin de auxiliarlo en sus gastos de guerra contra la corona británica.⁹ Por otro lado, en el ámbito eclesiástico, y luego de un prolongado litigio, por esas fechas el arzobispado de México logró arrebatar definitivamente a Querétaro de la diócesis de Valladolid y adjudicarse sus ricos diezmos que, sobre todo, provenían de la riqueza pecuaria de los propietarios locales.

Tales sucesos demuestran que Querétaro iba adquiriendo mayor prestancia, empero, nada de ello bastó por entonces para que trocara su condición de pueblo por otra de más jerarquía y tampoco para que los frailes franciscos de Michoacán perdiesen la titularidad de la doctrina ni el papel preeminente que desempeñaban allí desde el principio. Muy por el contrario, aun ampliarían y mejorarían sus instalaciones e instituciones, todo con miras al fomento de su relación con la comunidad.

En cuanto a la infraestructura material, la real cédula de 1594 en que el monarca instaba a su virrey don Luis de Velasco a informarle sobre el estado de los conventos franciscanos de la Provincia de Michoacán y la especificación de cuáles necesitaban reparaciones, encontró pronta respuesta desde el de Querétaro, en el sentido de que el claustro y templo locales ya resultaban estrechos para cumplir bien con los fines a los que estaban destinados. Y tanto que en el primero residían 20 frailes, entre sacerdotes, estudiantes y novicios que, en la estación lluviosa, cuando no se visitaban pueblos de doctrina, podían aumentar hasta 25 o 30, pues acogía otros huéspedes religiosos.¹⁰ Por lo que toca a la iglesia, los domingos y fiestas de guardar la abarrotaba casi exclusivamente la feligresía española, con lo que los indios –sus usuarios originales– se veían precisados a oír la misa a la intemperie, bajo el sol o la lluvia y apiñados en el atrio. De esta suerte, al año siguiente se iniciaron las diligencias y los informes preliminares que habían de preceder a la autorización para levantar 16 ó 18 nuevas celdas y ampliar la iglesia, o “construir una capilla” para indígenas, según consta en un plano de 1597 que aún se conserva. Se emprendió luego la erección de nuevo templo y la república de indios también consiguió disponer su propia capilla, la de San José, que quedó adosada a la barda perimetral del conjunto conventual. ¹¹

Como es obvio, el empuje de la población europea no se reducía a los espacios del culto, sino que se manifestaba primordialmente en el propio asentamiento, de donde empezó a desplazar a los naturales, ya mediante la adjudicación de predios vacíos, la compra de solares o los casamientos con indígenas propietarias. Gradualmente, y sin que el cacicazgo indígena cediera del todo sus posesiones ahí, el corazón del pueblo fue pasando a manos españolas, en tanto que los indios fueron acomodándose en los barrios periféricos: San Francisquito, San Antoñito, el Espíritu Santo, San Agustín del Retablo y San Sebastián, a donde acabó trasladándose el gobernador.¹²

Querétaro vio nacer el siglo xvii con una población voluminosa e híbrida, compuesta de muchos naturales, quizá más de 2 000 –suma de los que había dentro del poblado y en sus alrededores después de la congregación de 1602 a 1603¹³ –, con un número creciente, aunque no precisado, de negros y mestizos, y con dos centenares y medio de vecinos europeos y criollos,¹⁴ cuya cura de almas, sin distingos, siguió encomendada a los religiosos de la casa de Santiago. Una somera revisión del “libro de españoles” donde constan registros de bautizos y matrimonios, pone de manifiesto cuestiones interesantes ya que permite seguir con bastante detalle la urdimbre de enlaces y parentescos que se tejió entre familias “distinguidas” de terratenientes, ganaderos, dueños de obrajes y tiendas al menudeo del pueblo, como los Caballero, Cárdenas, Colchado, Buenrostro, De la Cruz, Echaide, Galván, Grimaldo, Guerrero, La Rea, Madera, Martín, Medina, Muñoz, Pérez Bocanegra, Rico, Soto, Tovar y otros, que aparecen desde finales del xvi. Algunos de estos apellidos se encontrarán a partir de estos años entre los frailes de Querétaro, de los de otras guardianías e incluso de los titulares del provincialato de Michoacán, lo que apunta a la estrecha interacción entre el vecindario y la comunidad franciscana. Por otro lado, en ese mismo libro parroquial puede constatarse que no fue infrecuente que los guardianes o algunos otros ministros conventuales hiciesen las veces de padrinos en los bautismos, circunstancia que establecía parentescos rituales entre la gente y los religiosos. Por si todavía faltaren evidencias de tal maridaje, en el año 1600 se fundó en esa iglesia la cofradía de la Purísima Concepción de la que se hicieron hermanos prácticamente todos los notables del pueblo.¹⁵

Tan buenos como los que tenían con los españoles, eran los lazos de los frailes con el cacicazgo indígena local, toda vez que el hijo y sucesor de don Fernando, Diego de Tapia, no le fue a la zaga al padre en cuanto a beneficiar a la orden. Así, asesorado y auxiliado por el provincial fray Miguel López, don Diego hizo cuantiosa donación para el establecimiento de un convento de monjas clarisas en Querétaro, que fue inaugurado en 1607 y del que su hija Luisa figuró como fundadora y patrona.¹⁶ Por supuesto, los vecinos españoles también colaboraron económicamente y apoyaron con entusiasmo a la nueva institución, donde al menos una parte de su descendencia femenina encontró un honorable modus vivendi.

Con curato, conventos masculino y femenino de su regla en el poblado y varias cofradías, los franciscos se dieron luego a la tarea de elaborar, tomar posesión y promover intensivamente el culto a la reliquia local, la Santa Cruz. Fue ésta una cruz de piedra que se erguía desde el siglo xvi en la loma del Sangremal a la entrada del camino de México y que acaso plantaron ahí muy tempranamente los primeros religiosos del Santo Evangelio o, tal vez, los de Michoacán que los reemplazaron; en tal sitio estuvo muchos años, como humilladero y punto de plegaria de los caminantes. Pero hacia 1603 –según declararían varios testigos unos 45 años más adelante– los vecinos se percataron de que la vieja cruz se “movía” por sí misma. A los pocos días, la justicia ordinaria, acompañada de los religiosos y de un gran concurso de gente, hizo una averiguación que consistió en excavar la tierra que rodeaba la peana; como no encontraran otra cosa que piedra sólida, los frailes dictaminaron que los “temblores” de la cruz únicamente podían obedecer a causas sobrenaturales. Así que a instancias de ellos se construyó en el punto un cobertizo de carrizo y tejamanil para venerar a la portentosa reliquia que, poco más adelante, también empezó a ser reputada de “milagrosa” por sus poderes curativos.

En razón de ello, en 1613, el cobertizo fue sustituido por una pequeña ermita de cal y canto con techumbre de madera, que la orden levantó con las limosnas de los devotos y a donde acudía regularmente a oficiar misa un ministro del convento de Santiago. Además, con los parabienes de los franciscanos y por iniciativa de don Diego de Tapia –aunque éste ya no logró ver el fruto de su esfuerzo, dado que murió un año antes de que se aprobara– se fundó en 1615 la cofradía de la Santa Cruz en Jerusalén, a la que se afilió una gran cantidad de indígenas. Todos los años, el 3 de mayo, día de la llamada “invención de la santa cruz”, bajo el patrocinio de los frailes, los naturales hacían en la loma festejos, danzas y representaciones de moros y cristianos.¹⁷ A propósito de hermandades, puede decirse que el periodo fue prolífico para los religiosos, porque en 1614 se estableció igualmente en su templo la de las Benditas Ánimas del Purgatorio,¹⁸ año en el que el conjunto conventual ya era reputado de “famoso”.¹⁹

Al despuntar el siglo xvii, los franciscanos observantes ejercían en Querétaro un monopolio espiritual pleno e indisputado que, además, defendían celosamente. Así, cuando en 1602 los agustinos de Michoacán intentaron establecer casa en la población, se toparon con la férrea negativa de los franciscos locales, quienes siete años después consiguieron la expedición de una real cédula que cancelaba definitivamente el proyecto.²⁰ En contrario, el que en 1613 se hubiera fundado y empezado a construir el convento de San Antonio de Padua, de los llamados “dieguinos” (en realidad, franciscanos descalzos), no fue algo que incomodara en absoluto a sus hermanos, en razón de que ésta no era una orden distinta sino sólo ramificación de su misma familia y de que no tenía doctrinas a su cuidado; a lo sumo y llegado el caso, los dieguinos servían de auxiliares en la prédica y administración de los sacramentos; por tanto, antes que suponer competencia, eran más bien una ayuda potencial.

En cambio, muy distinta fue su reacción al año siguiente, cuando se enteraron, ya tardíamente, de la fundación que hicieron en el pueblo los frailes del Carmen de la provincia de San Alberto. De hecho, si los padres franciscanos tuvieron noticia posterior de ella fue porque, precisamente a fin de evitar su oposición, la ceremonia se llevó a cabo de noche y a hurtadillas.²¹ Los carmelitas deseaban tener una nueva casa en Querétaro que sirviese de enlace entre sus conventos de Celaya y Valladolid y esto chocaba con la pretensión de los religiosos de San Francisco de mantener al resto de las órdenes alejadas del pueblo; de hecho, la contradijeron e interpusieron pleito en la ciudad de México que no fructificó. Un punto digno de tener en cuenta es que la donación de la casa donde, pese a todo, lograron establecerse los del Carmen la hicieron don Francisco de Medina Murillo, rico criador local de ganado, y su esposa, doña Isabel González Corona –bisabuelos paternos del futuro filántropo don Juan Caballero y Ocio–,²² una familia que mucho tendría que ver en el ulterior quebrantamiento de la patente de exclusividad franciscana en Querétaro, según se verá.

De momento, en los años veinte de ese mismo siglo hicieron su aparición en el pueblo otras dos corporaciones religiosas que si no enfrentaron la resistencia de los franciscanos fue posiblemente porque lo específico de sus funciones impedía que éstos los consideraran rivales. Fueron tales: la de los hermanos de San Hipólito, que desde 1624 se hicieron cargo del hospital de la Purísima Concepción,²³ y la de la Compañía de Jesús, que por esos mismos años y a través de su primer colegio, el de San Ignacio de Loyola, se ocupó de la enseñanza de los jóvenes criollos y españoles.

En realidad, asumo que la pretensión franciscana de mantener su coto cerrado mucho tenía que ver con la creciente prosperidad material de Querétaro que los beneficiaba directamente. La situación del poblado, en la confluencia de caminos entre México y los minerales del norte y su papel como punto de articulación con la zona del Bajío; la aptitud de sus terrenos y valles, más que para la agricultura, para la ganadería mayor y menor; así como la circunstancia de no haber sido sede de grandes asentamientos indígenas precedentes a la ocupación europea, fueron factores que permitieron, desde mediados del xvi como se dijo antes, el avecindamiento de una buena cuota de españoles que obtuvieron mercedes de tierras para sus empresas agropecuarias. En breve, la producción y el tráfico de lana propiciaron, naturalmente, el surgimiento de obrajes textiles, cuyas manufacturas surtieron al mercado novohispano; se dio una rápida acumulación de capitales y hubo crecimiento de las estancias y haciendas. En unas cuantas décadas, “los señores de ganados” también se hicieron de terrenos de pastoreo en áreas más distantes, al norponiente, hacia la Nueva Galicia y, al nororiente, hacia el Río Verde, de suerte tal que, en los primeros decenios del siglo xvii, Querétaro se había convertido, por su actividad económica, en una pujante población, que aún prometía desarrollarse con más fuerza.²⁴ Así que aquí –como en otras localidades novohispanas–, esta centuria fue, indiscutiblemente, la del crecimiento urbano y con él el del esplendor del culto religioso. La boyante y orgullosa comunidad hispánica que se arraigó en el viejo pueblo de indios era ya dueña de vastos predios, de haciendas pecuarias y de comercios cuyos rendimientos hacían posibles las gruesas limosnas, los donativos que financiaban proyectos y obras pías, muy en particular los de promoción franciscana. Los donantes se labraban con ello reputación, prestigio e identidad en el plano terrenal y aseguraban indulgencias para la vida eterna; los receptores, en cambio, consolidaban su liderazgo en el ministerio eclesiástico y fortalecían su influencia en la conducción de los asuntos importantes en la vida comunitaria local, es decir, su papel como regentes sociales.

Una emprendedora generación de religiosos hispanocriollos (1629-1649)

Desde el primer tercio del xvii se percibe en la provincia franciscana de Michoacán y más puntualmente en el claustro de Querétaro, la vigorosa acción de un grupo ya significativo de frailes criollos o “hijos de provincia” –es decir, los europeos profesos en Indias– que impulsa y gestiona los planes de mayor alcance. El caudillo de este sector fue fray Cristóbal Vaz, un fraile español, tal vez de origen aragonés, que tomó el hábito en Valladolid de Michoacán a fines del siglo xvi o en los primeros años del xvii y cuyo curriculum, a fuerza de interesante, amerita un breve repaso. Aparte de sus méritos y capacidad individuales, es harto posible que Vaz haya escalado hasta la encumbrada posición que tuvo en su provincia gracias a lo que por aquel entonces se denominaba la “calidad” de las personas, esto es, su origen hidalgo. Se sabe de cierto que la familia de este religioso pertenecía al estamento nobiliario de la corona de Aragón; así, por la rama paterna Vaz era sobrino de Enrique Ursino, conde de Nola –pariente de los Orsini italianos– y por parte de madre, tenía por tío al cardenal de Aragón, don Gaspar de Borja y Velasco, quien por breve lapso fue también virrey de Nápoles. El propio hermano de fray Cristóbal, Benito Vaz, un clérigo y catedrático menor de retórica en la Real y Pontificia Universidad de México, fue súbitamente requerido en Roma (c. 1620) por su tío el cardenal, quien lo hizo obispo de Umbriático, diócesis sufragánea del episcopado de Santa Severina, en Nápoles.²⁵

Aun con tan lustrosos antecedentes familiares, los inicios de la carrera religiosa de Cristóbal no pudieron ser más modestos, pues su primera ocupación fue la de simple ministro predicador en lengua tarasca y mexicana; más adelante fungió como maestro de novicios en Valladolid y luego, en un orden que se diría escalafonario, ocupó las guardianías de los conventos de Apatzingán, Zinapécuaro, Taximaroa, Uruapan y Celaya.²⁶ La jerarquía creciente de estos destinos es un indicador de que su trayectoria iba en ascenso; para 1629, quizá en menos de dos décadas de vida religiosa, había alcanzado ya la categoría de definidor, es decir, miembro del “consejo legislador y asesor” del padre provincial y residía permanentemente en Querétaro. En la primavera siguiente, el Tribunal del Santo Oficio de México lo nombró su comisario, con competencia en este último pueblo y en Taximaroa,²⁷ una distinción a la que de inmediato se aparejó la honrosa encomienda que le asignó el comisario general de Nueva España, fray Francisco de Apodaca: administrar y restaurar las decaídas rentas del monasterio de las clarisas y concluir los trabajos de su nuevo convento, que se habían iniciado alrededor de 1625.²⁸ Así, en calidad de vicario administrador, supervisó de manera directa a los mayordomos de estancias y sembradíos; se afirma también que localizó contratos de arrendamiento y otros papeles extraviados para hacer las cobranzas y que inspeccionó personalmente las propiedades de las monjas. Hay constancia documental de que en ese mismo periodo y para financiar la construcción del nuevo claustro se vendieron varios inmuebles urbanos que pertenecían a Santa Clara, así como una labor de trigo que adquirió el colegio franciscano de Celaya,²⁹ transacciones evidentemente decididas y autorizadas por él.

La crónica religiosa de Michoacán, que encomia el trabajo administrativo de fray Cristóbal, asevera que las rentas de las monjas habían ascendido originalmente a 13 500 pesos y que la incompetencia de los mayordomos seglares las había dejado decaer hasta 9 000, situación a la que el padre Vaz puso remedio.³⁰ En contrario, los testimonios de enemigos suyos afirman que los malos manejos y el dispendio de los ingresos de las clarisas se iniciaron justamente cuando este fraile se hizo cargo de ellos.³¹ Pero es evidente que ambas versiones son exageradas y tendenciosas y que –como suele ocurrir– la verdad se encuentra a medio camino.Una investigación contemporánea, fundamentada en los papeles contables sobre los bienes de Santa Clara, pone de manifiesto que si bien, por una parte, antes de que Vaz asumiera el control (1625 y 1627) los ingresos habían oscilado en realidad entre los 14 000 y los 19 000 pesos; por la otra, el administrador laico, Diego Montañés, había devengado un exorbitante salario anual de 600 pesos (incluso muy por arriba de las percepciones del alcalde mayor), que había sido incapaz de dar cuenta del destino de más de 600 fanegas de trigo y de la distribución del maíz, producto de varias cosechas, y que la suma de las pérdidas y deudas contraídas durante su administración ascendía a 7 600 pesos. Finalmente, esta misma indagatoria establece que fray Cristóbal sí logró solventar dicho déficit y concluir la erección del convento.³² De tal modo que, en el verano de 1633, aún en sus funciones de vicario administrador, Vaz fue figura central en la rumbosa y solemne ceremonia de inauguración del claustro de Santa Clara, a la que asistieron todas las dignidades civiles y clericales y el pleno del vecindario.

En este clima de euforia institucional franciscana, al año siguiente se fundó en el poblado la Tercera Orden (o rama seglar), que congregó en hermandad a la crema y nata de la población. Si Vaz no tuvo que ver directamente en esta cuestión –lo que es dudoso–, sí auspició y patrocinó de manera personal la construcción de una sacristía para la capilla que se asignó a los terciarios en el muro atrial del convento de San Francisco, del lado sur y hacia la huerta, obra que él mismo contrató con el arquitecto Andrés de Chavida.³³ Así que no sorprende que en 1635 se le hubiera designado guardián de la importantísima casa y cura de su doctrina. En este último carácter, y por un asunto de impartición de sacramentos a españoles y castas, tuvo una fuerte controversia con el bachiller Cristóbal Cortés, el primero, o uno de los primeros vicarios foráneos o jueces eclesiásticos nombrados en Querétaro por el arzobispado de México.³⁴ La disputa, por cierto, la ganó el fraile, y aunque pudiera parecer un incidente aislado o circunstancial, no lo fue, según se detallará en otro lugar.

Con tales antecedentes, fray Cristóbal llegó al gobierno de la provincia franciscana de Michoacán en el trienio de 1637 a 1640 y el suyo fue, sin duda, el más activo y brillante de la primera mitad del siglo xvii. Lo primero que hizo fue acatar la orden del comisario general de Indias, que disponía la designación de un cronista o historiador de su jurisdicción. A tal propósito nombró a un buen amigo suyo, el joven profesor criollo fray Alonso de La Rea, con quien luego tendría muy estrecha colaboración y cuya carrera impulsaría, como se explicará en su momento. En cosa de un par de años, La Rea escribió la Crónica de N. Seráfico padre San Francisco, provincia de San Pedro y San Pablo de Mechoacán de la Nueva España, primera historia oficial franciscana de la región.

Sin embargo, en lo que más sobresalió la gestión de Vaz fue en la obra constructiva e institucional: él terminó el inmueble del colegio franciscano de Celaya e inauguró ahí las cátedras de teología, artes y lengua purépecha, estudios que también impuso en la casa de Tzintzuntzan. Fue el primer prelado en visitar personalmente la Custodia del Río Verde (San Luis Potosí), zona de misiones a la sazón dependiente de la provincia michoacana, donde restableció cinco de los puestos abandonados y los dotó de recursos. Fundó e inició la fábrica del nuevo convento de San Antonio en Guatzindeo (Salvatierra), remozó el de Pátzcuaro y remodeló su iglesia, en cuya excavación exhumó los restos de un fraile, que, por iniciativa suya, fueron declarados los del pionero fray Martín de la Coruña, y luego los hizo sepultar solemnemente en el nuevo templo para perpetua recordación del apóstol.

Con todo, lo más descollante de su labor se realizó en Querétaro: ahí dio continuidad a la obra del convento de Santiago que habían echado a andar sus antecesores, con la ampliación del claustro, noviciado y enfermería.³⁵ Pero, sobre todo, sus miras se orientaron a la loma del Sangremal, asiento de la vieja ermita de la Santa Cruz que, a su juicio, resultaba ya insuficiente e indecorosa para el culto a la reliquia. De ahí que –sin pedir consejo y tampoco licencia a ninguna autoridad– la demoliese y empezara a erigir un claustro y templo en toda forma. Se dice que cuando algunos le objetaban las magnas proporciones del conjunto, simplemente respondía: “Déjenme obrar, que esto ha de ser cosa grande”.³⁶ Y para sacar adelante su propósito contó, desde luego, con la generosidad y apoyo de los ricos de la población, entre ellos la acaudalada familia Tovar, uno solo de cuyos miembros, la señora Inés de Soto, que además era hermana terciaria, donó propiedades con valor de 1 000 pesos de oro, con sus respectivos réditos.³⁷

Bajo el mandato de fray Cristóbal, el convento de Santiago de Querétaro, sede de sus operaciones, desplazó en importancia al claustro vallisoletano y lo sustituyó, si no de derecho sí de hecho,³⁸ como cabeza de la provincia. En esta casa el incansable prelado se reunía con sus colaboradores y adeptos, ministros criollos hijos de distinguidas familias locales (como el mencionado fray Alonso de La Rea, fray Juan de Ceballos, fray Juan Muñoz y Sanabria, y otros); elaboraba planes y conseguía benefactores. Vaz alcanzó por entonces el pináculo de la gloria: a sus diversos y prestigiosos cargos, sumaba un nutrido grupo de influyentes e incondicionales amistades, sobre todo reclutadas entre la vieja aristocracia local, como los Echaide³⁹ y los ya mencionados Tovar; asimismo mantenía cordiales relaciones con los alcaldes mayores, que si bien eran funcionarios “de paso” pues se relevaban cada trienio, ocupaban el más elevado sitial del poder político y judicial de la localidad. Y sin embargo, bien fuese por las animosidades que suscitaron su trabajo y sus blasones o, como luego aducirían otros, por los efectos de su carácter prepotente y descomedido, Cristóbal Vaz fue haciéndose también de muchos y muy poderosos adversarios, tanto en el seno de su orden como fuera de ella.

Los primeros, que pertenecían al “partido” español de su orden, se hicieron sentir con prontitud generando tensión, dado que al concluir su periodo de gobierno en la provincia, su sucesor, el peninsular padre Velasco y el definitorio recién electo descalificaron algunas de sus acciones y así hicieron arrancar del Libro becerro (registro de todos los actos y decisiones de gobierno de la provincia) las causas, informaciones y procesos que Vaz había abierto contra algunos de sus hermanos de hábito –al parecer la mayoría españoles–, con el argumento de que “no estaban suficientemente sustanciados”.⁴⁰

Más allá del desaire, no existen pruebas de que se le hubiera impuesto sanción alguna, muy por el contrario, entre 1640 y 1646 fray Cristóbal volvió a ser definidor y poco más adelante, guardián del convento de Valladolid. Empero, la lucha de Vaz contra el poder de los hermanos “gachupines” no cejaba, porque hay indicios de que en estos seis años se dedicó a la política interna, acaudillando al grupo criollo y promoviendo enérgicamente, si bien hasta entonces en vano, el establecimiento de la alternativa en la provincia de Michoacán, o sea, la rotación del gobierno trienal entre frailes españoles y americanos, un gobierno que, hasta el momento, sólo recaía en los europeos. El prospecto de provincial criollo que el padre Vaz tenía en mente era el joven religioso Alonso de La Rea, de quien antes había hecho el primer cronista provincial de Michoacán y cuyos antecedentes biográficos vienen aquí al caso porque ilustran en cierta forma el tejido social del que se nutría la institución franciscana en la región, así como el curso que podían seguir ciertas carreras particulares en la orden.

Nacido antes de 1608, Alonso era un queretano de ascendencia navarra. Fue hijo natural de un desconocido Tomás Angulo y de una muy notoria Francisca La Rea, que era pariente de los ricos y homónimos ganaderos y comerciantes locales Rodrigo, Cristóbal, Juan y Andrés.⁴¹ De niño, tal vez con unos 12 o 13 años, se le envió a la ciudad de México, a educarse con los jesuitas de San Ildefonso.⁴² Muy probablemente los crecidos gastos de su matrícula y sostenimiento los costeó quien ya por entonces era su padrastro, el capitán Bartolomé Álvarez Caballero, otro criador y dueño de las estancias de Lagunillas, Xuchitlán y los Cues, todas en las inmediaciones de Querétaro. En la corte virreinal permaneció Alonso unos tres años y luego volvió de improviso a su pueblo, acaso por la temprana muerte de su madre.⁴³ En el otoño de 1623 ingresó como novicio al convento franciscano de Valladolid y al año siguiente tomó el hábito; debió hacer sus votos sacerdotales alrededor de 1629.⁴⁴ No se dedicó a la administración de indios ni aprendió sus lenguas, fue predicador de españoles y la circunstancia de haberse educado con los jesuitas quizá determinó que se convirtiese en lector (o profesor) de filosofía y teología, actividad a la que se dedicó a partir de 1630, al parecer ya en el noviciado de Querétaro. En la cátedra estaba aún siete años después, cuando el provincial Vaz le ordenó preparar la historia de la provincia y cuando empezó a recibir los beneficios de la relación de amistad con su superior. De hecho, tan sólido resultó su vínculo, que partes importantes de lo que La Rea consignó en su Crónica, su fulgurante y breve carrera en la orden e incluso su final desaparición de las primeras filas del escenario político provincial, no se explicarían sin recurrir necesariamente a la trayectoria y personalidad del polémico Vaz.

Como cabría esperar, la dedicatoria de la Crónica de la provincia de los santos apóstoles San Pedro y San Pablo de Michoacán de La Rea era para fray Cristóbal, a quien colmaba de elogios, por el “oro” de su capacidad y por la “fuerza de sus hombros” que llevaban a cuestas la pesada responsabilidad del régimen provincial. Con el mismo encendido tono laudatorio el cronista refiere en sus páginas las acciones que, unos cinco años antes, hubiera emprendido Vaz para restaurar las rentas del convento de clarisas y terminar su convento; el mismo tratamiento encomiástico da a la visita e inspección que el prelado hizo a las misiones del Río Verde.⁴⁵

En cuanto a la carrera religiosa de La Rea, a dos años de publicada su historia de la provincia, esto es 1645, se cumplieron sus 15 años reglamentarios de docencia, razón por la que se le concedió la jubilación como lector de teología y de la cátedra pasó inmediatamente al prestigioso cargo de predicador de españoles en Santiago de Querétaro. Tal vez por haberse labrado cierta reputación en el púlpito o porque alguien se interesó en que lo diera a prensas, en 1646 se imprimió uno de sus sermones, el Panegírico de la virgen Santa Clara (México, Viuda de Bernardo Calderón), predicado en agosto de ese año en el templo de las clarisas. Según se acostumbraba, en la portada del impreso aparecía una dedicatoria, pero en este caso no era para eclesiástico alguno, sino para un seglar rico y poderoso que, además, era protector local de la orden: el capitán don Juan de Orduña, alcalde mayor de Querétaro, regidor de México, familiar del Santo Oficio, estanciero y propietario de obrajes,⁴⁶ quien muy factiblemente aportó el patrocinio y el dinero para la impresión y quien, más adelante, prestaría otros servicios de más consideración a Vaz y a La Rea.

En ese mismo año 1646 el todavía guardián de Valladolid, fray Cristóbal Vaz, estaba muy pendiente de los informes sobre las resoluciones del capítulo general de la orden franciscana, reunido en Toledo el año anterior, al que se había solicitado, de seguro por iniciativa suya, la concesión de la alternativa para San Pedro y San Pablo. Merced a su muy estrecha amistad con Juan de Prada, comisario general de Nueva España, fray Cristóbal supo de la aprobación y de la ulterior orden para que, en la siguiente elección michoacana, se votase por un fraile criollo. Todo ello constaba en las cartas de aviso que ya tenía Prada; sin embargo, el documento capital, la constitución con los sellos del ministro general, no logró llegar a tiempo para la celebración de la asamblea capitular michoacana (abril de 1646). Por tal motivo, unas semanas antes y al frente de una delegación de 12 religiosos novohispanos, fray Cristóbal se apersonó ante las autoridades exigiendo el cumplimiento inmediato de la alternativa.⁴⁷ En el documento de la demanda, Vaz denunciaba la “manifiesta injusticia” de que, en cuarenta años de provincialatos, sólo un trienio hubiera correspondido a un criollo (aludía al gobierno de fray Diego Muñoz, 1601-1604), siendo que el número de los americanos sobrepasaba ya en más de la mitad al de los españoles. Pero de nada valieron sus alegatos ni conminaciones: días más tarde, en el convento de Querétaro la parcialidad peninsular eligió por provincial al español fray Juan de Iraizos. En dicho capítulo, a fray Alonso de La Rea se le encomendó la guardianía del convento de Apaseo, casa muy cercana pues se ubicaba a medio camino entre Celaya y Querétaro. También se le designó por entonces secretario del definitorio, cargo secundario pero próximo al centro de toma de decisiones, ya que debía estar presente en las juntas del órgano gubernativo cada vez que fuera necesario despachar negocios importantes para la provincia.

Fray Cristóbal Vaz y su grupo criollo no se resignaron; se querellaron por carta, que llegó a Madrid en 1647, y que debe haber surtido el efecto esperado, toda vez que en el siguiente capítulo, celebrado también en Querétaro en enero de 1649, de manera terminante y bajo graves penas por incumplimiento, se decretó el establecimiento formal de la alternativa en Michoacán. En la votación, finalmente, salió electo provincial el padre La Rea; de seguro el peso político y el prestigio de fray Cristóbal influyó poderosamente en el ánimo de los vocales para inclinar la balanza a favor de su amigo. Y llevadas las cosas más allá, tampoco es tan peregrina la idea de que Vaz hubiera elevado a la máxima prelatura a fray Alonso para seguir manejando, a través de él, los hilos de la administración provincial; de hecho, durante el trienio de La Rea (1649-1651), fray Cristóbal fue otra vez definidor. En términos generales, el régimen del padre La Rea parece tener con el de Vaz una especie de continuidad, como si no hubieran mediado entre ellos una década y otros tres gobiernos. Porque fray Alonso no sólo heredó las empresas, proyectos y obras materiales iniciadas por Vaz, sino que este mismo figuró, en algún caso, como comisionado de ellas.

Asegurado así el gobierno, los tiempos parecían risueños y propicios para continuar los trabajos empezados con anterioridad, por ejemplo, los del remozamiento del convento de Querétaro y los de la capilla de la Tercera Orden, para lo que siguieron recabando fondos.⁴⁸ Estaban también los del aún inconcluso convento de la Santa Cruz, que Vaz había emprendido desde 1638, y cuyas dimensiones resultaron tan monumentales que alcanzaron el doble del espacio construido en el convento “grande” de Santiago.

Manzanas de la discordia: la santa cruz, el curato y el convento de santa clara

Desde fines de los años 30 del siglo, el pueblo congregaba ya a más de 400 vecinos españoles; algunos de los residentes tenían fortunas de consideración y sus hijos y parientes habían alcanzado honrosas posiciones sociales. Esta bonanza se aprovechó en la formalización y afianzamiento de sus propiedades en 1643, cuando la Corona, necesitada de fondos con que financiar sus guerras en el continente europeo, lanzó una campaña ultramarina para la “composición” de tierras (arreglo o legalización de títulos de propiedad). Entonces, los vecinos propietarios, congregados como “república del pueblo de Querétaro”, se hicieron representar ante el virrey conde de Salvatierra por uno de sus paisanos, a la sazón abogado de la Real Audiencia, el doctor Antonio de Cárdenas y Salazar, quien solicitó la composición de “todos” los predios, aguas, casas y demás heredades de la jurisdicción, ofreciendo a cambio 8 000 pesos, pagaderos en dos exhibiciones. En este trato, sólo el convento de Santa Clara contribuyó con 2 500.⁴⁹ La postura fue admitida y de inmediato intervinieron en el arreglo de los detalles algunos notables del poblado: el capitán Gabriel de Sotomayor, Miguel Velázquez Lorea, Juan Bautista Ruiz de Peralta y Nicolás Robles.⁵⁰ Puede que a partir de esta fecha hayan sido tales señores –o acaso otros de la misma jerarquía– los que integraran un “regimiento” o “cabildo” extraoficial del poblado. Gente que, sin títulos formales, empezaba a opinar, a decidir y tener una injerencia cada vez mayor en el curso de la vida pública de Querétaro.

Aparentemente en toda la década que llevaba construyéndose el conjunto conventual de la Santa Cruz, los vicarios o jueces eclesiásticos (y ya en 1648 lo era don Antonio de Cárdenas y Salazar⁵¹), la clerecía local, y al parecer también un sector del nuevo patriciado urbano, habían venido oponiéndose a la obra. Y no era que no desearan tener un santuario para la principal reliquia del pueblo, sino que no lo querían como otra extensión del monopolio franciscano.⁵² Sin embargo, a la vuelta de diez años, el edificio estaba casi terminado y ya tenía ocupantes, tanto así que el capítulo de enero de 1649, en el que se nombró provincial a La Rea, se acordó que se le concediese el carácter de guardianía, lo que causó un escozor aún mayor a sus detractores, quienes acabaron por denunciar en México la situación irregular de la construcción.

Tan se veían venir problemas graves que, en marzo de ese año, el comisario de Nueva España, fray Buenaventura Salinas, se apresuró a conseguir del arzobispovirrey, don Marcos de Rueda, una orden dirigida al juez eclesiástico Cárdenas para que no hostigase a los franciscanos ni hiciese contradicción a la obra de la Santa Cruz y otra, paralela, al alcalde mayor de Querétaro, don Diego de Astudillo, para que diera el apoyo necesario a los frailes. El 15 de abril el padre provincial La Rea, muy ufano, exhibió los mandamientos de Rueda, lo que contrapunteó a la representación de la autoridad diocesana con la civil, pues mientras Antonio de Cárdenas montó en cólera, el alcalde Astudillo, resuelto partidario de los religiosos, se manifestó encantado de proteger el conjunto del Sangremal. Dos días después, a toda prisa, el provincial La Rea dispuso el levantamiento de una información notarial entre el vecindario para avalar los prodigios y curaciones milagrosas de la santa reliquia.⁵³ Cabe señalar que parte de estos relatos ya los había incluido el mismo fray Alonso en su Crónica, terminada un decenio atrás.

No obstante, a fines de ese mes, la muerte del arzobispovirrey Rueda hizo que los acontecimientos diesen un giro radical; antes de transcurridos 20 días de los funerales, el provisor del arzobispado de México le había arrancado a la Audiencia gobernadora una real provisión, que disponía proceder a derruir de inmediato el inmueble de la Santa Cruz si los frailes no exhibían en el acto las licencias correspondientes. Parece que en Querétaro la llegada de este mandamiento dio pie a un alboroto grande y que un buen número de los propios habitantes del pueblo ofrecieron resistencia a su cumplimiento. Como fuese, los religiosos apelaron la ejecutoria, de suerte tal que el 12 de mayo de 1649 la Audiencia acordó una tregua y la suspensión de todo acto para remitir consulta a las autoridades de la península.⁵⁴ Parte del vecindario español y el cabildo indígena de Querétaro designaron entonces como su vocero a un tal don Alonso Méndez de Jigundez, procurador o agente de negocios en el Consejo de Indias,⁵⁵ al que pertrecharon bien de argumentos, pero sobre todo de un generosísimo donativo para ablandar el ánimo de Su Majestad y convencerlo de que el nuevo santuario era una especie de obra de utilidad pública y un símbolo de identidad para la población que se congregaba en torno a su reliquia.

A la vista de los hechos y del parecer del Consejo de Indias, el 19 de febrero de 1650 Felipe IV emitió cédula que instaba al virrey, conde de Alba de Liste, y al nuevo obispo de Michoacán, que iba camino a su diócesis, a que hiciesen las averiguaciones respectivas y que, de comprobarse que la obra no tenía licencia, se demoliese. El obispo Ramírez de Prado, prelado conciliador y prudente, llegó a Querétaro a principios de noviembre de ese año. Aquí la cuestión es que el dignatario tenía la consigna de averiguar la existencia de un permiso para la “ermita” que se había construido,⁵⁶ cuando en los hechos, lo que había allí era una iglesia en toda forma y de grandes proporciones, sin incluir el convento a ella anexo.

En principio, Ramírez de Prado debió haber hablado con el provincial La Rea y su definitorio, y luego procedió a levantar su propia información jurídica entre ocho testigos, de los más “ancianos” y respetables, sobre la historia y antigüedad de la reliquia de la cruz y del santuario del Sangremal. Entre estos testimonios de apoyo figuraba, de manera muy principal, el del ex alcalde mayor, distinguido vecino y benefactor de la orden, don Juan de Orduña, a quien fray Alonso había dedicado unos años atrás su sermón impreso: Panegírico de Santa Clara.

Las conclusiones de la indagación resultaron favorables para los frailes, y en ellas se percibe la mano mediadora del obispo michoacano. De modo tal que fray Alonso de La Rea consiguió de Su Ilustrísima y, por extensión, del virrey en tanto representante del Regio Patronato, que se abogase por la concesión de un periodo de gracia para solicitar, de manera bastante extemporánea como se ve, la licencia de construcción correspondiente. El resultado fue que se suspendió la amenaza de demolición del templo y convento de la Santa Cruz y que, finalmente –ya más adelante en 1653– arribó la real cédula, que daba el visto bueno a la construcción, accediendo a la petición del “Concejo, justicias y regimiento de Querétaro” de que la iglesia, “levantada hace más de ochenta años”, por los franciscanos, posiblemente sin licencia, en un primitivo humilladero, donde existía una cruz milagrosa “se tenga como autorizada y no se le destruya...”.⁵⁷ Se advertirá que la cédula iba dirigida a un “concejo y regimiento”, que todavía no existía, al menos no formal-mente. Aunque restablecida de momento la paz, no quedaron ahí las cosas, pues aun vencidos en una primera escaramuza, los poderosos enemigos de fray Cristóbal Vaz y de su hechura, La Rea, todavía tenían otra carta que no tardarían en jugar.

Por lo pronto, en tales empeños, se llegó el año de 1651 que fue el del término del periodo de gobierno de fray Alonso La Rea y el del inicio de una nueva y gran ofensiva, que vendría primero desde el seno mismo de la provincia franciscana, por parte de la facción española. El capítulo de ese año se abrió con una amarga queja de un ex provincial peninsular, el viejo fray Andrés Medrano, quien acusó al prelado saliente de haber hecho inequitativo reparto de las guardianías y los oficios para favorecer a los frailes americanos, puesto que las concedidas a los españoles eran pocas y, en su opinión, francamente constituían, “el desecho, salvo tres o cuatro”.⁵⁸ También denunció a La Rea y a su definitorio –donde figuraba Vaz– por haber manipulado voluntades electorales para designar candidatos, aprovechándose de que la autoridad suprema, el comisario de la Nueva España, “no conocía a los sujetos [y así], hacen lo que quieren” y un reproche más era que el provincial saliente había depuesto y trocado guardianes a su antojo. El comisario Salinas, ahí presente, hizo un recuento y sacó en claro que el reparto de cargos no había sido desigual (25 para criollos, 24 para españoles), aunque sí encontró que fray Alonso había operado cambios arbitrarios en las guardianías; éste se defendió alegando que si había procedido así era en razón de determinados procesos que, por faltas, se les seguían a algunos religiosos… Y como las hojas correspondientes del Libro becerro de provincia fueron igualmente arrancadas,⁵⁹ no se sabe en qué acabaron dichas pendencias con las que se cierra turbulentamente el periodo de gobierno de La Rea, pero cabe conjeturar que los acusados no saldrían del todo limpios.

Por su parte, la clerecía local también lanzó un ataque, a través de una tentativa para despojar a los frailes del curato de Querétaro, pues impetró y obtuvo del monarca una cédula –fechada en el Buen Retiro el 15 de febrero de 1651– que ordenaba al virrey hiciese una indagatoria sobre la atención espiritual de la localidad, visto que la veintena de sacerdotes seculares del poblado se decían “muy pobres” y “sin iglesia para decir misa”. En el texto, los eclesiásticos quejosos aseguraban hablar en nombre de los “desconsolados” 800 vecinos (unos 10 000 habitantes, entre españoles, negros y mestizos, sin contar los indígenas), a quienes los religiosos cobraban “muchos pesos por los entierros” y a quienes se negaban a confesar, alegando que no estaban obligados y que si los atendían era sólo “por caridad”.⁶⁰ Dos años más adelante, los mismos presbíteros consiguieron que el conde de Alba de Liste reconviniera a los frailes y los exhortara a no obligar a los indios a prestarles servicios personales o a remunerarlos de otras formas.⁶¹ Sin embargo, las cosas no pasaron a mayores: la orden de San Francisco aún pesaba mucho en el pueblo y el ascendiente del padre Vaz gravitaba todavía más en la provincia. Así lo corroboran otros testimonios, como el de noviembre del 51, fecha en que fray Cristóbal acompañó al comisario Salinas al pueblo de Charo a hacer una visita al célebre agustino, ya anciano y muy enfermo, fray Diego Basalenque. En esa ocasión, el reverendo Salguero, prior del convento, se refirió elocuentemente a Vaz como “padre de la provincia de San Francisco de Mechoacán y muy autorizado en ella…”.⁶²

Se ha dicho ya que de las fundaciones queretanas de San Francisco, la del convento de las clarisas era importantísima para el padre Vaz, pues en cierto sentido era algo que consideraba su creación personal. Para cuando Alonso La Rea asumió el gobierno de la provincia se habían cumplido 12 años sin que algún miembro de la orden hubiera tenido intervención en el manejo de los bienes de aquel monasterio, que había estado en manos de seglares; los últimos habían sido don Sebastián de Berganza, don Bernabé de Vigil Valdés (de 1645 a 1647)⁶³ y don Pedro Ruiz de Olaso (1648 a 1650). Así que probablemente porque fray Cristóbal estaba ansioso por ocuparse de ello de nuevo, el provincial y el comisario Salinas le extendieron en 1650 el nombramiento de superintendente. Lo primero que hizo fue remover al administrador Ruiz de Olaso, en cuya sustitución designó a un pariente o allegado suyo, Francisco Bravo de Aguilar, a quien hizo responsable directo de las cuentas, los libros y el dinero, en tanto que él se reservó la tarea de inspeccionar en persona los prospectos para compra de nuevas tierras en sitios próximos, como Salamanca, y en otros más lejanos como Zacatecas.⁶⁴

Viene al caso señalar que, para estos años, el convento de Santa Clara era ya considerado uno de los más ricos de la Nueva España. Sus rebaños de ovejas y sus bienes raíces (unas 10 labores, otras 20 propiedades menores, más algunas casas), se encontraban en Querétaro o en sus inmediaciones, en el triángulo formado por este pueblo, Celaya y San Juan del Río. Sin embargo, por aquel entonces, en Querétaro, el precio de las ovejas y el de su alquiler había disminuido a causa de la falta de agostaderos en la zona, razón por la cual los ganaderos llevaban sus rebaños a pastar más al norte. ⁶⁵ Tal vez en función de esto, el padre Vaz se propuso adquirir para las religiosas predios de pastoreo más septentrionales y acaso pudo ser ello, o cualquier otro asunto relacionado con transacciones relativas al convento, el detonador de desavenencias entre él y el ex administrador de Santa Clara, don Bernabé de Vigil Valdés, que era además adinerado terrateniente y criador queretano, dueño de fincas y grandes extensiones de pastizales para ganado menor en Cocula, Nueva Galicia, donde apacentaba a sus rebaños, y –mediante pago– también a los de otros propietarios, y que operaba con créditos del convento de las clarisas.⁶⁶ Sea como fuese, la injerencia directa de un religioso en el manejo de los bienes, rentas y dineros de Santa Clara no sería en absoluto del agrado de éste y otros magnates, que se tomarían mucho más a pecho el que, en 1652, a raíz del fallecimiento del administrador Bravo de Aguilar, fray Cristóbal asumiera personalmente la conducción de los negocios.

Por añadidura, las decisiones de Vaz sobre el convento de las monjas no se limitaban al aspecto económico, pues desde 1649 y según se decía, a instancias del provincial La Rea (aunque quizá en realidad a las del padre Vaz), la anciana sor Luisa del Espíritu Santo, monja fundadora e hija de Diego de Tapia, había sido elevada a la dignidad de abadesa, y esto en contra del parecer de otras religiosas, quienes aducían que su avanzada edad le impedía gobernar adecuadamente. Por otro lado, de acuerdo con algunas versiones, fray Cristóbal había permitido la profesión de una protegida o “devota” suya que, al parecer, no reunía las calidades necesarias para el ingreso, a quien, además, le mandó construir una celda particular.⁶⁷

El despliegue de poder y atribuciones sobre una de las instituciones eclesiásticas más ricas e importantes de Querétaro –y tanto que, a la sazón, era la mayor propietaria de tierras en el distrito– y que, adicionalmente, era fuente de financiamiento para muchos empresarios locales,⁶⁸ fue lo que acabó por desbordar el vaso de hiel que un sector de la plutocracia queretana le venía reservando a los franciscanos, y muy en particular a su miembro más conspicuo: el padre Vaz. En el grupo de sus adversarios he logrado ubicar a personajes de alto relieve, como el latifundista, ganadero y capitán don Juan Caballero de Medina (con dos hijas monjas); los hermanos Cárdenas y Salazar: don Antonio, presbítero y abogado de la Real Audiencia, y don Juan, capitán y terrateniente (la hermana de ambos, Juana de San Antonio, era novicia en Santa Clara); el primo de los anteriores, el minero y capitán don Lorenzo de Cárdenas; el también empresario minero, regidor del ayuntamiento de México y alcalde mayor de Querétaro, don Antonio de Monroy (con tres hijas en el referido claustro) y, desde luego, el ex administrador don Bernabé de Vigil Valdés. ⁶⁹ Casi todos eran dueños de grandes extensiones de terreno y de hatos y formaban parte de una nueva “aristocracia que aspiraba, tanto como la nobleza peninsular, a ligar la propiedad del suelo con el prestigio del nombre”.⁷⁰ Como dije, estos influyentes señores parecían tenerle bastante ojeriza a fray Cristóbal Vaz y no sería raro que uno, o varios, hubieran llegado a amenazarlo con proceder judicialmente en contra suya. De ahí que, anticipándose a la tempestad, Vaz acudiera en 1653 a la Audiencia de México, a levantar información de méritos y servicios, que luego enviaría, impresa, a España,⁷¹ para poner de relieve su noble origen y los muchos servicios que su familia había prestado a la Corona.

El 4 de enero de 1654 llegó a Querétaro el oidor don Gaspar Fernández de Castro a zanjar una disputa por abasto de aguas entre el convento de Santa Clara y los indígenas de La Cañada o Patehé, diligencia que finalmente organizó la distribución de agua para todo el poblado y para sus negocios agrícolas y pecuarios y en la que, por cierto, el funcionario se embolsó la bonita cantidad de 2 216 pesos con cargo a las monjas.⁷² La visita también fue aprovechada por los notables para denunciar ante el alto magistrado a Vaz por la “mala administración” de las rentas del convento de clarisas en los últimos cuatro años. No está de más señalar que Fernández de Castro había sido acérrimo enemigo del difunto arzobispovirrey don Marcos de Rueda, el antiguo protector de los frailes queretanos en el episodio del convento de la Santa Cruz, así que la ocasión no podía ser más propicia para ajustar con éstos algunas cuentas pendientes.

De tal suerte que, junto con la inculpación antes mencionada, salió a relucir una larga lista de incriminaciones, unas antiguas y otras actuales, como que fray Cristóbal había depuesto sin razón –veinte años atrás– al anónimo arquitecto franciscano que diseñara los planos originales del nuevo convento de Santa Clara; que se había inmiscuido para hacer abadesa a una religiosa anciana e impedida, a fin de manipular su voluntad y decidir en materias del gobierno interno; que había osado dar el velo de monja a una candidata indigna, a quien, además, había favorecido en exceso; que se había coludido o se había aprovechado de la complacencia de los padres ex provinciales fray Pedro de Aguilar y fray Tomás de Zavala para disponer a su libre arbitrio de las propiedades e ingresos del monasterio de las clarisas; que había despojado del cargo al administrador Ruiz de Olaso para poner en él a un deudo suyo quien, en breve lapso, se había enriquecido inexplicablemente y que se había escudado en la protección del antiguo comisario de Nueva España, fray Juan de Prada, y en la de su cargo como comisario del Santo Oficio para maltratar y agraviar a muchas personas del estado clerical. Unas cuantas de estas acusaciones bien pueden haberse fundado en los dichos de ciertas monjas, hijas o parientes de los prohombres locales –como Caballero, Monroy y los Cárdenas–, otras en las de los sacerdotes diocesanos del pueblo y todas, compartidas por los denunciantes seglares, fueron aparentemente canalizadas a través del doctor Antonio de Cárdenas y Salazar, que sin dejar de ser abogado de la Audiencia y arcediano en Oaxaca, era también procurador de Santa Clara de Querétaro en la ciudad de México.⁷³

¿Cuántas de estas querellas tenían fundamento y cuántas eran exageraciones o incluso calumnias? No es sencillo sacarlo en claro, pero examinemos algunas circunstancias con mayor detenimiento. En cuanto a la administración de las rentas de Santa Clara, la documentación histórica demuestra que los problemas y quebrantos económicos se dieron por igual bajo la conducción de frailes que de laicos; en este sentido, y durante la primera mitad del siglo xvii, lo mismo hubo quejas contra encargados seglares (como el susodicho Diego Montañés en 1627), que contra religiosos (como fray Pedro Moreno en 1637),⁷⁴ además, en otro lugar ya se ha dicho que, en su primera administración (1630-1633), Vaz efectivamente recuperó cobranzas perdidas, lo que haría improbable que en esta de 1649-1652 hubiera incurrido en desvíos o derroches. Por otro lado, las mismas preladas del monasterio tomaron su defensa y manifestaron seguir confiando en él y, adicionalmente, en la rendición y toma de cuentas intervino un individuo con amplia experiencia contable, el nuevo alcalde mayor don Gabriel de Moscoso,⁷⁵ quien las avaló y dio por buenas, tanto así que en los autos efectuados no fue posible probarle malversación o “alcance” a fray Cristóbal.

En realidad, las restantes acusaciones sólo exhiben al padre Vaz como hombre prepotente, despótico y arbitrario. Esto bien pudo ser cierto; no rara vez las personas de carácter emprendedor y sobradamente seguras de sí mismas –como parece haber sido el caso– y más si están dotadas de poder, acaban por ser impositivas y arrogantes, lo que ofende o repele a muchos y, sobre todo, les concita la enemistad de otros jerarcas. Es muy posible que fray Cristóbal haya hecho y deshecho a su antojo (como se constata en la construcción del conjunto conventual de la Santa Cruz) y también que, en uso de sus facultades, por ejemplo, en calidad de comisario de la Inquisición, hubiera atropellado a otras dignidades (v.g. a los prelados españoles de su provincia, al vicario eclesiástico Cortés, quizá al mismo doctor Cárdenas y Salazar y a otros presbíteros). Así que hay suficientes razones para suponer que, aun sin incurrir en fraudes, procedió con potestad casi absoluta en la administración del convento de Santa Clara, que era lo que alegaban los denunciantes y que fue lo que, a la postre, concluyó la indagatoria conducida por el oidor Fernández de Castro.

En el fondo, y como ya se apuntó más arriba, acaso lo inadmisible para la nueva plutocracia de Querétaro cuyos negocios y rentas iban en aumento, era que un simple fraile, un doctrinero de indios, hiciera semejante alarde de autoridad sobre uno de los institutos emblemáticos del poblado y que, encima, tomase decisiones soberanas en otras cuestiones inherentes a la “república”, particularmente la inversión de recursos del convento en adquisición de tierras y otras transacciones similares. Esto debió ser lo que lesionó gravemente los intereses, la susceptibilidad y el puntilloso sentido de la jerarquía y del honor de algunos de los más insignes miembros de la aristocracia queretana. No se deduce otra cosa de las palabras que se plasmaron en el documento de los autos de 1654:

Tantas conveniencias [de Querétaro] desacomoda el único interés de este religioso y las disfruta […] empleando mal lo que usurpa con descrédito de su religión y su persona, no sin escándalo del pueblo…[es] un religioso que no tiene bienes ni fiadores ni más caudal que el título de padre de provincia y comisario del Santo Oficio, que sirve a la comunidad de su persona…

y a no poder sacarle deste pueblo fácilmente, donde está bien hallado veinticuatro años ha, y donde con el título de comisario […] ha hecho notables agravios […] desaires que padecieron las quejas de otras religiosas y religiosos por el agrado que tenía ganado el padre Vaz del comisario general antecesor [fray Juan de Prada]…⁷⁶

En las fojas finales de la causa, la recomendación del fiscal de la Audiencia, don Pedro de Oroz, era que, una vez que fray Cristóbal hubiera entregado cuentas puntuales de la administración de Santa Clara, se le impusiese una especie de destierro. El magistrado expresaba que sería conveniente que se le “alejase deste pueblo a otro de buen temperamento”, donde hubiera casa franciscana y que tal consideración se le guardara sólo atendiendo a que había sido religioso muchos años y a que había desempeñado diversos e importantes puestos. Ésta vez no hubo defensa por parte de la vieja guardia de la aristocracia local, mucha de la cual, tal vez, había muerto para entonces o había perdido su influjo. Los tiempos cambiaban.

Vaz recibió la sentencia y esperó la orden de su provincial, fray Bernardino Hermoso de Estrada, para cumplirla. Con eso se cierra el expediente, así que no hay forma de saber si, aparte del bochorno de haber sido sometido a una auditoría, también haya resultado desterrado, aunque todo parece indicar que no. Sin embargo, a partir de 1654 su firma se esfumó de las páginas y actas del Libro de Provincia. Como haya sido, a raíz de este escándalo, en el que se alió una parte del patriciado, el conjunto del clero local y acaso también, de manera más discreta, la facción española de la provincia, fray Cristóbal perdió su encumbrado sitial en San Pedro y San Pablo de Michoacán, específicamente en Querétaro. Desde luego, fue removido de inmediato de la comisaría del Santo Oficio del poblado, que el bachiller Juan de Buenrostro y Sarmiento, presbítero y vecino, solicitó y obtuvo en 1655. El golpe a su dignidad fue, sin duda, mortal: el padre Vaz falleció en el convento de esa ciudad en 1656.⁷⁷

Se diría que en su caída arrastró igualmente a fray Alonso de La Rea, cuyo nombre dejó de aparecer con la asiduidad de antes en los expedientes provinciales. Todavía en el trienio 1654-1657 fungió como definidor; a partir de ese último año figuró en las actas del definitorio sólo en calidad de “provincial absoluto” (esto es, de ex provincial), pero ya por entonces se excusaba con frecuencia de asistir a las juntas, enviando para ello constancia escrita de estar enfermo. Una de estas notas, de mano distinta a la suya, indica que en enero de 1658 se encontraba muy delicado de salud. Por un informe del obispo fray Marcos Ramírez de Prado se sabe que La Rea murió en Querétaro en el transcurso de 1661.⁷⁸

También irónicamente, a la vuelta de muy pocos años, se trocó el destino de una de las creaciones más entrañables de Vaz: la Santa Cruz que, desde 1667, dejó de ser la segunda guardianía de Querétaro. Por disposiciones superiores de la orden, el recién llegado comisario de Nueva España, fray Hernando de La Rúa, la convirtió entonces en “casa de recolección”. Sin dejar de ser posesión provincial de Michoacán y de la misma rama franciscana observante, y sin alterar su condición de santuario, se ordenó que a ella se trasladasen aquellos religiosos de la provincia que, voluntariamente, quisieran llevar una vida de mayor pobreza, reclusión y perfeccionamiento; mucho más austera y dedicada de manera exclusiva a la plegaria y a la penitencia.⁷⁹ A partir de ese momento, el convento cambió de moradores y adoptó el nombre de “recolección de San Buenaventura de la Santa Cruz de los Milagros”.⁸⁰

A rey muerto rey puesto: constitución de cabildo y expedición de título de ciudad

La supresión definitiva del panorama político, social y económico queretano de una de las figuras franciscanas más descollantes de que se tuviese memoria coincidió, para la elite local, con una racha por demás afortunada. El 1° de junio de 1654 Felipe IV expidió en el Buen Retiro una “Real cédula sobre los medios de arbitrar fondos para ayuda a las guerras y urgencias de la Corona”, dirigida a todas las audiencias y virreyes americanos, a fin de que sacasen a la real almoneda cuanto puesto fuese posible y también de que revisasen los vendidos desde 1626 a la fecha, admitiendo nuevas pujas si tales oficios habían sido subastados en precio menor al justo.⁸¹

La cédula dio lugar a gran movimiento en la corte virreinal, que despachó agentes a todo el reino para iniciar la recaudación de “servicios” y, de ser el caso, efectuar también los remates. A principios de septiembre de 1655 se presentó en el pueblo don Andrés del Rosal, contador del Tribunal de Cuentas de la Nueva España y “juez para beneficiar el donativo y otros medios del aumento de la real hacienda real en las provincias de Santiago de Querétaro” y otras del arzobispado de México. Reunió de inmediato al vecindario y leyó la real petición para recabar fondos, que también le instruía para que en tal objetivo se buscase igualmente “la conveniencia y utilidad de las repúblicas.”

Luego de ello, los señores principales del pueblo se reunieron a deliberar y a hacer números, para lo que se tomaron su tiempo; finalmente, el 30 de septiembre dieron una respuesta, en la que se intitulaban “regidores y capitanes” y representantes de todos los vecinos y ofrecían, por el otorgamiento del título de ciudad y de los cargos propios del cabildo, hacer un servicio al rey de 3 000 pesos –pagaderos en dos partes– dado que había “pocos” residentes de recursos y la mayor parte del vecindario “era pobre”. Junto con este memorial presentaban sus capitulaciones (o solicitudes), que ciertamente pretendían muy amplias concesiones, entre otras, que en el cuerpo capitular no se introdujeran más miembros que los ahí acordados y que se regularizara la residencia de españoles que habían entrado sin permiso al reino.

Del Rosal volvió a México con los documentos ya suscritos, lo que ocasionó un arrebato de ira al virrey Alburquerque, pues el joven y bisoño comisionado se había dejado engatusar por los astutos empresarios queretanos, toda vez que había aceptado una única, y más bien magra cantidad, por concepto de dos ventas diferenciadas: la del título y la de los oficios del cabildo. Contrito, don Andrés tuvo que retornar, provisto, además, de una carta virreinal específicamente dirigida a don Juan Caballero de Medina, que instaba a éste a prestar ayuda en una nueva negociación orientada a conseguir más dinero de los flamantes capitulares.

¿Y quiénes eran ellos? Entre los regidores sobresalía don Bernabé de Vigil Valdés, a quien se sumaban Juan de Navas Hermosilla, Nicolás de Urquiza, Diego Coronel Nieto, Nicolás Ruiz y de Cárdenas y Francisco de Arellano. Como alférez mayor estaba el también familiar del Santo Oficio y capitán, don Lorenzo de Cárdenas; alguacil mayor lo fue don Nicolás Estrada Altamirano; en calidad de depositario apareció don Felipe Buitrón Mújica y como provincial de la Santa Hermandad quedó José de Aguirre y Arcos; el cargo de escribano se le dio a don Antonio de Cárdenas y Viedma. La ulterior elección de alcaldes ordinarios recayó en don Juan Caballero de Medina y en el mismo alférez Lorenzo de Cárdenas. Según se aprecia, era éste un cabildo donde predominaba el clan Cárdenas, donde también gravitaban el lustre y peculio del señor Vigil y Valdés y donde administraba justicia local el poderosísimo don Juan Caballero de Medina: los viejos enemigos del padre Cristóbal Vaz.

Para dar una idea del potencial económico o del prestigio social de muchos de los capitulares, ya se ha dicho que los Caballero y los Cárdenas eran linajes queretanos de notoria riqueza y abolengo (el de los primeros arrancaba en Francisco de Medina, benefactor de los carmelitas, y el de los segundos se remontaba al patriarca don Luis de Cárdenas, capitán en la guerra chichimeca); y que Vigil y Valdés era acaudalado terrateniente y él, al igual que el regidor don Juan de Navas y Hermosilla, eran asimismo fundadores de capellanías de grueso capital. Además, por vía matrimonial, Vigil estaba emparentado con las pudientes estirpes locales de los Sotomayor y los Estrada Altamirano. De esta última familia, el alguacil mayor, don Nicolás, era gran criador y copropietario, con sus hermanos, de varias haciendas en Querétaro, Jalisco y Guanajuato. Antonio de Cárdenas y Viedma era vástago del también escribano Francisco Ramos de Cárdenas (autor de la Relación de Querétaro) y decía tener patrimonio por más de 4 000 pesos. Nicolás de Urquiza, por su lado, pertenecía igualmente a una dinastía de escribanos públicos del poblado, iniciada en su padre Domingo –quien pagó la elevada suma de 6 000 pesos por su puesto– y continuada en su hermano Francisco.⁸² Los de menos posibilidades en este concurso de fortunas, finalmente, eran el depositario Buitrón y Mújica y el provincial de la Santa Hermandad, Aguirre y Arcos.⁸³

Con el cabildo reunido, don Juan Caballero leyó la airada carta del virrey y sugirió a sus compañeros que lo previamente comprometido se aplicase a los cargos ya otorgados y que se pagaran otros 2 000 pesos por el título de ciudad. Para ponerles el ejemplo ofreció de su bolsa 300 pesos y, según sus palabras, a fin de “no tener que mendigar de puerta en puerta” exhortó a los demás a imitarlo. Los señores capitulares no tuvieron más remedio que hacerlo y don Lorenzo de Cárdenas desembolsó otros 300; Estrada Altamirano, Vigil de Valdés, Navas Hermosilla y Coronel Nieto aportaron 200 cada uno, en tanto que Urquiza, Ruiz de Cárdenas, Buitrón Mújica y Aguirre Arcos ofrecieron150 respectivamente. Con eso se redondeó la cifra,⁸⁴ se allanaron los escollos y quedó legalmente constituido el cabildo y conferido el título de ciudad.

El añejo pueblo de indios tenía ahora un cuerpo de gobierno formado por ricos propietarios (como el de la vecina Celaya y el de San Luis Potosí, igualmente ascendidas a la categoría de ciudades en 1655).⁸⁵ Y en dicho órgano recaería en adelante la rectoría de la república y del vecindario queretanos, que para eso se habían convertido en la muy noble y muy leal ciudad de Santiago de Querétaro.

Nuevo impulso al clero secular y forcejeos por el curato

Pero el triunfo no sería completo en tanto no acabara por quebrantarse la patente de exclusividad franciscana en la administración espiritual de la nueva ciudad. Por mucho que el objetivo principal fuese quitarles el curato a los doctrineros –o “curas de indios”– para convertirla en parroquia ordinaria, como correspondía a ciudad de españoles, también se trataba de abrir otras puertas al sostenimiento de los sacerdotes seculares, hijos de los vecinos, y no hacerlo depender exclusivamente de las capellanías que les fundaban sus padres y parientes. Finalmente, se pretendía diluir, en la medida de lo posible, el monopolio del influjo y ascendiente moral que aún conservaban los franciscos sobre el vecindario, aunque esto último bien podía alcanzarse mediante la fundación de casas de otras corporaciones religiosas, seculares y regulares (como de hecho ocurriría con el tiempo). Y en todos estos propósitos colaboraría con entusiasmo la crema y nata de la sociedad de Querétaro, señaladamente don Juan Caballero de Medina y más adelante su hijo, don Juan Caballero y Ocio.

Merced a los recientes acontecimientos respecto de Santa Clara y al decidido apoyo que empezó a prestarle el cabildo, la clerecía cobró bríos renovados. A partir de la expedición de la ya mencionada cédula de 1651, que ordenaba una indagación sobre la atención del curato, se dio un persistente clima de tirantez y muestra de ello fue la serie de altercados que protagonizaron los religiosos, los clérigos seculares, los jueces y vicarios del arzobispado e, incluso, los señores capitulares.

En la primavera de 1663 el cabildo de Querétaro atizó el fuego solicitando al virrey, conde de Baños, que se erigiera en la ciudad una parroquia de clérigos para la atención espiritual de la población, a lo que el dignatario respondió que eso sólo podía resolverlo el Consejo de Indias. Entre tanto, el cura franciscano se enzarzaba en acres disputas con el juez eclesiástico local por materias de jurisdicción, al tiempo que se seguía acusando a los religiosos de administrar los sacramentos “con indecencia y poca devoción”, a lo que los franciscos respondieron pidiendo informes al alcalde mayor sobre la licitud del nombramiento del nuevo vicario y juez eclesiástico licenciado José de Frías.⁸⁶

Sin embargo, el culto a la virgen de Guadalupe que prosperaba en la ciudad de México desde las primeras décadas del siglo xvii⁸⁷ fue un factor decisivo para el afianzamiento del sector clerical de Querétaro. En 1659, por consejo del vicario eclesiástico licenciado Francisco de Lepe, el bachiller don Lucas Guerrero consiguió una copia de la imagen guadalupana del Tepeyac que fue a colocar en la capilla del hospital de los hermanos hipólitos, a cuya devoción y fomento dedicó también parte de las rentas de unas tierras labrantías que poseía. Con la colaboración de un grupo de presbíteros dio en celebrar ahí unas misas sabatinas a las que, de inmediato, se opusieron los franciscanos. Fue necesario que interviniera como mediador el obispo de Michoacán, fray Marcos Ramírez de Prado, para los frailes dejaran tranquilos a los clérigos con sus prácticas litúrgicas.

Unos cuantos años más tarde, el mismo padre Guerrero y el bachiller Diego Barrios Pimentel se resolvieron a institucionalizar a su grupo de sacerdotes devotos, creando la denominada Congregación de Clérigos Seculares de Santa María de Guadalupe, a cuyos efectos redactaron constituciones y ordenanzas, que luego, a principios de 1669, llevaron a México para su autorización. Don Antonio de Cárdenas y Salazar, que a la sazón había alcanzado un canonicato en esa catedral, amén de la vicaría de todo el arzobispado, las aprobó de muy buena gana y dispuso la fundación de la referida congregación en Querétaro. Por su parte, Juan Caballero de Medina, por entonces ya regidor del cabildo de México, obsequió a la nueva institución 3 000 pesos, para que con ellos se pagase una capellanía y una función anual a la virgen, pero no sólo eso, también compró el terreno, muy próximo a la plaza de San Francisco, que vendió el cura de Xichú, a fin de que ahí se le levantase templo correspondiente.

El concierto entre el doctor Cárdenas y Salazar y Juan Caballero, padre, logró de inicio la licencia de construcción y luego los medios económicos para erigir en ese solar la primera capilla, que se bendijo en 1674. A la muerte de Juan Caballero de Medina, ocurrida en ese mismo año, y la de Cárdenas y Salazar, acaecida al año siguiente, fue don Juan Caballero y Ocio y, en menor medida, su hermano Nicolás, quienes tomaron el relevo para terminar el gran santuario de la congregación guadalupana; así, a pesar de las contradicciones que puso la orden de San Francisco, en 1680 la obra fue culminada.

El año previo, Caballero y Ocio se había convertido en sacerdote, de modo que a él correspondió oficiar, en calidad de nuevo prefecto de la congregación, la primera función solemne en la iglesia. Como signo de respeto al curato franciscano local, se convidó al festejo al padre provincial, al guardián del convento y a la comunidad en pleno.⁸⁸ Invitado especial de Caballero y Ocio fue el mismísimo don Carlos de Sigüenza y Góngora quien, en sus Glorias de Querétaro,⁸⁹ hizo una relación sobre el nuevo templo en ocho capítulos, que arrancan con la iniciativa de construcción y terminan con la consolidación del proyecto y la apoteósica fiesta.

Algún tiempo después, se organizó en la ciudad una segunda congregación de clérigos seculares, que adoptó el nombre de San Pedro; ésta, junto con la de Guadalupe, robustecieron la presencia de la rama diocesana en los aspectos litúrgico y social: sus funciones, sus aniversarios, sus obras pías y otras actividades de algún modo hacían contrapeso al ascendiente franciscano entre la comunidad vecinal. En el mismo sentido contribuían las casas de dieguinos, carmelitas, hipólitos y, sobre todo, los colegios jesuitas, pues al original de San Ignacio se había añadido el de San Francisco Xavier, cuya finalidad era dar formación teológica y filosófica a los clérigos, razón por la cual también fue auxiliado económicamente por don Juan Caballero y Ocio.⁹⁰

En 1683, la nueva fundación que hiciera el franciscano Antonio Llinás del Colegio de predicadores de Propaganda Fide fue a encontrar sede en el convento de recolección de San Buenaventura de la Santa Cruz. El nuevo instituto para misioneros se topó con la empecinada renuencia de sus hermanos queretanos a cederle la casa del Sangremal, empero, el comisario franciscano de Nueva España metió mano en la controversia y llamó a la obediencia y al silencio a los opositores. En el futuro, serían los predicadores de propaganda fide, y no los frailes recoletos, quienes cuidarían de la célebre reliquia de la ciudad y junto con ella del gran convento que varias décadas antes levantara fray Cristóbal Vaz.⁹¹

Finalmente, y para completar el advenimiento de nuevas corporaciones, otra de las órdenes más importantes de Nueva España, la de Santo Domingo, consiguió establecer casa permanente en Querétaro hacia 1692. Así, al cierre del siglo xvii, la ciudad ya daba albergue a cinco institutos de regulares, a un colegio de misioneros y a dos congregaciones de clérigos, aparte de los ministros franciscanos, primeros ocupantes del territorio. Y sin embargo, la secularización del curato aún era tarea pendiente; por ello, en el tiempo que le quedó de vida, el presbítero don Juan Caballero y Ocio siguió metido en la empresa con obstinación.

Sería alrededor de 1704 cuando don Juan tuvo ciertos roces con el padre guardián del convento de Santiago, a raíz de los cuales –según un testimonio franciscano–⁹² se le removió de nuevo el encono por la cuestión del curato. Así, envió a la península ibérica a un deudo o compadre suyo, don Pedro López del Águila, a conseguir una cédula para que, una vez que el cura franciscano falleciese y el curato quedara vacante se le entregase a él, por el favor que tenía ganado del rey; y, en efecto, consiguió su intento mediante una real cédula del 26 de marzo de 1705. Por cierto, aprovechando el encargo y el viaje, el comisionado don Pedro aseguró su futuro inmediato, pues también gestionó para sí, primero el corregimiento de Querétaro y, al término de este mandato, la concesión de un par de alcaldías mayores, la de Salvatierra y la de Celaya, que ocuparía sucesivamente.⁹³

La noticia se esparció, junto con algunos rumores –tal vez infundados tal vez no–, sobre la excomunión que los franciscos fulminarían contra los clérigos. Así que en junio, el día de Corpus, cuando el cura franciscano invitó a los presbíteros a la misa y procesión, estos se abstuvieron de concurrir y, algunos días más tarde, tampoco corrieron a los frailes la cortesía de convidarlos a participar en la celebración de su santo patrono, San Pedro.

De ahí en adelante siguieron las bregas y los dimes y diretes, pero el cura, fray José de Picazo, no tenía visos de morirse, entre otras cosas porque aún era joven y porque, justamente, acababa de hacerse de la titularidad del curato en 1705, antes de que hubiera llegado la famosa cédula a la ciudad. En cambio, quien sí pasó a mejor vida en abril de 1707 fue don Juan Caballero y Ocio, con lo que se suspendió la ejecución de la orden regia que él había conseguido. A pesar de esto, los años subsecuentes estuvieron marcados por sonados pleitos entre los religiosos, los clérigos y los vicarios del arzobispado, por la abundante correspondencia contenciosa que unos y otros remitieron lo mismo a México que a Madrid y por las diversas indagatorias y averiguaciones que dispusieron las autoridades civiles y eclesiásticas del reino.

Finalmente, puede decirse que la partida fue ganada por los franciscanos –al menos temporalmente–, pues otra real cédula de diciembre de 1712 los dejó en posesión definitiva del curato queretano. Habría de transcurrir todavía medio siglo para que las disposiciones generales de secularización de doctrinas de Fernando VI alcanzaran a Santiago de Querétaro, cosa que aconteció hasta 1759.

Colofón

El impulso secularizador de la vida pública de Querétaro que emprendieran la elite empresarial y el clero diocesano desde mediados del siglo xvii en adelante no fue producto, desde luego, de ningún arranque de antifranciscanismo ni mucho menos de anticlericalismo. Al igual que sus padres y sus abuelos, muchos, si no es que prácticamente todos los aristócratas de la localidad, pertenecían a la prestigiosa Tercera Orden de San Francisco, así como a la cofradía del Santísimo Sacramento y a otras, cuyas capillas estaban en el templo del gran convento de Santiago. Incluso en el plano personal y cotidiano sus relaciones con los mendicantes podían ser no sólo respetuosas sino hasta cordiales y de colaboración. Éste fue el caso, entre otros, del insigne don Juan Caballero y Ocio, quien además de ser hermano terciario y cofrade franciscano, hizo múltiples donaciones y obras de beneficio a los frailes y, al morir, fue sepultado en la capilla de Loreto, cuya construcción había sufragado él mismo y que se ubicaba precisamente en el atrio de San Francisco.⁹⁴

Sin embargo, la consolidación del poder de estos grupos oligárquicos en el espacio urbano llevaba aparejada la convicción de que los religiosos doctrineros tenían que redefinir su papel y ocupar un lugar muy distinto del que originalmente habían tenido en Querétaro. Se esperaba pues que, delegando la rectoría de la vida pública en manos del “cabildo, justicia y regimiento” nuevamente constituido y la cura de almas del vecindario español en las de los sacerdotes diocesanos, se moviesen ahora a un segundo plano; incluso, si se quería, encabezando el concierto de las múltiples agrupaciones eclesiásticas que habían fundado conventos a lo largo del siglo xvii y que daban lustre al asentamiento.

Esta idea quedó claramente de manifiesto en el transcurso de los innumerables conflictos que, a partir del último tercio de la centuria, se suscitaron en ocasión de las procesiones en las principales fiestas litúrgicas, cuando los vicarios eclesiásticos del arzobispado quisieron obligar a la comunidad franciscana a tomar sitio en el desfile detrás del clero secular, a lo que los frailes se negaron rotundamente, apelando a la importancia de guardar “los usos y costumbres ancestrales”. Las discusiones al respecto parecerían nimias o triviales, si no se tiene en cuenta que el orden que se guardaba en las procesiones religiosas reflejaba precisamente, para cada corporación, el sitio y jerarquía que le correspondían en la organización de la “república”, así que ceder la primacía de un lugar equivalía a descender un nivel en la escala, cosa a la que los religiosos no estaban en modo alguno dispuestos a hacer.

En suma, la gradual pérdida de la hegemonía franciscana en Querétaro fue coincidente con diversos procesos y desarrollos que se daban, en menor o mayor grado, en la zona central del reino: el de urbanización y afianzamiento de los marcos institucionales y administrativos, el de consolidación del clero secular y sujeción de las órdenes religiosas a la égida de los obispos, el de florecimiento del culto guadalupano y el despunte de un criollismo rico, altivo y militante que dio nuevo color y nuevo tono a las ciudades de la Nueva España.