El autor del artículo analizó la configuración política que encuadró a los comicios estatales para la elección de gobernador en el estado de Baja California en el año 2013, para valorar los efectos políticos del acuerdo sostenido a nivel federal entre el Presidente de la República, su partido y los principales partidos de oposición, el Pacto por México (PM), sobre los actores de la coordinación electoral. Para ello, revisó el comportamiento electoral estatal agregado, así como el proceso político electoral de 2013.
The purpose of the article is to evaluate the political configuration of the elections occurred to renew the governor post in Baja California on 2013, and to identify the political effects of the national political pact held between the President, the party on the government, and the main opposition parties, called “Pact for Mexico”, over the main actors in the electoral coordination. Here were observed the electoral behavior at state level and also the revisited electoral process of 2013.
El objetivo del documento consistió en revisar la configuración política bajo la que se llevaron a cabo los comicios estatales para gobernador en el estado de Baja California (BC) en el año 2013, y con ello evaluar los efectos políticos que ejerció sobre los actores de la coordinación electoral, el acuerdo político sostenido a nivel federal entre el Presidente de la República, su partido y los principales partidos de oposición, agrupados en el denominado Pacto por México (PM).
Los comicios estatales de la entidad llamaron la atención debido a que fue el único lugar en que se renovaron la totalidad de los cargos electivos: gobernador, 25 diputados locales y cinco presidencias municipales. El interés político sobre las elecciones en BC estuvo enmarcado por dos lógicas políticas, una nacional y otra local, que constantemente presionaron sobre el comportamiento de los actores en la arena electoral estatal. El Partido Acción Nacional (PAN) se encontraba al frente del gobierno estatal desde el año de 1989, y ahora enfrentaba la presión del priísmo bajacaliforniano que venía registrando un crecimiento en las preferencias del electorado. Tras la derrota electoral que sufrió el PAN en los comicios presidenciales de 2012, la entidad bajacaliforniana le significaba a este partido un territorio fundamental para defender y así, en cierta medida, poner un freno a los problemas electorales que venían registrando. En el plano nacional, la Presidencia de la República, encabezada por el priísta Enrique Peña Nieto (EPN), y apoyada por su partido (el Partido Revolucionario Institucional [PRI]) impulsó un acuerdo legislativo con las principales fuerzas de la oposición, PAN y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), con el fin de lograr la viabilidad y aprobación de su agenda de reformas estructurales, denominado Pacto por México (PM). La Presidencia buscó reducir el grado de conflictividad y confrontación política con la oposición en aras de asegurar las mayorías legislativas que le permitieran modificaciones constitucionales; pero la arena electoral de 2013 le significó un reto a la estabilidad de dicho acuerdo, y en la medida de lo posible EPN trató de influir y controlar a las fuerzas locales de su partido con el fin de continuar con el avance de su agenda política nacional. De manera que en los comicios estatales de BC se observaron las tensiones y presiones contrapuestas entre los factores políticos nacionales frente a los actores políticos con intereses locales.
Tras la realización de unos comicios estatales competitivos en los que resultó triunfante el candidato panista Enrique Vega de la Madrid, se pudo identificar que el comportamiento del electorado bajacaliforniano no sufrió alteraciones importantes. Esto permitió establecer que el PM no tuvo una influencia clara sobre el comportamiento del electorado; sin embargo, éste sí se hizo presente entre los actores partidistas locales. Particularmente en la manera en que se integró la coalición electoral entre el PAN y el PRD, con una participación importante de los dirigentes nacionales de dichos partidos durante la campaña electoral, así como en las actitudes del candidato del PRI a la gubernatura, el senador Fernando Castro Trenti, que decidió aceptar el resultado final sin grandes aspavientos aun cuando se registraron algunas irregularidades post electorales, las cuales no llegó a impugnar.
Para avanzar en el análisis de los comicios bajacalifornianos de 2013, el documento se integró por tres grandes apartados: en el primero se presentaron a los actores principales de la coordinación electoral, con el fin de establecer la manera en que éstos se hacen presentes en la competencia electoral. Posteriormente se revisó el comportamiento electoral del votante bajacaliforniano en los comicios a nivel estatal. Para ello se retomaron los datos de los resultados electorales para los cargos locales agregados a nivel estatal, además de que se calcularon algunos indicadores básicos para caracterizar al sistema de partidos local, como la fragmentación del voto, el número efectivo de partidos, el nivel de competitividad y la volatilidad. Con éstos se buscó identificar si el PM pudo ejercer algún efecto sobre el comportamiento del electorado bajacaliforniano en 2013. En el tercer apartado se revisaron algunos elementos relevantes del proceso electoral referido: los partidos y las coaliciones presentadas, los candidatos nominados y la manera en que fueron postulados, sus propuestas y el desarrollo de las campañas electorales, las mediciones sobre preferencias de votos, los problemas post electorales y las actitudes de los candidatos tras los resultados electorales. A partir de dichos elementos también se buscó establecer las maneras, niveles y actores sobre los que influyó el PM. Finalmente, se presentaron las conclusiones del documento en las que se resaltó la importancia de la disciplina partidista y el peso de la estructura nacional de sus organizaciones sobre la política local. De manera que el PM influyó en mayor medida sobre la cúpula partidista respecto del electorado mismo.
2. Los actores de la coordinación electoralLa coordinación electoral es un factor de gran importancia para el funcionamiento de la democracia, y actúa sobre distintos actores durante el proceso electoral. La coordinación permite agregar e integrar preferencias en unas cuantas opciones que serán votadas y, de esa manera, generar mayorías decisoras y relativamente estables, lo que ayuda a resolver, a su vez, el problema de las mayorías cíclicas (Shepsle, 2005, p. 53).
La coordinación electoral implica la mezcla de intereses comunes y opuestos; posibilidad de éxito o fracaso y la rapidez con que cambian las intenciones de voto cuando la coordinación fracasa (Cox, 2004, p. 20). La coordinación electoral facilita la concentración de votos en unas cuantas opciones disponibles, aun cuando esto implica un difícil proceso de integración de una diversidad de intereses y preferencias, motivaciones y expectativas de distintos actores en torno a una decisión.
De acuerdo con Cox (2004, p. 21) una buena coordinación electoral reduce el número de competidores electorales, y permite la concentración de votos en torno a los dos principales competidores. Asimismo, los resultados de la coordinación pueden ser fructíferos (que beneficia a algunos jugadores más que a otros), así como fallidos (que no beneficia a nadie) (Cox, 2004, p. 13).
En gran medida, los resultados que produce la coordinación electoral están vinculados a la manera en que se resuelve uno de los problemas básicos de los “juegos” de coordinación: la definición de la opción que encabezará la acción colectiva.1 A la vez, la coordinación puede ocurrir en momentos distintos, ya sea de manera previa a las elecciones, o al momento de la entrada y definición de los competidores; en el momento mismo del voto, en la manera en que el electorado concentra y difumina su apoyo entre los candidatos; o posterior a las elecciones mismas, una vez que ha llegado el momento de la formación del gobierno elegido y en la decisión de las políticas que impulsará.
La importancia del momento de definición de la coordinación es relevante, pues generará efectos políticos potencialmente significativos. En todo caso, los dos primeros momentos, aquel previo a la elecciones y en el momento mismo de la votación, tienen impactos sobre el comportamiento del electorado, y son afectados por la política previa a la entrada (Cox, 2004, p. 48); mientras que en el último referido, la coordinación ocurre después de las elecciones y no puede influir en la probabilidad de una victoria electoral (Méndez de H., 2012, p. 148), sino que impacta en la integración del nuevo gobierno (en la coalición de gobierno y/o en las políticas públicas a llevar a cabo).
Las alianzas electorales2 son un mecanismo de coordinación electoral de gran importancia que ocurre en el momento previo a las elecciones y que está sujeto a la política previa a la entrada, pues ayuda a reducir y limitar el número de competidores impulsados por los partidos, así como las opciones disponibles para el electorado, afectando los resultados posibles de la votación. De manera que una coalición preelectoral se conforma entre varios actores y partidos políticos para competir por la obtención de votos, que se agrupan detrás de un candidato competidor, y en el fondo adolecen de dicho problema básico de los juegos de coordinación en la consecución del mejoramiento de sus probabilidades de triunfo electoral.
Centrando la atención en la coordinación que impacta sobre los posibles resultados de las elecciones, referido al momento previo a la entrada de competidores disponibles al electorado, se pueden ubicar dos tipos de agentes relevantes encargados de llevar a cabo dicha coordinación electoral: el electorado y la élite política. En el caso del primero se hace presente al momento de la votación misma, a través del “voto estratégico”,3 mediante el que el elector mismo coordina de manera informal su apoyo hacia alguno de los competidores en detrimento de otras opciones disponibles, ya sea como una manera de corregir la mala o nula coordinación previa de la élite política.
En el segundo caso, donde la élite se convierte en el principal agente de la coordinación, son las alianzas electorales los fenómenos que permiten observar la manera en que estos actores adquieren relevancia en el proceso electoral. Además, es en dicho momento previo donde la reducción se convierte en parte de un proceso, donde la política previa a la entrada es un factor de gran relevancia para definir a los candidatos que se presentarán ante el electorado. En gran medida, hoy en día dicha élite política encargada de la coordinación preelectoral se concentra en torno a los dirigentes de los partidos políticos, principales actores de las organizaciones que se han reservado para sí la entrada al escenario electoral (Panebianco, 1995).
En términos generales se pueden encontrar dos tipos básicos de coordinación electoral en función de sus efectos sobre el comportamiento del votante: i) la coordinación puede ser exitosa, lo que implica la presencia de un efecto “reductor” en las elecciones; o ii) fallida, cuando se observa un efecto distributivo de los votos (Cox, 2004, pp. 21-22).
La coordinación exitosa implica que se logró resolver el problema de fondo de la acción colectiva de este tipo: la definición del “punto focal”4 detrás del cual se concentrarán los apoyos de los actores implicados en las elecciones. Esto traerá como consecuencia un impacto directo en la oferta electoral, particularmente reduciendo el número de contendientes en la liza electoral, no necesariamente referido a la cantidad de partidos participantes, dando paso a la concentración del voto en torno a los competidores ubicados como puntos focales. Así, existe una coordinación exitosa cuando los partidos consiguen ponerse de acuerdo respecto a qué candidato apoyar y aliarse para obtener un mejor resultado (Reynoso, 2011, p. 39), a la vez que se beneficia a algunos jugadores más que a otros (Cox, 2004, p. 13; Reynoso, 2011, p. 47). De manera que la coordinación exitosa, a nivel de la élite, ocurre cuando los partidos logran establecer una alianza electoral, así como en la definición de su candidato, y la manera en que distribuirán los costos y beneficios de dicha reunión. En cambio, la coordinación fallida ocurre cuando no se logró resolver el problema básico, de manera que no se redujo la oferta electoral y, a su vez, el electorado no se comportó de manera estratégica, dando paso a una dispersión del voto entre una amplia variedad de opciones partidistas. Esto al final no beneficia a nadie (Cox, 2004, p. 13).
Con estos elementos se busca revisar, particularmente, el comportamiento de las élites partidistas del PRI Y PAN que se hicieron presentes durante el proceso electoral para renovar la gubernatura en Baja California, en el año 2013. En ellas se contrasta la coordinación electoral existente entre el electorado, que mantiene características estables, frente a la coordinación a nivel de la élite, particularmente hacia el final del proceso electoral en donde la disciplina partidista se fortaleció, asegurando el éxito de la coordinación electoral
3. Estabilidad en el comportamiento del electorado bajacalifornianoLos resultados electorales de 2013 siguen reflejando la estabilidad del realineamiento del electorado bajacaliforniano que se instauró en la entidad desde finales de la década de los años ochenta. Tras revisar el comportamiento del electorado en las elecciones estatales de las últimas tres décadas, se observó que éste se ha mantenido coordinado detrás de dos fuerzas político–partidistas, que suelen ser encabezadas por los candidatos del PAN y el PRI. De tal manera, los comicios estatales celebrados en julio de 2013 se ubicaron como unas elecciones que marcaron la continuidad de una era electoral caracterizada por alta competitividad en un sistema subnacional con una lógica bipartidista, que facilita mayormente la alternancia en los cargos de ayuntamientos y diputados federales.
A partir de la revisión de los resultados electorales para los comicios estatales en BC aquí no se logró identificar una alteración relevante de las condiciones políticas nacionales, particularmente del PM, sobre el comportamiento del electorado de la entidad. Con base en los porcentajes de votación de los comicios para gobernador se identificó la estabilización de las fuerzas del PAN y el PRI a partir de los comicios de 1989, dentro de un rango que ha variado del 40% al 50% de los votos para cada uno. Asimismo, el resto de los partidos que compitieron en los comicios no lograron rebasar la barrera del 8% de la votación (figura 1).
Comportamiento electoral en comicios para el cargo de gobernador en BC, 1983-2013
Fuente: elaboración propia con datos de Bravo A, 2010; CEDE, 2008.
A la par, los resultados electorales que se registraron para los cargos de diputados locales y ayuntamientos no difirieron mucho del comportamiento registrado para la gubernatura. En todo caso es de resaltar que a partir de los comicios estatales de 1989, en los que ocurrió la primera alternancia en el gobierno estatal, se dio paso a un proceso de realineamiento del electorado bajacaliforniano que se fue consolidando con el transcurrir de las elecciones estatales en torno a dos fuerzas políticas, el PAN y el PRI.
Así, en los comicios para elegir gobernador en 1983, 1989 y 1995, encontramos un proceso consistente y firme hacia un realineamiento electoral a favor del PAN que se consolidó en 1995 y que todo indica que es irreversible, lo cual quiere decir que la fuerza alcanzada por el PAN ha convertido a la entidad en un claro bipartidismo con alternancia en el poder (…)” (Sirvent, 2001, p. 175).
Asimismo, los comicios de 2013 no presentaron alteraciones drásticas que hicieran pensar sobre la influencia de factores que alteraran el comportamiento del votante baja californiano. A partir de los comicios críticos de 1989, la configuración del sistema de partidos en la entidad comenzó a mostrar una lógica competitiva dentro de un esquema bipartidista, con una fragmentación estable del voto y una tendencia de baja volatilidad (cuadro 1).
Sistema de partidos en Baja California en elecciones de diputados locales, 1980-2013
| Año | Número Efectivo de Partidos | Índice de Fragmentación | Margen de Victoria | Índice de Volatilidad |
|---|---|---|---|---|
| (Laasko y Taagepera) | (f de Rae) | (Pedersen) | ||
| 1980 | 2.25 | 0.56 | 30.67% | |
| 1983 | 2.28 | 0.56 | 23.56% | 0.05 |
| 1986 | 2.43 | 0.59 | 15.69% | 0.21 |
| 1989 | 2.35 | 0.57 | 2.99% | 0.09 |
| 1992 | 2.28 | 0.56 | 0.60% | 0.03 |
| 1995 | 2.41 | 0.58 | 6.16% | 0.04 |
| 1998 | 2.80 | 0.64 | 2.68% | 0.08 |
| 2001 | 2.74 | 0.63 | 10.67% | 0.07 |
| 2004 | 2.50 | 0.60 | 3.92% | 0.08 |
| 2007 | 2.36 | 0.58 | 6.75% | 0.04 |
| 2010 | 2.80 | 0.64 | 4.58% | 0.03 |
| 2013 | 2.51 | 0.60 | 0.39% | 0.05 |
Fuente: elaboración propia con datos de (Bravo A., 2010; CEDE, 2008).
Tomando como referencia la distribución del electorado en las votaciones para diputados locales, se observó que el número efectivo de partidos muestra una tendencia de competencia con dos fuerzas políticas principales, las que usualmente son encabezadas por los candidatos del PAN Y PRI. Asimismo, se observó que a partir de los comicios críticos de 1989 también se intensificó el nivel de competitividad electoral, pues a excepción de los comicios de 2001, en casi todas las elecciones revisadas la diferencia entre el primer lugar y el segundo se mantuvo por debajo de los seis puntos porcentuales, haciendo de la incertidumbre una constante en los resultados electorales locales.
Por su parte, se observó que las preferencias del electorado bajacaliforniano se realinearon a partir de los comicios de 1986, y desde 1989 se observó un realineamiento marcado por el fortalecimiento del voto panista. Desde los comicios críticos y hasta el 2013, menos de un diez por ciento del electorado ha tendido a cambiar su voto entre dos comicios consecutivos. Esto reflejó la estabilidad de las preferencias de los votantes de la entidad. Particularmente en los últimos comicios revisados, el cinco por ciento optó por modificar su voto, que consistió en un aumento de dos puntos porcentuales respecto a las elecciones previas, lo que permitió inferir que la variación de los votantes fue muy baja. De ahí que no se consideró que algún factor externo, como posiblemente se llegó a pensar del PM, hubiera influido en la modificación del comportamiento del electorado en BC.
4. Los momentos de la coordinación electoral de la élite en BC en 2013La configuración del escenario político electoral en el que se desarrollaron los actores partidistas, agentes fundamentales del proceso de coordinación estratégica electoral (Cox, 2004; Reynoso, 2011), estuvo marcada por diversos momentos que, al abordarlo, permitió aclarar el panorama para adentrarse a su comportamiento. A continuación se buscó identificar el sentido de la influencia del PM, de la lógica de la política “nacional”, sobre los acontecimientos político partidistas locales en los distintos momentos del proceso electoral de 2013. Despúes se realizó la descripción del contexto nacional enmarcado por el PM y de los tres momentos considerados más relevantes del proceso de la coordinación electoral de la élite política en BC durante el 2013: la etapa pre-electoral, las campañas electorales y los conflictos postelectorales.
El Pacto por México como contexto político nacionalEl PM fue un acuerdo político establecido entre los tres partidos políticos principales en México (PAN, PRI Y PRD) y el recién electo Presidente de la República (EPN) en el mes de diciembre de 2012. Su objetivo fue impulsar la realización de “grandes acciones y reformas específicas que proyecten a México hacia un futuro más próspero” (México, 2012), para lo que se establecieron las rutas de trabajo sobre cinco áreas temáticas: 1) derechos sociales y libertades; 2) crecimiento económico, empleo y competitividad; 3) seguridad pública y justicia; 4) transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción; 5) gobernabilidad democrática.
A partir del PM se buscaba que los acuerdos generados en su interior se tradujeran en iniciativas y reformas de ley aprobadas ex post en el Congreso de la Unión, y debido a la naturaleza “informal” del propio pacto (lo que suponía la ausencia de ordenamientos legales que sustentaran al PM, así como de la carencia de sanciones al no cumplimiento del mismo por alguna de las partes), se consideró su fragilidad institucional ante las disputas políticas que podían ocurrir como resultado de conflictos generados a partir de los diversos procesos electorales en los que competían los distintos partidos. Ante ello, al interior del PM se establecieron algunas reglas para guiar el comportamiento de los actores involucrados, entre la que resaltó la siguiente: “8. Que las coyunturas y la competencia electoral no nos hagan parar este trabajo en la mesa (del PM)” (México, 2012). Además, ante los diversos conflictos que se comenzaron a generar debido a las elecciones subnacionales a realizarse en julio de 2013, los dirigentes nacionales de la oposición en el PM, Gustavo Madero por el PAN y Jesús Zambrano por el PRD, amenazaron con retirarse de dicho acuerdo en caso de que la presidencia de EPN no tomara acciones para controlar la intervención de las estructuras gubernamentales y los políticos del partido gobernante, el PRI, en dichos procesos electorales. Ello motivó al titular del Ejecutivo Federal para añadir un adéndum al PM en el que se establecieron once lineamientos con los que se buscó generar condiciones de transparencia, igualdad, legalidad y control del uso electoral de las políticas públicas, evitando la salida del PAN Y PRD del acuerdo político (México, 2012).
El PM se estableció como el marco general que redefinió la lógica de funcionamiento de la política partidistas en el país, siendo las dirigencias nacionales de dichas organizaciones los actores de mayor involucramiento en los resultados del acuerdo (López Montiel, 2013). Esto incentivó que al interior de los partidos se comenzara a promover la intervención directa de las dirigencias nacionales sobre las decisiones subnacionales de sus organizaciones.
Para el caso de los comicios estatales en Baja California, las dirigencias nacionales de dichos partidos fueron actores activos durante el proceso electoral, lo que les permitió calibrar constantemente las presiones de los comicios estatales con la tensión existente del PM,5 bajo las que se enmarcó la renovación de la gubernatura en julio de dicho año.
La etapa pre-electoral: la formación de las alianzas electorales y la selección de candidatos a gobernadoresEl contexto político previo a los comicios estatales estuvo caracterizado por el dominio del PRI, pues contaba con el control de la mayoría de los cargos electivos tanto a nivel nacional como locales.
Un año previo, el partido tricolor había logrado su regreso a la Presidencia de la República, además que se posicionó con la mayoría absoluta de los escaños en la Cámara de Diputados (con el apoyo del Partido Verde Ecologista de México [PVEM]) y con la mayoría relativa en el Senado. Gobernaba en más de dos terceras partes de las entidades del país, ante un PAN Y PRD “debilitados”. En BC, el PRI gobernaba en la totalidad de los ayuntamientos (Ensenada, Mexicali, Playas de Rosarito, Tecate y Tijuana), además que controlaba la mayoría absoluta del congreso local (56% de los escaños totales) sobre la primera minoría del PAN (con 32% de escaños) y la debilidad del resto de los partidos.
Ante este panorama, la presencia política del PAN se concentraba en la figura del gobernador en turno, José Guadalupe Osuna Millán, además de los cargos federales en los que el panismo había logrado triunfar en la totalidad de los ocho distritos federales de mayoría relativa, así como en las dos senadurías de mayoría relativa.6
El priísmo bajacaliforniano decidió aprovechar su fuerza política en la entidad de manera que buscó preparar su camino previo a los comicios estatales. Para ello intentó impulsar modificaciones a las reglas electorales desde el año 2011 en dos aspectos específicos: uno se centró en el calendario electoral y el segundo en la distribución de los escaños del Congreso local. En cuanto al primero, la bancada priísta intentó cambiar la fecha de la jornada electoral para elegir al gobernador, y hacerla concurrente con las elecciones federales para renovar al Presidente un año antes. Si bien los argumentos de los priístas planteaban que este cambio reduciría los costos de la organización electoral, en el fondo su intencionalidad política buscaba aprovechar el impulso de la campaña electoral del candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto (Semanario Zeta, 2011). Sin embargo, el tricolor no alcanzó la mayoría necesaria para aprobar su propuesta de reforma a la constitución estatal.
En cambio, sí se logró modificar la distribución de los escaños al Congreso local; se mantuvo fijo el total de los 25 integrantes, pero se alteró la cantidad que sería distribuida por cada principio de representación: se redujo un escaño por el principio de representación proporcional para, así, ser electo por la vía territorial de la mayoría relativa. Para ello se creó un nuevo distrito que correspondió al territorio en el municipio de Playas de Rosarito, territorio que venía siendo gobernado por el PRI desde el año 2007.
Estos antecedentes impactaron en las estrategias pre-electorales de los partidos principales en BC. Por un lado, la dirigencia nacional del PAN, encabezada por Gustavo Madero, puso especial atención para organizar a su partido rumbo a los comicios estatales. Por ello impulsó la formación de una alianza electoral con diversos partidos para hacer frente al priísmo, entre los que llamó la atención la integración del PRD, además del Partido Nueva Alianza (PANAL) y el Partido Estatal de Baja California (PEBC), que se denominó “Unidos por Baja California”. Dicha alianza fue acordada entre los dirigentes nacionales de los tres primeros partidos, así como la dirigencia estatal del peBC, antes de seleccionar a su candidato; pero se estableció que el abanderado a gobernador surgiría de las filas del panismo, pues representaba la mayor fuerza electoral de los integrantes de la alianza.
Por su parte, el tricolor también estableció una alianza electoral con el PVEM, el Partido del Trabajo (PT)7 y el Partido Encuentro Social de Baja California (PESBC), que se denominó Compromiso por Baja California. Una vez signada por las dirigencias nacionales de los partidos se acordó que su candidato surgiría de las filas del tricolor.
La selección de los candidatos a la gubernatura fueron procesos políticos tensos dentro del PAN Y PRI. Ambos buscaron evitar las confrontaciones internas entre los precandidatos, y que con ello se pusiera en riesgo la organización de sus equipos de campaña. La selección del candidato del PAN siguió los procedimientos estatutarios, para lo cual realizó una convención estatal con aproximadamente 10 mil miembros activos del partido. Inicialmente se presentaron tres aspirantes: Francisco (“Kiko”) Vega de la Madrid, ex presidente municipal de Tijuana (1998-2001) y ex diputado federal (2009-2012), que había formnado parte del gobierno del gobernador Héctor Terán Terán (1995-1998); Héctor Osuna Jaime, ex senador (2000), ex presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (2006-2010) y ex presidente municipal de Tijuana (1992-1995); y Gastón Luken, diputado federal (2009-2012), ex consejero del IEPCBC (1994-1997) y que se presentaba con el carácter de “independiente.” Éste último declinó su participación en la convención, y al final los resultados de la votación interna favorecieron a “Kiko” Vega con 7,048 votos frente a los 2,567 de Osuna Jaime. Si bien este último criticó las condiciones establecidas por la convocatoria, que reducían los tiempos de precampaña, lo que consideró que beneficiaban a Francisco Vega, al final del proceso aceptó su derrota evitando un fuerte conflicto dentro del panismo de BC.
En el caso del PRI, el contexto político y las expectativas de triunfo que se generaron dentro del partido impulsaron la presentación de siete precandidaturas: Fernando Castro Trenti, senador (2012-2018); Humberto Lepe Lepe, ex diputado federal; Eduardo Martínez Palomera, ex dirigente estatal del partido y empresario local; Jorge Hank Rohn, ex presidente municipal de Tijuana (2004-2007) y empresario con fuerte presencia estatal; Francisco Pérez Tejada, alcalde de Mexicali (2010-2013) y miembro de una de las familias priístas reconocidas en BC; Carlos Bustamante, alcalde de Tijuana (2010-2013), y Enrique Pelayo, alcalde de Ensenada (2010-2013). La dirigencia nacional del PRI, encabezada por César Camacho Quiróz y cercano al presidente Peña Nieto, dirigió el proceso de selección del candidato ante lo que se optó por alcanzar el compromiso de los aspirantes en una “candidatura de unidad”. En el proceso interno se reflejaron los posicionamientos y apoyos partidistas en torno a dos grupos políticos, uno alineado con el dirigente nacional y el presidente EPN, que impulsaba la postulación de Hank Rohn; el otro estaba liderado por Manlio Fabio Beltrones, ex senador, diputado federal y ex precandidato presidencial del PRI en 2012, que apoyaba la candidatura del senador Castro Trenti. Al final de las negociaciones, los actores involucrados acordaron la candidatura de unidad encabezada por el senador Castro Trenti. Esto se percibió como una “concesión” del grupo del presidente y de la dirigencia nacional del PRI hacia Manlio Fabio, como retribución tras el proceso político partidista ocurrido un año antes.
El partido Movimiento Ciudadano (MC) –anteriormente denominado Convergencia)– decidió presentar a su propio candidato a la gubernatura, por lo que postuló a Felipe Ruanova Zárate. Con 67 años de edad, formó parte del gabinete del último gobernador priísta en BC, Xicoténcatl Leyva. El candidato convergente se asumía de manera manifiesta como militante del PRI, pero contó con el apoyo de la dirigencia nacional de MC, por lo que logró su postulación.
Las campañas electoralesLas campañas electorales se caracterizaron no tanto por las propuestas de los candidatos y sus alianzas, sino más por la participación de los dirigentes nacionales en apoyo de sus abanderados, las campañas negativas, así como en las pifias y ataques entre los distintos actores, además de los problemas organizativos que experimentaron los equipos de campaña.
A dos meses de iniciado formalmente el proceso electoral, en enero de 2013 se renovó el consejo general del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Baja California (IEPCBC), lo que dio paso a una serie de reclamos y acusaciones entre los partidos debido al perfil de los nuevos integrantes, así como por los problemas organizativos que esto podría acarrear para la organización electoral (Semanario Zeta, 2013). Esto generó algunos problemas en el transcurso de las campañas electorales. Uno de los momentos de tensión más álgidos fue la cancelación del debate entre los candidatos a la gubernatura organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana en Tijuana (COPARMEX). Tanto la dirigencia panista como el centro empresarial de la COPARMEX en la entidad acusaron de parcialidad y problemas en la logística impuesta por el IEPCBC para la organización de los debates, pues consideraron que la convocatoria tendía a beneficiar al candidato priísta (Reforma, 2 de junio 2013).
Tras la revisión de las promesas de campaña no se encontró algún eje claro que dominara en las propuestas de los distintos candidatos. Por el lado del priísta Castro Trenti: Su campaña la presume con la promesa de que si se convierte en gobernador, la gente tendrá más recursos económicos, en consecuencia mejores condiciones de vida, entre otras cosas. Prometió que de ser gobernador en Baja California reducirá el sueldo de los funcionarios públicos iniciando por el del Ejecutivo estatal, además de que cada alto mando de la burocracia utilizará su vehículo propio y erogará su gasto de gasolina y teléfono celular, entre otros viáticos (Reforma, 17 de junio 2013).
Planteó que los mayores problemas en la agenda de la entidad se centraban en los temas de desempleo, la impunidad, la corrupción, la drogadicción y transparencia (Reforma, 17 de junio, 2013).
Para el caso del panista “Kiko” Vega fue difícil establecer una agenda de propuestas; en cambio, resaltaron las críticas y cuestionamientos que lanzó, con el apoyo de los dirigentes nacionales de los partidos aliancistas que lo apoyaron, en contra del candidato priísta. Así, las campañas negativas se fueron instalando como la principal estrategia electoral de todos los participantes.
Del lado del equipo de campaña de la alianza Unidos por BC, los dirigentes nacionales del pAN, Gustavo Madero, y del PRD, Jesús Zambrano, participaron en un spot que se transmitió sólo por internet, en el que plantearon que “En el PRD y en el PAN tenemos coincidencias muy importantes: defendemos la democracia y la libertad. El PRI jura creer en lo mismo, pero ustedes ya lo conocen” (Reforma, 22 de mayo, 2013). Ahí mismo cuestionaron la transparencia en la gestión de Castro Trenti: “Hay indicios de un posible desvío del Congreso del Estado de Baja California para sus actividades electorales. En el internet circulan muchos materiales que se deben investigar. Por lo pronto, ya se presentaron denuncias para la investigación de estos casos” (Reforma, 22 de mayo, 2013).
Pasados los días se volvió a presentar un nuevo spot, donde el perredista Armando Ríos Piter y el primer ex gobernador de BC por el PAN, Ernesto Ruffo Appel, cuestionaron la labor de Castro Trenti en el Senado, en el que hacen uso despectivo del mote de este último, llamado comúnmente como el “diablo” (Reforma, 29 de mayo, 2013).
Finalmente, la serie de acusaciones del equipo de campaña de la alianza Unidos por BC centró sus ataques hacia el cuestionamiento del crecimiento desmedido del patrimonio personal de Castro Trenti, en el que se pedía la comprobación de los bienes adquiridos por el priísta (Reforma, 28 de junio, 2013).
El equipo de campaña del candidato priísta de la alianza Compromiso por BC también desplegó una campaña negativa que se centró en dos frentes específicos: la intervención electoral del gobernador Osuna Millán, y la gestión de Vega de la Madrid al frente del ayuntamiento de Tijuana vinculado con acusaciones de enriquecimiento patrimonial. Si bien constantemente el candidato Castro Trenti rechazaba contestar de manera directa a las acusaciones en su contra (Reforma, 17 de junio, 2013), los encargados de hacerlo fueron diversos actores alrededor de su equipo de campaña, como ocurrió con la dirigente estatal del PRI, Nancy Sánchez Arredondo; el diputado federal Manlio Fabio Beltrones; el delegado nacional del tricolor en BC, Héctor Yunes Landa; el secretario de organización nacional del partido, José Encarnación Alfaro; los diputados locales Gregorio Carranza (PANAL) y Alfonso García (PRI), entre otros.
Constantemente denunciaron la participación del gobernador a favor de la campaña de “Kiko” Vega, a través de la operación de programas del gobierno estatal con fines electorales, como ocurrió en contra de compras revisadas del sistema de Desarrollo Integral de la Familia DIF, o del programa estatal “Abre tus ojos”, que siguió funcionando en época electoral, así como también ocurrió con la transmisión de spots televisivos con la imagen del gobernador durante el periodo de campañas, lo que está prohibido por la ley electoral. Un asunto particular fueron las denuncias del presidente de la mesa directiva del Congreso local, Gregorio Carranza Hernández (PANAL), pues acusaba que el gobierno de Osuna Millán había desplegado una operación (que) incluye a 600 funcionarios públicos y una partida presupuestal de mil 300 millones de pesos, además de la utilización de vehículos oficiales y el pago a un call center para llamar a votar en favor del panista. En la Ciudad de México, el diputado Carranza, quien aseguró que tenía el mandato del Congreso estatal para presentar la denuncia, dio a conocer el hecho durante una conferencia de prensa, antes de acudir a la FEPADE (Reforma, 2 de julio, 2013).
Por su parte, las acusaciones centradas en el candidato panista acusaban la operación de actos de gobierno que permitieron el enriquecimiento de su patrimonio personal durante su cargo como presidente municipal, así como en las administraciones panistas; sin embargo, no se presentaron datos al respecto por parte de la dirigente nacional priísta (Reforma, 13 de junio, 2013; Reforma, 26 de junio, 2013).
Las campañas negativas y la participación de distintos actores más allá de los candidatos y sus equipos fue una constante en las elecciones locales de BC, así como en las trece restantes que se realizaron en el país durante ese año. Por ello, las dirigencias nacionales del PAN y del PRD comenzaron a denunciar la intervención, principalmente, de los gobernadores en estos procesos. El Presidente de la República, EPN, respondió con la estrategia de anexar un addendum al PM, con el fin de comprometerse a obligar a todos los actores políticos a cumplir las reglas electorales, y de esa manera generar condiciones de confianza y cooperación de los partidos integrantes del pacto. Sin embargo, al final del proceso, los dirigentes panistas y perredistas siguieron denunciando la intervención de los gobernadores en las elecciones (Reforma, 10 de junio, 2013).
Las diversas mediciones de intención de voto, durante el desarrollo de las campañas, reportaron constantemente una tendencia mayoritaria a favor del candidato priísta, Castro Trenti. Sin embargo, debido a la variación de los rangos obtenidos por cada muestreo, no se podía concluir con algún resultado previo a la jornada electoral más allá de suponer un nivel elevado de competitividad (cuadro 2).
Resultados de encuestas preelectorales para el cargo de gobernador en BC, 2013
| Candidato | Testa Marketing | Explora Investigación EstratégicaEl Mexicano | Covarrubias y Asociados | Semanario Zeta | Diario Frontera | Demotecnia | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb. | Abril | Jun. | Abril | Mayo | Junio | Junio | Julio | |
| FVdlM | 36.4% | 28% | 39% | 29.9% | 44% | 44.2% | 34.2% | 34% |
| FCT | 40.6% | 40% | 45% | 30.9% | 53% | 44.5% | 39.6% | 37% |
| FDRZ | 3% | 2% | 3% | 4.7% | 4.70% | |||
| N/S,N/C | 19.6% | 29% | 16% | 11.3% | 26.2% | 29% | ||
FVdlM= Francisco Vega Delamadrid, FCT= Fernando Castro Trenti, FDRZ= Felipe D. Ruanova Zárate, N/S= No sabe, N/C= No contestó.
Fuente: elaboración propia con datos reportados en periódicos nacionales y estatales, 2013.
Durante el desarrollo de las campañas electorales se observó el predominio de la estrategia de las campañas negativas, fortalecidas por la intervención de las dirigencias nacionales en los procesos locales. Esto implicó que un proceso de corte subnacional estuvo sujeto a las presiones de la lógica política nacional; lo que motivó que los actores involucrados se comportaran de manera estratégica donde, por un lado, los integrantes de la alianza Unidos por BC intensificó sus ataques contra el priísmo, logrando la respuesta favorable a sus demandas por parte del presidente EPN a través de la firma del addendum. Éste, al final, intentó ser una “camisa de fuerza” para los priístas, lo que en BC amplió el margen de maniobra para los gobernantes panistas en turno.
La caída del sistema y la disciplina partidistaLa etapa postelectoral de las elecciones en BC presentó problemas muy serios que pusieron a dudar sobre la calidad y veracidad de los resultados. Por su parte, las autoridades electorales locales mostraron limitada capacidad de respuesta ante el reto principal: la presentación de los resultados electorales tras la “caída” del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). El IEPCBC tardó casi una semana en ofrecer algún dato claro sobre los resultados, lo que aumentó la incertidumbre del proceso. Ante un escenario de fuertes tensiones políticas e incentivos para el conflicto, al final se observó que los actores políticos, particularmente el equipo de campaña priísta, mostraron una gran mesura en sus posicionamientos, lo cual evitó una etapa de largo conflicto postelectoral y, así, permitieron también la viabilidad del PM.
El día siete de julio se llevó a cabo la jornada electoral sin grandes incidentes, por lo que la atención pública se centró en el avance de los reportes sobre el conteo de los votos registrados a través del PREP. Este programa comenzó a operar a partir de las ocho de la noche hasta inicios de la madrugada del día siguiente, cuando el presidente del consejo general del IEPCBC, Raúl Castro Bojórquez, anunció la existencia de errores en los datos presentados, por lo que el órgano electoral decidió no reconocer los resultados, aunque sí permitió que el sistema continuara operando a través de la página web del Instituto (El Universal, 8 de julio, 2013). De manera que el consejo general del IEPCBC anunció que los resultados se reportarían casi siete días después, una vez que se llevaran a cabo los conteos de los paquetes electorales en las juntas distritales locales (El Universal, 8 de julio, 2013).
Ante la ausencia de resultados preliminares que marcaran alguna tendencia ante la ciudadanía, se abrió una ventana de incertidumbre que fue aprovechada por los actores políticos inmersos. Después de unas horas del aviso de desconocimiento del PREP, el candidato priísta salió ante los medios de comunicación para proclamarse el ganador de los comicios (El Universal, 8 de julio, 2013). Por su parte, el presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, se presentó ante los medios para plantear que la alianza encabezada por su partido había sido la triunfadora (El Universal, 8 de julio, 2013). En cambio, se observó una postura menos triunfalista de parte de César Camacho Quiróz, presidente nacional del PRI, pues en vez de reclamar el triunfo centró su atención en cuestionar al órgano electoral y su funcionamiento. Tras reconocer que ante la “caída” del PREP no había resultados públicos, de antemano estableció que su partido reconocería el resultado oficial arrojado por los cómputos distritales, cualquiera que ocurriera. Para ello estableció que en su partido no se comportarían como “demócratas selectivos” (El Universal, 9 de julio, 2013).
Conforme fueron pasando los días y sin que se reportaran los resultados de los comicios por la autoridad electoral, el candidato priísta comenzó a proclamar la realización de un reconteo de la totalidad de votos emitidos, lo que se conoció como el conteo “voto por voto”, y manifestó su interés por impugnar la elección ante los tribunales en caso de ser necesario (El Universal, 9 de julio, 2013). Sin embargo, la dirigencia nacional de su partido anunció ante los medios de comunicación que “una eventual impugnación priísta en Baja California será tomada en relación con los resultados oficiales finales, ‘y con lo que conversemos el candidato Fernando Castro Trenti y la dirigencia nacional del partido”’ (El Universal, 12 de julio 2013). De esta manera, la cúpula priísta se distanció de la posición propensa al conflicto postelectoral de su candidato, y en cambio optó por dejar la vía libre para el reconocimiento de su derrota electoral. Así, Camacho Quiróz planteaba, aun antes de conocer los resultados de las votaciones, que: está por concluir el proceso electoral, y por delante está seguir el trabajo con la agenda del Pacto por México, para generar productividad en el ámbito legislativo. El año próximo habrá en el país tres elecciones locales, dijo el presidente del PRI, y eso abre un margen para que continúe el trabajo del Pacto por México, y se cumplan los 95 compromisos originales (El Universal, 12 de julio, 2013).
Al final, el candidato mismo reconoció su derrota y aceptó “darle vuelta a la página” tras el anuncio de los resultados electorales, dejando de lado cualquier inconformidad e impugnación ante los tribunales respectivos (El Universal, 13 de julio, 2013), aun a pesar de encontrar irregularidades e inconsistencias en los conteos de algunos distritos correspondientes a Mexicali y Tijuana (Reforma, 13 de julio, 2013).
Los resultados electorales para gobernador le dieron el triunfo al candidato panista Franciso Vega de la Madrid con 442 mil 868 frente a los 417 mil 909 del priísta Castro Trenti y los 48 mil 089 votos del candidato del partido MC, Felipe Ruanova Zárate. Asimismo, la alianza Unidos por BC logró la mayoría en el Congreso local al obtener 418 mil 220 votos, lo que le permitió triunfar en diez distritos: 1, 2, 3, 4, y 5 de Mexicali, así como el 10, 11, 12, 13 correspondientes a Tijuana y en el 17 de Playas de Rosarito. Por su parte, la alianza Compromiso por BC obtuvo 414 mil 567 votos y triunfó en siete distritos: 6, 7, 8, 9, 14, 15 y 16, que involucran la región de Tijuana, Ensenada, Tecate y uno de Mexicali (Reforma, 15 de julio, 2013), los que se distribuyeron entre los distintos partidos (cuadro 3). Por su parte, si bien MC no triunfó en ningún distrito de mayoría relativa, aquí fue donde alcanzó su mayor votación agregada a nivel estatal con 72 mil 235 votos.
Distribución de escaños por partido del Congreso local de BC, 2013
| Cargo | Partido | Cantidad |
|---|---|---|
| Gobernador | PAN | 1 |
| Presidencias municipales | PANPRIPANAL | 1 (Mexicali)3 (Ensenada, Tecate, Tijuana)1 (Playas de Rosarito) |
| Diputados locales | PANPRIPRDPTPVEMMCPANALPEBCPES | MR: 5 + RP:2MR: 4 + RP: 3MR: 1MR: 1 + RP: 1MR: 1MR: 0 + RP: 2MR: 2MR: 2MR: 1 |
Fuente: elaboración propia con datos de (IEPCBC, 2013, Congreso BC, 2013).
Por otro lado, el PRI obtuvo la mayoría de los votos agregados en los comicios de munícipes con 448 mil 955 votos, lo que le permitió triunfar en las presidencias municipales (Ensenada, Tecate y Tijuana), mientras que la coalición Unidos por BC logró 413 mil 487 votos, lo cual sólo le permitió ganar en dos presidencias municipales, que se repartieron así: una para el PAN (Mexicali) y otra para el PANAL (Playas de Rosarito).
5. Comentarios finalesLas elecciones en BC de 2013 reflejaron la coordinación exitosa de la élite política que permitió la concentración de los votos en torno a los dos principales candidatos. De esta manera se logró evitar el “desperdicio” de votos en torno a la fuerza partidista de MC. Si bien inicialmente la coordinación de la élite se hizo clara en la conformación de las alianzas electorales que en su interior integraron a casi la totalidad de los partidos presentes en la entidad, también se reflejó su éxito en torno al reto que representó la selección del candidato dentro de cada coalición electoral. En este último apartado tanto el panismo y el priísmo se impusieron como las fuerzas político partidistas efectivas.
La coordinación exitosa de la élite política permitió, a su vez, que la mayoría de la votación se concentrara en torno a las dos alianzas electorales encabezadas por el PAN y el PRI, respectivamente, dando paso a un alto nivel de competitividad, de moderada fragmentación y baja volatilidad del electorado. Lo cual permitió mantener la continuidad y estabilidad del realineamiento del comportamiento del votante bajacaliforniano que se inauguró desde los comicios estatales de 1989.
A partir de revisar el comportamiento de los dos actores principales de la coordinación electoral, aquí se identificó que el mayor impacto político electoral del PM en las elecciones estatales de BC se encontró del lado de las cúpulas partidistas, y no tanto en el electorado. Este fue un elemento que permitió el comportamiento estratégico de los actores involucrados, especialmente entre los dirigentes partidistas nacionales del PAN, PRI Y PRD.
El PM se instaló en ese momento como la principal herramienta legislativa del Presidente de la República, EPN, para hacer avanzar su agenda de reformas constitucionales. Por ello operó en la medida de lo posible, para evitar que los acuerdos legislativos nacionales fueran afectados por conflictos electorales a nivel subnacional. Para tal fin desplegó diversas estrategias.
Al inicio del proceso electoral en BC se descubrió que la selección del candidato priísta fue el resultado de un proceso de negociación entre el grupo dominante tricolor encabezado por el EPN y el dirigente nacional, César Camacho Quiróz, y aquél liderado por el coordinador de su bancada de diputados federales, Manlio Fabio Beltrones. De tal manera, se consideró que la candidatura de unidad de Castro Trenti fue una concesión, y con ello se aseguraba la lealtad y cooperación del líder legislativo a favor de la agenda de reformas presidencial. Sin embargo, esta negociación no permitió lograr la reunión de los liderazgos priístas locales en torno a su candidato, como se observó en el distanciamiento del precandidato Jorge Hank Rohn.8
Durante la etapa de las campañas electorales se identificó que el PM le permitió a los dirigentes nacionales del PAN Y PRD desplegar acciones estratégicas a través de las campañas negativas, acusando la intervención del priísmo nacional. De esta manera tensaron las presiones políticas que mantenían al PM. Esto llevó al presidente EPN a la firma del addendum del pacto, con el fin de generar condiciones para distender las presiones y seguir contando con el apoyo de los partidos opositores dentro del acuerdo legislativo.
En la fase postelectoral se identificó que ante un escenario de incertidumbre de los resultados y con un órgano electoral que presentó problemas de operación, la posición mesurada del priísmo estuvo influida en gran medida por el PM. Si bien el candidato priísta había manifestado de inicio su interés en impugnar el proceso electoral y los resultados que lo posicionaban como el perdedor, al final no encontró el apoyo necesario de la dirigencia nacional de su partido, pues ésta estableció que el interés del grupo dirigente tricolor estaba puesto en continuar con el PM en el legislativo federal.
En el fondo, los mecanismos políticos del PM que operaron en el comportamiento de los actores durante las elecciones estatales de BC, en gran medida, se correspondió con la fuerte disciplina que actualmente opera dentro de las organizaciones partidistas, actores relevantes dentro del proceso de la coordinación electoral.
Hemerografía
Periódicos consultados
Reforma
La Jornada
El Universal
El Mexicano
La Voz de la Frontera
Diario Frontera
El Mexicano
Semanario Zeta
Cox plantea que la coordinación de los actores inmersos en el escenario electoral puede ser entendida como un modelo originado en el bagaje de la Teoría de Juegos, particularmente a partir del denominado “batalla de los sexos”, que reconoce que “los jugadores preferirían coordinar sus acciones en alguna de las dos (o más) posibilidades,” pero están sometidos a un dilema fundamental: “no están de acuerdo en cuál de esas posibilidades deberá ser la única alternativa que les permitiera coordinarse” (Cox, 2004, p. 13).
Siguiendo a Méndez (2012, p. 148), es factible usar de manera indistinta los términos de alianzas electorales, coaliciones electorales y coaliciones preelectorales. Reconoce que “este último es el más utilizado en la literatura comparada sobre coaliciones. Se usan indistintamente en la medida en que los tres términos cumplen dos condiciones relevantes: primero, hacen referencia a la coordinación estratégica entre partidos antes de las elecciones; y segundo, apelan al propósito de los partidos de no competir solos”.
A partir de la caracterización del “voto estratégico”, se considera que el elector es un individuo racional, capaz de ordenar sus preferencias y, también, interesado en hacer valer su voto, o no desperdiciar su apoyo entre las opciones presentes en la oferta político electoral. Para hacer valer su voto, “los electores pueden abandonar a los partidos con menos posibilidades (aun cuando éstos se ubiquen muy cercanos a sus preferencias ideales) y votar por aquél con probabilidades reales de ganar (lejanos a su punto ideal, pero aún dentro de su círculo de preferencias)” (Reynoso, 2011, p. 39).
De acuerdo con Reynoso, “en la teoría de juegos, un punto focal es una “solución” que emerge con prominencia respecto de las demás soluciones. El concepto de “punto focal” ha sido introducido por Schelling (1968, pp. 57-59). Aquí, por punto focal debe entenderse al candidato que los electores perciben con más posibilidades de ganar, dada la información de la que disponen” (Reynoso, 2011, p. 24).
Un ejemplo de ello fueron las declaraciones del dirigente nacional del PRI, César Camacho Quiróz, durante un evento partidista de corte nacional realizado en la ciudad de Tijuana, B.C., en la que intentó establecer una distinción entre los conflictos derivados de los comicios estatales en la entidad y las exigencias propias del PM. Ahí comentó, ante el candidato de su partido al gobierno estatal, que: “El Pacto por México está muy por encima de las elecciones, con todo y que son importantes. Si nosotros no somos capaces de seguir acordando buenas propuestas para el país, las elecciones podrán pasar, independientemente de quién gane, pero los problemas no se van. Por eso el Pacto por México tiene que estar resguardado y las elecciones se tienen que dar en el ambiente de legalidad que la Constitución establece, equidad en la contienda. Y los que estamos en el Pacto por México no podemos detenernos en asuntos electorales por importantes que sean” (García, 2013).
Mientras que el partido Convergencia/Movimiento Ciudadano logró la senaduría de primera minoría tras los comicios de 2012.
El dirigente nacional del pt, Alberto Anaya, justificó su alianza con el PRI, y no con el PRD con el que tradicionalmente solía participar en elecciones, estableciendo que “preocupa que el PAN tiene 24 años en el poder y hay hartazgo de la sociedad,” de manera que con el tricolor encontraba la posibilidad de realizar una alianza de centro-izquierda (La Jornada, 4 de febrero 2013, p. 28).
Durante el proceso de selección del candidato priísta se observaron diversos grupos de priístas de la entidad que se manifestaron en contra de la designación de Castro Trenti. Si bien el precandidato Jorge Hank Rohn declaró que aceptaba su derrota, así como que brindaría su apoyo al candidato priísta (Reforma, 7 de febrero, 2013), se observaron varios acontecimientos que hicieron dudar de su postura, como lo fue la salida de un contingente de la Confederación Regional Obrero Campesina (CROC) del evento de presentación de Castro Trenti (Reforma, 8 de abril 2013), manifestaciones de grupos priístas reclamando la postulación de Hank Rohn (Reforma, 10 de febrero, 2013) y el apoyo que le brindó César Hank, hijo del precandidato, al panista “Kiko” Vega (Reforma, 3 de julio, 2013).