Las Ciencias Sociales en la UNAM: renovación institucional, responsabilidad social y desafíos

Resumen

El autor destaca el relevante y actual papel de la enseñanza y la investigación de las Ciencias Sociales en la UNAM. Reflexiona sobre la importancia de impulsar su renovación institucional. En su opinión, diversos diagnósticos demuestran que la Universidad está inmersa en un proceso de cambios y una de sus principales fortalezas es el valor de la responsabilidad social como universidad pública en Latinoamérica. Señala algunos de los compromisos y retos que enfrentan tanto la institución para cumplir su misión, como los científicos sociales para responder a las exigencias de la sociedad del conocimiento.

Abstract

The author highlights the relevant and current role of teaching and research of Social Sciences at UNAM and reflects on the importance of promoting its institutional renewal. In his view, various diagnoses show that the University is undergoing a process of change and one of its main strengths is the value of social responsibility as a public university in Latin America. He also points out some of the commitments and challenges facing both the institution to fulfill its mission and social scientists to meet the demands of the knowledge society.

Introducción

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es una institución compleja. En buena medida esta complejidad se debe a su trayectoria y papel en la sociedad mexicana, a sus dimensiones –una comunidad universitaria que hoy tiene con una población de 337,763 alumnos–, a sus múltiples instalaciones que se distribuyen en diferentes puntos geográficos del país; pero sobre todo, a los diferentes niveles educativos que conjuga y a las diversas funciones que realiza.

En la Universidad Nacional se imparte docencia a nivel bachillerato en dos modalidades: Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades y Escuela Nacional Preparatoria; una formación profesional de 108 carreras con 194 opciones educativas y 40 Programas de Posgrado con 90 Planes de Estudio de Maestría y Doctorado; 33 Programas de Especialización con 200 orientaciones en diferentes áreas del conocimiento. Además, realiza una labor de investigación a través de dos subsistemas (investigación en humanidades e investigación científica) y una intensa labor de difusión y extensión de la cultura.

Ciertamente, la docencia en sus diferentes niveles –por la matrícula, el personal académico que desempeña esa actividad, los recursos financieros que consume y la infraestructura–, es una de las partes más visibles de la Universidad. Sin embargo, también lo es el amplio trabajo de investigación que desarrolla en el área de las Ciencias Naturales y Exactas, y en las Ciencias Sociales y Humanidades, en las que se cultivan una gran cantidad de líneas de investigación en una conjunción con la docencia (Canales, 2000: 17)

Por lo que respecta a la investigación en Humanidades (Ciencias Sociales), ésta se encuentra organizada en un subsistema que comprende un conjunto de 11 Institutos y 5 Centros de Investigación;¹ las 14 Facultades, 5 Unidades Multidisciplinarias y 5 Escuelas participan no sólo en la enseñanza, sino también en la investigación que se realiza.²

En este trabajo nos proponemos destacar el relevante papel de la enseñanza y la investigación de las Ciencias Sociales en la UNAM en la actualidad, así como reflexionar sobre la importancia de continuar impulsando su renovación institucional. Diversos diagnósticos demuestran que la Universidad se encuentra inmersa en un proceso de cambios y que a pesar de las tensiones que este proceso supone, una de sus principales fortalezas es el valor de la responsabilidad social como universidad pública en Latinoamérica.

También se señalan algunos de los compromisos y retos a los que se enfrenta tanto la institución para cumplir su misión, como los científicos sociales para responder a las exigencias de la sociedad del conocimiento y a los procesos de globalización que delimitan el espacio en el cual se desarrollan las disciplinas.

Ciencias Sociales: un nuevo momento

Con una experiencia acumulada de investigación, insertas en una dinámica internacionalizada y echando mano de nuevos esquemas explicativos, más eclécticos y más fundados en una tradición sociológica amplia, las ciencias sociales parecieran encontrarse hoy en un nuevo momento. Este conlleva, para los académicos que las ejercen en universidades y centros de investigación, una necesidad inaplazable de renovar instrumentos teóricos, de responder a las exigencias de una realidad compleja y repleta de nuevos desafíos y de preparar a las nuevas generaciones de científicos sociales, para que cuenten con una mayor capacidad para aplicar sus conocimientos con creatividad y responsabilidad (Puga, 2009: 106).

Al hablar de Ciencias Sociales nos referimos a un conjunto de disciplinas que, a partir del interés explícito por diferentes aspectos de la vida colectiva, han formulado teorías generales y planteamientos analíticos. En todas ellas se realiza investigación sobre la sociedad fundada en hipótesis, en métodos diversos de acopio de información y en interpretación de datos, proceso que permite formular nuevas explicaciones, elaborar escenarios y proponer conceptos que, con frecuencia, son rápidamente integrados a la experiencia y al lenguaje cotidiano.

A pesar de este momento, persiste en la sociedad la carencia de un reconocimiento pleno hacia las ciencias sociales como disciplinas formales, con carácter científico y valor profesional, pues en buena medida siguen siendo vistas como disciplinas de segundo orden, altamente ideologizadas, poco serias en sus conclusiones y poco eficaces en la solución a cuestiones prácticas (Puga, 2008: 12). Todo lo anterior configura un escenario complejo y pleno de dificultades que remontar para los científicos sociales o para quienes se inician en su estudio (Bartra, 2013: 7-17).

El nuevo momento que las ciencias sociales empezaron a vivir a principios de este siglo se caracteriza, primero, por una notable ampliación de los temas de estudio abordados a partir de perspectivas disciplinarias, teóricas y analíticas diversas. En segundo lugar, una investigación fortalecida por el uso equilibrado de elementos empíricos, teorías de alcance medio y modelos explicativos, extiende su alcance a partir de la creación de redes de conocimiento interinstitucionales e internacionales.

El cambio ha ido de la mano con las grandes transformaciones ocurridas en las últimas décadas del siglo xx, que obligaron a renovar instrumentos de análisis para entender fenómenos asociados a la globalización; a la vida en los grandes conglomerados urbanos; a la extensión de la democracia como forma política y de los derechos humanos como fundamento jurídico de la misma; a la organización de numerosos países en bloques económicos, al desarrollo de las nuevas tecnología de la información; al deterioro ecológico, y a la igualdad entre los sexos (Puga, 2009: 107).

Junto a la diversidad disciplinaria y al pluralismo teórico que las caracterizan, destaca una doble tendencia en su desarrollo de las últimas décadas: por una parte, la especialización del conocimiento social y la diversificación de las disciplinas se ha manifestado en una permanente depuración teórica y analítica, en una mayor especificidad de los instrumentos y técnicas de investigación y análisis, y en un perfil específico más definido; por la otra, una creciente interacción y convergencia entre ellas que conduce a la revisión de las fronteras del conocimiento y de los paradigmas teóricos, que se van redefiniendo para enfrentar con recursos conceptuales renovados los profundos cambios de la realidad (Bokser, 2013: 57).

Universidad, responsabilidad social y bien público

Para llevar a cabo un análisis de la misión actual de la Universidad, se debe considerar como base fundamental la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en México en el siglo xxi de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNeSco, por sus siglas en inglés), que en su artículo primero señala: “La misión de educar, formar y realizar investigaciones” (UNeSco, 1988). En este empeño, las universidades se enfrentan a un entorno complejo y diverso que pone de manifiesto sus debilidades, pero que sin duda representa una oportunidad sin precedentes para su propia renovación.

Como se ha señalado, la globalización, el desarrollo tecnológico y los sistemas de comunicación exigen un alto grado de calificación que determina la necesidad de las universidades de formar, atraer y conservar a los más calificados (Núñez y Alonso, 2009).

Al describir la misión actual de la Universidad debemos analizar paralelamente el papel de la misma, en lo que se denomina sociedad del conocimiento, en respuesta a “la enorme relevancia que en la actualidad tiene el conocimiento acumulado tanto en el nivel de vida de los individuos, como en la organización social y en la actividad económica” (Pérez, 2004: 44).

En este contexto, se definen los principales objetivos y líneas estratégicas de las universidades, en materias de formación y planes de estudio. Se trata de un proceso de renovación que implica el sacrificio de una cantidad importante de recursos que debe ser gestionado de manera responsable y transparente.

No obstante, el aspecto más importante de la “sociedad del conocimiento” descansa en su sistema educativo; particularmente, en un sistema de educación superior. Durante los años noventa, en adición a las funciones de docencia e investigación en las universidades, una tercera misión emergió a nivel mundial, debido a las relaciones de la academia con las empresas y los gobiernos, por lo que éstas han pasado a formar un factor clave del desarrollo económico y social (Casas, 2004).

Sin embargo, en la sociedad del conocimiento, las universidades están cambiando debido a que están siendo retadas por otros productores de conocimiento, el cual es producido por una variedad de organizaciones: universidades, think-tanks, empresas, laboratorios gubernamentales, sociedad civil, ONG-trasnacionales, redes de conocimiento, etcétera (Bokser, 2013: 62).

En sentido amplio, la Responsabilidad Social de la Universidad se define como el modo en el que la Universidad contribuye voluntariamente a crear una sociedad mejor (Núñez y Alonso, 2010: 166).

Es importante destacar que la responsabilidad social universitaria como concepto ha sido tratado con mayor amplitud por las universidades latinoamericanas, responsabilidad que se sustenta en valores y en impactos, para lo cual se debe tomar en cuenta la dimensión social del proceso de cambios en el que se encuentran inmersas.

Durante las tres últimas décadas, en Latinoamérica, la universidad pública (y también algunas privadas que asumieron con cierta certeza su responsabilidad social) ha enfrentado los sucesivos recortes financieros y ha hecho valer su derecho a contar con los recursos necesarios para poder responder a los enormes retos y demandas que la sociedad le exige, en cobertura, en calidad, en conocimientos y aprendizajes.

También pudo inventar e innovar carreras y nuevos perfiles de egreso para hacer realidad su responsabilidad de estar a la altura de los paradigmas contemporáneos de la ciencia y la tecnología; y reconfigurarse para invertir y generalizar en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, para impulsar plataformas de educación virtual desde la perspectiva de ofrecer estos nuevos esquemas a un mayor número de estudiantes.

Asimismo, tuvo que organizarse para asumir los procesos y resultados de las múltiples evaluaciones, y luego adecuarse a los estándares de acreditación externos e internos y, por si fuera poco, posicionarse de forma crítica ante la avalancha de la mercantilización provista por una oferta privada nacional, regional o transnacional de dudosa calidad, que crece y crece (De la Fuente y Didriksson, 2012: 34).

En el debate internacional existe como referencia la gran discusión generada por la UNeSco entre 1995 y 2009, para abordar a nivel regional y mundial los temas más trascendentes de la educación superior, en donde los representantes de las universidades de la región, participantes de las distintas reuniones de este organismo de la Organización de las Naciones Unidas, supieron argumentar y sustentar el por qué era requisito indispensable, principio y sentir general, mantener el concepto de “universidad como bien público con una alta responsabilidad social” para enfrentar los cambios que se requieren en el presente, pero sobre todo hacia el futuro más cercano.

La polémica alrededor de este tema que involucra conceptos como los de autonomía, responsabilidad social, pertinencia, frente a otros como los de la comercialización y mercantilización de los servicios educativos, instituciones de orientación hacia el mercado, educación como un servicio global, entre otros, como puede suponerse, ha marcado distancias, definiciones, puntos de desencuentro, arduas discusiones, distintas redacciones y votaciones, cuyo consenso es discutido.

En este contexto, la UNAM sintetiza los valores que permean a la formación profesional, pues ha incorporado al marco institucional de docencia los principios establecidos en su Ley Orgánica, los cuales determinan que la formación de profesionales, docentes e investigadores debe responder a necesidades nacionales y que la generación de conocimientos tiene que vincularse a lo que el desarrollo del país requiere. Por ello, todos los Planes de Estudio deben relacionar sus contenidos hacia dos ejes fundamentales: 1. El desarrollo científico tecnológico de la disciplina. 2. Las necesidades de la sociedad mexicana (De la Fuente y Didriksson, 2012: 34).

Diagnósticos sobre la organización de las ciencias sociales y las humanidades en México

En las últimas décadas, algunas universidades y/o sistemas educativos y de investigación, sobre la base de las leyes de costo-beneficio, han llegado a suspender de manera temporal o definitiva las carreras que corresponden a las Ciencias Sociales y a las Humanidades. Esto ha sucedido tanto en el mundo desarrollado (el Reino Unido) como en nuestra región geográfica. Asimismo, en los últimos años, nos hemos enfrentado a una disminución de los contenidos humanísticos en la formación de los jóvenes del bachillerato (Morales Campos, 2012: 9).

Ahora bien, la idea de que el costo-beneficio desde una perspectiva simple y masificada se aplique sólo para privilegiar el corto plazo y los resultados numéricos de tipo general, en la toma de decisiones y en la definición de políticas de Estado sobre educación e investigación, no permite comprender la función que cumplen las Ciencias Sociales, las Humanidades y las Artes en la vida del ser humano, que establecen la gran diferencia entre el efecto positivo y negativo que tienen los productos de las ciencias físicas y biológicas y la tecnología.

Por tanto, “se vuelve relevante y urgente analizar las formas de producir el conocimiento humano y social, y las varias maneras de representarlo y hacerlo llegar al principal objetivo de nuestro trabajo: el hombre y la sociedad y, sobre todo, acercar ese conocimiento a cada una de las individualidades que forman el colectivo social” (Morales Campos, 2012: 9).

Ciencias Sociales y políticas de Estado en México

Se puede reconocer que en el vínculo existente entre las ciencias sociales y las políticas de Estado en nuestro país, existen tensiones y dilemas tanto al interior de las Ciencias Sociales como desde su perspectiva externa. En el primer caso, se trata de una relación compleja entre disciplinas, su organización e institucionalización y las comunidades científicas; en el segundo, se advierte una cierta limitación de políticas públicas concretas hacia las ciencias sociales en general.

En los últimos años ha habido una revisión analítica importante sobre la producción de políticas científicas que cubren, especialmente, un periodo amplio desde los años setenta hasta la actualidad. En estos estudios y diagnósticos existe una convergencia generalizada que apunta a que las políticas de Estado sobre ciencia (y tecnología) en el país han tenido rasgos contradictorios y tampoco han tenido un alto nivel de implementación (Bokser, 2012: 55).

Los diversos diagnósticos también convergen en señalar que los factores macroeconómicos han afectado la estabilidad y la implementación de las políticas públicas, lo cual ha dado cuenta de una falta de continuidad y de claridad en el problema público al que responde la política científica. En cada uno de los estudios destaca la continuidad de la función del coNAcyt como institución articuladora de la política de Estado, así como algunas estructuras gubernamentales previas (Bokser, 201: 55).

Un común denominador del análisis de estas épocas es que las diferentes políticas que se han instrumentado, conjuntan una mezcla de intereses y preocupaciones que plantean diferentes sectores sociales muchas veces contradictorios entre sí; pero que, en realidad, la política no ha llegado a “configurar un paradigma científico y tecnológico que responda adecuadamente a la sociedad mexicana en procesos de transición” (Casas y Dettmer, 2003).

Ciencias Sociales y políticas públicas

En la concreción del nexo entre el conocimiento generado por las Ciencias Sociales y las decisiones de política pública en México existen diversos obstáculos y dificultades, entre los que se plantean si las Ciencias Sociales deben participar o no en el diseño de políticas públicas, entre quienes pugnan por una labor académica neutral y quienes proponen un mayor compromiso del trabajo científico con los problemas de la realidad nacional.

Otro aspecto de la misma discusión se encuentra entre quienes pugnan por más ciencia básica o teórica y los que lo hacen por más ciencia aplicada. Estas discusiones, sin duda, tienen una gran vigencia en nuestros centros e institutos de investigación, cuando se trata de definir las grandes orientaciones institucionales.

Por otra parte, el tiempo de la política no es el largo plazo, sino el inmediato, acotado, por lo que dura una gestión y por los procesos electorales. La visión de largo aliento, que es la que realmente requieren las políticas de Estado, no es la que prevalece.

En suma, aunque pueden enumerarse algunos ejemplos en sentido contrario, en general se afirma que entre Ciencias Sociales y políticas públicas hay un desencuentro en agendas, en temporalidades y en intereses, aunque la materia que nos ocupa a unos y otros es la misma: los problemas de nuestra sociedad (Hernández Bringas, 2013: 49).

En la UNAM, de manera particular, pudimos observar en años recientes que la institución ha pretendido avanzar mediante el mecanismo de convocatorias amplias y plurales a expertos y a miembros y grupos de la sociedad civil, con la finalidad de generar, con base en la experiencia y el conocimiento, principalmente de científicos sociales y humanistas, propuestas concretas para atender diversos problemas nacionales, como son los temas de seguridad pública, la política fiscal, el desarrollo social o, más recientemente, el tema generado por el narcotráfico y el consumo de las drogas.

Sobre la evaluación de las Ciencias Sociales y las Humanidades

Un signo considerado epocal de fines del siglo xx y principios del siglo xxI es el protagonismo que se le ha concedido a la evaluación como política para la educación y para el desarrollo de la ciencia, lo que se ha traducido en el establecimiento de diversos programas para realizar evaluaciones en el caso de la ciencia y de las Ciencias Sociales y Humanidades a partir del llamado modelo de “evaluación de pares”.

Plantear el tema de la evaluación y de la evaluación en las ciencias sociales y las humanidades nos lleva –según especialistas en la materia– a movernos en dos racionalidades extremas: reconocer, por un lado, que gracias a la evaluación se ha incrementado la productividad de los académicos y, por otra, aceptar que la evaluación obedece a una racionalidad donde las evidencias, tiempos e indicadores coloca a los profesores e investigadores en una camisa de fuerza a procesos académicos que tienen otra dinámica.

El tema se vuelve crítico cuando algunos académicos sostienen que las ciencias sociales y las humanidades pueden y deben ser evaluadas con los mecanismos e indicadores que se utilizan en el universo de todas las ciencias; una segunda posición es aquella que sostiene que el problema de fondo es cómo construir indicadores específicos para las Ciencias Sociales y Humanidades; una tercera considera que es un problema estructural que emana del tipo de racionalidad, la necesidad de establecer un control del trabajo académico, con independencia de los efectos que tengan estos programas sobre el mismo (Díaz-Barriga: 2013: 118).

Tomando en consideración que vivimos en la era de la evaluación y se han desarrollado diversos modelos, ésta sigue siendo una tarea compleja, a pesar de los sistemas que se han establecido como es el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del coNAcyt, o el Programa de Estímulos al Desempeño Académico (prIde) que emplea la UNAM. Ahora bien, existen múltiples estudios nacionales e internacionales sobre los efectos positivos y negativos que han generado estos sistemas de evaluación; no obstante, se tiene que seguir trabajando en la idea de que en las Ciencias Sociales y las Humanidades hay otros impactos, además de los que se obtiene entre especialistas de una disciplina, ya que políticos, académicos y estudiantes son también importantes destinatarios del trabajo académico (reconocimiento a través de libros de autor, trabajos en capítulos en libro, número de citas, etcétera); no obstante, las tensiones entre lo que podríamos considerar las políticas de evaluación y la perspectiva de algunos evaluadores son actualmente un foco de tensión.

Si bien la discusión gira en torno a que para algunos evaluadores es el momento de seguir los pasos de las otras ciencias, otros consideran que las Ciencias Sociales y las Humanidades tienen una estructura epistémica que es necesario respetar, lo cual lleva a pensar a algunos especialistas en que el futuro de los criterios de evaluación se va a dirimir en los próximos años (Díaz-Barriga: 2013: 150).

Compromisos

Hay autores que han intentado elucidar tres tipos de compromisos que contienen las principales orientaciones normativas de la práctica científica en tanto que actividad profesional. Desarrollar los contenidos de esos compromisos supone abordar diversos aspectos de la práctica académica: uno es externo y pragmático, referido a la “utilidad” de las Ciencias Sociales, y otros son internos o institucionales, relacionados con el marco valorativo y la organización de la actividad académica (Contreras, 2000: 151).

El científico como ingeniero social

En un plano muy general se puede afirmar que los científicos sociales están entrenados en una esfera del saber que los habilita para descifrar y hacer comprensibles los mecanismos mediante los cuales se producen, se reproducen y cambian las comunidades, las instituciones sociales, las organizaciones, los grupos, las movilizaciones, la vida cotidiana de los colectivos humanos, por lo que se puede concluir que una primera responsabilidad de los científicos sociales es poner su saber especializado al servicio de la comunidad y de sus problemas.

El científico como intelectual

El reconocimiento de esa tradición implica una redefinición del papel asignado a las ciencias sociales, que no excluye pero que corrige y amplía la noción de los académicos como servidores públicos; nos referimos a su papel como intelectuales y como científicos.

En el primer caso, es decir, en el papel de intelectuales, el compromiso hacia el gremio, hacia la tradición y hacia la sociedad, se cifra principalmente en la responsabilidad de orientar a la opinión pública.

Sin tratar de definir aquí el elusivo concepto de “opinión pública”, vale recordar que una de las figuras sociales más características del Occidente moderno ha sido la del intelectual crítico, pero al igual que en el caso del “ingeniero social”, presionado institucionalmente a definirse como servidor público, el intelectual experimenta una permanente tensión entre la “lógica del saber” y la “lógica del poder”. Aunque en este caso la fuente de la tensión es más interna (es decir, ética) que externa.

Esta es, entonces, una segunda dimensión en el compromiso del científico social no siempre bien comprendida o tolerada, y no siempre asumida por los propios académicos. En este plano, el parámetro del éxito no reside en la eficiencia ingenieril de los instrumentos elaborados, sino en la eficacia del conocimiento para encarnar en acción, para inspirar el diálogo racional entre los actores sociales, para iluminar los argumentos de la lucha por la justicia y la convivencia civilizada.

El científico en una organización académica

Conviene distinguir, por último, un tercer plano de valoración de la actividad académica, quizás el más importante y complejo de todos, al cual se le puede definir como el compromiso con el desarrollo del conocimiento científico. Probablemente es en este nivel donde se manifiesta con mayor elocuencia el problema de la tensión entre compromisos que, aunque no son necesariamente excluyentes, tienen una naturaleza muy distinta: la aplicación utilitaria del saber y la generación de conocimientos especializados.

En este plano, lo que está en juego es el desarrollo del conocimiento dentro de los marcos y las reglas de las disciplinas científicas. Mientras que en los otros dos niveles el producto del trabajo intelectual está presidido por el imperativo de los beneficios inmediatos y el inmediato éxito práctico, en este terreno lo que importa en un producto es su contribución al debate científico dentro de una disciplina especializada.

No obstante, subsiste un problema: ¿son suficientes la vocación, la voluntad y el talento de los científicos sociales para estar en condiciones de desarrollar eficazmente sus tareas? Algunos estudiosos destacan tres problemas relacionados con la débil institucionalización de las normas científicas dentro de nuestras propias instituciones académicas. El primero consiste en la ausencia de un “ethos” organizacional que estimule el ideal de la excelencia científica como horizonte de desempeño individual y colectivo; el segundo, en la ausencia de criterios de eficiencia administrativa centrados en el cumplimiento de las tareas sustantivas de una organización científica; y el tercero, en la carencia de recursos humanos en las áreas de apoyo (publicaciones, cómputo, etcétera) con una formación profesional adecuada al desempeño de las tareas científicas.

Todo lo anterior debería conducir a insistir en la importancia cardinal de los colectivos científicos, es decir, de los propios actores de la actividad científica, para construir y legitimar las definiciones, las normas y las prácticas correspondientes a la consolidación de una auténtica comunidad científica.

En la actualidad, en nuestro país, las orientaciones y los compromisos asumidos por la investigación científica pasan por el filtro ineludible de un modelo institucional, es decir, de la estructura organizativa del centro de trabajo donde se realiza la actividad: un medio capaz de estimular o inhibir el cumplimiento de los compromisos sociales, políticos y cognoscitivos tal como han sido formulados. La tarea de moldear y legitimar esos medios no es sólo de las instituciones como tales, sino de los académicos en lo individual y, especialmente, de los grupos de trabajo (Contreras, 2000: 173).

Retos

Enunciamos por último los principales retos que tiene no sólo la Universidad, sino el sistema universitario nacional y que se deben continuar enfrentando: a) expansión, b) renovación, c) internacionalización, d) valores, e) politización (de su presupuesto).³

Expansión

La cobertura del sistema educativo debe crecer, es decir, ampliarse pero con calidad. Incrementar la cobertura con calidad es un esquema que permitirá lograr la equidad en el ascenso de los estudiantes. La calidad no se enfrenta a los objetivos de la universidad pública del siglo xxI, pues la universidad no debe ser privada para tener calidad.

Renovación

La innovación ha sido la clave para que instituciones tan antiguas como las universidades estén preparadas para enfrentar los retos del presente siglo; innovar para mantener la esencia universitaria: la creación y transmisión del conocimiento.

La oferta educativa debe innovar para evitar ser inercial, con la finalidad de abrir espacios a los jóvenes, para que participen en la configuración de sus planes de estudio. Los medios de la docencia, la transmisión del conocimiento a distancia y las nuevas tecnologías, son nuevos instrumentos y herramientas para la creación y transmisión del conocimiento.

Internacionalización

La internacionalización y el intercambio académico han sido fundamentales para las universidades. La internacionalización de la comunidad científica tiene impactos positivos en sus prácticas de docencia, investigación y en la evaluación de ese trabajo de investigación. La movilidad de estudiantes también ha sido benéfica. La revalidación de grados y programas de estudios es fundamental al tener como parámetros estándares internacionales. No conviene ni como sociedad ni como país quedarse en un círculo endogámico; la Universidad es una institución básica que contribuye a que entre los distintos ámbitos de la sociedad exista mayor interacción.

Valores

La Universidad debe seguir alentando la existencia y práctica de los más valiosos principios educativos; entre ellos se encuentran: la libertad de cátedra e investigación, la conciencia social, la pluralidad de posturas, creencias, éticas, políticas y religiosas; la tolerancia, el respeto a la discrepancia, a la diversidad y mantener una postura firme en contra de la violencia que permea hoy en día a nuestra sociedad.

Politización (de su presupuesto)

Debe continuarse promoviendo una política de funcionamiento de largo plazo sobre el presupuesto de su financiamiento, en el mejor de los casos, sexenal. El modelo pedagógico de la Universidad no debe ser propiedad de ninguna ideología, ni de un partido político. El presupuesto garantizado del gobierno no debe sufrir modificaciones, aun cuando el partido en el gobierno cambie.