La Organización de las Naciones Unidas aprobó, el 28 de julio de 2010, la Resolución 64/292, “El derecho humano al agua y el saneamiento”, en donde reconoce “que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”. Sin embargo, a pesar que esta organización llame a los Estados a hacer efectivo el derecho al agua, esto no ocurre, entre otras razones, por la falta de tecnología y recursos, así como por la mala gestión hídrica. De esto trata el libro Gestión pública y social del agua en México, coordinado por Fernando Pérez Correa.
En el capítulo inicial, “Las cuencas en los instrumentos de planeación ambiental: nuevos retos”, escrito por Verónica Bunge, Helena Cotler, Daniel Iura González y Karina Ruiz Bedolla, se sostiene que el enfoque que se la ha dado a los recursos naturales en conjunto, y al agua en particular, es obsoleto. Esto es así porque no sólo es suficiente atender al recurso del que se trate con medidas específicas, sino que debe acometerse una tarea integral en donde, por ejemplo, se considere la dinámica territorial. Para el agua, en consecuencia, resulta pertinente el enfoque de cuencas, ya que deja a un lado la gestión fragmentada y reconoce la interrelación de los diferentes elementos del socioecosistema. ¿En dónde radica la importancia de las cuencas? En la posibilidad de medir los impactos de las actividades humanas en un área específica y porque con ellas se logra una visión integral del territorio, con base en los servicios ambientales que deben conservarse o restaurarse para alcanzar una vida digna para la población.
Ligado al primer capítulo, el siguiente, firmado por Ana Burgos y Gerardo Bocco, “La gestión del agua y el aporte de la geografía al enfoque de cuencas hidrográficas en México”, permite reconocer las contribuciones de la geografía mexicana al enfoque de cuencas, que fue impulsado por la necesidad que tenían los gobiernos de atender los grandes problemas nacionales, mediante políticas públicas integrales. En México, han sido muchos los investigadores que han aportado al avance del enfoque en comento. Para constatar lo anterior, los autores revisaron los trabajos presentados en los congresos de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y la revista Investigaciones Geográficas del Instituto de Geografía de la UNAM. Esta medición bibliográfica tiene un valor claro: saber quiénes han estudiado las cuencas, qué han escrito al respecto y en qué año. En los tiempos actuales de crisis hídrica, la bibliografía al respecto, sistematizada por Burgos y Bocco, permite a los tomadores de decisiones conocer cómo las comunidades académicas han conceptualizado la realidad y, partir de ello, desarrollar acciones de gobierno, o bien corregir las existentes.
Daniel Murillo Licea escribe “Comentarios sobre la seguridad y soberanía hídrica, un revés a la (in)gobernabilidad del agua”. Uno de los conceptos en ciencias sociales que en décadas recientes ha sido usado con mayor frecuencia es el de gobernanza y su aplicación al tema del agua no es la excepción. Murillo reconoce dos modelos de la gobernanza del agua: uno del Banco Mundial y otro propio de la Unión Europea. El primero apunta hacia un mejor desempeño institucional, mientras que el otro considera apertura y participación de la sociedad. Con los antecedentes expuestos en el capítulo, la gobernanza del agua presupone dos dimensiones: una es el apoyo a ultranza al modelo neoliberal; la otra dimensión es un modelo en el que la voz de los actores sociales tiene un peso importante. No obstante, el problema es la ausencia de transparencia y rendición de cuentas de los gobiernos al hacer públicos la manera en que se gasta el dinero destinado a obras hídricas.
En el capítulo siguiente, Adriana Sandoval revisa la formación de organizaciones sociales cuyo interés es mejorar las condiciones ambientales, en particular frenar la escasez y la contaminación del agua en la Ciénega de Chapala. Sin embargo, se reconocen debilidades en este proceso de “asociacionismo”: en la región no hay evidencia del aumento de la confianza en las instituciones gubernamentales de gestión del agua; no existen iniciativas integrales de ordenamiento de la actividad económica regional, y las iniciativas de la sociedad civil son parciales y carecen de lazos de colaboración con otras organizaciones civiles y gubernamentales. En suma, el capítulo “Gestión del agua y asociacionismo en la Ciénega de Chapala, Michoacán” nos recuerda que la gestión del agua debe hacerse con una visión local/global, en donde la sociedad civil participe con sus recursos y capacidades, ya que la acción oficial es insuficiente.
El quinto y sexto capítulos, “Una mirada espacial sobre la escasez capitalista del agua y el desarrollo regional” y “El agua como factor crítico del desarrollo regional”, respectivamente, abordan al agua como un elemento para el desarrollo regional. Los autores, Efraín León Hernández y Úrsula Oswald, mencionan la obligación del Estado de cumplir con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al contemplar al acceso al agua como un derecho humano. Más aún, se refieren al Estado como el responsable de la ejecución de una política de planeación territorial y económica. Aspectos que impactan en el entorno y lo pueden hacer vulnerable a los efectos del cambio climático. Así, hacen hincapié en el impulso de programas educativos, de capacitación y de comunicación para promover una cultura de prevención y adaptación al cambio climático y de manejo integral del agua. Todo tiene una relación con el desarrollo: en donde no haya agua disponible y procesos de adaptación al cambio climático, no habrá desarrollo.
En el capítulo de Boris Marañón Pimentel y Diana López Córdova, “Comentarios críticos a los programas federales para el uso eficiente del agua de riego en México”, se realiza un análisis de las políticas destinadas al impulso del uso sustentable del agua subterránea en la agricultura mexicana. Ellos sostienen que las políticas no son públicas, si acaso gubernamentales; están basadas en un enfoque mercantil del agua; privilegian a los productores agrarios empresariales; de acuerdo a diagnósticos oficiales, la sobreexplotación de los acuíferos es monocausal, y esta sobreexplotación revela la existencia de un Estado débil. En el documento destaca el examen de los diversos programas federales destinados al uso eficiente del agua subterránea en el riego: el Proyecto Estratégico de Tecnificación del Riego a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y los Programas de Rehabilitación, Modernización y Equipamiento de Distritos de Riego y de Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego, administrados por la Comisión Nacional del Agua. No obstante la existencia de dichos programas, no hay una vinculación entre la dimensión tecnológica, la sociedad y la política. Es decir, no existe una perspectiva integral en el manejo del agua subterránea para riego.
Carmen Pedroza, en “Las pesquerías de aguas continentales y la lucha por el agua”, analiza el conflicto generado por la competencia por el agua entre diferentes actividades productivas como la agricultura, la ganadería y el uso industrial, con la pesca de aguas continentales, considerando la situación existente en la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, de manera particular los casos del Lago de Chapala. De su trabajo se concluye que si continúa aumentando el estrés hídrico en la zona, el lugar de la pesca continental será incierto, debido a que las normas no consideran preservar un nivel de agua adecuado para los requerimientos de producción y subsistencia de los peces, afectando la calidad de vida de los pobladores de la zona.
Fernando Pérez Correa, el coordinador de la obra, en el capítulo noveno, hace una revisión de las bases constitucionales de la regulación del agua en México. Considerando que la Constitución de 1917 es el documento que simbolizó el proyecto nacional de la Revolución Mexicana. Y que su artículo 27 tiene como antecedente la fundación de la Nación, toda vez que consagra el complejo régimen de propiedad de las “tierras y aguas del territorio nacional”. Del referido artículo constitucional se desprenden dos cuestiones: la primera es la soberanía originaria que la Nación ejerce sobre sus tierras y aguas, y la segunda incluye el reconocimiento a los derechos de pueblos y comunidades sobre la tierra, como también el establecimiento del régimen jurídico de la concesión del uso de dichas tierras y aguas a los particulares. De manera que el Artículo 27 tiene íntima relación con otros: el 2o., que establece el derecho de las comunidades a acceder “al uso y disfrute de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan”; el 4o., sobre el derecho humano al agua; el 25 y el 26, que asignan al Estado la Rectoría del Desarrollo Nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable; en fin, el 107, 115 y 122.
El tema del agua en la ciudad de México se ha vuelto un asunto de primera importancia, no sólo por la incapacidad para suministrarla a todos, sino por los conflictos que han surgido y que pueden agudizarse. De esto trata el trabajo que cierra el libro, “Gobernanza y co-gestión. El caso de la política hídrica del Sistema Lerma”, de Lorena Torres. El Sistema Lerma, que empezó a funcionar en 1951, fue realizado bajo un esquema político centralizado, en donde, apunta Torres, el gobierno del Estado de México, en los hechos, no tenía ningún peso político y el entonces Departamento del Distrito Federal carecía de autonomía, ya que dependía del gobierno federal. Este Sistema lleva funcionando más de seis décadas, y si eso ya es escandaloso, lo es más que su manejo se base en el último convenio de funcionamiento suscrito en 1970. El quid del asunto radica en que los usuarios no saben de donde proviene el agua que consumen, y los que manejan el Sistema no pueden emplear técnicas contemporáneas de gestión porque las reglas no se lo permiten.
Gestión pública y social del agua en México es un libro escrito por especialistas para no especialistas. El lenguaje que utilizan los autores no es críptico o incomprensible, al contrario, permite al lector interesado conocer, de forma integral y multidisciplinaria, el estado que guardan los recursos hídricos en México, las formas de gestión exitosas y las acciones emprendidas por la sociedad. El manejo del agua debe realizarse de manera sistémica e integral. Acaso ésta sea la recomendación compartida por todos los autores. Es una llamada de atención para actuar ante un problema que se agudiza y cada vez más se nos escapa entre las manos.