La Compañía Española de Minas del Rif y el Estado franquista ante la independencia de Marruecos. Facetas de la instrumentación recíproca (1951-1973)

Resumen

Las relaciones entre la Compañía Española de Minas del Rif y el Estado franquista durante el proceso de independencia de Marruecos constituyen un buen campo de pruebas para analizar la utilidad del concepto de instrumentación recíproca, superando la noción de captura del Estado. El artículo se basa en fuentes de archivo para explorar la influencia de los intereses privados en las decisiones políticas durante el franquismo. Concluye que dicha influencia se produjo pero no de una forma absoluta, y que el poder político no quedó subordinado a los intereses privados, al tiempo que estos tampoco aceptaron las decisiones políticas que les eran contrarias sin presentar resistencia. En definitiva, hubo instrumentación recíproca, negociaciones y tensión entre ambas partes, y los intereses empresariales afectados no pueden definirse en absoluto como «privilegiados impotentes».

Abstract

Relationships between the Rif Mines Spanish Company and Francoist State during the independence of Morocco are a good testing ground to analyze the usefulness of the concept of mutual reciprocity agreements, overcoming the notion of State capture. The article is based on archive sources in order to explore the influence of private interests in policy decisions under Franco. It concludes that such influence occurred, but not in an absolute manner, and that political power was not subordinated to private interests, while these interests did not accept the political decisions that were contrary to them without resistance. In short, there were mutual reciprocity, negotiation and tension on both sides, and business interests cannot, in any way, be defined as ‘powerless privileged’.

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Introducción

El debate acerca de las relaciones entre los poderes político y económico en la España contemporánea posee larga tradición y ha posibilitado extensos avances en el conocimiento de las elites españolas. Los estudiosos de la historia empresarial han dedicado una parte de sus esfuerzos a analizar el comportamiento de sus protagonistas, empresarios y empresas, en sus relaciones con el poder público, y en ese camino han tratado de aprovechar los hallazgos nacidos en el seno de la historia política. Hace algo más de un decenio, precisamente desde la historia política surgió una aportación novedosa que defendía con vigor la independencia de los responsables políticos. Los profesores Mercedes Cabrera y Fernando del Rey, expertos reconocidos en el estudio de las elites, acuñaron un nuevo concepto, al que bautizaron como instrumentación recíproca, para defender que entre ambos poderes no se había dado una subordinación sistemática del uno al otro (Cabrera y del Rey, 2002, 2008). Más bien, lo que había ocurrido desde la Restauración hasta la actualidad podía definirse como un encuentro mutuo, interesado, conflictivo y diverso en el que los políticos buscaban afianzar su poder y cumplir su programa de acción y los empresarios maximizar sus beneficios. Así como los políticos gozaban de una mayor autonomía en sus decisiones de lo que se había creído hasta la fecha, los intereses privados no siempre obtenían lo que buscaban y por regla general competían entre sí por lograr el favor político. El concepto de instrumentación recíproca, más allá de algunas connotaciones problemáticas —en lugar destacado, la noción de «privilegiados impotentes»— venía a enriquecer, que no a cerrar, el debate en torno a las relaciones entre política y economía¹.

El presente artículo forma parte de una historia global de la Compañía Española de Minas del Rif en fase de elaboración. El concepto de instrumentación recíproca que pongo a prueba en este trabajo podría valer también para analizar otros periodos y actuaciones anteriores de la empresa². Ello no obstante, he considerado que la etapa de descolonización del protectorado posee identidad suficiente como para analizarla por separado. El análisis de casos concretos de empresas y empresarios puede ayudar a comprobar la utilidad del concepto de instrumentación recíproca, a establecer sus límites y a proponer posibles derivaciones. En este sentido, la historia de la Compañía Española de Minas del Rif (en adelante, CEMR) sirve de campo de pruebas privilegiado dada su larga y estrecha relación con el cambiante poder político. La CEMR nació en 1907 y dejó de existir como empresa minera privada en 1967. Fue constituida por un conjunto de emprendedores y capitalistas españoles para explotar el yacimiento de hierro del monte Uixán, en la región de Beni-bu-Ifrur, situado a 22 km al sur de Melilla. La compañía fue pronto considerada como el buque insignia de la penetración pacífica española en el norte de Marruecos y como tal recibió el aliento político de las instituciones del Estado (empezando por la Corona), lo que se tradujo en el apoyo decidido de las autoridades militares asentadas en el área. Dicho apoyo fue decisivo para que la CEMR saliera triunfante de la pugna por los derechos mineros con otros contendientes extranjeros, al tiempo que se convertía en una de las principales herramientas de penetración y afirmación nacional en la estrecha franja que se concedió a España en 1912 como su protectorado en Marruecos, rodeada por el mucho más extenso y poderoso protectorado francés. En el Consejo de Administración de la compañía se sentaron grandes capitalistas, políticos de renombre y también personajes bien relacionados con el estamento militar.

Como objeto particular de estudio, la CEMR ha recibido poca atención. Dos obras de indudable utilidad tratan sobre ella de manera monográfica: una memoria de licenciatura de la Universidad de Provenza firmada por Stephane Dalmasso basada en las memorias de la compañía (Dalmasso, 1990), y un libro escrito por Vicente Moga Romero centrado en las cuestiones sociales relacionadas con la explotación minera (Moga Romero, 2010). Amén de estos trabajos, para conocer algo más de la historia de la CEMR es necesario acudir a las obras que tratan sobre el tema más amplio del protectorado español en el norte de África, en especial Víctor Morales Lezcano (1975, 1976, 1984, 1998) y María Rosa de Madariaga (1999). Por último, para el tema que nos ocupa resulta imprescindible consultar la amplia bibliografía existente acerca de la política internacional del régimen de Franco y la relación de este con el mundo árabe³, así como la política exterior seguida por Francia, Estados Unidos y el nuevo Marruecos independiente⁴. Son obras centradas principalmente en los aspectos políticos y militares y menos en los económicos, pero útiles para entender el tablero de juego en el que se desenvolvió la CEMR durante el franquismo de los años cincuenta y sesenta.

La narración de los hechos se basa en la documentación consultada en el fondo «África» del Archivo General de la Administración y en un expediente sobre la compañía encontrado en el Archivo del Banco de España⁵. La estructura del trabajo se compone de 4 apartados. En el primero presento la estrategia de la empresa ante la descolonización y las consecuencias inmediatas de la independencia de Marruecos; en el segundo explico la difícil convivencia de la compañía con las nuevas autoridades marroquíes; en el tercero, la decisión de la expropiación; en el cuarto y último, el devenir de la empresa sucesora de la CEMR y la actitud del Gobierno español para defender la españolidad de Melilla, que consideraba amenazada. Unas conclusiones cierran el artículo.

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La Compañía Española de Minas del Rif ante la independencia marroquí

Como es sabido, la oscilación entre la neutralidad y la no-beligerancia adoptadas por España durante la Segunda Guerra Mundial desembocó en la Resolución 39/I de las Naciones Unidas que condenó al régimen de Franco por su respaldo a la Alemania nazi y dio comienzo a una etapa de aislamiento. A partir de ese momento, el objetivo prioritario de la política exterior española consistió en recabar los apoyos internacionales necesarios para vencer dicho aislamiento derogando la resolución, lo que se consiguió en noviembre de 1950, y promoviendo la incorporación de España a las Naciones Unidas, lo que se logró en noviembre de 1955 (Espadas Burgos, 1987, pp. 181-206). Ante el cierre de la Europa democrática y la imposibilidad de participar en su construcción, Franco apostó durante esos años por 2 vías de solidaridad internacional para romper el bloqueo: Latinoamérica y el mundo islámico. El apoyo de los países árabes a las reivindicaciones internacionales españolas se logró mediante una estrategia diplomática que incluía un alto grado de condescendencia ante las reclamaciones de independencia de las colonias del Magreb, entre ellas, y en lugar destacado, el protectorado francés de Marruecos. La tensión con Francia y un intento de modernización del Rif español caracterizaron la política española en el norte de África hasta que el país vecino decidió dar un giro a su estrategia y conceder la independencia a su protectorado⁶. La CEMR tuvo que amoldarse a la cambiante estrategia internacional del régimen de Franco. En realidad, tanto el Gobierno español como la empresa preveían la independencia de Marruecos. Aunque era común el pensamiento de que llegaría de manera escalonada tras un periodo preparatorio de autonomía, tras el final de la Segunda Guerra Mundial pocos dudaban de que el protectorado dejaría de ser español en un momento futuro por determinar, no demasiado lejano. España, dada su delicada situación internacional, hubo de atender además la petición de Estados Unidos de que acelerara, junto con Francia, el proceso de descolonización, pues desde Washington estaban interesados en extender su influencia y lograr un aliado fiel frente a la expansión del comunismo en el norte de África⁷.

Con esta idea en las mentes de los miembros del Consejo de Administración y la dirección de la empresa, no cabía pensar en realizar grandes inversiones de capital fijo en sus instalaciones y sí en intensificar la política de reparto de elevados dividendos. La CEMR decidió recoger beneficios y evitar inversiones fuertes de capital hasta que llegara el final del control español sobre el territorio, que abría la inquietante posibilidad de que la propiedad de las minas dejara de ser española. Así pues, tanto la explotación del yacimiento como el reparto de dividendos se intensificaron. Si hasta la Guerra Civil el 80% de los beneficios se habían repartido en forma de dividendos entre los accionistas, a partir de 1939 ese porcentaje se elevaría al 90% y se mantendría en un nivel semejante hasta la expropiación de 1967. La tabla 1 resume por etapas los datos de producción, beneficios y dividendos repartidos a lo largo de toda su existencia. La empresa obtuvo entre 1908 y 1967 un total de 2.405 millones de pesetas (corrientes) de beneficios, de las que entregó a sus accionistas 2.108, es decir, el 87,6%. El decenio de 1950, el de la descolonización del protectorado, contempló la marcha a la península de más de 1.200 millones de pesetas en forma de dividendos para sus accionistas. En 1961 las acciones de la compañía cotizaban en bolsa al 360%. Estos abultados beneficios convirtieron a la CEMR en uno de los negocios más rentables de la historia de la minería española.

Tabla 1.

Producción, beneficios y dividendos de la CEMR (1908-1967)

Años	Producción (10^6 tm)	Beneficios (10^6 ptas.)	Beneficio/tm (ptas.)	Dividendos (10^6 ptas.)	Dividendo/beneficios	Dividendos (10^6 ptas. 1913)
Hasta 1935	8,6	80,1	9,3	64,5	0,805	36,7
1936-1939	4,2	83,7	19,9	73,1	0,874	30,6
1940-1949	6,5	122	21	111,3	0,910	19
1950-1959	8,6	1.374,3	159,8	1.227	0,892	78,2
1960-1967	5,9	745,6	126,4	632,4	0,848	28,7
Total	33,8	2.405,7	72,7	2.108,4	0,876	193,3

Fuente: Archivo del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, memorias de la compañía. Son beneficios líquidos (después de impuestos y amortizaciones).

El proceso tranquilo de descolonización del protectorado que habían proyectado las autoridades españolas terminó abruptamente cuando Francia tomó la decisión unilateral de conceder la independencia a su zona sin consultar con su vecino europeo. España, que había intentado utilizar con habilidad sus escasas bazas, no pudo soslayar su debilidad en el panorama internacional y hubo de asumir la política francesa de fait accompli, reconociendo en abril de 1956 la independencia del protectorado español en Marruecos y aceptando el establecimiento de negociaciones para facilitar el traspaso de competencias. A pesar del apoyo que España había prestado en los últimos años a la causa de Mohamed V⁸, sus dudas ante el proceso de independencia y de retrocesión a Marruecos de los diversos territorios dispersos en el norte de África bajo control español le enajenaron la amistad de las autoridades y la opinión pública del nuevo Estado⁹. Marruecos optó en su política de alianzas por girar hacia Francia para fortalecer la naciente monarquía, lo que derivó en una política de gestos, manifestaciones públicas y decisiones contrarias a los intereses y a la presencia e influencia españolas en el norte de África, a menudo protagonizadas por el mismo rey o por su hijo, el poderoso príncipe Hassan, jefe de las nuevas Fuerzas Armadas Reales, educado en Francia y declaradamente hostil a España¹⁰. Las reivindicaciones nacionalistas, las tensiones internas del nuevo reino y la presión del partido Istiqlal (en el poder hasta 1961) desembocaron en la guerra de Ifni de 1957-1958, provocada por grupos armados supuestamente irregulares pero impulsada desde el Gobierno marroquí¹¹. En esta tensa situación, el principal objetivo del régimen franquista se centró en evitar, en la medida de lo posible, nuevos conflictos que pudieran poner en riesgo los territorios que aún permanecían bajo soberanía española —Cabo Juby (entregada a Marruecos en 1958), Ifni (en 1969), Sahara Occidental (en 1976), Ceuta y Melilla— y que eran reclamados insistentemente por Marruecos (Vilar, 2005, pp. 143-151; Gil Pecharromán, 2008, pp. 233-241). Fue esta una política de apaciguamiento que obtuvo resultados poco claros y que provocó grandes incomodidades a la CEMR.

Desde el mismo momento de su constitución, el Estado marroquí exigió una participación en la empresa minera española y el Gobierno español no tardó en recomendar a la CEMR que cediera a las pretensiones de Marruecos. Como consecuencia, el 15 de abril de 1959 se firmó un importante protocolo entre la CEMR y el Gobierno marroquí por el cual la empresa concedía a este una participación del 26,65% del capital y el Gobierno español autorizaba la ampliación del capital acciones. De esa forma, el Estado marroquí adquirió 627.636 acciones a una cotización de 180 pesetas por acción (360%). El capital social de la compañía se amplió en 31.381.800 pesetas hasta 117.681.800 para dar entrada al nuevo socio, cuya presencia en los órganos de dirección y representación de la empresa creó problemas serios de control a los máximos responsables de la CEMR. Además de ocupar 3 sillones del Consejo de Administración, el Gobierno marroquí no anduvo lejos de conseguir dominar la Junta General de Accionistas gracias a su 26,65% debido a que una buena parte de la repartida propiedad española se fue desentendiendo de acudir¹².

El segundo problema a que hubo de hacer frente la empresa a raíz de la independencia de Marruecos fue el del incremento de las reclamaciones laborales de los obreros y las impositivas del nuevo reino. Lo explicó el director gerente de la CEMR, José María Contreras, en una carta dirigida al Instituto Español de Moneda Extranjera (IEME): tanto las medidas tomadas por el Ministerio de Trabajo español aceptando e incluso superando las reivindicaciones obreras durante 1956, como las dictadas por las nuevas autoridades fiscales marroquíes doblando los impuestos sobre el mineral producido (de un 3 a un 6% ad valorem) habían provocado un incremento del 60% en el coste de la producción en unos pocos meses¹³. Contreras, a su manera, decía la verdad: entre 1953 y 1957 los costes laborales se habían triplicado, pasando de 24 a 72 millones de pesetas para atender las exigencias de las autoridades tanto españolas como marroquíes. Pero, evidentemente, no decía toda la verdad. Según la tabla 2, los dividendos repartidos en 1957 ascendieron a 344 millones de pesetas, equivalentes a 4 veces el capital nominal de la empresa y mayores que su valor en bolsa, que entonces era de 311 millones. Dichos dividendos casi quintuplicaban, por lo tanto, los costes laborales, incluso tras su forzado incremento. En los años previos la correspondencia entre ambas partidas había sido similar, multiplicando los dividendos por 3, por 4 o incluso por 5 los costes laborales. Los dividendos siguieron siendo superiores a los costes laborales hasta 1962. Las obligaciones añadidas por el Estado marroquí a partir de ese año supusieron la reducción drástica del margen bruto de explotación (por el incremento de los costes laborales) y del beneficio neto (por los impuestos y las continuas reclamaciones de Marruecos).

Tabla 2.

Pérdidas y ganancias de la CEMR, 1951-1966 (10⁶ pesetas corrientes)

	Embarques (miles tm)	Ingresos	Productos brutos^a	Beneficios líquidos	Dividendos	Costes laborales^b
1951	760	109	67,1	49,2	45,9	16,7
1952	767,5	206,6	145,3	105,7	93,1	20,7
1953	772,7	288,2	207,7	149,9	129,4	23,8
1954	686,1	219,9	138,8	100,8	96,6	27,4
1955	744,4	258,6	174,2	128,5	113,8	29,9
1956	1.037	382,1	267,2	200,9	152,1	43,4
1957	1.083	575,7	417,5	327,8	344	72
1958	765,1	564,6	324,3	123	98,3	80,8
1959	565	410	201,7	148,8	117,7	93,3
1960	1.171,6	672,3	433,5	241,1	201,6	119
1961	1.058,2	659,3	425,7	224,6	203,9	136
1962	863,7	584,3	326,5	161,8	139,7	164,4
1963	602,2	427,2	150,9	51,8	27,7	165,7
1964	845,5	422	124,1	39,2	27,7	168,3
1965	806,7	447,3	156	27,8	31,8	168,5
1966	706,6	417,5	57,4	−0,7^c	−	184,7

Fuente: ABBVA, memorias de la CEMR.

a

Ingresos − gastos de explotación.

b

Incluye sueldos y jornales, seguros y cargas sociales y atenciones sociales.

c

Resultado conjunto de 1966 y mitad de 1967, hasta que se hace efectiva la expropiación.

Además de la participación marroquí en la empresa y el incremento de los costes de explotación, un tercer problema vino a ocupar el tiempo y los esfuerzos de los responsables de la CEMR. La inclinación de Marruecos hacia Francia derivó en la asunción del franco francés y su asimilado, el franco marroquí, como moneda única del nuevo Estado¹⁴. Esto supuso la retirada de la circulación de la peseta, llevada a efecto no sin problemas y sin protestas de la población del norte del país en febrero de 1958. Hasta entonces, todas las divisas que se obtenían por la exportación del mineral de la CEMR se cobraban por el IEME como si se tratase de una exportación de mineral de la península. Según el sistema establecido en 1939, las divisas que la CEMR obtenía por la venta de su mineral eran retenidas por el IEME, que entregaba a la empresa su contravalor en pesetas a un tipo de cambio fijado por el Instituto. Dicho tipo de cambio impuesto por el IEME a la empresa era de 21,9 pesetas por dólar a la altura de 1956, poco más de la mitad del tipo de cambio real. El volumen anual de divisas producido por la exportación de mineral de la CEMR era estimado por la empresa en 14.469.000 dólares anuales. Por ello, la CEMR calculaba que el Estado español obtenía por diferencia de cambio unos 290 millones de pesetas al pagar a la CEMR 21,9 pesetas por dólar frente a los 42 del mercado libre (una diferencia de 20 pesetas por dólar)¹⁵. En 1957 la empresa reclamó un ascenso del tipo de cambio. Entre los argumentos esgrimidos por el director gerente de la CEMR, además del incremento de los costes de explotación ya mencionado, estaba el del fin de la peseta en el protectorado, pues, en las negociaciones entre España y las nuevas autoridades de Marruecos, la delegación marroquí «ha reclamado para dicho país la disposición de la totalidad de las divisas producidas por nuestra exportación, y la conformidad por parte del Gobierno español no parece que pueda ya demorarse mucho»¹⁶. Por este motivo, convenía que la CEMR pudiera presentar al nuevo Estado marroquí el precedente de un tipo de cambio más alto. Atendiendo a este argumento, el IEME se lo concedió hasta 42 pesetas por dólar con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 1957, lo que supuso una entrega a la CEMR de más de 100 millones de pesetas¹⁷.

También con vistas a un inminente futuro en el que se entregaran las divisas a Marruecos, la CEMR estableció en 1957 de manera unilateral que el 80% del valor del mineral exportado correspondía a la actividad de la empresa hasta la frontera con Melilla (minas y la mayor parte de la línea de ferrocarril) y el restante 20% a la actividad dentro de Melilla (3 km de ferrocarril, cargadero y embarcadero). Esto suponía elevar artificialmente, con la connivencia del Gobierno español, el valor de la actividad en la ciudad española, pues en realidad quedaba muy por debajo del 20%, pero de esta forma se establecía un precedente supuestamente bien fundamentado para negociar con las autoridades del Estado marroquí. Sin embargo, esta decisión provocaría la desconfianza posterior de las autoridades marroquíes a partir del momento en que se dieron cuenta del engaño, lo que llevó a extremar su postura en las negociaciones y a dificultar el logro de acuerdos.

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Una convivencia difícil

En 1967, el director general de Relaciones Económicas del Ministerio de Asuntos Exteriores resumió las circunstancias vividas por la CEMR durante el decenio transcurrido desde la independencia de Marruecos. En las negociaciones del Estado marroquí con la CEMR, explicó Armijo, «cada negociación Compañía-Autoridades marroquíes terminaba con la aceptación española de la demanda marroquí y la firma de un protocolo, que indefectiblemente iba seguida del planteamiento de una nueva pretensión marroquí, que daba lugar a otra nueva negociación»¹⁸.

En efecto, tras la entrada del Estado marroquí en el accionariado de la CEMR y la aceptación por parte de la compañía de las mejoras laborales y las nuevas tasas impositivas quedaba por aprobar el nuevo régimen de divisas. Tras unos años condicionados por una transición difícil, marcada por la guerra de Ifni y, sobre todo, la represión de la revuelta del Rif, la caída de los gobiernos dominados por el partido nacionalista Istiqlal en 1961 parecía abrir la puerta a una suavización de las tensiones con España, pero no fue así. A partir de 1964 las reclamaciones de Marruecos se acrecentaron¹⁹. En abril se exigió a la compañía que todas las divisas ingresadas por la venta de mineral fueran a Marruecos. Cuando la CEMR se opuso, el Gobierno marroquí se negó a dar más licencias de exportación y comenzaron arduas negociaciones entre ambas partes. En junio, Marruecos pidió a la empresa que le entregara todas las divisas recaudadas por el IEME entre 1960 y 1963, equivalentes a unos 340 millones de pesetas. En noviembre, se le exigió el pago de 200 millones de pesetas en dírhams (la nueva moneda nacional) en concepto de nuevos impuestos («fondo para siderurgia») a cuenta de los beneficios obtenidos en esos 4 años. La CEMR no aceptó estas reclamaciones y pidió consejo al Gobierno español. El Ejecutivo marroquí suspendió entonces las licencias de exportación de mineral y solo consintió en volver a otorgarlas tras una intervención personal del ministro de Industria español. Como consecuencia, el técnico del Estado Leopoldo Zumalacárregui presentó un informe en junio de 1965 por el que sugería la constitución de una Comisión Interministerial para las cuestiones de Minas del Rif, ya que «este complejo asunto» presentaba «problemas mineros, exportadores, impositivos y financieros sobre un fondo relacionado directamente con temas delicados de política internacional». Así se hizo al mes siguiente y la Comisión estuvo llamada a tener un importante protagonismo en la etapa siguiente²⁰.

Mientras esto se decidía, se celebró en Casablanca una reunión importante de la que dio cuenta confidencial el embajador español al ministro de Asuntos Exteriores, Fernando M. Castiella. El 18 de mayo de 1965 el presidente de la CEMR, Alejandro Gandarias, acompañado del embajador, se entrevistó con el ministro marroquí de Finanzas y los máximos responsables de Minas e Impuestos²¹. La reunión empezó con la reiteración de las reclamaciones marroquíes a la compañía, pues entendían que esta había obtenido ingresos muy superiores a los declarados y se negaba a colaborar en el establecimiento de una justa carga tributaria. Ante las protestas de Marruecos, Gandarias alteró de manera repentina los términos de la discusión al plantear que existía un problema más grave que el meramente fiscal. El presidente de la CEMR ofreció negociar que el Estado marroquí se hiciera cargo de las minas, al no estar dispuesta la empresa a invertir el capital requerido para la explotación del mineral que no pudiera aprovecharse a cielo abierto. Así pues, fue Gandarias el que primero propuso la venta de las minas a Marruecos, en mayo de 1965, mientras delegaba la solución de los problemas tributarios en los directores de la empresa que, en efecto, lograron un acuerdo días después²². El mismo embajador, que dio cuenta al ministro Castiella de que Gandarias había salido «satisfecho» de la reunión, solicitó instrucciones a su superior y le pidió que recabara la opinión de los ministros de Industria y de Comercio «sobre la fórmula que ha propuesto el Presidente de Minas del Rif, que desconozco si nuestra Administración ha hecho suya»²³.

Pero 2 meses después el Gobierno marroquí hizo saber a la CEMR y al Ejecutivo español que no aceptaba la negociación simultánea de ambos asuntos. Primero había que solucionar los aspectos tributarios y solo después consentiría en hablar de la nacionalización de las minas. La postura marroquí era inteligente, pues por una parte podía temer con fundamento que la nacionalización dejara sin solucionar la reclamación fiscal, y por otra lograba así incentivar a la empresa para buscar un acuerdo fiscal previo. En definitiva, el Estado marroquí había tomado plena conciencia del deseo expreso de la CEMR de desprenderse del yacimiento gracias a la entrevista mantenida entre Alejandro Gandarias y el ministro de Finanzas²⁴. El 17 de septiembre de 1965, como consecuencia de la influencia directa de la Comisión Interministerial, se firmó un nuevo protocolo entre la CEMR y el Estado marroquí que resolvía las cuestiones pendientes de manera favorable al segundo, ya que el IEME se comprometía a transferir a Marruecos divisas por valor de 365 millones de pesetas a cambio de su contravalor en dírhams o pesetas²⁵. La tolerancia del régimen de Franco para con las reivindicaciones marroquíes quedaba demostrada una vez más, prevaleciendo la estrategia del apaciguamiento con el objetivo de suavizar la presión de las reclamaciones sobre los territorios que aún eran de soberanía española.

Las negociaciones las había protagonizado la CEMR contando con la aquiescencia del Gobierno español, imprescindible si se tiene en cuenta que era el IEME el organismo encargado de transferir las divisas. Sin embargo, los problemas continuaron debido a lo que la CEMR consideró imposiciones injustificadas e inaceptables de la parte marroquí, en esencia consistentes en volver a exigir la totalidad de las divisas obtenidas de las ventas de mineral. Estas nuevas reclamaciones afianzaron el convencimiento previo de la CEMR de la necesidad de conseguir «una negociación sobre las minas, que nos permitiese la salida de aquel país, pactando las condiciones de embarque de mineral por Melilla, que es la única solución posible en el estado actual de las dificultades y problemas de la Compañía en Marruecos»²⁶.

En diciembre de 1965, la CEMR enviaba una nota informativa a la Comisión Interministerial en la que concluía que el persistente incumplimiento de los acuerdos alcanzados por parte de Marruecos convertía la situación en muy inestable. La falta de garantías en sus relaciones con las autoridades marroquíes solo podía subsanarse mediante una intervención directa del Gobierno español²⁷. En la Comisión Interministerial se habló ya abiertamente de que lo más seguro era que «a la larga se perderán los bienes españoles de la Compañía del Rif, bien por nacionalización, por socialización, por entrega eventualmente voluntaria o por cualquier otra fórmula similar». Y surgió una idea nueva, la de que la CEMR vendiera a otra empresa, nacional o extranjera, sus instalaciones en Melilla²⁸.

El 15 de noviembre de 1966, el director gerente de la CEMR se reunió con las autoridades marroquíes para tratar de avanzar sobre el asunto, pero en lugar de ello la parte marroquí se levantó de la mesa ante la oposición de la empresa a que todas las divisas producidas por el negocio, incluidas las generadas en el puerto de Melilla, fueran a parar a Marruecos. El jefe de la delegación marroquí terminó de manera amenazadora advirtiendo que «ya que en definitiva quedaba demostrada la oposición de la Compañía a colaborar con las autoridades marroquíes, la Administración marroquí se reservaba las disposiciones a adoptar para regularizar la actividad de la Compañía»²⁹. La ruptura de las negociaciones colocó a la CEMR en posición incómoda. Marruecos presionó mediante la paralización de las transferencias en dírhams correspondientes a las divisas que obtenía con la venta del mineral (el antiguo 80%), por lo que peligraban los salarios de los trabajadores de las minas, unos 2.500 en total. La CEMR informaba a la Comisión Interministerial de que si el problema no se solucionaba tendría que interrumpir las ventas y las labores. Y alertaba de las posibles repercusiones políticas de tal decisión, a la que se veía abocada. Como ejemplo de la presión marroquí, la CEMR contaba a la Comisión que Marruecos había amenazado con cerrar la frontera con Melilla si no se aceptaba por la empresa la readmisión de un obrero despedido³⁰.

En diciembre llegó la respuesta oficial española. España aceptaba de nuevo las condiciones de Marruecos y daba su consentimiento para que la totalidad de las divisas recibidas de las ventas de mineral, incluidas las obtenidas por la actividad del puerto de Melilla, pasasen a las autoridades marroquíes a cambio de dírhams. Sin embargo, en ese mismo mes, y conviniendo en que la solución era aceptable, Marruecos añadía más presión a la compañía exigiendo el pago de mayores impuestos por los últimos años de actividad y sumando un recargo por impago del 100%, lo que suponía para la CEMR el desembolso de otros 109 millones de pesetas. El director gerente de la compañía comentaba: «Ignoramos si tal recargo es solamente un elemento de presión que el Sr. Lazrak [Jefe de Gabinete del Ministerio de Finanzas] desea tener en su mano, con vistas a las próximas negociaciones, para tratar de conseguir alguna ventaja más en la firma del protocolo»³¹. Dicho protocolo se firmó el 20 de enero de 1967 con la aceptación de las reivindicaciones marroquíes por parte de la empresa y del Gobierno español, que limitaron sus aspiraciones a rebajar los saldos reclamados por Marruecos. El IEME fue el encargado de ceder al Ministerio de Finanzas del Reino Alauí las divisas obtenidas en los años previos. Se acordaba que a partir de entonces el viejo reparto del 80 y el 20% dejaría de tener efecto y todas las divisas y pesetas obtenidas de la venta de minerales, incluidas las de la actividad en el puerto de Melilla, serían cedidas a Marruecos, que a cambio entregaría dírhams a la empresa³².

En definitiva, el Gobierno español fue más lejos que la CEMR en las cesiones a Marruecos y la empujó a lograr un acuerdo. La Comisión Interministerial había hecho llegar a la empresa una carta en la que mostraba su extrañeza por su rigidez, dado que en sus negociaciones con Marruecos no había utilizado las facilidades que le había dado el Gobierno español, ya que este había aceptado ceder todas las divisas al nuevo reino. La Comisión pensaba que la empresa, con su presidente, Alejandro Gandarias, a la cabeza, había acordado una estrategia de tensar la situación para forzar a un acuerdo sobre la cesión de las minas a Marruecos.

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La expropiación

Marruecos, al contrario que otros países de nueva creación como Argelia, no llevó a cabo una política agresiva contra las empresas extranjeras de su territorio, pero la actitud descapitalizadora de la CEMR y el proyecto siderúrgico de Nador le impulsaron a la expropiación. En un informe posterior de la Comisión Interministerial, después de aludir a los enormes beneficios obtenidos por la empresa y los elevados dividendos repartidos, se afirmaba que «a partir de 1956, fecha de la independencia de Marruecos, la CEMR aceleró el ritmo de producción con objeto de extraer al menor costo y sin nuevas inversiones el mineral de mejor calidad y más fácil extracción, hasta el punto de agotar prácticamente los criaderos existentes a cielo abierto»³³. Un decenio después de la independencia, la mala situación del mercado —debido al aumento mundial de la producción, la caída de la demanda europea y la del precio del mineral— y la alta proporción de azufre del mineral del Rif (0,4%), que les hacía perder clientes —como Altos Hornos de Vizcaya, que anunció a la CEMR que para 1967 no le compraría ninguna cantidad—, terminaron de convencer a la compañía de la necesidad de desprenderse del yacimiento³⁴.

Por fin, el 2 de marzo de 1967, el ministro de Industria marroquí entregó en mano a los representantes de la CEMR una carta con un ultimátum al presidente de la compañía. Le conminaba a que aclarara la posición de la empresa en lo referente a realizar las inversiones necesarias, estimadas en unos 1.000 millones de pesetas, para la «pelletización» (conglomerado en bolas) del mineral que todavía podía ser aprovechado del yacimiento, localizado en su subsuelo y no en la explotación a cielo abierto, cuyo agotamiento se preveía para 1970 o 1971. La pelletización estaba decidida por el Gobierno marroquí, según decían, porque la nueva siderúrgica de Nador necesitaría abastecerse de pellets (bolas de mineral). El plazo para recibir la respuesta era tan solo de una semana³⁵. Los representantes de la CEMR fueron a ofrecer a Marruecos la cesión de las minas por un precio moderado y con la sola condición de pactar las condiciones futuras del personal español de la empresa. La compañía valoraba sus instalaciones en Marruecos en 320 millones de pesetas, y las de Melilla y Madrid en otros 300 millones, pero estaba dispuesta a negociar muy a la baja tales cifras. La respuesta de Gandarias, enviada al Gobierno marroquí el 13 de marzo, consistió en ofrecer una negociación entre la empresa y las autoridades para la cesión de las minas a Marruecos. El embajador español concluyó que el presidente de la CEMR estaba satisfecho de cómo se estaban desarrollando los acontecimientos, ya que había demostrado su deseo de salir de Marruecos en las mejores condiciones posibles una vez se hubiera terminado la explotación a cielo abierto³⁶.

Como ya se ha mencionado, los motivos marroquíes para expropiar las minas eran diversos. Desde que obtuvo su independencia, y siguiendo la estrategia arquetípica de controlar los resortes económicos del país para centralizar las decisiones y planificar su desarrollo, Marruecos nacionalizó durante los años siguientes varios sectores clave como los ferrocarriles, la energía eléctrica y el monopolio de tabacos, prefiriendo la negociación con los grupos privados afectados a la expropiación directa sin compensaciones, en contra de las medidas más radicales adoptadas, por ejemplo, por su vecina Argelia. De ello se hizo eco la prensa francesa, que incluyó en este ambiente el caso de la empresa minera española³⁷. Pero en la CEMR confluían motivos añadidos para que el Gobierno marroquí decidiera hacerse cargo de lo que quedaba del yacimiento: la política descapitalizadora de la compañía, el deseo de limitar la influencia española, la reivindicación de Melilla y, por encima de todos ellos, el proyecto de levantar una nueva fábrica siderúrgica en la zona de Nador que se abasteciera de los minerales cercanos. La unificación bajo el nuevo reino de Marruecos de los antiguos protectorados español y francés provocó que por primera vez estuvieran unidos en un mismo territorio nacional las minas de carbón y manganeso de la parte francesa y las de hierro de la española. Esto llevó al Estado marroquí a acariciar la posibilidad de crear en las proximidades de Melilla un complejo siderúrgico de nueva planta (Moga Romero, 2010, p. 256). Ya en 1959, el Gobierno marroquí había encargado a una ingeniería holandesa la realización de un estudio para la construcción de un puerto nuevo en la costa mediterránea de Marruecos, concluyendo que dicha nueva instalación absorbería casi todo el comercio de la ciudad española hasta el punto de que dejaría de tener sentido económico la existencia de un enclave extranjero desvinculado de su hintherland marroquí (Moga Romero, 2010, pp. 238-239).

El 31 de marzo de 1967, el presidente y el secretario general de la CEMR se entrevistaron en Rabat con las autoridades marroquíes, y en dicha reunión se les informó de la decisión del Estado marroquí de «recuperar» las minas (término empleado para evitar el de nacionalización). Las autoridades marroquíes hicieron saber a los responsables de la CEMR que les interesaba en extremo mantener al personal español cualificado respetando las condiciones en que venían trabajando y cobrando hasta ahora. También expresaron su voluntad de incautarse inmediatamente de las minas si la Compañía rechazaba la «recuperación». Algunos miembros del Consejo de Administración recordaron que la parte española contaba con instrumentos para forzar un acuerdo adecuado a los intereses de la compañía, como era la necesidad del puerto de Melilla por parte de Marruecos para seguir exportando minerales mientras no finalizara el proyectado puerto de Nador. Sin embargo, dado el agotamiento inminente de la explotación a cielo abierto del criadero, la CEMR preveía que no iba a poder exigir ninguna compensación por las minas, aunque sí por el inmovilizado existente en Marruecos y por las cuentas de tesorería, existencias y deudores³⁸. Contreras reconoció en agosto de 1968 que las instalaciones mineras serían inservibles para el aprovechamiento de los restos del criadero en 2 años, ya que a partir de entonces se agotaría la explotación a cielo abierto. Además, al negarse a invertir en la pelletización, la empresa no partía de una base fuerte para negociar el precio de la expropiación³⁹.

El partido Istiqlal publicó el 10 de abril de 1967, a raíz de la expropiación de las minas, una petición al Gobierno marroquí para que no indemnizara a la CEMR, pues había dejado «un terreno arrasado», y no había invertido ni una mínima parte de sus enormes ganancias en preparar el yacimiento para su explotación subterránea⁴⁰. Las fuentes consultadas no indican el montante final al que se llegó como indemnización, y tampoco se señala en los acuerdos definitivos de expropiación, que dejaban su cálculo para el futuro.

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Embarques y transportes. La españolidad de Melilla en peligro

Tras la nacionalización, el Consejo de Administración acordó convocar Junta General de Accionistas para disolver la compañía. En un principio las autoridades españolas no pusieron objeciones para dicha disolución. Pero expropiado el yacimiento, a la CEMR solo le quedaba la concesión del puerto de Melilla, y el problema estribaba en que el Estado marroquí tenía el 26% de la empresa, lo que le daba derecho a 3 miembros del Consejo que en algún momento podrían condicionar la política de la compañía. Esto no gustaba nada al Gobierno español por lo que pudiera suponer de «entrometerse en los asuntos internos» de la zona española. La españolidad de Melilla, plaza reivindicada permanentemente por Marruecos, fue la gran preocupación del régimen a partir de entonces. Sus ministros de Exteriores, Hacienda, Comercio e Industria se reunieron en convocatoria extraordinaria para abordar la cuestión.

Uno de los aspectos a tratar era que los embarques de mineral no se detuvieran tras la extinción de la CEMR, pues ello «podría dar lugar a que Marruecos, trastocando la realidad, lanzara una campaña internacional asegurando que España, como represalia a la incautación por el Gobierno marroquí de las minas, había paralizado estos transportes en su zona de Melilla para taponar y ahogar así el desarrollo económico de la región marroquí circundante». Se discutieron 3 posibles soluciones: que la CEMR transfiriera sus derechos a otra compañía de nueva creación netamente española; que tales derechos pasaran al Estado y este se encargara de transferirlos a una nueva empresa, o bien que en lugar de una empresa privada se encargara el INI del asunto⁴¹.

La CEMR intentó convencer al Gobierno marroquí de que renunciara a su 26% en la empresa para así despejar el problema de los embarques de mineral por Melilla, pero Marruecos no cedió. Como consecuencia, el Gobierno español entendió que la única solución posible era cancelar las concesiones otorgadas a la CEMR en Melilla y disolver la empresa. La CEMR pidió entonces una indemnización por la cancelación de sus derechos. Gandarias visitó al ministro de Obras Públicas y se dio traslado de la petición a otros miembros del Ejecutivo. Pero la opinión mayoritaria de los ministros fue la de negar a la empresa el derecho a indemnización alguna. En la reunión del Grupo Interministerial a la que fueron invitados los representantes de la CEMR, la discusión subió de tono. El director gerente, José María Contreras, mostró su «extrañeza por el trato que se daba» a una empresa como la CEMR, «que en todo momento había prestado importantísimos servicios al Estado español», y que seguía haciéndolo. Insistió en el argumento de que el accionariado de la compañía era en su mayor parte «una expresión viva y real del pequeño ahorro español», y aventuró que si el Estado español no indemnizaba a la empresa por la retirada de las concesiones administrativas en Melilla, el Estado marroquí emplearía «ese argumento indestructible para fundamentar su negativa a indemnizar por la recuperación de las minas»⁴².

Ante la convocatoria de la Junta General para el 28 de junio, el día anterior el ministro de Minas de Marruecos se plantó en Madrid con el objetivo único de hablar con los representantes de la CEMR para llegar a un acuerdo antes de que se celebrase la Junta. Contreras fue a recibirle al aeropuerto, y por la tarde el director gerente y Gandarias se entrevistaron con él en su hotel. El ministro les hizo saber que si mantenían su decisión de disolver la compañía, esto crearía inestabilidad en los embarques por el puerto de Melilla y que, por lo tanto, el Estado marroquí daría marcha atrás en su decisión de nacionalizar las minas. Gandarias le replicó que ello no haría más que entorpecerlo y alargarlo todo, y que en cualquier caso la Junta de Liquidadores de la empresa tendría potestad para llegar a acuerdos posteriores. El ministro le respondió que eso ya lo sabía, pero que «esa medida sería adoptada aunque no fuese más que para fastidiar [a la CEMR] —añadió en tono humorístico—». El motivo del enfado marroquí era que se pretendiese dejar fuera a Marruecos de la sociedad que se ocuparía de los embarques en Melilla. Gandarias prometió negociar una participación marroquí en la nueva empresa a crear, promesa que tranquilizó al ministro. Al día siguiente, la Junta General aprobó por una abrumadora mayoría de votos la disolución de la CEMR con la abstención de los representantes marroquíes como forma de hacer ver su asentimiento⁴³.

Sin embargo, el Gobierno español rechazó la iniciativa de Gandarias para calmar a Marruecos. El objetivo de España seguía siendo impedir que en la nueva sociedad que gestionara el puerto de Melilla no hubiera presencia marroquí. Para evitarlo, en julio volvió a plantearse la posibilidad de que el mismo Gobierno se encargara de la actividad de embarque, bien a través de la Junta de Obras del Puerto, bien mediante el INI⁴⁴. En agosto, ante la oposición del Ejecutivo español, la CEMR decidió desprenderse de lo que le quedaba de su negocio y sacar a pública subasta sus instalaciones en Melilla: el cargadero, un tramo de ferrocarril, una central eléctrica y un depósito de combustibles. El Gobierno español se alarmó ante la posibilidad de que dichos bienes pasaran a manos marroquíes, así que, reunido en Consejo de Ministros, decidió el 15 de septiembre iniciar los trámites para declarar la caducidad de las concesiones otorgadas a la CEMR en 1917. De esta forma el Gobierno español se colocaba en posición de impedir la venta de las instalaciones melillenses pero al mismo tiempo no rompía con la empresa ni la obligaba a reclamar por la vía judicial, sino que la empujaba a hacerse cargo de la continuación del negocio de embarcar el mineral, pactando con la parte marroquí. Para mantener la situación de incertidumbre y dar tiempo a la solución en ese sentido, el Ministerio de Obras Públicas iría «alargando el procedimiento» hasta conseguir el objetivo de que los responsables de la empresa recuperaran su interés en constituir una sociedad privada española y evitaran la tarea al Gobierno⁴⁵.

El enfrentamiento entre el Gobierno español y la CEMR se trasladó al seno de la Comisión Interministerial, donde pugnaban diversos puntos de vista en torno al problema de las minas del antiguo protectorado. Mientras algunos de sus miembros pensaban que la CEMR merecía una indemnización por los servicios prestados en todo momento a las autoridades, como el de no interrumpir los embarques de mineral, otros creían que no debía ser indemnizada debido a los enormes beneficios obtenidos en los años pasados y la cantidad de problemas ocasionados al Ejecutivo⁴⁶. La Comisión Interministerial no era en absoluto una correa de transmisión política de la CEMR ni el Gobierno español estaba al servicio de la empresa. Tal y como informó el director general de Relaciones Económicas al ministro de Exteriores en diciembre de 1967, la amenaza de los expedientes de caducidad produjo el efecto deseado y la compañía, que ya tenía preparado el pliego de condiciones para la subasta pública, la suspendió, conjurándose así el riesgo de que las instalaciones y las concesiones de la CEMR en Melilla cayeran en manos de Marruecos⁴⁷.

Al mismo tiempo, el Gobierno comunicó a los responsables de la empresa que no pondría reparos en mantener la concesión y anular la caducidad si se creaba una sociedad netamente española que la explotara. Pero el Estado marroquí no quería desprenderse de su antigua participación del 26% en la CEMR y se negaba a quedar al margen de la nueva compañía que explotase el embarcadero. Por tal motivo y con la excusa de renegociar el precio, alargó los pagos por el servicio y puso a la CEMR en una posición incómoda: si interrumpía los embarques, el Gobierno marroquí podría iniciar una campaña internacional contra España por impedir las exportaciones de su mineral. Este fue el motivo de que persistiera la personalidad jurídica de la CEMR en liquidación, manteniendo a su vez el 26% de propiedad marroquí. Tras unos meses de negociaciones, el 30 de noviembre se firmó el convenio definitivo de expropiación del yacimiento y un contrato por 5 años con la nueva empresa pública explotadora de las minas, la Société d’Exploitation des Mines du Rif (SEFERIF). El canon anual a pagar por el embarque del mineral marroquí por el puerto de Melilla sería de 53 millones de pesetas. El contrato se firmó entre las 2 empresas, pero con la aceptación y, en realidad, la participación de ambos gobiernos en su elaboración (en el caso de SEFERIF era evidente, porque se trataba de una empresa de capital público). En caso de que las cosas evolucionaran en sentido marroquí, siempre podría el Gobierno español continuar hasta el final con el expediente de caducidad de la concesión del embarcadero. La presión del Gobierno sobre la CEMR dio los frutos deseados. Tal y como se expresaba en un informe confidencial del Ministerio de Asuntos Exteriores, «todo el contenido de los acuerdos constituye de hecho una afirmación del reconocimiento por Marruecos de la soberanía española en Melilla», el objetivo que desde el principio había querido salvaguardar el régimen⁴⁸.

Sin embargo, los temores del Gobierno español resurgieron en 1970. El 2 de julio de ese año la CEMR, que se mantenía en liquidación, constituyó la Sociedad Embarques y Transportes del Rif (en adelante, ETSA) para traspasarle la concesión del embarcadero, los talleres y los 3 km de ferrocarril que atravesaban el territorio de Melilla desde la frontera con Marruecos. Se concedía a SEFERIF el mismo 26% que le había correspondido al Estado marroquí en la CEMR. Existían 2 motivos de preocupación: dicha participación, y que la nueva empresa no aportaba nuevo capital disponible para realizar inversiones. Dado que iba a necesitar renovar su obsoleto equipo para transportar los pellets en un futuro, el Gobierno español temía que la inversión la efectuara Marruecos, produciéndose la «marroquinización [sic]» de la empresa y aumentando así su influencia sobre Melilla. Sumado a esto, en Melilla se estaba produciendo la adquisición de inmuebles por parte de población marroquí. La solución que se ofrecía era instar a la empresa a mantenerse española y efectuar ella las inversiones necesarias o, en caso de que la empresa continuara actuando «en defensa única de sus intereses particulares», que el INI se hiciera cargo de la tarea de embarque del mineral, ya que, «según los datos obtenidos, dicha compañía es rentable»⁴⁹.

Los temores eran fundados. Durante el año de 1970 se recibió noticia de que SEFERIF había contratado, dada la parálisis inversora de la CEMR, locomotoras y vagones para modernizar el transporte por valor de 2 millones de dólares. Cuando la CEMR, forzada por el Gobierno español, se mostró dispuesta a que la renovación corriera por su cuenta, SEFERIF le contestó que el material rodante adquirido no podía quedarse sin utilización y le ofreció vendérselo, a lo que la compañía repuso que era excesivo. Así se llegó a un nuevo contencioso en la interminable relación de dificultades habidas en las relaciones entre la empresa española y el Estado marroquí. De ahí que la Comisión Interministerial decidiera proponer al Consejo de Ministros por abrumadora mayoría que el Estado español se hiciera cargo de los embarques adquiriendo las acciones de ETSA, la continuadora de la CEMR, e invirtiendo lo necesario para renovar la maquinaria. Esta decisión solo fue frenada por la firme oposición del Ministerio de Hacienda, pues se negaba a que se empleara dinero público en la solución⁵⁰.

Para forzar un acuerdo, SEFERIF interrumpió los pagos a ETSA por los embarques en Melilla. ETSA aguantó seis meses sin cobrar, pero el 1 de junio de 1972 tomó la decisión de suspender los embarques. Lo hizo en un momento inoportuno, justo cuando la Organización para la Unidad Africana se reunía en Rabat, y se produjeron incidentes en la frontera de Melilla, con manifestaciones que pedían el cierre de la frontera y la expulsión de todos los trabajadores españoles. Así que el Ministerio de Asuntos Exteriores español se esforzó en buscar una solución, aunque fuera temporal, logrando sentar en una mesa a los representantes de SEFERIF y de ETSA, que estaba dispuesta a aceptar la fórmula de arriendo del material rodante de SEFERIF. Pero la Comisión Interministerial se plantó e hizo saber su oposición a la cesión permanente ante las autoridades marroquíes. La causa principal era de orden militar: «el ministerio competente se muestra totalmente reacio y negativo ante la posibilidad de que locomotoras y vagones marroquíes, conducidos por marroquíes, entren en Melilla y lleguen hasta el puerto acentuando así la presencia física del país vecino». A pesar de que reconocían que la falta de un acuerdo sería perjudicial para Melilla, dado que «es muy posible que los marroquíes aprovecharan la ocasión para excitar contra España a la población de su hintherland», indicaban al Consejo de Ministros que «una posición de dureza española, con todos los riesgos de tensión que implica, quizá llevara a Marruecos a aceptar fórmulas más acordes» con los intereses españoles⁵¹.

La resistencia de la Comisión, sin embargo, duró poco tiempo. España finalmente cedió de nuevo y Marruecos volvió a ganar la negociación. Se llegó a la solución de que SEFERIF arrendaría a ETSA su nuevo material rodante. SEFERIF pagaría a ETSA en función de sus gastos de explotación, garantizando un 10% de beneficio, lo que en la práctica suponía que la empresa marroquí tendría acceso a las cuentas de ETSA y a sus decisiones en lo relativo a gastos de personal. ETSA hizo saber al Ejecutivo español que no tenía interés alguno en continuar con la concesión y que, aunque deseaba colaborar con el Gobierno, le rogaba que no se le llevara «a límites extremos de perjuicios»⁵². Pero fue instada a seguir con su labor y los embarques continuaron, aunque a un ritmo decreciente. Si, entre 1968 y 1971, ETSA embarcó para SEFERIF una media anual superior a 700.000 toneladas, cumpliendo casi con las cantidades previstas en los convenios firmados por ambas empresas, entre 1972 y 1975 rondaron las 400.000, y de ahí se desplomaron a menos de 40.000 toneladas en 1978 y 1979. El último embarque de mineral tuvo lugar el 3 de julio de 1980. Entre 1968 y 1980 la CEMR y su heredera, ETSA, embarcaron para SEFERIF un total de 5,4 millones de toneladas. El nuevo puerto marroquí de Beni Enzar se inauguró en 1979 y el de Melilla dejó de atender los embarques de SEFERIF. Como consecuencia, ETSA acordó su liquidación en la Junta General de Accionistas celebrada el 16 de octubre de 1984 y procedió a su disolución un año después (Moga Romero, 2010, pp. 267-291). Con ella desaparecía el último vestigio societario de la antigua Compañía Española de Minas del Rif.

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Conclusiones

La CEMR ejerció una indudable influencia sobre las decisiones del Gobierno español, pero no controló la Comisión Interministerial, la cual no fue en absoluto una institución a su servicio. Antes al contrario, la Administración española demostró una gran independencia de la empresa e impuso su criterio contrario a los intereses privados en numerosas ocasiones. El Ejecutivo español se apoyó en la CEMR al tiempo que la empresa buscó el respaldo político de las autoridades españolas, que no siempre encauzaron las soluciones a las diversas crisis habidas con el Estado marroquí de la forma en que más hubiesen deseado. En algunas cuestiones, como los impuestos o la legislación laboral de Marruecos, el Gobierno español no tuvo mucho que decir y simplemente se limitó a recomendar a la empresa que acatara las decisiones marroquíes. En otras, el régimen de Franco consintió e incluso promovió que la CEMR aceptara las reivindicaciones marroquíes, como ocurrió con la entrada del capital marroquí en el accionariado de la compañía y la entrega de la totalidad de las divisas producidas por la exportación de mineral. El Gobierno español fue en estos casos más allá de lo que la empresa hubiera deseado. Por el contrario, en otros casos España se negó —solo temporalmente— a transigir con las reclamaciones marroquíes a pesar de que la empresa no tenía inconveniente en aceptarlas, como el alquiler del material móvil del ferrocarril para su recorrido por Melilla, o bien rechazó las pretensiones de la CEMR, como cuando esta quiso desprenderse de sus propiedades en Melilla dando pie a la amenaza de su adquisición por Marruecos. El principal objetivo del régimen de Franco consistió en los últimos tiempos en evitar la marroquinización de Melilla y en esquivar, en la medida de lo posible, roces con las autoridades marroquíes que pusieran en peligro la españolidad de las plazas de soberanía y el resto de los territorios mientras se mantuvieron españoles. Esta política de apaciguamiento tuvo un resultado más bien limitado, pues Cabo Juby, Ifni y el Sahara Occidental acabaron en manos marroquíes, y no sin costes materiales y humanos. Pero Ceuta y Melilla no corrieron la misma suerte y Marruecos no logró avances en su reivindicación de ambas plazas de soberanía española, a pesar de la construcción del nuevo puerto de Nador y de la extinción completa de toda actividad por parte de la CEMR.

Quedan pendientes de resolver algunas incógnitas. Falta por conocer el monto de la indemnización que percibió la CEMR tras su expropiación, la identidad de sus principales accionistas a la altura de 1967 y la posible existencia de reuniones entre la compañía y las autoridades españolas al margen de las mantenidas en el seno de la Comisión Interministerial. La consulta de otros fondos archivísticos (en especial documentación contenida en Jefatura del Estado y Asuntos Exteriores) podría servir para dilucidar tales importantes cuestiones. Por encima de todas ellas, queda por establecer hasta qué punto este episodio constituye un caso excepcional en el panorama de las relaciones entre el Estado franquista y el mundo de la empresa privada. El régimen de Franco consiguió ejercer la suficiente influencia sobre la CEMR para que esta siguiera sus instrucciones y colaborara en sus objetivos. Pero afirmar que la compañía estaba formada por «privilegiados impotentes» obligados a aceptar los dictados del Gobierno español supondría infravalorar la indudable influencia que ejercieron sobre el Estado franquista los máximos responsables de la compañía —en esta época, su presidente Alejandro Gandarias en lugar destacado— y tergiversar el verdadero sentido de los hechos. La CEMR tenía como único fin la obtención de beneficios y logró una rentabilidad fabulosa y salirse de Marruecos cuando el criadero estaba a punto de agotarse. Buscó con insistencia y obtuvo a menudo, aunque no siempre, el respaldo del régimen a sus reclamaciones. En realidad, ambos actores se apoyaron mutuamente en lo que constituye un caso claro de instrumentación recíproca en el cual el interés del Estado español se antepuso al de los intereses privados en numerosas ocasiones, sobre todo desde 1957. La continua estrategia del Gobierno español fue el intento de apaciguamiento de las reivindicaciones marroquíes, que le llevó a adoptar una postura de cesión permanente. Esta posición política no fue siempre acorde a los intereses de la CEMR. No hubo, pues, captura del Estado ni tampoco una aceptación pasiva de las decisiones políticas por parte de la compañía, aunque sí se produjo una creciente preeminencia del poder político sobre los intereses privados a partir de la independencia de Marruecos.

Financiación

Esta investigación ha recibido financiación de la Universidad de Alicante.

Fuentes

Archivo General de la Administración (AGA), Sección África.

Archivo del Banco de España, Instituto Español de Moneda Extranjera (ABE, IEME), Secretaría.