Como sugiere el developmental pattern, España desarrolló políticas de apoyo a los agricultores desde la década de 1960, cuando el país experimentó un proceso de rápido crecimiento económico. El volumen de subsidios aumentó y las políticas de sostenimiento de precios se extendieron a multitud de productos, como había sucedido en los países avanzados democráticos desde 1950. La restricción presupuestaria del régimen no impidió abordar esta redistribución de rentas de los consumidores a los agricultores, puesto que la política se basó fundamentalmente en la regulación del mercado, un aspecto común en los países avanzados, donde apenas entre un 10 y un 20 por 100 del apoyo neto a la agricultura proviene en la actualidad de transferencias en dinero. Según el Coeficiente de Protección Nominal (CPN) y el Producer Support Estimate (PSE), la protección alcanzó en España niveles similares a los de la CEE desde los años sesenta. Este resultado contradice tanto la visión de Lindert de que los agricultores obtienen mayor apoyo público en los países democráticos, como la idea olsoniana de que la protección se debe a la presión ejercida por los lobbies de agricultores.
As suggested by the developmental pattern, policies to support farmers’ income developed in Spain from the 1960s onwards, when the country saw a process of rapid economic growth. Direct subsidies promptly increased and price-support policies, similar to those applied for more advanced countries from 1950, expanded for many commodities. Budgetary restrictions were not an obstacle to the redistribution of resources to agriculture, because farm support in Spain was based essentially on market intervention and pricesupport policies. In fact, only 10–20 per cent of today's net transfers to agriculture in advanced countries come from subsidies and monetary transfers. From the 1960s, the intensity of support to Spanish farmers, as measured by the Nominal Protection Coefficient (NPC) and the Producer Support Estimate (PSE), was similar to that in the EEC. This result contradicts both Lindert's assumption that agriculture gets more protection under democratic regimes and the olsonian view that large-scale intervention in agricultural markets results from the collective action of lobby groups.