Los trabajos recopilados en el libro editado por Guillermo Pérez Sarrión constituyen un buen reflejo de los excelentes resultados que proporciona la tendencia integradora que está experimentando la investigación histórica en los últimos años. Las oscilaciones pendulares sufridas con anterioridad determinaron que la hegemonía ostentada por la historia económica y social a mediados del siglo xx condujese a su creciente marginación en el último tercio de la centuria en favor de la anteriormente menospreciada historia política y, sobre todo, de la historia cultural. Frente a estas perspectivas excluyentes, el objetivo básico de la obra reseñada es el análisis de la incidencia que tuvieron los cambios políticos y económicos en la transformación que conoció la sociedad española durante el siglo xvii. Pero, además de la complementariedad entre ambos enfoques, los estudios que se realizan sobre cada uno de ellos adoptan, en la mayoría de los casos, un planteamiento metodológico integrador que se halla en la línea de las tendencias historiográficas más recientes. Así ocurre, sobre todo, en los trabajos centrados en la historia política, en los que, además del estudio del marco institucional, se analizan las otras vías alternativas a través de las cuales se ejercía el poder, y las relaciones sociales y los valores culturales del personal que nutría la administración. Pero también los trabajos centrados en la historia económica incorporan, además de una intensa orientación sociopolítica, una interesante perspectiva cultural centrada en el análisis de la circulación de las ideas económicas y su contribución al cambio de los comportamientos políticos.
Los nueve estudios que integran la obra coinciden en destacar la trascendencia que tuvo la actividad desarrollada por la nueva dinastía borbónica tanto en el proceso de modernización de las estructuras del estado como en el crecimiento económico experimentado en el siglo xviii, lo cual facilitó la progresiva articulación del mercado nacional. Desde luego, la mayoría de los autores son conscientes de que tanto las reformas políticas como el crecimiento económico ya se habían iniciado con anterioridad, pero tienden a enfatizar el impulso que adquirieron tras el advenimiento de la nueva dinastía. Los estudios que analizan el sistema político destacan, así mismo, que las reformas realizadas fueron compatibles con el mantenimiento de valores y comportamientos tradicionales, como la concepción patrimonial del poder por parte de la monarquía, la venalidad de los cargos públicos, el patronazgo y las relaciones clientelares dominantes en los diversos círculos del poder, etc. Algunos autores polemizan también con los historiadores (E. Lluch, J. Fontana, J. Albareda, etc.) que cuestionan la mayor modernidad del modelo político centralista y uniformizador alegando el respeto hacia el sistema constitucional de los diversos territorios que implicaba el modelo político austracista. Finalmente, la valoración que se realiza de la política reformista es claramente positiva, alineándose desde el punto de vista económico en la órbita de las tesis sostenidas por V. Llombart, frente a las posiciones más críticas de J. Fontana o J.M. Delgado.
El marco general del periodo analizado es abordado por R. Fernández Díaz, quien considera que la fórmula más adecuada para valorar la herencia histórica del absolutismo borbónico es comparando el legado que dejó la dinastía Habsburgo a finales del siglo xvii con el que recibió la primera generación española del siglo xix. Planteado en estos términos, el balance de la labor política desarrollada por la monarquía en el siglo xviii resulta claramente positivo. Su fruto principal fue la formulación de un programa reformista que trató de regenerar el sistema social y político del Antiguo Régimen para adaptarlo a los cambios que se estaban produciendo en la Europa de la época y lograr su pervivencia. J. P. Dedieu analiza el aparato de gobierno de la monarquía borbónica, entendiendo como tal el conjunto de los instrumentos utilizados por el poder para influir sobre los súbditos, como es el caso del control cultural, la reducción del poder de la Iglesia, la extensión del patronazgo real, etc. Desde el punto de vista institucional, subraya que las reformas redujeron las particularidades territoriales y potenciaron un sistema de gobierno de carácter ejecutivo que incrementó aún más la dependencia del favor real por parte de las elites sociales que se hallaban a su servicio. Precisamente, los criterios que se tenían en cuenta en la promoción hacia los rangos superiores de la administración borbónica constituyen el objetivo básico del estudio realizado por M. V. López-Cordón. En un sistema político basado en el clientelismo y el patronazgo real, la evaluación de los méritos del personal administrativo dependía del dispensador de la gracia, el cual se hallaba inserto en una cadena de fidelidades dependiente del soberano. No obstante, la progresiva regulación de la trayectoria profesional y la creciente especialización de la labor de las Secretarías fueron estableciendo unos criterios objetivos de promoción que, al ser abiertamente vulnerados por la inestabilidad política de finales del siglo xviii, contribuyeron a la conversión del mérito individual en el factor básico que se tenía en cuenta en la selección y promoción de las elites políticas. Por su parte, A. Dubet analiza las reformas de la administración hacendística de la monarquía que se realizaron en 1718, cuyo objetivo atribuye a la necesidad de controlar mejor los recursos destinados a la financiación de la guerra. Además de la creación de la Tesorería General en la corte, la reforma se basó en la creación de distritos fiscales uniformes a nivel provincial gestionados por el intendente con el control recíproco del tesorero y el contador de su circunscripción. Aunque la reacción que se produjo tras la caída de Alberoni limitó su vigencia a las provincias en las que existían tropas, el modelo se generalizó de nuevo a mediados de la centuria, convirtiéndose en la estructura básica sobre la que descansaba la Real Hacienda. El papel fundamental que adquirió la defensa del imperio colonial americano en la política internacional de la monarquía borbónica es subrayado en el estudio de J. L. Gómez Urdáñez. La guerra de la Oreja de Jenkins puso de manifiesto la aplastante superioridad de la Armada británica, lo que impulsó al Marqués de la Ensenada a elaborar una estrategia basada en el rearme discreto y la ambigüedad diplomática con el fin de incrementar la protección de los dominios americanos y el comercio colonial, pero evitando el enfrentamiento abierto con Inglaterra. El mantenimiento posterior de esta estrategia es lo que permitió preservar el dominio del imperio colonial hasta el desastre de Trafalgar.
J. A. Mateos Royo analiza la política de abastecimiento urbano de cereales y de estímulo del crédito rural en los territorios de la antigua Corona de Aragón. Aunque aquella ya contaba con la intervención de la iniciativa privada, la abolición de los fueros incrementó su proceso de liberalización, por lo que este era ya muy intenso antes de la pragmática de 1765. En cambio, esta circunstancia, junto con los restantes factores específicos de dichos territorios (mayor facilidad de abastecimiento de trigo ultramarino, dificultades climatológicas de conservación, falta de tradición, etc.), determinó la escasa repercusión que tuvo la política de estímulo a la creación de pósitos en el área indicada. Por su parte, G. Pérez Sarrión estudia la formación de la política manufacturera en la primera mitad de la centuria, cuyo desarrollo considera que se produjo tras el reforzamiento del poder del Estado. De ahí el protagonismo que atribuye en su ejecución a la Junta General de Comercio, analizando el informe que la institución elaboró en 1746 sobre las fábricas que habían obtenido privilegios y destacando la importancia de la actividad llevada a cabo por las Compañías de Comercio y Fábricas creadas a partir de entonces. Con ello defiende una tesis polémica, ya que retrasa la aplicación de una política decididamente mercantilista a la segunda mitad de la centuria, lo que contrasta con la tesis más común en la historiografía de que fue entonces cuando la tendencia dominante tendió, por el contrario, hacia una progresiva liberalización de la actividad productiva. Su interpretación se contrapone, por tanto, a la tesis de que la política mercantilista se aplicó con mayor decisión en la primera mitad de la centuria, teniendo uno de sus impulsos iniciales en la intensa labor de reforma industrial que, según destacó A. González Enciso, emprendió el gobierno de Alberoni. Los dos últimos trabajos de la obra reseñada se centran en el estudio de las Sociedades Económicas de Amigos del País. J. Astigarraga destaca la influencia en su creación de la emergente ciencia de la Economía Política, cuya difusión por parte de las nuevas entidades estimuló el debate sobre los problemas económicos del país y favoreció el surgimiento de una esfera pública diferenciada del poder con capacidad para juzgar críticamente su actividad. El propio debate sobre las causas de la decadencia de las Sociedades Económicas de Amigos del País que propició el expediente iniciado por el Consejo de Castilla en 1786 constituye una buena muestra de ello. Resulta revelador que el principal reproche que realizó la pionera Sociedad Bascongada se centrase en el excesivo celo centralizador y uniformizador del proceso de creación de dichas entidades, coincidiendo con las críticas vertidas por el ilustrado valenciano Manuel Sisternes y Feliu a la imposición de los estatutos de la Matritense, cuya política había determinado la paralización durante casi una década de la efervescencia inicial de que había hecho gala la entidad surgida en Valencia en 1776. Con estos antecedentes, resulta sorprendente la tesis sostenida por J. Usoz en el artículo que realiza sobre la Real Sociedad Económica Aragonesa, en el que defiende que la entidad funcionó de forma relativamente autónoma y descentralizada. El análisis que realiza sobre sus relaciones con las restantes instituciones del territorio demuestra más bien lo contrario, sobre todo a partir del debilitamiento de su influencia a mediados de la década de 1780.
Aunque las aportaciones de carácter general o sobre la actividad de determinadas instituciones resultan de interés, hubiese resultado conveniente la inclusión en la obra de estudios más específicos sobre la incidencia de la política estatal en sectores económicos o áreas geográficas concretas, ya que en Cataluña, que fue el territorio que experimentó un mayor dinamismo, se ha tendido a minimizar su influencia (J. Torras, J. Nadal, J. M. Delgado, etc.). También se echan en falta estudios centrados en el análisis del comercio y la articulación del mercado interior, y más teniendo en cuenta la trascendencia que se le otorga a este factor en el título de la obra. En fin, como ya se ha indicado, la tesis de que la aplicación de una política decididamente mercantilista se produce con posterioridad a la etapa inicial de reforzamiento del estado choca con los resultados obtenidos en la investigación realizada sobre el periodo, que revela que, más que con posterioridad, dicha política se ejecutó paralelamente a la reforma del sistema político iniciada durante la misma contienda sucesoria, y estaba presidida por el mismo objetivo de incrementar el poder de la monarquía. Esta circunstancia es la que otorga un mayor sentido a iniciativas como la planteada en la obra reseñada, que pone de manifiesto la conveniencia de intensificar la complementariedad entre la investigación centrada en la historia política y la dedicada al análisis de la actividad económica, abandonando las perspectivas excluyentes que han resultado tan perjudiciales para el conocimiento de la sociedad del pasado.