No creo que nadie haya hecho una contribución tan valiosa a la investigación de la historia de la hacienda de la España contemporánea como Francisco Comín. En Dialnet se le atribuyen 70 artículos de revista y 70 colaboraciones en obras colectivas; la web todostuslibros.com cataloga 35 títulos suyos, y faltan la excelente Historia de la deuda pública en España (siglos xvi-xxi) (Álvarez-Nogal y Comín Comín, 2015), que ha coeditado recientemente con Carlos Álvarez Nogal, además de algunos títulos aparecidos en lengua inglesa.
Es frecuente encontrar en su bibliografía títulos escritos en colaboración con otros autores, como, en este caso, con Miguel Martorell, profesor de la UNED, autor de Historia de la peseta (Martorell Linares, 2001) y de El santo temor al déficit (Martorell Linares, 2000). Quisiera, sin embargo, situar este libro en relación con la obra más importante de Comín, Hacienda y economía en la España contemporánea (1800-1936) (Comín Comín, 1989), que le valió el Premio Nacional de Historia en 1990. Un libro condenado, como sucede con las obras editadas por entidades oficiales, a una circulación subterránea.
En las obras posteriores de Comín encontramos síntesis para la enseñanza universitaria, estudios sobre temas monográficos (las cajas de ahorro, la empresa pública, Tabacalera, etc.) y obras colectivas como las dedicadas a Santiago Alba y a Campomanes, o la excelente Historia de la deuda pública que he citado anteriormente. Pero pienso que no había vuelto a hacer un esfuerzo tan ambicioso, esta vez contando con la colaboración de Miguel Martorell, como el que representa este volumen, que empieza donde la obra de 1989 acababa, y continúa hasta 1959, lo que haría deseable un nuevo esfuerzo que llevase su investigación hasta 1975.
Aunque el título defina su ámbito en torno a 2 momentos distintos, guerra civil y autarquía, el desequilibrio entre ambos es evidente, y está justificado por el tratamiento que el primero ha tenido con anterioridad en los libros que se han ocupado de esta etapa1. Lo que ocurre es que los autores necesitaban arrancar de este período para interpretar los rasgos que se mantuvieron posteriormente en la política económica del régimen.
La parte mayor y esencial es la dedicada a la autarquía, cuya historia se recorre primero cronológicamente, a partir del estudio de las gestiones de los ministros de Hacienda (Larraz, Benjumea, Gómez de Llano y Navarro Rubio). Un recorrido en que el libro aporta novedades interesantes, en especial al dedicar atención a 2 figuras marginadas, como Gómez de Llano y Joaquín Benjumea, quien no solo fue «el ministro de hacienda que más años ocupó la cartera durante el siglo xx», de 1941 a 1951, sino que de aquí pasó a mantener el cargo de gobernador del Banco de España durante 12 años más, hasta 1963.
Este estudio, que ha sido posible gracias al uso de fuentes primarias no utilizadas hasta ahora, como son las discusiones de los proyectos de ley en las comisiones de las cortes, nos ofrece claves para entender la naturaleza del franquismo, al mostrarnos la debilidad de una dictadura que ejercitaba la violencia sobre la mayor parte de la población, pero se estrellaba ante las resistencias de las clases propietarias, como le ocurrió a Benjumea en su intento de aumentar la base imponible de la contribución territorial –un problema al que ya se había enfrentado Calvo Sotelo durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera– y que acabó ahora con la «rebelión de los terratenientes», al igual que le ocurriría a Gómez de Llano con el impuesto sobre la renta.
El libro tiene una segunda parte de enfoque, nos advierten los autores, «más bien temático, analítico y de series temporales», dedicada a estudiar la evolución del sistema tributario, la función del gasto público, la deuda pública, los seguros sociales, las haciendas locales y las empresas públicas.
La visión global del período se completa en un extenso epílogo sobre «Las consecuencias de la política económica de la autarquía», que es una excelente síntesis sobre la primera fase del franquismo.
Aunque los autores insistan en definir su trabajo como un estudio «sobre la hacienda del franquismo», pienso que su aportación va más allá de la historia de la hacienda. Y que aunque exista una amplia bibliografía sobre la autarquía, el trabajo que han realizado va a ser, a partir de ahora, una referencia obligada para cualquier estudio sobre el período. Sobre un tiempo de desastre nacido de una política económica que partía de las ideas del Caudillo, que afirmaba en 1938 que «España es un país privilegiado que puede bastarse a sí mismo. Tenemos todo lo que hace falta para vivir y nuestra producción es lo suficientemente abundante para asegurar nuestra propia subsistencia. No tenemos necesidad de importar nada»2. Y que en 1955, cuando la economía europea estaba en pleno auge, y la de España al borde del colapso, vivía tan alejado de la realidad como para decirle a su primo Pacón que «al terminar la guerra [mundial], no era deseo de las naciones vencedoras el que los vencidos se levantaran pronto de su postración. Para ello se les obligó a que adoptasen el régimen democrático, pues estaban convencidos de que así no les vendría la prosperidad ni mucho menos»3.
No ha de sorprender que nombrase para los ministerios económicos a un ingeniero naval como Suanzes, a un ingeniero textil como Carceller o a un artillero como Alarcón de la Lastra. En 1939 Gual Villalbí reconocía que «los economistas están hoy en entredicho, después de tantos fracasos recogidos»4.
No necesitaba economistas alguien como Franco, que en 1929 le daba lecciones a un Calvo Sotelo angustiado por la caída de la peseta, diciéndole: «Supóngase que ahora llega el gobernador del Banco de España y en un aparte le dice. “Señor ministro, nos hemos dado cuenta de que el oro que tenemos en el banco de España no es oro, sino pedruscos”. Mientras nadie se enterase, todo seguiría igual. Al día siguiente verían que no había pasado nada, ni al otro, y pronto se les pasaría el disgusto»5.
Que sus ideas eran compartidas por los hombres a quienes puso al frente de la economía lo demuestra el caso de Alarcón de la Lastra, quien sostenía que «no podemos considerar inflación el hecho de que haya un exceso de billetes en relación únicamente al total de oro disponible, pues si la escasez de este metal precioso se compensa con grandes riquezas naturales de la nación, la inflación será sólo aparente» [sic] (Alarcón de la Lastra, 1940).
Alarcón dejó el ministerio en octubre de 1940, y Franco creó entonces un Consejo de Economía Nacional, donde, entre los veintitantos consejeros, solo había 4 economistas (Zumalacárregui, Manuel de Torres, Mariano Sebastián y Román Perpiñá) y medio (Gual Villalbí). Pero este organismo era tan solo consultivo, y de su actuación es difícil recordar gran cosa más que las inefables series de la renta nacional basadas en datos indirectos, como los de la nupcialidad, que nos proporcionaron sorpresas como la de sostener que la economía española había crecido en un 20% en un año.
El libro de Comín y Martorell confirma plenamente, a partir de una investigación amplia y minuciosa, que las causas de la crisis económica de la autarquía, que tantos perjuicios causó a los españoles, deben atribuirse a la desastrosa política económica del régimen, y que estos errores «fueron tomados a conciencia por Franco y sus colaboradores», sin que fuesen atribuibles a circunstancias externas. «El objetivo autárquico –concluyen– fue el objetivo prioritario del régimen desde 1937».
El libro de Comín y Martorell no solo es una contribución fundamental a la historia de la hacienda, sino una aportación muy importante al conocimiento de la etapa más dura del franquismo y, a través de ella, al de su misma naturaleza.
Gual Villalbí (1939, p. 281) en la Universidad de Barcelona. Aspectos y problemas de la nueva organización de España.
Franco, que le contaba esta anécdota a su médico, añadía que Calvo le contestó: «¿qué tonterías está usted diciendo?», pero apostillaba: «creo que el tiempo me dio la razón» Soriano (1981, pp. 154-155).