Las dictaduras militares en Guatemala (1982-1985) y Argentina (1976-1983) en la lucha contra la subversión

Resumen

El artículo tiene como objetivo desarrollar una comparación analítica entre las dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas de Argentina (1976-1983) y Guatemala (1982 y 1985) en relación a la legitimidad de origen, la forma de organización del ejercicio del poder político y la legitimidad de ejercicio. A través de estas dimensiones esenciales, buscamos bosquejar algunas de sus similitudes, las cuales pueden explicarse, según nuestra hipótesis de trabajo, por las relaciones políticas y militares sostenidas por ambos gobiernos en cuanto a la lucha contra la subversión.

Abstract

The article aims to develop an analytical comparison between institutional dictatorships of the Armed Forces of Argentina (1976-1983) and Guatemala (1982 and 1985) regarding the legitimacy of origin, the organizational form of the exercise of political power and legitimacy of exercise. Through these key dimensions, we seek to outline some of the similarities, which can be explained, according to our working hypothesis, by the political and military relations supported by both governments in the fight against subversion.

INTRODUCCIÓN

América Latina tiene una larga tradición en compartir formas peculiares de dominación política. En el siglo xIx, la dominación oligárquica, con la crisis de los años treinta, las dictaduras personalistas o patrimonialistas; más adelante, los populismos.

Las dictaduras institucionales de las fuerzas armadas también siguieron la misma dirección. Éstas se instauraron y se ejercieron en Sudamérica entre las décadas de los sesenta y ochenta, bajo un contexto signado por el fracaso francés en la Guerra de Argelia (1954-1962) y el inicio de la Guerra de Vietnam (1964-1975), la declaración socialista de la Revolución cubana, la consecuente redefinición de la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina y la realización de la VIII Reunión de Consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, cuando las fuerzas armadas del continente redefinieron su papel al de guardianes del orden interno. En ese marco se instauraron las dictaduras en Brasil (1964-1985), Argentina (1966-1973 y 1976-1983), Bolivia (institucional desde 1974 hasta 1978 y 1980-1982), Uruguay (1973-1984) y Chile (1973-1990). Si bien todas ellas han sido profusamente estudiadas, no han sido sometidas a análisis comparados, una metodología clave para poder responder: ¿cómo y por qué las clases dominantes recurrieron a este tipo peculiar de dictadura institucional, fundacional y soberana en gran parte de América Latina entre 1964 y 1990? La comparación de las diferentes experiencias nos puede dar claves para identificar variables independientes que ayuden a explicar patrones o acontecimientos comunes o contrastantes.

Nuestra hipótesis general es que durante el periodo 1982-1985 se constituyó en Guatemala una dictadura institucional fundacional de las fuerzas armadas¹ similar a la experiencia de Argentina (1976-1983), y que parte de esas semejanzas se deben, entre otras razones, a las relaciones sostenidas por ambos gobiernos en cuanto a la lucha contra la subversión. Al confrontar esta experiencia guatemalteca de dominación política con las dictaduras institucionales de las fuerzas armadas del Cono Sur destacan, a simple vista, las diferencias, empezando por las características de las violaciones a los derechos humanos, concretamente la forma de genocidio en Guatemala. El ejercicio de la represión en las zonas urbanas, sin embargo, no fue muy diferente en Guatemala y Argentina. En rigor, no se han bosquejado las similitudes entre las experiencias represivas guatemalteca y argentina, las que nos hablarían de condicionantes y formas de legitimación parecida y relaciones políticas aún no investigadas. El objetivo de este artículo es desarrollar una comparación analítica entre las dictaduras institucionales de las fuerzas armadas de Argentina (1976-1983) y de Guatemala (1982 y 1985), fundamentalmente en lo que respecta a las formas de legitimación. Abordaremos algunas dimensiones presentadas por Waldo Ansaldi² y César Tcach³ como la legitimidad de origen, la forma de organización del ejercicio del poder político y la legitimidad de ejercicio. Las mismas permiten vislumbrar que, a pesar del uso irrestricto, ilegal e ilegítimo de la violencia política, máxime en los casos de Guatemala y Argentina, las dictaduras institucionales de las fuerzas armadas apelaron a ciertos consensos sociales, como a ciertas instituciones de la democracia, para garantizar obediencia y sometimiento. En segundo lugar, que la forma colegiada de gobierno fue una manera de organización política ideada con fines antisubversivos, valorada como exitosa y que buscó promoverse. Por último, que la doctrina de la seguridad nacional, al privilegiar las fronteras ideológicas, habilitó la lucha contra la subversión por encima de las fronteras nacionales, cuestión que condujo a la dictadura argentina a mantener con el gobierno guatemalteco amplias relaciones e intercambios.

Resulta imprescindible el análisis de la coyuntura actual de juicios por crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos por los militares en la historia reciente de Guatemala y Argentina. En 2001 altos mandos militares, entre los cuales estaba José Efraín Ríos Montt, fueron denunciados por genocidio y delitos de lesa humanidad ante el Ministerio Público de Guatemala. En 2013 comenzó el juicio y se alcanzó una sentencia condenatoria, pero fue anulada a escasos días por la Corte de Constitucionalidad. Pese a estas trabas en la lucha contra la impunidad, el jefe policial Pedro García Arredondo fue condenado a inicios de este año por asesinatos y delitos contra los deberes de humanidad por los hechos que ocurrieron en la embajada de España en Guatemala en 1980 y sobre los cuales haremos referencia en el artículo. En Argentina, los juicios y las sentencias van en aumento, hasta marzo de 2015 suman 136 las sentencias dictadas y 563 las personas condenadas en procesos por crímenes de lesa humanidad.

LEGITIMIDAD DE ORIGEN Y ORGANIZACIÓN DEL PODER POLÍTICO

Las dictaduras institucionales de las fuerzas armadas, a diferencia de las tradicionales dictaduras autocráticas (como las de Manuel Estrada Cabrera y Jorge Ubico en Guatemala, Tiburcio Carías Andino en Honduras, Maximiliano Hernández Martínez en El Salvador) o las patrimoniales (como la dinastía Somoza en Nicaragua, la de Trujillo en República Dominicana y la de Duvalier en Haití), fueron resultado de la decisión de las fuerzas armadas de tomar por asalto el poder absoluto del Estado. Esto es, las tres fuerzas —Ejército, Marina y Aeronáutica— se hicieron cargo del poder y gobernaron apelando a mecanismos de selección de los gobernantes decididos y ejercidos por las jerarquías militares. En efecto, una cualidad prácticamente esencial de este tipo de dictaduras es haber establecido y cumplido normas para la sucesión en el ejercicio del gobierno, asegurando la continuidad de la dictadura.

Al carecer de un principio de legitimidad de origen por haber quebrado el orden constitucional y haber usurpado el poder, este tipo de dictaduras buscaron otros principios para suplirlo. Este fue el caso de la Doctrina de la Seguridad Nacional, la cual fue una ideología legitimadora del ejercicio de las dictaduras que no pudo suturar esa carencia esencial. Estas dictaduras utilizaron la violencia y apelaron a ciertos consensos sociales. Por esta razón, se autopresentaron como instauradoras de un nuevo orden político y social democrático, es decir, con un carácter fundacional que fue más allá de la restauración de las viejas democracias. Alain Rouquié indica que lo único que legitimó a los regímenes institucionalmente militares fue el futuro, pues fueron transitorios por su propia esencia: “la legitimación de la usurpación militar se sustenta precisamente en el gobierno siguiente, el régimen sucesor”⁴. La Doctrina de Seguridad Nacional invocada sirvió “más para disimular la ilegitimidad que para fundamentar una nueva legitimidad”, lo que explica que la democracia representativa haya sido el Norte de estos regímenes⁵. Para legitimarse, se proponen como “objetivo mejorar, fortalecer, modificar o incluso protegerla, pero jamás anular o destruirla como ocurrió en otras latitudes”⁶. Esto muestra su paradoja: las dictaduras institucionales de las fuerzas armadas, mientras que carecieron de la legitimidad provista por el voto y apoyo popular, justificaron su irrupción y asalto al poder apelando al establecimiento de una futura y nueva democracia. Incluso, acudieron a algunos mecanismos e instituciones democráticas a pesar de los altísimos niveles de coerción que desplegaron⁷.

Una condición sine qua non es la institucionalización de la autonomía de las fuerzas armadas respecto del poder civil, un rasgo específico, del militarismo latinoamericano que ha hecho del Estado de excepción, la norma. En Guatemala, la misma se remonta a la Constitución de 1945 y al estatuto de las fuerzas armadas. En esa ocasión se creó la figura del jefe de las fuerzas armadas que sería electo por el Congreso, no por el presidente, de una terna que presentaría el Consejo Superior de Defensa Nacional. Así, el presidente de la República no podía destituir al jefe de las fuerzas armadas y se creó un poder más fuerte y paralelo al ejecutivo. El golpe de Estado del 30 de marzo de 1963, ideado por los dieciséis más altos jefes militares y encabezado por el coronel Enrique Peralta Azurdía, constituyó el primero realizado por las fuerzas armadas como institución. La “Carta Fundamental de Gobierno” mencionó que el ejército asumía transitoriamente el gobierno con el fin de “evitar una inminente guerra civil y la instauración de un régimen comunista, a la vez que preparar un clima político favorable” para unas futuras elecciones⁸. El golpe contó con el apoyo del Movimiento de Liberación Nacional (mLn), del Partido Revolucionario (pr) y de la Democracia Cristiana (dc) quienes habían pactado coordinación, unidad de acción y defensa común a finales de 1960. Si bien dicho pacto se rompió en 1965, los partidos políticos participaron en las contiendas electorales subsiguientes⁹. Luego, el ejército controló el poder por intermedio de un partido de su propia creación, el Partido Institucional Democrático (pId), bajo un pacto con el pr primero y en alianza con el mLn después. El ejército tomó nuevamente el poder del Estado de forma directa el 23 de marzo de 1982.

En Argentina, en 1948 se creó el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, un órgano asesor directo del presidente de la nación. A pesar de ello, las fuerzas armadas tuvieron un accionar autónomo y derrocaron numerosos gobiernos democráticos desde 1930. De 1930 a 1973 ningún presidente electo en el marco de una sucesión normal logró cumplir su mandato constitucional. Uno de los más restauradores, y más recordado, fue el de 1955. Esa dictadura militar, conocida como la Revolución Libertadora que se extendió hasta 1958 e incluyó a dos presidentes, derogó la Constitución Nacional sancionada por el peronismo en 1949, repuso el texto de 1853 e inauguró la proscripción del peronismo, pacto al cual se adhirió una buena cantidad de partidos y líderes de la oposición. Otro golpe militar asoló al país en 1963, cuando el radical Arturo Frondizi fue depuesto no sólo por haber promovido la abstención argentina en la Conferencia de Cancilleres de Punta del Este, sino por lanzarse a enfrentar electoralmente a los peronistas, quienes ganaron ampliamente en las principales provincias. Las fuerzas armadas tomaron de nuevo el poder del Estado entre 1966-1973 y 1976-1983.

La dictadura militar guatemalteca de 1982-1985 difiere de la anterior (1963-1966), ya que asumió un papel transformador y fundacional¹⁰. Al igual que el golpe militar argentino del 24 de marzo de 1976, el golpe del 23 de marzo de 1982 se produjo cuando la crisis política, social y económica, una crisis de dominación celular¹¹ colapsaba el sistema institucional y la representación de la violencia entre la extrema izquierda y derecha era hegemónica, lo cual permitía evidenciar la debilidad del Estado y la ingobernabilidad¹². Hablamos de representación de la violencia, porque las organizaciones político-militares en ambos casos estaban casi militarmente derrotadas al momento del golpe de Estado y los “escuadrones de la muerte” —surgidos en los años sesenta en Guatemala y a comienzos de los setenta en Argentina— se disolvieron, en gran parte, porque sus elementos fueron absorbidos, previamente a la ruptura del orden constitucional¹³.

En el caso de Guatemala, la representación que tenía el ejército de la guerrilla era francamente desproporcionada. Para Gramajo, en 1981 el Ejército Guerrillero de los Pobres contaba con “10 000 a 12 000 combatientes armados, 100 000 elementos de infraestructura o Fuerzas Irregulares (fIL) y Autodefensas Locales (adL), fuerzas que mantenían bajo su directa influencia y control cerca de 260 000 habitantes del altiplano, a quienes también ellos denominaron Comunidades de Población en Resistencia”¹⁴. Estas cifras resultan descabelladas si las comparamos con las de Edelberto Torres-Rivas, quien habla de 2 mil combatientes armados en total y de un apoyo de 100 mil indígenas no combatientes¹⁵. La percepción triunfalista de la dirección militar de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (urng) posiblemente colaboró con esa representación, la cual no logró visualizar los duros reveses que la ofensiva contrainsurgente del ejército asestó contra la guerrilla en la capital y luego en el altiplano desde octubre de 1981 y las (in)capacidades militares de la misma (al menos del egp). La orpa, la organización que más éxitos militares logró con sus fuerzas de élite, consiguió reestructurar el frente urbano hacia 1982, aunque estuvo infiltrado por el ejército desde el comienzo. Hacia 1984 el ejército había acabado con su estructura política y militar de élite¹⁶.

En Argentina, previamente al golpe militar, también reinaba un gobierno democrático cada vez más represivo. El mismo día del retorno de Juan Domingo Perón después de larguísimos años de proscripción, el enfrentamiento entre los principales grupos de las distintas tendencias al interior del peronismo provocó una masacre. El fracaso de la política económica, el giro de Perón hacia la derecha y su muerte acaecida el 1° de julio de 1974 aceleraron la crisis. En septiembre de 1974 se promovió la Ley Antisubversiva que legitimó la purga sistemática de los militantes y simpatizantes de izquierda. En julio de 1975, todos los ministros renunciaron y la presidenta, Isabel Martínez, se encerró en la residencia. El Ejército Revolucionario del Pueblo fracasó en 1975 en el foco rural y urbano y Montoneros, tras su retorno a la clandestinidad, sufrió un hostigamiento permanente que duró hasta octubre de 1975 cuando fue derrotado en el ataque al Regimiento 29 de Infantería en Formosa¹⁷.

En Argentina, la acción del grupo ilegal Triple A, en vez de reducir real o imaginariamente los niveles de amenaza “subversiva”, los exacerbó. Favoreció la creación de un imaginario supuesto enfrentamiento entre extremas que asediaban a la sociedad y colaboró en una situación de tensión y crisis de la democracia que llevó a vastos sectores de la sociedad argentina a avalar el golpe de Estado de 1976 y a la dictadura institucional de las fuerzas armadas que le siguió. El Proceso de Reorganización Nacional disolvió la Triple A al “estatizar” el terrorismo e institucionalizar el tipo de violencia por ella implementada¹⁸. Con aguda claridad, el general Díaz Bessone en 1982 expresó: “El motivo del derrocamiento del gobierno peronista en marzo de 1976 no fue la lucha contra la subversión […]. Nada impedía eliminar a la subversión bajo un gobierno constitucional […]. La justificación de la toma del poder por las Fuerzas Armadas fue clausurar un ciclo histórico”¹⁹.

Habría que pensar si esto que decimos para Argentina no vale para Guatemala. Elías Barahona, el ex infiltrado del Ejército Guerrillero de los Pobres en la Secretaría de Prensa del Ministerio del Interior durante el gobierno de Lucas García, en 1982, reveló lo que denominó el proyecto contrainsurgente. Este proyecto, dijo, tenía dos etapas. La primera era la “teoría de las extremas”, aplicada entre 1978 y 1980, y consistió en explicar el secuestro y asesinato selectivo de miles de víctimas “como resultado del enfrentamiento violento de las extremas políticas, cuando en realidad eran oficiales del ejército y policías los que con el nombre de Ejército Secreto Anticomunista y Escuadrón de la Muerte cometían los crímenes a plena luz del día y con toda impunidad”. La segunda etapa consistió en desencadenar una guerra civil y lanzar, a la par, una ofensiva reformista basada en principios democráticos²⁰. Según Héctor Rosada-Granados, el golpe de Estado de 1982 buscó recuperar el control absoluto de los aparatos de represión, tarea que había quedado supeditada en cuerpos civiles clandestinos, aparatos paramilitares y organismos de inteligencia, lo que fue captado por la sociedad como un retorno al orden y el fin del terrorismo, un terrorismo que había buscado “eliminar cualquier posición de centro en el espectro político guatemalteco” y que se plasmó en los asesinatos de Alberto Fuentes Mohr y Manuel Colom Argueta.²¹

Esta dictadura institucional de las fuerzas armadas, al igual que las sudamericanas, se autodefinió como transitoria y se orientó hacia el régimen siguiente, la democracia representativa. El “Acta” de la Junta Militar argentina indicaba como propósito restituir los valores esenciales que sirven de fundamento a la conducción integral del Estado, enfatizando el sentido de moralidad, idoneidad y eficiencia, imprescindibles para restituir el contenido y la imagen de la Nación, erradicar la subversión y promover el desarrollo económico de la vida nacional […] a fin de asegurar la posterior instauración de una democracia republicana, representativa y federal […]²².

La “Proclama” señalaba que las Fuerzas armadas asumían la conducción del Estado con el propósito de “terminar con el desgobierno, la corrupción y el flagelo subversivo.”²³

En Guatemala, el “Comunicado Urgente al Pueblo” inmediatamente después del golpe del 23 de marzo de 1982 decía que: “El ejército de Guatemala, ante la crisis política, económica y social que un grupo de inescrupulosos guatemaltecos de manera continuada han sometido al país, ha tomado la decisión de reencauzar el camino de Guatemala por la ruta de la verdadera democracia.”²⁴ La “Proclama del Ejército de Guatemala al Pueblo” del 24 de marzo de 1982 indicaba que era el Ejército la institución llamada a garantizar plenamente la pervivencia de las instituciones democráticas y “la existencia de un orden que le permita vivir en paz, trabajar honradamente y gozar de un clima político que en el futuro le permita la elección libre y limpia de sus gobernantes, así como dentro de ese orden gozar plenamente de los derechos inherentes a la personalidad humana”. Presentaba a la Junta Militar contra los gobiernos “corruptos” previos con el “objeto de crear las condiciones necesarias para el establecimiento futuro de un régimen basado en principios de auténtica democracia.”²⁵

El 6 de abril, la Junta Militar de Gobierno expuso “14 Objetivos de Acción Gubernativa” para crear dichas condiciones, inspirados en los objetivos nacionales de la Doctrina de Seguridad Nacional, entre los cuales se pueden mencionar algunas modificaciones institucionales y morales “para alcanzar la verdadera democracia” como la reconciliación familiar, el respeto a los derechos humanos, a la dignidad individual y nacional, el establecimiento de un espíritu nacionalista y la creación de una base para la integración étnica de la nación, la estimulación del “pensamiento desarrollista, reformista y nacionalista”, pero dentro del “sistema de libre empresa”²⁶. La promulgación del “Estatuto Fundamental de Gobierno” el 28 de abril por parte de la Junta Militar coronó la propuesta del “ejercicio temporal del poder público” al reemplazar la Constitución de 1965 hasta tanto las condiciones necesarias para la democracia no estuviesen dadas. De igual modo, en Argentina, tras el “Acta Fijando el Propósito y los Objetivos Básicos”, vino la “Proclama”, el “Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional” y los demás “Documentos Básicos” y “Bases Políticas” a los que debía someterse transitoriamente la Constitución Nacional.

Durante el régimen dictatorial en Guatemala, el ejército evitó la personalización del poder como en Argentina. En este último país, la primera dictadura institucional se inauguró con el golpe de Estado de junio de 1966. Mediante el “Acta de la Revolución Argentina” las tres armas asumían el poder y a través de una serie de decretos organizaban el gobierno. La presidencia fue ejercida por Juan Carlos Onganía, Roberto Levingston y Alejandro Lanusse. En el caso de la dictadura argentina iniciada en 1976, la Junta Militar tenía el poder, según consignaba el “Estatuto”, de elegir al presidente (siempre un oficial) así como de revocar su mandato cuando lo considerara conveniente. La presidencia de la República fue ejercida por cuatro jefes (Jorge Rafael Videla, Roberto Viola, Leopoldo Galtieri y Reynaldo Bignone) de los cuales dos fueron relevados. La Junta contó con una Comisión de Asesoramiento Legislativo integrada por tres oficiales de cada una de las fuerzas.

En Guatemala, el poder público fue ejercido por una Junta Militar compuesta por un presidente y dos vocales que contarían con un grupo asesor integrado por oficiales superiores y subalternos. También fue la institución militar la encargada de corregir los desvíos al plan político-militar utilizando para ello dos vías: el disciplinamiento de la institución y el relevo de militares. Un ejemplo fue el relevo de los militares de línea dura de la primera Junta Militar en junio de 1982. El “golpe de palacio” fue llevado a cabo por el Estado Mayor del Ejército, el cual decidió que fuera Ríos Montt y su “juntita” de diez oficiales quienes desplazaran a los dos oficiales de Lucas García. Un segundo ejemplo fue el relevo del mismo Ríos Montt en agosto de 1983. En este caso, el consejo de comandantes decidió que fuera Mejía Víctores (ministro de Defensa de Ríos Montt) el jefe de Estado y ellos la “juntita” cuando Ríos Montt pretendió ser “el Pinochet” de Guatemala²⁷.

El ejército guatemalteco mientras evitó la centralización del poder en una persona, concentró el de las instituciones represivas del Estado. Para 1983, las fuerzas del ejército y de seguridad estaban unidas bajo un solo mando y en 1984 todas las instituciones de gobierno estaban integradas en las acciones de coordinación contrainsurgentes.

La dictadura guatemalteca, al igual que las del Cono Sur, procuró no ser una negación absoluta de la política. Como consecuencia, aunque bajo su amparo, creó instituciones con cierta pretención democrática. El Congreso, al igual que en Uruguay, fue reemplazado por un Consejo de Estado integrado por representantes de diferentes intereses corporativos, inclusive indígenas. El 23 de marzo de 1983 se promulgaron en Guatemala las leyes que regularían el sistema democrático electoral: la Ley del Tribunal Supremo Electoral, la Ley del Registro de Ciudadanos, la Ley de Organizaciones Políticas y la Ley Complementaria del Registro General de Población. Tras el relevo de Ríos Montt, el ejército comenzó a retirarse lentamente del gobierno, a forjar una imagen de constitucionalismo democrático, pero siguiendo la guerra de contrainsurgencia la que continuaría, según el pensamiento político militar del general Gramajo, sin importar el resultado de las elecciones presidenciales. Se levantó el estado de sitio, se disolvieron los Tribunales de Fuero Especial y se ordenaron la Asamblea

Nacional y las elecciones para 1984 y 1985, respectivamente. Estas instituciones democráticas estaban contempladas en la “Proclama del Ejército” y programadas en el “Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo” para cumplir los objetivos de acción gubernativa y, por lo tanto, fueron ordenadas por el ejército²⁸. Este momento “protodemocrático”, como prefiere llamarlo Edelberto Torres-Rivas, consistió en una apertura al régimen político, con elecciones transparentes y abiertas, tutelado por la corporación y parte del proyecto político militar, y por ende contrainsurgente, diseñado en el año 1982²⁹ al igual que en Chile y Uruguay³⁰. Este proyecto tuvo la intención manifiesta de diferenciarse de los gobiernos militares previos que habían perdido consenso social al ser identificados con la corrupción y las violaciones a los derechos humanos. Finalmente, la puesta en acción de la institución electoral, el régimen civil electo y la apertura de espacios de participación política permitieron paradójicamente, como indicó Gramajo, continuar “la guerra” en el marco de una transición constitucional³¹. Pero también iniciar a andar el camino de la democracia electoral, sin interrupciones hasta hoy día, tal como sucedió en las dictaduras del Cono Sur.

Si bien en Argentina la democracia se alcanzó por el colapso de la dictadura, la guerra de Malvinas, la misma estaba planifi en las “Bases para la Intervención de las Fuerzas Armadas en el Proceso Nacional”. En este documento se indicaba que el proceso se desarrollaría mediante la ejecución de tres fases: Asunción del control, Reordenamiento institucional y Consolidación. Esta última fase consistía en la “transferencia progresiva a equipos civiles de las responsabilidades ejecutivas de gobierno”, pero bajo el control, fiscalización y respaldo del proceso por las fuerzas armadas³².

LA DOCTRINA DE SEGURIDAD NACIONAL

La Doctrina de Seguridad Nacional (dsn) fue una elaboración compleja de un conjunto de ideas políticas, filosóficas, religiosas y militares sobre la seguridad del Estado que se aprendió, reelaboró, instruyó y, finalmente, se institucionalizó por las fuerzas armadas latinoamericanas desde inicios de la década de 1960.

La elaboración de la dsn que asumieron las dictaduras institucionales de las fuerzas armadas en Sudamérica, donde tuvo mayor desarrollo conceptual, se alimentó de tres elementos fundamentales: la doctrina geopolítica alemana (siglos xIx y xx),³³ la doctrina de la guerra revolucionaria y las técnicas de contrainsurgencia francesa (1945-1962)³⁴ y el concepto de “Estado de Seguridad Nacional” estructurado en Estados Unidos (desde 1947) junto a la política de John F. Kennedy y la Alianza para el Progreso, cuyos programas de asistencia bilaterales, de asistencia militar como de asistencia cívica, fueron controlados por las fuerzas armadas correspondientes a cada Estado³⁵. Independientemente de sus expresiones nacionales, la misma tuvo cuatro características principales: una visión organicista de la sociedad y del Estado; el concepto de “enemigo interno” como patología que degenera el conjunto social; una perspectiva negativa de la política que hizo que se lleve a la misma a una mínima expresión, y la constitución de las fuerzas armadas como árbitros políticos garantes de los intereses nacionales³⁶. En síntesis, para garantizar la seguridad de la sociedad era imperativo el control militar del Estado, es decir la intervención de los militares como corporación³⁷, lo que permitió su constitución como fundamento ideológico de las dictaduras militares.

La Doctrina de Seguridad Nacional es parte sustancial del pensamiento latinoamericano y surgió cuando las dificultades para desarrollar la segunda etapa de la industrialización sustitutiva de importaciones del modelo nacional-desarrollista, impulsado desde la cepaL, se hicieron evidentes en algunos países de la región³⁸. Según Francisco Leal Buitrago, el tipo ideal de la dsn se formuló y ejecutó en Brasil y Argentina.

Brasil fue el primer país en crear un concepto sobre seguridad nacional en América Latina con una ley en 1935. Golbery do Couto e Silva fue el principal teórico de la dsn elaborada en los años cincuenta en la Escola Superior de Guerra y luego el director de la principal institución brasileña anticomunista y golpista: el Instituto de Pesquisas e Investigações Sociais (Ipes). En Geopolítica del Brasil, Do Couto e Silva creó el “cuadro conceptual de la Seguridad Nacional”³⁹.

En Brasil se formaron agentes de inteligencia y represión en cursos que se iniciaron en 1959 y 1965. El golpe militar en Brasil del 31 de marzo de 1964, articulado entre otros por el mismo Do Couto e Silva, puso en práctica la dsn. Ésta se denominó Doctrina de Segurança e Desenvolvimento y tuvo como peculiaridad su política económica que contrastó con las medidas de ajuste estructural impulsadas por las dictaduras de Chile, Argentina y Uruguay.

En Argentina el antecedente más destacable de la dsn se encuentra en 1948 con la aprobación de la Ley de Organización de la Nación para Tiempos de Guerra que autorizaba la participación de las fuerzas armadas en la represión interna. Le siguió la declaración del Estado de Guerra Interno (1952-1955) durante la segunda presidencia de Perón, bajo el cual hubo cientos de personas detenidas que sin juicio previo fueron puestas a disposición del ejecutivo⁴⁰. El Plan conIntes o de Conmoción Interna del Estado, declarado por el presidente Arturo Frondizi en 1958 y puesto en ejecución en 1960 sobre el artículo 27 de la ley de 1948, recurrió a las fuerzas armadas en la represión de las huelgas y protestas obreras, de las movilizaciones estudiantiles y ciudadanas, en general, y de las acciones de sabotaje y guerrilleras de los grupos pertenecientes a la resistencia peronista, el “enemigo político interno” que ponía en peligro a la nación.

Los aportes de la escuela francesa constituyen su núcleo central. La formación militar de argentinos por franceses data de 1955⁴¹. En 1957 el coronel Carlos Rosas, egresado de la Escuela Francesa, asumió la subdirección de la Escuela Superior de Guerra y en 1959 se suscribieron una serie de convenios entre los ejércitos argentino y francés para la instalación de una misión militar francesa integrada por veteranos de Argelia⁴².

En 1962 el general Osiris Villegas, quien ocupó el puesto de subjefe del Estado Mayor del Ejército durante el gobierno de Arturo Illia y de secretario del Consejo Nacional de Seguridad (1968-1969) y embajador de Brasil (1969-1973) durante el gobierno de facto, publicó un trabajo teórico fundacional en relación con la problemática de la “guerra revolucionaria” denominado Guerra Revolucionaria Comunista. En el prólogo a la primera edición señalaba lo que entendía por “subversión”: “el desarme espiritual y material de la Nación […] la corrupción, el envilecimiento de la justicia, el derrumbe de la economía, la agudización del desorden social.” En este texto el autor explicó en qué consistía la guerra revolucionaria, sus orígenes, evolución y proceso, la nueva concepción de la guerra y sus éxitos alcanzados, entre otras cuestiones. En los últimos capítulos estudió la situación estratégica actual, al enemigo y sus modos de acción para finalmente dar cuenta de la lucha contrarrevolucionaria y de la nueva misión que competía a las fuerzas armadas a diferencia de la guerra clásica⁴³. Ese lenguaje se trasladó a la Cámara de Diputados en 1964 cuando se debatió la sanción de normativas que le dieran al Estado instrumentos legales para enfrentar ese nuevo tipo de amenaza denominada “guerra revolucionaria”⁴⁴.

La noción de “subversión” de ascendencia francesa apareció por primera vez en un conjunto de normas publicado en el Boletín Oficial en septiembre de 1973, mediante el “Acta de compromiso de la seguridad nacional” y la creación del Consejo de Seguridad Nacional que coordinaba la acción policial con las fuerzas de seguridad nacional y provinciales, la noción se institucionalizó un año después, con la promulgación de la ley antisubversiva: la Ley de Seguridad⁴⁵. Sólo cinco meses antes se había vuelto a reanudar la misión francesa con el coronel Robert Servant quien se instaló junto al jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Jorge Rafael Videla.⁴⁶

El golpe militar del 28 de junio de 1966 se materializó, lo que desde 1962 logró instalar la reacción “profesionalista” del ejército: la cohesión interna, la comprensión de los problemas sociales bajo el paradigma de la dsn y la idea de unas fuerzas armadas “por encima de la política” que invocaba metas de transformación estructural. Éstas actuarían a través de un sistema institucional de “consulta”, de “decisiones” y de “planeamiento”: el Consejo Nacional de Desarrollo (creado durante el gobierno de Frondizi), Consejo Nacional de Seguridad, Consejo Nacional de Ciencia y Técnica, Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Informaciones del Estado (sIde) y la Junta Militar⁴⁷. Osiris Villegas, gran intelectual de la denominada Revolución argentina, ligaba seguridad y desarrollo: “no puede haber seguridad sin desarrollo, inversamente, tampoco desarrollo sin seguridad […]. Para la república, el desarrollo se convierte en la hora actual en condición indispensable para la seguridad, porque el desarrollo proporciona los factores con que se actúa en la protección de los intereses vitales de la Nación.”⁴⁸

En Guatemala, desde la Constitución de 1945, el ejército se organizó como “institución garante del orden y de la seguridad interior y exterior”. En 1954 una fracción de las fuerzas armadas veló por el orden interno por entender que el enemigo estaba dentro del país. La Junta de Gobierno instalada se proclamó acatando los deseos del pueblo “para erradicar definitivamente el comunismo del suelo patrio.”⁴⁹ La Ley Preventiva Penal contra el Comunismo,⁵⁰ el Comité de Defensa Nacional contra el Comunismo ⁵¹ y la Dirección Nacional de Seguridad Nacional⁵² no lograron definir al enemigo interno “comunista” lo que condujo a una represión política sin límites precisos que superó con creces las dos mil ejecuciones. Ydígoras Fuentes indicó el adiestramiento del ejército nacional en guerrillas y contraguerrillas y la formación de militares fuera del país: tanto en países vecinos, como en Estados Unidos (zona del canal de Panamá), Francia, España y Argentina, entre otros.⁵³ La Ley de Defensa de las Instituciones Democráticas,⁵⁴ que hizo más explícita la guerra ideológica, objetivó el pacto entre los partidos de centro derecha de 1960 por “la lucha ideológica y material en forma categórica y permanente contra el comunismo” y su apoyo y aval a la praxis de la alta jerarquía militar⁵⁵. Sin embargo, el concepto de “seguridad nacional” apareció más explícitamente en el pacto de 1966 entre Méndez Montenegro y la jerarquía militar.⁵⁶

Bernardo Arévalo de León señala que en Guatemala la dsn no alcanzó el nivel de desarrollo conceptual que tuvo en otros países como Chile, Brasil y Argentina.⁵⁷ Del mismo modo, el general Héctor Alejandro Gramajo Morales, un teórico de la dsn en Guatemala, indicó que si bien el concepto de seguridad nacional nació en Estados Unidos, fue estudiado y enunciado por varias academias de guerra o institutos de altos estudios militares de Sudamérica. Luego, que en “estos enunciados tuvo basamento la estrategia para defender a Guatemala de la insurgencia patrocinada por el castrismo”, citando y utilizando finalmente la definición de seguridad nacional proporcionada por la escuela brasileña⁵⁸ Así, por ejemplo, el cuadro conceptual de Do Couto e Silva puede observarse en la “apreciación estratégica” que en mayo de 1980 elaboró el sexto curso de Comando y Estado Mayor del Centro de Estudios Militares del que era coordinador el general Gramajo⁵⁹ El coronel Mario Mérida, otro intelectual guatemalteco en materia de seguridad, utilizó el concepto proporcionado por el coronel ecuatoriano Alfonso Lituma Arízaga, quien es considerado el principal teórico de la dsn en Ecuador y heredero de la Escuela Superior de Guerra del Brasil.

Si en ninguno de los manifiestos políticos de la última dictadura, citados en el apartado anterior, se mencionó el objetivo de acabar con la subversión y la noción de seguridad, sí lo fueron en los documentos de la institución castrense. En 1982 por órdenes de José Efraín Ríos Montt se le encargó al coronel Gramajo Morales (subjefe del Estado Mayor General del Ejército), a los licenciados Raúl Villatoro y Ariel Rivera (Secretaría de Planificación Económica y Social) y a los coroneles Rodolfo Lobos Zamora y César Augusto Cáceres Rojas (director y subdirector del Centro de Estudios Militares) la elaboración de un plan estratégico militar. El mismo surgió de una reformulación de la estrategia militar de 1980 basada en la dsn (la “apreciación estratégica” a la que hicimos referencia anteriormente) por una campaña de contrainsurgencia, según ellos más elaborada, el “Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo” (pnsd), consistente en varias etapas y de larga duración.⁶⁰ Esto no se hace inteligible si no se mencionan algunos cambios regionales, como el triunfo de la Revolución sandinista (julio 1979), la reactivación de la lucha estadounidense contra la Unión Soviética y Cuba y la adopción del conflicto de baja intensidad por el gobierno de Ronald Reagan (1981-1989).

El pnsd entendía al poder nacional como la unión del poder militar, político, económico y social. Ahora sí, todos los campos se orientaban a combatir la “subversión”. Si los tres primeros requerían de los aparatos materiales del Estado, el último movilizaba los aparatos ideológicos de la dominación. A nuestro juicio, el marco general del pnsd fue el aspecto ideológico que compartió la dictadura guatemalteca con las dictaduras sudamericanas. De los diversos números de la Revista Militar de los años ochenta, recién en 1984 se publicaron las descripciones de doctrina militar, guerra psicológica, la noción de seguridad nacional diferenciada de defensa nacional y las relaciones entre seguridad y desarrollo⁶¹ Respecto de esta última relación, por ejemplo, en la Revista Militar, Oscar Hugo Álvarez Gómez indicó que “el desarrollo sólo puede realizarse cuando existe un grado aceptable de seguridad, a la vez, el desarrollo al superar las contradicciones sociales, estará dando un marco de seguridad” y que la “política de desarrollo y la política de seguridad están integradas en la política nacional”⁶².

Gramajo esgrimía que la nueva doctrina guatemalteca se diferenciaba de la dsn porque ésta había sido pensada para países que habían alcanzado el pleno desarrollo o altos niveles de evolución. De acuerdo a su interpretación, la dsn entró en crisis en 1982. Gracias al control y reducción de la ayuda militar de Estados Unidos, el ejército guatemalteco hubo de desarrollar la imaginación y el ingenio militar para cumplir la misión. De ahí que surgió la Tesis de Estabilidad Nacional:

• son todas las medidas en los campos sociales, económico, militar y político que nuestra sociedad ejecuta para generar en los habitantes de Guatemala una actitud psicológica propicia para buscar su bienestar. Que disponga a Guatemala para un grado superior de desarrollo que con el tiempo traerá la completa seguridad, a pesar de las acciones contrarias de los oponentes del Estado⁶³.

Según Buitrago, en Centroamérica prevaleció o fue determinante el último componente de la dsn proveniente de Estados Unidos. Es muy factible que quienes afirman que “la adopción y adaptación de la dsn en Guatemala anticiparon las de otros países de América Latina” aludan a esa omnipresencia de Estados Unidos —por demás significativa en la región— en detrimento de los otros componentes de la dsn sudamericana que hemos señalado⁶⁴. De hecho, Susanne Jonas indicó que Guatemala fue un laboratorio de contrainsurgencia para América Latina, así los Boinas Verdes desde 1966 consignaron un fuerte papel de sus técnicas “contraterrode 1984, pp. 4-10; Oscar Hugo Álvarez Gómez, “Seguridad Nacional y la política de Desarrollo Nacional”, en Revista Militar, septiembre-diciembre de 1984, pp. 5-9. ristas” utilizadas en Vietnam, así como del asesoramiento, entrenamiento y ayuda norteamericana en general en materia de seguridad.⁶⁵

Sin embargo, a fines de los años setenta y comienzos de los ochenta aparecen otras procedencias dignas de investigar. Según Mérida, Estados Unidos no entrenó a los oficiales guatemaltecos (y a otros latinoamericanos) en la guerra contrainsurgente en la Escuela de las Américas⁶⁶. Gustavo Porras también sugiere esa dirección. Afirma que la contrainsurgencia guatemalteca durante esos años fue mucho más calcada de la guerra de Argelia, librada por los franceses gracias a la formación militar francesa de Benedicto Lucas García, que de la contrainsurgencia estadounidense⁶⁷. Lo más significativo aparece en el Manual de Guerra Contrasubversiva de Guatemala, elaborado a comienzos de los años ochenta, el cual consignó que para su elaboración se consideraron las experiencias de Argentina, Francia y Perú. Es un corpus muy interesante, por cuanto define al enemigo interno por la llamada “‘Guerra Revolucionaria’ y la subversión en el país” de tesitura francesa⁶⁸.

ARGENTINA Y GUATEMALA EN EL MISMO EXTREMO OCCIDENTE⁶⁹

La colaboración estadounidense en Guatemala no es óbice para suponer importantes relaciones entre los gobiernos guatemalteco y argentino en materia de seguridad nacional, especialmente desde que el gobierno de Carter (1977-1981) distendió los lazos con Guatemala y Argentina, la revolución sandinista triunfó (julio 1979) y, en el sur del continente, la coordinación de la represión supraestatal alcanzó su mayor articulación a través del Plan Cóndor pactado a fines de 1975.

La dictadura militar argentina nunca se limitó a aplicar los postulados de la doctrina de seguridad nacional al interior del país, puesto que, al igual que los militares brasileños, concibieron la seguridad en términos ideológicos y hemisféricos. Para Osiris Villegas, el comunismo era una ideología supranacional que había evolucionado del concepto de guerra total al de guerra integral. Él afirmaba que el teatro de guerra era uno solo y universal; que América se había constituido “en un ‘volcán activo’, en donde las fuerzas que promueven la guerra revolucionaria comunista se acrecientan día a día en su resuelto accionar contra las repúblicas latinoamericanas”; y que por eso apremiaba “la necesidad de defender nuestra herencia cultural y los ideales de democracia y libertad”⁷⁰ en una estrategia que no debía reducirse al plano nacional, sino que debía estar integrada en un orden regional y mundial. Así las “Bases” de la dictadura militar argentina reiteraban “la ubicación internacional en el mundo occidental y cristiano”.

La defensa de la “civilización occidental” fuera del país y la definición de la “seguridad nacional”, como un proyecto internacional que reconocía fronteras ideológicas y no territoriales, constituyeron parte de las premisas de la Operación Cóndor⁷¹. Esos postulados fueron más allá durante la administración de Carter, al punto de poner en el tapete el tan prestigioso principio de no intervención con la participación argentina en el golpe de Estado boliviano y en la contra nicaragüense.

Nuestra investigación⁷², aún en curso, recupera las hipótesis de Ariel Armony, quien afirmó que los perpetradores de la “guerra sucia” en Argentina trasladaron a fines de los años setenta y comienzos de los ochenta su modelo de represión masiva a América Central. A su juicio, Argentina decidió “ocupar el lugar de los Estados Unidos en la lucha hemisférica contra el comunismo” cuando la subversión ya no se percibió como una amenaza seria en el ámbito interno⁷³.

Desde mediados de la década de los sesenta, la embajada argentina pedía informes sobre las actividades políticas en general y sobre las consideradas subversivas en Guatemala. A juicio de la embajada, en 1978 no se podía analizar la “ola de violencia” en Guatemala sin incluirla en el contexto de lo que ocurría en Nicaragua y El Salvador, ya que dichos países vivían “procesos semejantes derivados de una acción subversiva intensa”⁷⁴. Esta “centroamericanización de la lucha revolucionaria”⁷⁵, que se había producido por efecto de la “reacción en cadena”⁷⁶, se tornó realmente peligrosa después del triunfo sandinista. Debió ocurrir dicho triunfo y la masacre en la embajada de España, para que el embajador argentino comenzara a enviar cables día por día durante el año 1980, informando a la cancillería sobre los asesinatos, desapariciones, atentados relacionados con asuntos políticos, así como la salida a la luz pública de cualquier organización considerada tanto de extrema derecha como de izquierda. Se trataba de un seguimiento minucioso de la vida política guatemalteca. A partir de entonces, ambos gobiernos participarían de una misma comunidad ideológica. Los sucesos en la embajada de España motivaron al canciller guatemalteco, Castillo Valdés, solicitar a la embajada argentina que se hiciera cargo de los intereses de Guatemala en España ante el posible rompimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Dicha solicitud se basó en la “similitud ideológica” entre los gobiernos de Guatemala y Argentina y la “identidad de problemas” que ambos tenían⁷⁷. Lo único que motivó el rechazo de este pedido por parte del gobierno argentino fue la pesada mirada de Estados Unidos, de los países socialdemócratas europeos y de los países del llamado Pacto Andino (Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia) sobre la situación de los derechos humanos en Argentina, la cual “sería o podría ser juzgada como apoyando a un estado que ha violado elementales normas de derecho internacional y podría alentar [la] campaña internacional con Argentina”⁷⁸.

Esa mirada había iniciado apenas instalada la administración demócrata de Carter. En febrero de 1977, el secretario de Estado anunció la reducción de la ayuda militar a Argentina, debido a violaciones a los derechos humanos practicadas por el gobierno de Videla. La Junta Militar argentina consideró la decisión como una intromisión en los asuntos internos y rechazó la totalidad de la ayuda crediticia norteamericana. Incidió también, aunque más tarde, en la repercusión negativa que tuvo la presencia en Buenos Aires de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cIdh).⁷⁹

El tema de los derechos humanos sería un aspecto que unía a Argentina y Guatemala contra la política estadounidense. Inmediatamente después de los sucesos en la embajada de España, el gobierno de Estados Unidos cambió su embajador en el país y contrajo la ayuda en materia de seguridad nacional a Guatemala. Por su parte, el gobierno guatemalteco rechazó la presencia estadounidense en Guatemala.⁸⁰

Los militares argentinos, junto a otros latinoamericanos, sentían que las naciones de Occidente no captaban la dimensión de la ofensiva mundial emprendida por el comunismo internacional. Por eso, este “extremo occidente” declaraba la “Tercera Guerra Mundial”. El 17 de julio de 1980 militares bolivianos ligados al narcotráfico, en connivencia con la dictadura militar argentina, realizaron el golpe de Estado en Bolivia, que evitó la asunción a la presidencia de Siles Suazo e inició un nuevo periodo de dictadura institucional de las fuerzas armadas bajo el liderazgo de Luis García Meza. Argentina junto con Brasil, al oponerse a las disposiciones de la Casa Blanca y del Pacto Andino, no sólo no condenaron el golpe de Estado ante la oea, sino que reconocieron el régimen de Meza inmediatamente⁸¹. Meza, por su parte, abandonaría el Pacto Andino para unirse al Cono Sur. Él mismo había manifestado que coincidía “con su colega de Argentina, Jorge R. Videla, sobre la formación de un bloque de países con similar ideología”, refiriéndose a la “posibilidad de una alianza con la Argentina, Chile, Uruguay y Brasil todos los cuales tienen gobiernos anticomunistas igual que Bolivia”⁸².

Tan sólo al mes de estos sucesos, Videla viajó a Brasil con el fin de reunirse con su presidente Figueiredo y reforzar las excelentes relaciones entre los dos países. Según los medios periodísticos, se trató de un encuentro para proponer una unidad en materia de seguridad contra la subversión y suscribir varios acuerdos, fundamentalmente, el de cooperación nuclear.

La embajada argentina en Guatemala consideraba que, a diferencia de El Salvador⁸³, el ejército guatemalteco y las fuerzas armadas en general mantenían una cohesión firme contra el comunismo⁸⁴. Esta certeza calmaba más las ansiedades que las cordiales relaciones mantenidas con el anticomunista Mario Sandoval Alarcón.

Mario Sandoval Alarcón, condecorado en 1975 con la Orden del Libertador San Martín en Gran Cruz y recibido por Jorge Videla en 1977⁸⁵, pidió volver a entrevistarse con el mismo en junio de 1980 y a pronunciar conferencias sobre anticomunismo en el país⁸⁶. Visitó nuevamente Argentina cuando Buenos Aires fue sede del IV Congreso de la Confederación Anticomunista Latinoamericana (caL) en septiembre del mismo año.

En las reuniones vinculadas a la caL se gestionó la realización de la Primera Reunión de Inteligencia Nacional en Santiago de Chile a fines de 1975 en la que se formalizó la Operación Cóndor. El IV Congreso, junto con el III que se realizó en 1977 en Asunción (Paraguay) constituyeron dos reuniones identificadas claramente con la Operación Cóndor, si bien la segunda viró hacia América Central.⁸⁷

La Confederación Anticomunista Latinoamericana fue creada el 28 de agosto de 1972 en Guadalajara, México. Es muy probable que una delegación guatemalteca haya tenido participación ahí, así como lo hizo, junto a Paraguay, México, Brasil, Chile y El Salvador, en el II Congreso Secreto de la caL, organizado en Asunción entre el 28 de mayo y el 1° de junio de 1973⁸⁸ Sabemos que Guatemala, a través del mLn, formaba parte del Consejo Coordinador de la caL al menos desde 1974⁸⁹ y que desde la Secretaría General de la caL se solicitó a todos sus miembros que enviasen mensajes de congratulación a Mario Sandoval Alarcón cuando éste fue elegido como vicepresidente de Guatemala.⁹⁰

Seguramente en el III Congreso de la caL hubo presencia guatemalteca. En la apertura, el secretario general Rafael Rodríguez sostuvo que, a diferencia de los demás continentes, en América Latina el comunismo había retrocedido, lo que probaba la fortaleza de “nuestras defensas y de nuestras reservas si se emplean a fondo. Muerden el polvo los rojos en Brasil, en Uruguay, en Argentina, en Chile, en Paraguay, en Nicaragua, en El Salvador y en Guatemala”. Y así como recordó a Carlos Castillo Armas como uno de los líderes que se fueron, saludó enérgicamente a Eugenio Kjell Laugerud García, entre Pinochet, Geisel, Somoza y Stroessner⁹¹. La comisión plenaria del III Congreso ya había decidido apoyar a “los gobiernos de Argentina, Brasil, El Salvador, Guatemala y Uruguay por su actitud respecto a la administración Carter” y “a los gobiernos que mantienen una política nacionalista y anticomunista”⁹². Entre el 23 y 27 de abril de 1979, también en Asunción, se celebró el XII Congreso de la Liga Mundial Anticomunista. En el mismo, la delegación guatemalteca representada por el mLn, también asistió y propuso en su ponencia “la implementación de una cruzada mundial para recuperar los valores perdidos y buscar el trabajo coordinado, a través de la cooperación moral, económica y física de las fuerzas democrático-representativas, con vistas a constituir la prImera InternacIonaL antIcomunIsta”⁹³.

Para el IV Congreso de la caL se recibieron mensajes de adhesión de los presidentes argentino, paraguayo, boliviano y del comandante en jefe del ejército uruguayo⁹⁴. Las 20 delegaciones que asistieron condenaron duramente la política estadounidense de derechos humanos, y su presidente, el jefe del Estado Mayor del Ejército argentino Carlos Suárez Mason, conminó a dar soluciones prácticas y acciones concretas⁹⁵. En conferencia de prensa, Rafael Rodríguez informó que se habían presentado sesenta ponencias que abarcaron dos tópicos: “la agresión soviética en América Central y el Caribe” y “la actuación de algunos gobiernos de América Latina y otras organizaciones internacionales como cómplices de esa agresión”. También, que “se adoptaron acuerdos que se traducirán en medidas de trabajo para contrarrestar esa ofensiva”⁹⁶. Según la prensa, fue un evento “que podría anteceder a algún organismo de integración política del bloque que de hecho han constituido los regímenes de facto del Cono Sur”⁹⁷.

Al concluir las deliberaciones, el congreso resolvió apoyar las gestiones de los gobiernos de “Argentina, Guatemala, Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia por su valiente postura de no dejarse intimidar, ni por las amenazas difamatorias en su contra, ni por las presiones y amenazas del ‘cartercomunismo”’⁹⁸. El presidente Suárez Mason se comprometió a “desplazar” a Centroamérica un grueso contingente de asesores que transmitirían la experiencia argentina, y la Liga Anticomunista Mundial a aportar 8 millones de dólares para los gastos iniciales⁹⁹. No sabemos si estas fueron las razones del atentando a la embajada de Argentina (y de Uruguay) en noviembre de 1980 por el Ejército Guerrillero de los Pobres.

La toma del Palacio Nacional de Guatemala el 23 de marzo de 1982 “sorprendió” al embajador argentino, su secretario y al consejero comercial, en su interior¹⁰⁰. El gobierno argentino la vio con tanto beneplácito que le otorgó su reconocimiento prontamente. El embajador creía “conveniente y políticamente muy redituable en [un] futuro conocer a la brevedad [la] junta militar”¹⁰¹ por el “apoyo masivo de la población”¹⁰²; porque “golpe militar aparece como institucional” de las fuerzas armadas;¹⁰³ porque la “orientación ideológica [de los] grupos jóvenes [del] ejército es de derecha”;¹⁰⁴ y porque, dadas las excelentes relaciones previas, las mismas mejorarían.¹⁰⁵ Cuando el embajador argentino presentó sus cartas credenciales al presidente Ríos Montt, el mismo le solicitó todos los antecedentes doctrinarios relacionados con la reciente ley de partidos políticos y la futura ley electoral argentina.¹⁰⁶

Argentina había buscado acrecentar las relaciones con Guatemala desde 1977, coincidentemente con la llegada de Carter a la presidencia. Estas, sin embargo, avanzaron con el cambio de gobierno en 1978 en Guatemala. Cuando asumió la presidencia Lucas García, el embajador argentino recibió instrucciones de la cancillería de “sondear las posibilidades de acrecentar todo tipo de intercambios”. Según palabras del embajador: “las naciones afectadas de América Latina tenían que tratar de ayudarse y cooperar entre sí para reabastecerse –de ser posible dentro de esa área”.¹⁰⁷

En el curso de julio de 1978, el embajador se entrevistó de forma privada con el presidente y con varios miembros del gabinete. Pidió una audiencia con el ministro de Defensa y el jefe de Estado Mayor “para que las relaciones en el campo militar fueran más allá del otorgamiento de becas por parte de Argentina y se estudiara la posibilidad de concertar una más amplia cooperación”. De igual modo con el ministro de Finanzas y con el ministro de Economía.

Pese a la enorme trascendencia que tuvieron los sucesos ocurridos en la embajada de España y la negativa por parte de Argentina de representar los intereses de Guatemala en España, comenzaron a establecerse unas intensas relaciones diplomáticas nunca antes llevadas a cabo entre Argentina y Guatemala. A comienzos de mayo, viajó una delegación argentina a Guatemala. El subsecretario argentino de Relaciones Exteriores se entrevistó con el presidente de Guatemala, con el canciller y con algunos ministros. Éste les analizó el “proceso argentino derivado [de la] necesidad de combatir [la] subversión y [el] terrorismo organizados e insuflados desde el exterior con el fin de poner pie en nuestro país utilizando como plataforma para [el] resto [de] América del Sud” y la evolución “favorable” del país. El subsecretario, además, les dijo que la experiencia argentina podía servir a título de sugerencias válidas para Guatemala que libra idéntica lucha contra el terrorismo, lo cual puede llevarla a un aislamiento político y económico más acentuado aún que el que se pretende para Argentina” [y que], “en tal sentido, era necesario que aquellos países que están en idéntica situación se apoyaran mutuamente.¹⁰⁸

A fines de agosto, el canciller y la delegación guatemalteca fueron recibidos en Argentina, confraternización que se expresó a través de la condecoración con la Gran Cruz de la Orden del Quetzal al canciller argentino Carlos Pastor por parte de su colega guatemalteco Rafael Castillo Valdez. Los cancilleres, también, realizaron una declaración conjunta en la que dejaron constancia que el canciller guatemalteco se había entrevistado con el presidente de la dictadura militar argentina, Jorge Videla, con el ministro de Relaciones Exteriores y Culto y con el ministro de Defensa. Asimismo, analizaron temas de interés común para las dos naciones y en virtud de las coincidencias, decidieron dejar suscritos, la firme condena al terrorismo.¹⁰⁹

En noviembre de 1980, el vicepresidente de Guatemala y su comitiva fueron recibidos por el presidente de la Junta Militar, el general Videla. Luego, el jefe del Estado Mayor del Ejército de Guatemala junto a un grupo de militares viajó a Argentina en busca de cooperación. Unos días después, una delegación argentina, a pedido de Lucas García, viajó a Guatemala a participar en la III Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de América Latina. Al año siguiente, en el mes de abril, la jerarquía militar argentina visitó Guatemala.

Parte de las idas y vueltas tenían que ver con la negociación de un convenio sobre cooperación científico-técnica (suscrito el 27 de agosto de 1980), de uno financiero por un préstamo de 30 millones de dólares (firmado entre el 19 y el 24 de noviembre de 1980 entre el Banco Central argentino y el Banco de Guatemala)¹¹⁰ y de uno comercial (firmado el 7 de octubre de 1982).

En abril de 1980, el subsecretario argentino de Relaciones Exteriores viajó a Guatemala llevando el convenio financiero junto al comercial y de cooperación técnica¹¹¹ y, en septiembre, se enviaron las pautas para el crédito bancario. Finalmente, en noviembre, se comunicó que el Banco de Guatemala estaba autorizado a enviar una misión a Buenos Aires entre el 19 y el 24 de noviembre, para firmar el convenio financiero con el Banco Central Argentino¹¹². Pero la política de cordialidad también tuvo otros matices. En junio de 1980 el gobierno argentino dispuso la donación de 4 mil toneladas de trigo a Guatemala en el marco de un convenio de ayuda alimentaria.¹¹³

La información con la que contamos en materia de cooperación militar e inteligencia es la que sigue de algunos indicadores que dejaron los cables, pues ese tipo de información se cursó cifrada¹¹⁴ y, en muchísimas ocasiones, no pasó por la embajada¹¹⁵. Para esos procesos de intercambio fue central la misión militar que llegó a Argentina el 22 de noviembre de 1980 por unos veinte días. El jefe del Estado Mayor del Ejército, Mendoza Palomo, expresó que la visita al país sería muy positiva, “ya que es necesario que ambos países estén unidos y que exista entre ellos una efectiva cooperación”¹¹⁶. El 6 de abril de 1981, llegaría a Guatemala la misión militar argentina por invitación oficial que duraría diez días¹¹⁷. La cooperación militar tenía que ver con el ofrecimiento de venta de armas y municiones, “material naval” y aviones Pucará y de cursos de inteligencia y lucha antisubversiva, en lo cual los militares argentinos se consideraban pioneros¹¹⁸.

Colección Forti, Guatemala: nota secreta, de Lertora al jefe del Área América Latina, eguat, 8 de septiembre, 1978, nr 383; cable secreto, de Tiscornia, eguat a América Central-política-informaciones, 2 de junio, 1980, cr 389-394; cable secreto, de Lertora, eguat a económicos-política-informaciones, 21 de julio, 1980, cr 486; cable secreto, de Lertora, eguat a económicos-información-política-central-delegación ejército, 29 de agosto, 1980, cr 575-576; cable secreto, de Freixas y Ros, Departamento América Central y Caribe a eguat, 31 de octubre, 1980, ce 284; cable secreto, de De Simone, eguat

Pero no sólo eso. En julio de 1980 se envió a la sede diplomática el libro Guerra Subversiva en Argentina, editado en Francia en idioma castellano y francés. Se buscaba que se distribuyera a las principales autoridades y personalidades de opinión influyentes en la región, empezando por el presidente.¹¹⁹

CONCLUSIONES

Las últimas dictaduras militares guatemalteca y argentina apelaron a la refundación de la democracia para autolegitimarse, compartieron formas de ejercicio del poder político, utilizaron la Doctrina de Seguridad Nacional como fundamento ideológico para suplir su ilegitimidad de origen. Tenemos por hipótesis en la investigación en curso, que la institución castrense guatemalteca observó la experiencia argentina y los militares argentinos tuvieron una voluntad exportadora de la misma.

Hemos mostrado que la dictadura militar argentina hizo un diagnóstico sobre la coyuntura social y política de Guatemala bajo el gobierno de Lucas García que alentó la vocación exportadora de las técnicas y estrategias utilizadas por la dictadura militar argentina, la cual se consideraba una experiencia exitosa en materia de lucha contra la subversión. Dicha vocación exportadora ya había sido demostrada con elocuencia en el establecimiento de la dictadura institucional de las fuerzas armadas en Bolivia. Hemos demostrado cómo entre 1977-1982 Argentina ofreció todo tipo de cooperación a Guatemala.

Guatemala, sin embargo, parecería haber intensificado los diálogos con Argentina tras la masacre cometida en la embajada de España y el resquebrajamiento de sus relaciones con Estados Unidos y otros países europeos. Manolo Vela consigna que desde 1978 Guatemala estuvo fuera del programa de ventas militares de Estados Unidos, desde 1979 del programa de entrenamiento militar, y desde 1980 de las ventas comerciales como consecuencia de los sucesos ocurridos en la embajada de España¹²⁰. Ambos países resentían las crispadas relaciones mantenidas con la administración Carter. En lo inmediato, Guatemala necesitaba el apoyo argentino en el plano diplomático por dichos sucesos y Argentina reclutaba simpatizantes para contrarrestar la campaña difamatoria que veía en su contra y que se materializaba en el Informe que se daría a conocer en la inauguración de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se preparaba, también, el viaje a Guatemala.

En ese sentido, creemos pertinente matizar la responsabilidad de Estados Unidos en determinados gobiernos represivos —particularmente en el gobierno de Lucas García— y considerar a la Guerra Fría como una coyuntura ideológica que pudo continuar, en ciertos momentos, con independencia de la decisiones políticas estadounidenses, lo que, a nuestro juicio, no significa negar las posibles injerencias de la cIa.

Los 42 años de dictadura patrimonialista en Nicaragua habían colaborado al triunfo de la Revolución, en contraste con las exitosas del Cono Sur: fundacionales, transitorias e institucionales. Este dato que —no únicamente— Argentina se había propuesto enseñar, los postulados del documento Santa Fe I que abogaban por una estrategia contrarrevolucionaria de baja intensidad de mayo de 1980, y el ascenso del partido republicano a la presidencia de Estados Unidos, son factores que se suman a los ya conocidos para explicar el golpe de Estado del 23 de marzo de 1982. Hemos mostrado el gran beneplácito que esto le produjo a los miembros de la embajada argentina (quienes estaban dentro del palacio en el momento del golpe de Estado) y cómo se prestaron a colaborar en el diseño de la salida institucional.

A nuestro juicio, la dictadura institucional de las fuerzas armadas guatemaltecas se hizo efectiva cuando fue desplazado el partido más allegado al régimen de Ríos Montt (mLn) y relevado el gobierno de El Verbo. Ahora sí, las fuerzas armadas como institución —apolíticas, obedientes y no deliberantes— ideaban y lideraban el cambio de régimen político. Las extremas que, según ellos y el diagnóstico argentino, habían arreciado al país, comenzaban a mostrar signos de agonía. Ahora sí, el periodo abierto en 1954 llegaba a su final y el proyecto fundacional estaba en marcha.