El manuscrito publicado en este número de la revista por González-Marrón y colaboradores con un título muy sugerente Quis Custodiet ipsos custodes?1 propone la reflexión sobre uno de los posibles problemas derivados de los conflictos de interés en la investigación médica. En nuestra opinión es un trabajo muy oportuno y se refiere a un tema que merece especial atención.
Efectivamente, quienes nos dedicamos a la investigación, probablemente hayamos experimentado personalmente más de una vez las consecuencias desafortunadas que los autores mencionan. Puede que hayamos recibido una escueta revisión por parte de un revisor que simplemente afirmaba que la investigación realizada era pésima, sin aportar ninguna explicación específica de orden científico o metodológico. Peor todavía es, si esto conllevaba una decisión editorial de rechazo del manuscrito. No es difícil imaginar cómo se siente el autor, sobre todo si se trata de un investigador en sus primeros años de carrera que se encuentra en cierto estado de virginidad idealista y cándida y no ha experimentado todavía estas ingratas consecuencias de los conflictos de interés. Cuando esto se repite, empieza a tambalearse la esperanza de que la comunidad científica tenga como objetivo la búsqueda de la verdad para mejorar la salud de la población.
Es conocido que muchas sociedades científicas en diversos ámbitos biomédicos, responsables de revistas de investigación, reciben amplia financiación de la empresa privada y nuestro país no es una excepción2.
Recientemente un reconocido científico español tuvo que dimitir de su puesto de director médico en un prestigioso centro por no desvelar en diversas publicaciones científicas todos sus conflictos de interés. No es el único. Se ha publicado que solo un 32% de los autores con conflictos de interés en el campo de la oncología declaraban la totalidad de los pagos realizados por los sponsors de los ensayos clínicos3 y que el 62,7% de los autores no declaraban los pagos recibidos de grandes industrias de fabricación de aparatos médicos4. Como afirma una antigua editora del New England Journal of Medicine, a la industria privada, le merece la pena cada céntimo gastado con tal de poder disponer de líderes de opinión médica en su “nómina”5. Hay formas muy sutiles de ganarse la colaboración del investigador y del profesional sanitario: apoyando la realización de congresos, de cursos de formación, comidas, viajes y reuniones de trabajo, etc. Como consecuencia, el investigador o profesional sanitario creará consciente o inconscientemente un vínculo, al principio muy sutil, pero muy eficaz, de colaboración con la industria que le apoya. Nos guste o no, como afirmaba Quevedo: “Poderoso caballero es Don Dinero”.
Hay buena evidencia de que los resultados científicos financiados por la industria tienden a favorecerla y, así, incrementan la rentabilidad de esas industrias6,7. A veces el sesgo en los resultados no es tan obvio. Por ejemplo, cuando a menudo se omite la publicación de resultados negativos. En una revisión de 74 ensayos clínicos de antidepresivos financiados por la industria se encontró que 37 de los 38 con resultados positivos fueron publicados, pero que 33 de los 36 estudios con resultados negativos o bien no fueron publicados o bien fueron publicados en una forma que transmitían tendenciosamente positividad8.
Está claro que la declaración de conflictos de interés es mejor que la no declaración. Pero la declaración NO elimina el problema del posible sesgo derivado de los conflictos de interés. Simplemente es una manera de advertir al lector que los resultados pueden estar sesgados y dejar a su decisión la conclusión de si lo están o no. Desgraciadamente los lectores, no suelen poseer todas las herramientas para realizar estos juicios, especialmente cuando hay resultados que se omiten y no se publican (es el sesgo de publicación, principal amenaza de las revisiones sistemáticas).
A la vista de todo ello, proponemos las siguientes soluciones: (1) las revistas científicas deberían declarar todos los posibles conflictos de interés propios y de sus editores de forma transparente y clara. En este contexto, el Editor en Jefe de JAMA en una reciente editorial mencionaba que, si un editor tiene posibles conflictos de interés con un manuscrito o autor específico, el editor será sustituido y no intervendrá en el proceso editorial9, pero lo que no mencionaba eran los medios que utilizaba la revista para llevar a cabo esta resolución. (2) Los autores de un artículo deberían declarar TODOS los conflictos de interés y que sea el lector quien decida si confiará o no en los resultados de la investigación realizada. (3) Si la industria necesita llevar a cabo investigación en colaboración con otros centros médicos o académicos, una solución sería realizar un fondo de investigación único gestionado por un organismo estatal independiente para que sacara a concurso público mediante convocatoria competitiva los proyectos necesarios. De esta forma, se elimina el nexo directo entre industria e investigador. Este nexo directo está en la raíz de los problemas más graves. Si no existe el nexo directo y los fondos son administrados y gestionados por una entidad independiente, será más fácil llevar a cabo una investigación totalmente independiente y libre de posibles conflictos de interés. (4) Desarrollar una legislación adecuada para que los organismos públicos puedan velar de forma correcta por la salud de la población y no sean los intereses económicos los que marquen la agenda política en materia de salud.
