INTRODUCCIÓN
Con la publicación de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales1 (LPRL) se establece un nuevo marco de actuación, basado en la evaluación de los riesgos laborales, entendiendo como tales no sólo los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, sino también toda enfermedad relacionada con el trabajo. El objetivo planteado en la LPRL es proteger la salud de los trabajadores mediante la eliminación de dichos riesgos o, cuando esto no es posible, minimizando su impacto. La Evaluación de Riesgos pasa a configurarse como el componente esencial en este esquema de prevención, quedando definido su contenido en el Reglamento de los Servicios de Prevención2.
A pesar del tiempo transcurrido desde su publicación en febrero de 1996, en opinión de los autores la ausencia de una adecuada asignación presupuestaria, que condiciona los recursos humanos y materiales disponibles, junto con una escasa voluntad política de desarrollar sus contenidos, han limitado de forma ostensible su puesta en marcha efectiva3. Esta situación puede haberse visto favorecida porque probablemente los profesionales no han tenido hasta ahora una conciencia clara de su necesidad4.
En este entorno y tras una década de vigencia de la LPRL nos planteamos el siguiente estudio, cuyo objetivo fue analizar el impacto referido por los profesionales en relación a diversos problemas de salud asociados con la actividad laboral, valorando paralelamente el grado de implantación de las medidas previstas en dicha Ley y el nivel de conocimiento de los médicos hacia su contenido.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio descriptivo transversal, realizado en las Áreas Sanitarias donde el sindicato CESM-Médicos de Madrid tiene Delegados de Prevención de Riesgos Laborales (1, 3, 4, 6, 8 y SUMMA 112) durante julio y agosto de 2005. La muestra quedó conformada por los 2.338 médicos que componen la totalidad de la plantilla orgánica de las áreas sanitarias referidas (1.704) y SUMMA 112 (634).
La recogida de información se realizó mediante una encuesta anónima autocumplimentada. En ella, además de los datos sociodemográficos sexo, edad, estado civil, dispositivo y tipo de contrato laboral, se incluían preguntas que evaluaban el conocimiento de la LPRL y del Plan de Prevención y Atención ante Situaciones Conflictivas (Orden 212/2004, de 4 de marzo), así como otras que permitieran valorar aspectos relacionados con el entorno de trabajo o detectar necesidades sentidas en relación a problemas de salud asociados al trabajo5-9. Todas las preguntas eran cerradas, permitiendo una sola opción de respuesta entre las que se ofertaban. La encuesta fue pilotada en un grupo de trabajadores de cada dispositivo, obteniéndose, tras modificar dos preguntas, el modelo definitivo. Una vez cumplimentadas, los participantes debían introducir la encuesta en un sobre franqueado y remitirla a un apartado de Correos, donde se retiraban por personal administrativo y se trasladaban a una caja común. Finalizado el plazo de entrega se procedió a su apertura e introducción en una base de datos.
Por razones operativas, se distribuyó al conjunto de médicos en tres dispositivos: Atención Primaria (AP), que engloba a los médicos de familia adscritos a centros de salud o consultorios en las áreas mencionadas; Servicio Coordinador de Urgencias (SCU) y Dispositivos Asistenciales (DA). Para estos dos últimos, pertenecientes al SUMMA 112, el criterio fue la realización o no de actividad asistencial directa. Los DA engloban UME, VIR, UAD, Refuerzos y SUAP.
Para el procesamiento y análisis de los datos se utilizó el paquete estadístico SPSS para Windows® (versión 10.0.7; SPSS Inc. Chicago, EE. UU.). Las variables cualitativas analizadas se compararon mediante la prueba Chi cuadrado (χ2); cuando los resultados obtenidos o el tamaño de muestras parciales lo aconsejó se utilizó la probabilidad exacta de Fisher y Yates. El límite de significación estadística fue p < 0,05.
RESULTADOS
El número de cuestionarios válidos fue de 290 (12,4%). Dentro de los indicadores sociodemográficos (tabla 1) se observó que el número de mujeres era mayor en el dispositivo AP que en el resto de dispositivos (p < 0,001), así como que en los dispositivos AP y DA el 50% de los médicos tenía más de 40 años, porcentaje que se elevaba al 87,5% entre los médicos del SCU. Respecto al estado civil, el número de médicos solteros-separados fue mayor (χ2 = 37,11; p < 0,001) en el SUMMA 112 (SCU y DA) que en AP. Por último, la situación laboral que predominaba en los tres dispositivos era la de interino (tabla 1).
Tanto en AP (79,9%; intervalo de confianza al 95% [IC 95%] 0,7373; 0,8552), como en los DA (82,5%; IC 95% 0,7206; 0,8996) y SCU (87,5%; IC 95% 0,6165; 0,9845) la mayoría refirieron no haber sido informados sobre los aspectos relacionados con la seguridad y salud en su puesto de trabajo, siendo similar en cada dispositivo (el 75,3%, el 82,5% y el 81,3%, con IC 95% 0,6834; 0,8112, IC 95% 0,7172; 0,8983, e IC 95% 0,5435; 0,9595, respectivamente) el porcentaje de los que refirieron no haber sido convocados a reconocimientos médicos por parte de su empresa (tabla 2).
Analizando aspectos asociados a la seguridad y salud en el puesto de trabajo, como la utilización de medios informáticos en los dispositivos AP y SCU, se observó que para el 88,1% (IC 95% 0,8248; 0,9221) y el 93,8% (IC 95% 0,6977; 0,9984) de los médicos de estos dispositivos la vigilancia de la salud proporcionada por la empresa no incluía reconocimientos periódicos donde se tuvieran en cuenta los problemas visuales, manifestando el 100% y el 93,8% (IC 95% 0,6977; 0,9984) de ellos que no se les había ofertado un examen oftalmológico antes de comenzar a trabajar con la pantalla de visualización de datos (tabla 3). Este resultado contrasta con la impresión que tienen esos mismos médicos sobre la presencia de problemas visuales probablemente relacionados con su actividad laboral, ya que el 35,1% (IC 95% 0,2841; 0,4280) y el 68,8% (IC 95% 0,4190; 0,9161) de ellos refirieron haberlos tenido en el último año, y con el hecho de ser un problema sentido en mayor medida por los médicos de AP (p < 0,0001) y SCU (p < 0,0001) que entre los de los DA (tabla 3), que no utilizan medios informáticos y donde los presentó el 7,5% (6).
Respecto a la pantalla de visualización de datos en AP y SCU, su posición actual no evitaba reflejos para el 61,3% y el 68,8% de los médicos, siendo este factor más relevante entre las mujeres (p = 0,004) (tabla 4).
Respecto a la mesa de trabajo, los médicos del SCU consideraron en mayor medida que los de AP (62,5% [10] frente al 31,4% [61]) que no tenían dimensiones suficientes para colocar el material utilizado (p = 0,022), así como que no tenían espacio suficiente para poder reposar el antebrazo (56,3% [9] frente a 27,3% [53]; p = 0,038). Aunque la existencia de limitaciones de espacio para acceder a su puesto de trabajo y/o levantarse-sentarse era sentida en mayor medida por los profesionales de AP (30,9% [60] frente al 12,5% [2]), las diferencias no fueron significativas (tabla 4). Por último, para el 33% (64) y el 37,5% (6) la silla de trabajo no permitía mantener una posición estable (exenta de desplazamientos involuntarios, balanceos, riesgo de caídas, etc.), mientras que el 80,9% (157) de los médicos de AP y el 100% (16) de los del SCU refirieron no tener almohadilla para reposar la muñeca. En este mismo campo y dentro de AP, la mayoría de los médicos consideraron que el programa informático utilizado se adaptaba a las tareas que debían realizar (59,8% [116]), era fácil de utilizar (62,4% [121), no se habían sentido inseguros en su manejo (57,7% [112]) y no les había generado problemas en la relación médico-paciente (50% [97]), aunque a muchos de ellos sí les había generado un aumento en la carga de trabajo (47,4% [92]) y una mayoría (60,8% [118]) consideraba que la empresa no le había formado adecuadamente para manejarlo. En la valoración del programa las mujeres, independientemente del grupo etario, consideraron en mayor medida que los varones que era fácil de utilizar (p = 0,005) y se sentían más seguras en su manejo (p = 0,045).
Además de la utilización de medios informáticos, otras actividades laborales también puede ser fuente de problemas de salud. Por este motivo se analizó el impacto referido por los profesionales para diversas patologías asociadas a la actividad laboral y la actitud a nivel de prevención realizada por la empresa, vistos ambos desde el punto de vista del trabajador.
En este sentido, ante la pregunta de si "la vigilancia de la salud proporcionada por tu empresa ¿incluye reconocimientos periódicos donde se tiene en cuenta problemas músculo-esqueléticos?", la respuesta mayoritaria tanto en AP (88,1%; IC 95% 0,8204, 0,9233) como en los DA (68,8%, IC 95% 0,5590, 0,8122) o el SCU (93,8%; IC 95% 0,6977, 0,9984) fue que no (tabla 3).
Sin embargo, cuando se preguntó a los médicos de estos dispositivos "¿has tenido el último año problemas de salud osteomusculares relacionados con tu actividad laboral?", la respuesta fue afirmativa en el 59,8% (0,5249; 0,6698), el 51,3% (0,3903; 0,6378) y el 81,3% (0,5191; 0,9567), respectivamente, observándose que en AP este problema afectaba en mayor medida a las mujeres que a los varones (p = 0,003).
También se observaron diferencias entre dispositivos (χ2 = 64,58; p < 0,0001) en relación a la presencia de problemas auditivos probablemente relacionados con la actividad laboral (tabla 3), de forma que el número de médicos que refirieron haberlos tenido en el último año fue mayor en el SCU (50%; IC 95% 0,2513, 0,8078) que en AP (1,5%; IC 95% 0,0035, 0,0493) y los DA (10%; IC 95% 0,0403, 0,2188), observándose también que este problema de salud afectaba sobre todo a los varones (p = 0,007).
Otro parámetro evaluable dentro de la vigilancia de la salud, la fatiga mental, no estaba incluido en los reconocimientos periódicos que debería proporcionar la empresa para el 89,6% (173) de los médicos de AP, el 70% (56) de los médicos de los DA y el 93,8% (15) de los del SCU.
Respecto a problemas psíquicos asociados a la actividad laboral, el 37,6% (73) de los médicos en AP, el 28,8% (23) en los DA y el 37,5% (6) en el SCU refirieron haberlos tenido en el último año, mientras que los accidentes biológicos y las enfermedades cardiovasculares en relación a la actividad laboral fueron declaradas en menor medida (tabla 3).
También se valoró, dentro de la prevención de riesgos relacionados con la actividad laboral, el impacto referido por los médicos sobre agresiones. Respectivamente para AP, DA y SCU, el 55,2% (0,4721, 0,6278), el 71,3% (0,6047, 0,8141) y el 81,3% (0,4920, 0,9534) de los médicos refirieron haber recibido algún tipo de amenaza verbal durante el desempeño de su actividad en el último año, siendo las diferencias entre SCU y AP (χ2 = 36,36; p < 0,0001) y entre SCU y DA (χ2 = 15,3; p < 0,0001) significativas, aunque no entre DA y AP. El 21,6% (42), el 47,5% (38) y el 12,5% (2) no contestaron a esta pregunta. Entre los que declararon haber recibido amenazas verbales, el 4,6% (9), el 47,5% (38) y el 56,3% (9) refirieron haber recibido más de 9 amenazas en el último año, siendo significativa la diferencia entre el SCU y el resto de dispositivos (χ2 = 36,52; p < 0,0001).
En relación a las agresiones físicas, el 9,3% (0,0520, 0,1516) y el 12,5% (0,0398, 0,2563) de los médicos de AP y DA manifestaron haber recibido en el último año algún tipo de agresión física, mientras que los médicos del SCU no refirieron haber sido objeto de este tipo de agresión. No se observaron diferencias significativas entre dispositivos.
De forma específica para el SCU, para el 93,8% (15) de los médicos el nivel de ruido ambiental existente le dificultaba la comunicación o la atención en su trabajo, mientras que para otro 75% (12) el tipo de actividad realizada no le permitía seguir su propio ritmo de trabajo y hacer pequeñas pausas voluntarias para prevenir la fatiga.
Por último, en relación a hábitos potencialmente no saludables, se observó que, dentro de cada dispositivo (AP, DA y SCU), el 20,1% (39), el 21,3% (17) y el 31,3% (5) de los médicos fumaban habitualmente, porcentajes que fueron del 6,2% (12), el 5% (4) y el 0%, respectivamente, respecto al consumo diario de alcohol, que fue más frecuente entre los varones (p < 0,0001). En esta última pregunta, el 40,2% (78), el 57,5% (46) y el 43,75% (7) no respondieron.
Como objetivo planteado en el estudio, el análisis del nivel de conocimiento de las medidas contempladas en la LPRL y normativa posterior que la desarrolla permitió observar que el 51,5% (100) de los médicos de AP, el 58,8% (47) de los médicos de los DA y el 50% (8) de los médicos del SCU referían no conocer lo que es una evaluación de riesgos, así como que el 56,7% (110), el 58,8% (47) y el 43,8% (7) de ellos, respectivamente, no sabían a dónde o a quién dirigirse ante problemas de salud relacionados con su puesto de trabajo (tabla 2).
Respecto al Plan de Prevención y Atención ante Situaciones Conflictivas (Orden 212/2004), el 69,6% (135), el 92,5% (74) y el 87,5% (14) de los médicos de estos dispositivos refirieron no conocer dicho Plan, no estando las medidas previstas en él instaladas en los centros de trabajo para el 51,5% (100), el 81,3% (65) y el 75% (14) de ellos, respectivamente (tabla 2).
Dentro de los que refieren haber tenido algún problema de salud probablemente relacionado con su actividad laboral, el 2,1% (4) de los médicos de AP, el 2,5% (2) de los médicos de los DA y el 6,3% (1) de los médicos del SCU lo comunicaron al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
DISCUSIÓN
Diversos factores han podido influir en el bajo índice de participación observado, como la realización del estudio en meses coincidentes con el período vacacional estival, que probablemente sea uno de los más relevantes, sin olvidar que la motivación a responder una encuesta sobre un tema que no se conoce también puede afectar negativamente. La utilización como muestra de la totalidad del personal que figura en plantilla orgánica en lugar de una muestra de dicho personal también ha podido contribuir al resultado obtenido.
Aunque el índice de participación es similar al reflejado por otros autores para este tipo de estudios10-12, la escasa participación condiciona que los resultados obtenidos no puedan ser extrapolados al conjunto del sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid. Pero su análisis sí puede permitir detectar oportunidades de mejora en la aplicación en el ámbito médico de la LPRL. Toma de contacto que adquiere mayor relevancia si tenemos en cuenta el escaso número de trabajos realizados sobre este tema13.
Analizando estos resultados se observa que una de las principales aportaciones es mostrar que a pesar de haber transcurrido diez años desde de la entrada en vigor de la LPRL, la implantación de las medidas previstas en ella prácticamente no se ha llevado a cabo en el ámbito médico de la sanidad pública madrileña.
Consecuencia de ello, o en relación directa con este resultado, es que existe un preocupante desconocimiento entre los médicos sobre los contenidos de dicha Ley, ya que la mitad o algo más de la mitad de ellos, según el dispositivo, desconoce lo que es una evaluación de riesgos y la mayoría no sabe a dónde o a quién dirigirse ante problemas de salud relacionados con su puesto de trabajo.
Y tampoco es conocida por la mayoría de los médicos la normativa que desarrolla la LPRL, como el Plan de Prevención y Atención ante Situaciones Conflictivas (Orden 212/2004), desconocimiento que puede posibilitar situaciones de desamparo ante una agresión. Este hecho cobra mayor relevancia si tenemos en cuenta la frecuencia referida de agresiones y si se confirma que, como apunta la mayoría, las medidas preventivas previstas en dicho Plan no están instaladas en su centro de trabajo.
De este desconocimiento también es responsable la empresa, que probablemente no ha asumido las competencias que le son propias, ya que los médicos refieren de forma ampliamente mayoritaria no haber sido informados sobre los aspectos relacionados con la seguridad y salud en su puesto de trabajo (art. 18.1 LPRL), así como no haber sido convocados a reconocimientos médicos (art. 22 LPRL).
Este estudio sugiere, además, que el dispositivo donde se trabaja y el género tienen un papel relevante en la génesis de problemas de salud, así como que existe un acúmulo de problemas referidos de salud en algunos dispositivos (SCU).
Así, los problemas visuales son sentidos en mayor medida por los médicos de AP y el SCU que por los de los DA, contrastando que a pesar de que un elevado porcentaje de médicos refiere haberlo padecido en el último año, prácticamente a ninguno de ellos se le había ofertado un examen oftalmológico antes de comenzar a trabajar con la pantalla de visualización de datos, situación que contradice lo dispuesto en el Real Decreto 488/19975.
Junto con los problemas visuales, los médicos del SCU refieren con mayor frecuencia que los de otros dispositivos problemas auditivos, sobre todo los varones. En su génesis podría tener un papel relevante el elevado nivel de ruido ambiental sentido por los profesionales que desempeñan su actividad en dicho ámbito, que dificulta para la casi totalidad de ellos la comunicación o la atención en su trabajo6. Si a estos factores asociamos la ausencia de tiempos muertos para evitar la fatiga y el nivel de agresión que sufren, el resultado es un colectivo vulnerable al estrés y al burnout14,15.
La probabilidad de sufrir una agresión, su frecuencia e incluso el tipo de agresión podría así estar asociada al tipo de trabajo, ya que es mucho más frecuente sufrir una agresión verbal siendo trabajador del SCU que de AP o de un DA, y sufrirla de forma más reiterada. En cualquier caso, el resultado observado es elevado, tanto en las verbales como en las físicas, no pudiendo descartarse que la escasa implantación de las medidas contempladas en el Plan de Prevención y Atención ante Situaciones Conflictivas pueda estar condicionando de forma negativa estos resultados.
Por otro lado, se puede estar dando en muchos profesionales la introspección de que la agresión verbal es casi inherente al puesto de trabajo, sobre todo en los dispositivos DA y SCU, favoreciendo que una gran parte de las agresiones verbales recibidas no sean transmitidas. Esta situación, que genera estrés y puede contribuir al burnout, debería ser mejorada con una adecuada formación en el manejo de situaciones conflictivas, sin olvidar su evaluación como riesgo laboral.
Llama también la atención entre los resultados obtenidos el hecho de que el número de solteros/separados sea mayor entre los médicos del SCU y de los DA que entre los médicos de AP, sobre todo si tenemos en cuenta que la mayoría de ellos tiene más de 40 años. Aunque no puede descartarse que este tipo de puestos de trabajo sea seleccionado por profesionales que reúnen previamente estas características, este resultado también debería ser analizado, ya que se puede estar traduciendo en problemas a la hora de conciliar la vida laboral y familiar y/o podría condicionar problemas de salud a estos colectivos médicos.
Respecto a la utilización de medios informáticos, la visión aportada por los profesionales permite sugerir que también en este aspecto se está incumpliendo la normativa, ya que para una mayoría de profesionales la posición de la pantalla de visualización de datos no evita reflejos, favoreciendo los problemas visuales, y no disponen de almohadilla para reposar la muñeca, lo que favorece los problemas neurológicos9 y osteomusculares6-8. Y tampoco se cumple adecuadamente en relación al mobiliario en el SCU, donde las dimensiones de la mesa de trabajo no son las adecuadas para permitir colocar adecuadamente el material utilizado, o para poder reposar el antebrazo7,9.
La ausencia de una adecuada formación por parte de la empresa en el manejo de las herramientas informáticas16 y equipos, además de ser fuente de problemas de salud, incumple el artículo 19 de la LPRL. Pero además genera un aumento en la carga de trabajo, que, junto con las incomodidades físicas mencionadas, afecta negativamente a la calidad de vida profesional17.
Por último, en el ámbito de la AP los problemas osteomusculares son referidos en mayor medida por las mujeres, por lo que debería realizarse una evaluación de las causas que condicionan este problema.
Como resumen, este estudio pone de manifiesto que entre los médicos hay un importante desconocimiento de la LPRL. Aunque la ausencia de una cultura en la prevención de los riesgos laborales inherentes a su profesión, más allá de los estrictamente infecciosos, o la subestimación de los riesgos18 puede estar contribuyendo al mantenimiento de la situación actual, la responsabilidad última en el desarrollo de la LPRL corresponde a la Administración sanitaria, que debe adoptar un papel más activo que el realizado hasta ahora3. En esta línea, el trabajo de los Delegados de Prevención, como agentes activos que fomenten el cumplimiento de la LPRL y faciliten su difusión (art. 18.1 LPRL) cobra un papel relevante, debiendo tomar nota de las deficiencias apuntadas en este estudio para contribuir a su resolución19.
En la situación actual, la ausencia de canales de comunicación o la no difusión de su existencia hace que las necesidades de salud sentidas por numerosos profesionales no encuentren respuesta en los Servicios de Prevención o en la Administración sanitaria, contribuyendo con ello a su perpetuación y vulnerando el espíritu de la Ley (art. 14 LPRL)1,4.
Por otro lado, la suma de problemas de salud en el SCU recomienda la realización de una evaluación de riesgos con carácter prioritario20.
También las diferencias detectadas entre dispositivos y con relación al género aconsejan que el diseño de las evaluaciones de riesgos tenga en cuenta estos aspectos y se adapte no sólo a las características del ámbito laboral, sino también a las de sus profesionales21. Por ello, estos resultados deberían ser tomados en consideración por los Servicios de Prevención y por los responsables en la planificación de los centros sanitarios.
Correspondencia: V. Martín Moreno.
Centro de Salud Los Ángeles.
C/ Totanes, 3.
28041 Madrid.
Correo electrónico: amanvic@telefonica.net
Recibido el 23-10-06; aceptado para su publicación el 01-06-07.
