LAS ELITES Y LOS CAMPOS DE DISPUTA EN NICARAGUA: UNA MIRADA RETROSPECTIVA

RESUMEN

Las élites en Nicaragua han estado empeñadas en una larga disputa por la hegemonía del poder que se remonta a la época de la dinastía de los Somoza en la década de los 70 en el siglo pasado. A lo largo del tiempo es posible observar cómo se van desplazando los campos de la contienda y los actores que participan en ella, pasando del ámbito de lo económico a lo político y viceversa, según el momento. Casi cuarenta años después, el problema de la hegemonía y el poder entre las élites no se ha resuelto y amenaza con revivir los viejos autoritarismos.

ABSTRACT

Nicaraguan elites have been fighting a long dispute to obtain and keep power from Somoza's dynasty, back to the 70's in the past century. It is possible to observe how the areas of dispute and also the actors, have been moving from the public to the private sector, and vice versa. Forty years later, this problem has not been solved, and threatened to rescue an old authoritarism.

INTRODUCCIÓN

Durante las últimas décadas, el proceso político en Nicaragua ha llamado la atención de la academia en varios momentos debido a los drásticos cambios que ha experimentado. Efectivamente, ese interés no ha sido gratuito. En el país se estableció una de las últimas revoluciones y se libró una de las más duras batallas entre las potencias que se disputaban la hegemonía mundial en las postrimerías de la Guerra Fría, en el pasado siglo xx. A partir de 1990, cuando en el país se abrió la época de las democracias liberales, el interés académico disminuyó significativamente hasta hace poco tiempo: en 2007, el partido que lideró la Revolución, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (fsln), regresó nuevamente al gobierno a través de un proceso electoral.

Entre 1970 y 1990 el país experimentó dos momentos que han sido considerados como de transiciones políticas: el primero fue en 1979, con el derrocamiento de la dictadura somocista y la instalación de la Revolución Popular Sandinista; el segundo, en 1990, cuando la señora Violeta Barrios viuda de Chamorro fue electa presidenta del país, poniendo fin al proyecto político de la Revolución y a una prolongada guerra interna. Entre uno y otro acontecimiento, la historia política del país ha transitado de una dictadura a una revolución, luego a una democracia liberal y más recientemente, a un gobierno que se identifica con las llamadas nuevas izquierdas latinoamericanas.

Hasta 1979 Nicaragua estuvo gobernada por el régimen dinástico de la familia Somoza que se caracterizó por la concentración de poder político y económico, los métodos autoritarios de control y la represión abierta, especialmente los últimos años de su existencia. Del régimen dictatorial y patrimonial, el país pasó al de la Revolución Popular Sandinista, identificada con los socialismos reales del siglo xx, muy cercano a la Unión Soviética y su bloque de países aliados, enfrentado abiertamente a Estados Unidos y envuelto en un conflicto bélico interno de grandes dimensiones. La Revolución intentó construir una nueva propuesta política para el país y contó con una amplia legitimidad política; sin embargo, las consecuencias de la guerra retaron poderosamente al proyecto revolucionario y configuraron un escenario en el que la mayoría de la sociedad nicaragüense aprovechó una campaña electoral para expresar en las urnas su deseo de acabar el largo conflicto militar. En 1990, los resultados electorales favorecieron a la coalición opositora Unión Nacional Opositora (uno), con la señora Chamorro al frente. Eso significó un cambio de gobierno pero también la apertura de un proceso complejo de transición en el que se entremezclaron los aspectos políticos, económicos y sociales. El país entró a una nueva etapa gobernada por un régimen democrático liberal, el libre mercado y la globalización. Dieciséis años después, el fsln regresó a la presidencia y, con su gobierno, regresó también el fantasma del pasado autoritario por la concentración de poder en la figura del presidente y su estilo centralizado de gobierno. Este momento ha marcado un punto de inflexión en el proceso democrático del país y ha provocado numerosas interrogantes acerca de su futuro.

La profundidad de los cambios que ha experimentado Nicaragua en ese ínterin, analizados desde la perspectiva de la sociología histórica, sugieren que el país ha recorrido una larga transición política, marcada por altibajos y complejidades, cuya comprensión y explicación exigen ir más allá de una época o un momento específico. Este ensayo propone una lectura retrospectiva y de largo plazo, intentando escudriñar los cambios sociales y políticos que acompañan a los acontecimientos o momentos relevantes de las últimas décadas en Nicaragua. Las complejidades del proceso político son tan significativas que el ensayo propone abordarlo analizando a las élites, un grupo sobre el cual hay un renovado interés en el país y en Centroamérica, pues es evidente que también están experimentando cambios.

Si bien estos sectores de la sociedad han sido estudiados recientemente, en la mayoría de los trabajos predomina el enfoque económico, como en el caso de Spalding (1994), quien ha seguido la pista de los grupos de poder económico desde hace varias décadas. Otros trabajos se enfocan en la evolución del pensamiento político de las élites políticas, especialmente de aquellas asentadas en el aparato estatal, como en el caso de Pérez Baltodano (2003). Otros estudios analizan el proceso politico de Nicaragua en períodos recientes específicos pero desde una perspectiva que involucra a diferentes actores.

En esta propuesta se procura explorar las complejidades de los cambios que han experimentado las relaciones entre diferentes grupos de poder, sus intentos para constituir una élite hegemónica que lidere el proceso, el surgimiento de nuevos grupos de poder y las tensiones que generan estos cambios.

Detrás hay una hipótesis puesta a debate: el proceso político en Nicaragua es la expresión de otro más amplio y profundo en el cual la sociedad nicaragüense experimenta una transformación social profunda. Su temporalidad no se reduce a los grandes acontecimientos políticos sino a una compleja interacción entre individuos, grupos e instituciones a lo largo de varias décadas. Uno de sus efectos se expresa en la modificación de las correlaciones entre diferentes actores sociales, económicos y políticos, entre ellos, las élites de poder. Para los propósitos de este ensayo, las élites de poder son entendidas en forma similar a como las definió C. Wrigt Mills (1975); es decir, como grupos cuyo poder proviene de diferentes fuentes (económicas, políticas, burocráticas, militares), que interactúan de forma dinámica y tienen capacidad de influencia en el Estado y en decisiones de importancia nacional. El ensayo intenta, entonces, hacer un recorrido a través de los cambios que se han producido en la interacción de distintos grupos de poder en Nicaragua, sus tentativas por constituirse en élites hegemónicas, y las tensiones y disputas que se han generado entre ellos tratando de alcanzar sus objetivos.

EL CÍRCULO DE HIERRO DE LOS SOMOZA

La dictadura de la familia Somoza marcó la historia reciente de Nicaragua porque se constituyó en una dinastía que dominó al país desde mediados de la década de 1930 hasta 1979, cuando fue derrocada por un movimiento popular liderado por el fsln. Tres miembros de la familia gobernaron a Nicaragua en el transcurso de ese periodo y el régimen es considerado una de las dictaduras más longevas de Latinoamérica y una de las más crueles también. Los Somoza lograron constituirse exitosamente como un grupo de poder que controlaba la economía y la política nacional a través de un círculo de hierro que tenía como agente principal a la Guardia Nacional,¹ el ejército personal de la familia.

El iniciador de la dinastía, Anastasio Somoza García, fue un hábil negociador que provenía de una familia acomodada y educada, pero no pertenecía a ninguno de los dos grupos oligárquicos que se disputaron el poder económico y político del país desde la independencia hasta el establecimiento del régimen somocista. Somoza García logró ganarse la confianza de los Estados Unidos y de un grupo de políticos nicaragüenses, de tal manera que en poco tiempo se posicionó favorablemente hasta ser nombrado Director de la Guardia Nacional. De allí hasta alcanzar la Presidencia, el trecho fue corto: fue elegido presidente de Nicaragua en 1937 y utilizó sus influencias y los recursos estatales para construir un grupo de poder hegemónico en el que participaban principalmente sus familiares y algunos cercanos allegados que en realidad eran una red de protección para los negocios y el poder de la familia.²

El régimen somocista es caracterizado como un régimen represivo desde sus inicios. Numerosos testimonios así lo muestran, como en el caso del periodista Pedro Joaquín Chamorro (ibid), uno de los más connotados opositores al régimen, hasta su asesinato en 1978. Esa naturaleza represiva se incrementó durante la segunda mitad de los años 70 del siglo pasado y especialmente los dos últimos años del régimen, hasta 1979, cuando fue derrocado.³ Pero los Somoza lideraron un proceso de cambios importantes en la sociedad nicaragüense. Durante toda la década de los 60, la economía nicaragüense experimentó un proceso que llevó a considerar al país como uno de los más prósperos y de más rápido crecimiento en la región centroamericana.

Junto con el crecimiento económico se desarrollaron también procesos de ampliación y especialización de la burocracia estatal y la ampliación de ciertos beneficios sociales a sectores de población menos favorecidos, entre ellos: ampliación de la cobertura de seguridad social a una gran cantidad de empleados públicos y privados, creación de una red de atención hospitalaria en todo el país, fomento de los programas productivos y el crédito para las cooperativas agrícolas. El resultado fue el crecimiento de la clase media, la rápida incorporación de las mujeres al mercado laboral, el crecimiento de los centros urbanos y una mayor diferenciación social y económica entre la sociedad nicaragüense.

En el ámbito político, Somoza conformó su propio aparato político con el Partido Liberal Nacionalista, que contaba con un ala femenina y juvenil. El partido proveía legitimidad y aseguraba los votos en los procesos electorales de la época, ya sea para elegir al propio Somoza y sus descendientes o bien para elegir a la persona designada por ellos como candidato para asumir la presidencia. Cuando Somoza se percató de la importancia que las mujeres estaban adquiriendo en el ámbito laboral y por presión del incipiente movimiento feminista del país, decidió establecer el voto femenino (Santamaría s.f.). Una buena parte de su apoyo se encontraba en los grupos sociales de más bajos recursos en el sector rural y los centros urbanos, los cuales recibían incentivos para concurrir a sus actividades a través de una activa política clientelista que otorgaba favores o pequeños beneficios.

A pesar de la “modernización” económica y política promovida por los Somoza, la constitución de su régimen dinástico significó un acelerado proceso de concentración y acumulación de capital y poder político que provocó mucho descontento entre distintos sectores sociales, económicos y políticos del país, entre ellos, las élites económicas, especialmente la vieja oligarquía agraria y grupos de un nuevo empresariado vinculado con las actividades industriales y comerciales (Spalding ibid). En el plano político, el régimen de los Somoza encontró resistencia a su proyecto político desde el inicio entre grupos de las élites económicas pero también entre sectores de población campesina —que sufrieron el despojo de tierras durante los procesos de concentración y acumulación de capital (Gould, 2008)— y en el movimiento obrero del país (Gould 1997, Guevara López, 2008).

Desde finales de los 60 y durante la década de los 70 el descontento creció considerablemente y dio paso a la conformación de diversos grupos y movimientos sociales de oposición como el movimiento estudiantil, muy estructurado, amplio y beligerante; el surgimiento de diversos grupos de intelectuales y artistas; grupos de campesinos demandantes de tierra y descontentos por las políticas represivas de la Guardia Nacional en el campo; y grupos de pobres urbanos, especialmente en la ciudad capital Managua, luego del terremoto que la destruyó en 1972 y que fue aprovechado por los Somoza para apropiarse de la ayuda recibida de la comunidad internacional. En esa misma época se conformó y consolidó un grupo guerrillero de izquierda, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (fsln), que se nutrió principalmente de jóvenes universitarios, una buena parte de ellos provenientes de la clase media, y que optaron por la guerra de guerrillas y la lucha clandestina como alternativa de acción política frente al cierre de los espacios políticos convencionales y la fuerte represión estatal. Este grupo tenía fuertes vínculos con los movimientos guerrilleros y de izquierda latinoamericanos, especialmente con Cuba, y las izquierdas europeas, particularmente el llamado bloque socialista.

En la medida en que el descontento aumentaba y tomaba forma de movimiento social, el régimen somocista optó por la coerción y la represión abiertas para intentar sofocarlo. Toda la década de 1970 y especialmente entre 1976 y 1979, hasta su derrocamiento, la Guardia Nacional realizó sistemáticas jornadas de represión en el campo y los principales centros urbanos del país hasta que en 1978 estalló una insurrección sostenida que se extendió hasta el 19 de julio de 1979, cuando el movimiento popular logró la huida del último Somoza. A estas formas de organización se sumaron varias iniciativas de las élites económicas, oligarquía tradicional y nuevos grupos empresariales, que fueron afectados por el monopolio económico y político construido por la dictadura somocista, tal es el caso de la uno, que agrupaba empresarios privados opuestos al régimen.

Para el derrocamiento de la dinastía somocista convergieron algunos factores configurados en el mediano plazo. Sin tratar de ser exhaustivo, uno de ellos fue la conformación de diversas iniciativas políticas a lo largo del tiempo, que incluyeron la constitución de varias agrupaciones de izquierda, sindicatos, organizaciones estudiantiles, el movimiento de mujeres y otras formas organizativas. Poco a poco en el país se conformó un frente amplio y diverso en el que participaban distintos sectores y movimientos sociales, desde grandes empresarios hasta campesinos sin tierra y pobladores urbanos, dentro y fuera del territorio nacional. El elemento de identificación era el descontento con el régimen de los Somoza y la disposición de cambiarlo a través de la única vía que el mismo régimen dejó como opción: la acción armada. A ellos se sumó la comunidad internacional que demandaba el respeto a los derechos humanos y una transición pacífica hacia un gobierno democrático. La articulación de ese frente amplio fue un proceso que tomó varios años y significó construir confianza, establecer consensos, negociaciones, acuerdos y una gran voluntad de los propios actores políticos.

Otro factor fue la creación de interpretaciones sobre la realidad y las alternativas de acción política a partir de la experiencia de las propias organizaciones que se nutrió al menos de dos vertientes: a) el pensamiento de Augusto C. Sandino y el de la izquierda latinoamericana, y b) la teología de la liberación surgida dentro de la Iglesia católica. El pensamiento político de la izquierda latinoamericana en la década de 1970, así como el rescate del pensamiento y la gesta heroica de Sandino (Fonseca Amador s.f.) construyeron una interpretación y un discurso político movilizador que sustentó las acciones del fsln en primer lugar, y del movimiento antisomocista en general. Por su lado, la teología de la liberación y su influencia en los procesos políticos del país alimentó en buena medida el movimiento popular y los procesos de cambio en la conciencia de la sociedad nicaragüense, porque también logró construir una interpretación y una propuesta de acción respecto a la realidad del país en esa época. El discurso religioso comprometido con los grupos más pobres e indefensos del país caló profundamente en la sociedad nicaragüense, especialmente por los niveles de represión y las injusticias sistemáticas de la Guardia Nacional.⁴ Las iglesias se convirtieron en espacios de reflexión, organización y movilización especialmente durante los últimos años de la dictadura cuando se perseguía duramente a la oposición.

Durante todo el período de la dinastía de los Somoza es posible identificar al menos tres campos abiertos de disputa: en lo económico, por el monopolio de los Somoza que impedía la articulación de los viejos y nuevos grupos con los procesos económicos latinoamericanos y mundiales en curso; en lo político, por el cierre de los espacios de participación en el sistema político, y en lo social, por los límites del modelo para ofrecer bienestar y equidad a amplios sectores de la población. En el plano económico, la disputa se enfocó en las élites y los grupos en disputa eran al menos tres: el monopolio familiar de los Somoza —que se había constituido como un grupo económico a partir de acelerados procesos de concentración y acumulación de capital—, la vieja oligarquía vinculada con las actividades agropecuarias —que sufrió el despojo de espacios y tierras durante el proceso de acumulación y concentración de capital— y un nuevo grupo de empresarios privados vinculados con las actividades comerciales e industriales que buscaban nuevas formas de articulación con los procesos económicos internacionales en curso. Los dos últimos estaban limitados en sus posibilidades a causa del monopolio de los Somoza sobre los sectores más importantes de la economía nacional, el despojo que sufrieron durante el proceso de acumulación y concentración de capital y por el férreo control político de la dinastía sobre la institucionalidad estatal y los espacios políticos que hacían posibles sus operaciones económicas.

En el plano político la disputa era más amplia, debido a la cantidad de actores involucrados, sobre todo en la medida en que se extendió la oposición al régimen de los Somoza. Ese campo estaba disputado entre otros actores, por las viejas oligarquías, los nuevos grupos empresariales, agrupaciones de intelectuales y profesionales reconocidos pertenecientes a la clase media, líderes religiosos y líderes políticos que no encontraban espacio para canalizar sus propios intereses y demandas en el sistema político, y que pretendían abrirlo a la participación de nuevos actores representativos de los diferentes sectores emergentes dentro de la sociedad nicaragüense. Todos estos actores presionaban fuertemente para transformar la estructura de poder político y abrir espacios que les permitieran participar activamente en los procesos de toma de decisiones dentro del sistema político.

En lo social también se abrió un campo de disputa en la medida en que numerosos sectores populares presionaban al gobierno para que ampliara y fortaleciera los derechos y beneficios sociales a grupos más grandes de población, estableciendo una especie de capitalismo social (Sennett 2006), que facilitara la redistribución de la riqueza en términos más equitativos entre diferentes estratos sociales. El control monopólico de la dinastía Somoza sobre los tres campos solamente hizo posible la transformación de la estructura de poder a través de la vía armada.

LA PROMESA DE LA REVOLUCIÓN

El 19 de julio de 1979, el último de los Somoza tuvo que abandonar el país y la Guardia Nacional firmó su rendición ante las columnas guerrilleras del fsln. Al día siguiente, la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (jgrn) y los combatientes populares entraron a victoriosos a Managua, la capital del país, para instalar formalmente el gobierno de la Revolución Sandinista. La Junta de Gobierno estaba conformada por cinco personas que representaban a los sectores más importantes del frente amplio que se organizó durante la insurrección popular que derrocó a la dictadura somocista: Violeta Barrios de Chamorro, viuda del periodista mártir Pedro Joaquín Chamorro; Moisés Hassan, en representación de los combatientes populares urbanos; Sergio Ramírez Mercado, por los intelectuales; Alfonso Robelo, en representación de los empresarios privados y Daniel Ortega, en representación del fsln y quien fungía como coordinador de la Junta. A pesar de la diversidad de sectores representados en el frente amplio, desde el inicio las posiciones del fsln prevalecieron por encima de los demás sectores, de tal manera que el proceso político fue definido como revolucionario y socialista, además que propició un acercamiento temprano a Cuba y los países del llamado bloque socialista liderados por la ex Unión Soviética (urss).

Esta definición del proceso revolucionario provocó la desintegración de la dirigencia del frente amplio, aun cuando contaba con un amplio apoyo popular. Los sectores que se desprendieron del proyecto revolucionario eran diversos, vinculados con fracciones del amplio frente de lucha contra la dictadura, pero que no se sentía incluidos en la definición socialista del proceso y no estaban a favor con diversas políticas promovidas desde el gobierno (Martí, 1997). De estos grupos surgieron varias expresiones de oposición: a) la oposición política que permaneció dentro del país y estaba compuesta por partidos, grupos políticos y organizaciones sindicales, y b) el directorio y las fuerzas militares de la “contra”, así como grandes grupos de exiliados localizados principalmente en Estados Unidos, Costa Rica y Honduras.

Del lado del gobierno y el fsln se intentó conformar un bloque hegemónico que liderara el proceso, el cual estuvo integrado por grupos de clase media e intelectuales que apoyaron al fsln durante la insurrección para derrocar a la dictadura somocista; fracciones de las élites económicas que se separaron de sus grupos originales; una nueva burocracia política y estatal, que incluyó un nuevo estamento militar, y un amplio tejido de liderazgos sociales proveniente de grupos sociales pobres como campesinos, obreros y pobres urbanos (Núñez Soto, 1987). Sin embargo, la diversidad de actores que conformaban el bloque implicaba intereses en algunos casos antagónicos y difíciles de conciliar que eventualmente entraron en tensión, de tal manera que, en realidad, la alianza no se consolidó y dentro del gobierno y la dirigencia revolucionaria prevalecieron las posiciones vinculadas con ciertos grupos de poder. Esas tensiones se expresaron en políticas contradictorias como la ampliación de beneficios y derechos sociales para grandes grupos de población que antes estuvieron privados de ellos, una reforma agraria que modificó significativamente la estructura de la tenencia de la tierra, mientras que las políticas agrarias y étnicas generaron mucho descontento y conflicto social en las zonas rurales (Martí, 1997).

La complejidad y profundidad de los cambios producidos por la Revolución Sandinista en la sociedad nicaragüense fueron tales que tuvieron como efecto mayor diferenciación y politización expresados en la diversificación de la especialización laboral, la ampliación de la cobertura educativa y la creación de tejidos organizativos extensos y fuertes en todo el país, estrechamente vinculados con las actividades del gobierno y la gestión pública. Sin embargo, precisamente por las características de los cambios y la diversidad de intereses, se generó también una gran polarización política y se abrieron diversos campos de disputa que tuvieron su expresión más aguda en la guerra que se prolongó prácticamente durante toda la década que duró el experimento revolucionario. Estas tensiones y conflictos fueron alimentados por la intervención de las dos súperpotencias que en ese momento se disputaban la hegemonía mundial en el contexto de la Guerra Fría: Estados Unidos y la urss. Nicaragua se convirtió en el escenario donde se resolvía una de las últimas batallas por la hegemonía del sistema internacional (Gobat, 2005).

Uno de los campos de disputa más fuertes estuvo referido a los aspectos económicos. El gobierno de la Revolución modificó radicalmente la orientación del modelo económico estatal desde la instalación del régimen y su acercamiento con los países del bloque socialista. La economía del país estaba definida como socialista con propiedad mixta y con una fuerte intervención estatal a través de la regulación y planeación centralizada (Coraggio y Deere, 1986). En términos de políticas, uno de los cambios más importantes se efectuó en la propiedad, la tenencia de la tierra y el patrimonio estatal. La base de esta transformación fue la confiscación de grandes extensiones de tierra propiedad de la familia Somoza, sus allegados y latifundistas provenientes de la oligarquía agraria, y la apropiación de grandes extensiones de tierra no ocupadas. El gobierno sandinista también confiscó fábricas y negocios que formaban parte del patrimonio Somoza y sus colaboradores cercanos. Con esos bienes se llevó adelante una extensa reforma agraria que entregó títulos de propiedad a miles de campesinos pobres y sin tierra bajo dos modalidades: cooperativas y parcelas individuales. Las propiedades que pasaron a integrar el patrimonio estatal estaban administradas por colectivos de producción o por el mismo Estado (Bonilla Toruño 2015). Este manejo de la economía y la modificación sustantiva en la estructura de la propiedad y la tenencia de la tierra generó fuertes conflictos entre el Estado sandinista y varias facciones de las élites de poder económico porque éstas esperaban que, una vez derrotada la dictadura somocista, contarían con espacios y condiciones suficientes para materializar sus intereses, especialmente dentro del Estado. Sin embargo, el eje hegemónico de la Revolución estaba constituido por una alianza entre el liderazgo político revolucionario nucleado en el fsln, varias facciones provenientes de esas mismas élites económicas (Gobat, 2014), una élite conformada entre la nueva burocracia estatal y el estamento militar y un amplio liderazgo social proveniente de las numerosas organizaciones sociales constituidas en todo el país a raíz del triunfo de la Revolución. Con esa configuración, el campo de disputa abierto en torno a la economía se trasladó también a la política y tuvo como su expresión más cruda en el largo conflicto militar que se extendió durante toda la década de los 80.

La disputa política constituyó un proceso complejo y multiescalar que no se dirimía solamente en los espacios convencionales sino prácticamente entre toda la sociedad nicaragüense. La guerra también fue la expresión de la última gran contienda global por la supremacía de las potencias durante la Guerra Fría y Nicaragua fue uno de los escenarios donde se libró una cruenta batalla por la hegemonía mundial entre Estados Unidos y la Unión Soviética.

En el espacio doméstico la disputa tenía varias expresiones: en las zonas rurales, como un guerra abierta en la que se enfrentaban las fuerzas militares de la Revolución y las fuerzas militares de la “contra” conformadas por diferentes agrupaciones irregulares, integradas a su vez por campesinos descontentos (Martí, 1997), indígenas y grupos étnicos que reclamaban su derecho a la autonomía (González, Jiménez y del Cid 2013), y antiguos oficiales de la Guardia Nacional, así como allegados al régimen somocista. La “contra” tenía también un directorio político conformado por civiles que realizaban acciones de cabildeo e incidencia para conseguir apoyo en el exterior del país, especialmente en Estados Unidos. Dentro del país también existían diversas agrupaciones y partidos políticos, algunos ocupando espacios en el parlamento de la época, y otras sin personería jurídica, que realizaban acciones de oposición cívica en ocasiones específicas como las elecciones de 1984 y más adelante, durante la campaña electoral de 1990, aglutinadas como un frente amplio de oposición, la uno. En la base de la sociedad la disputa política se vivía como una fuerte polarización política que enfrentaba a organizaciones sociales como sindicatos, iglesias y población en general.

Las fuerzas simpatizantes del proceso revolucionario que conformaban el bloque hegemónico encontraron una fuerte resistencia política en los grupos armados irregulares de la “contra” y la oposición política, de tal manera que, a pesar de sus avances y el amplio tejido organizativo construido en todo el país, no logró consolidarse, mientras que la uno logró condensar un silencioso y creciente descontento en una buena parte de la población, que se expresó claramente en los resultados electorales de 1990 y en el fondo demandaba el fin de la guerra (Saldomando, 1996, Close 1999).

LA LARGA TRANSICIÓN HACIA LA DEMOCRACIA

La inesperada victoria de la uno en las elecciones tuvo repercusiones más allá del simple traspaso de gobierno; en realidad significó la apertura de una nueva época en la historia de Nicaragua, cuyas complejidades estuvieron marcadas desde sus inicios por el cruce de tres procesos: a) la transición del proyecto político de la Revolución hacia un régimen democrático liberal; b) la pacificación del país y la reconstrucción de la sociedad posterior al conflicto y c) el cambio del modelo económico de la Revolución a uno de libre mercado y la reinserción del país en la economía globalizada (Observatorio Nacional de la Democracia y la Gobernabilidad 2008). Cada uno de ellos abrió campos de disputa distintos e igualmente complejos que involucraron a una diversidad de actores. Los dos primeros se dirimían especialmente en el ámbito de la política; mientras que el último, aunque tuvo una naturaleza esencialmente económica, frecuente se trasladó al ámbito de la política por las decisiones que involucró.

La derrota electoral del proyecto revolucionario tuvo como consecuencia directa el fin de la guerra porque el alto porcentaje de participación electoral de los ciudadanos y la abrumadora mayoría que favoreció a la uno desplazó a los protagonistas militares de la contienda política y devolvió el protagonismo a los actores civiles; sin embargo, el traspaso de gobierno se visualizó como un acontecimiento difícil por el nivel de polarización y la desconfianza existente en la sociedad nicaragüense. La alternativa de solución fue el establecimiento de un acuerdo entre la uno y el gobierno sandinista, que es conocido como el Protocolo de Transición y que en sus aspectos fundamentales incluyó la vigencia de la Constitución Política, la permanencia de las fuerzas armadas —ejército y policía— y la estabilidad laboral para miles de empleados estatales, entre otros (Cuadra, 2009). El acuerdo creó las condiciones para un traspaso pacífico del gobierno, pero la forma prácticamente privada en que fue negociado⁵ modeló el estilo y la dinámica de negociaciones posteriores entre las élites políticas y económicas. Esto transcurrió así por lo inesperado de los resultados electorales: del lado del fsln y el gobierno sandinista, el cálculo político estaba orientado a la creación de un nuevo balance de fuerzas políticas y no necesariamente una ruptura como la que ocurrió. Mientras que en el caso de la uno, ésta era una coalición conformada con propósitos electorales, no una alianza ni un bloque de fuerzas políticas hegemónicas, de manera que el campo de disputas se extendió incluso al interior de estas agrupaciones dando lugar a disidencias y el temprano fraccionamiento. Los actores en pugna eran diversos, e incluían a la vieja oligarquía agraria, el nuevo empresariado comercial y transnacional, la clase media intelectual y política, remanentes del bloque hegemónico de la Revolución, algunos localizados dentro del fsln, otros buscando su propio espacio, y la recién constituida élite burocrática estatal.

El nuevo gobierno intentó establecer un régimen de democracia liberal enfocándose en la creación de una institucionalidad estatal que correspondiera con este modelo político, pero sobre todo, que fuera coherente con el modelo económico neoliberal. Eso significó un fuerte y acelerado proceso de achicamiento y reorganización del Estado;⁶ además, de la tentativa para crear una nueva correlación de fuerzas en el sistema político que fuera favorable a las decisiones que debía enfrentar. Esto incluyó el intento de controlar tempranamente a los otros poderes estatales, especialmente el parlamento, la creación de agrupaciones y partidos políticos y la constitución de una alianza o grupo hegemónico que liderara la transición. Para ello, el grupo de la uno asentado en el gobierno desarrolló una serie de negociaciones con diferentes actores y facciones políticas y económicas pertenecientes a las élites, que incluyeron a los diferentes grupos existentes al interior del fsln y la jefatura del ejército (Saldomando ibid). El proyecto para construir una élite hegemónica que liderara la transición no logró progresar debido a la resistencia que encontró en otros grupos que perseguían propósitos similares y fue truncado con la llegada a la presidencia de Arnoldo Alemán al frente de una alianza de fuerzas políticas de tendencia liberal en 1996 (Close y Deonandan, 2004).

Alemán era el representante de un grupo proveniente de la clase media que, actuando desde la política, tenía aspiraciones de constituir un grupo de poder económico. Para eso utilizó todas las influencias y recursos estatales posibles, incluyendo los recursos políticos; pero para llevar a cabo sus propósitos necesitaba una alianza importante con la principal fuerza de oposición: el fsln. Esa alianza se concretó en el año 2000, luego de una serie de negociaciones entre los “operadores” políticos de ambos grupos. El acuerdo es conocido como “el pacto Alemán-Ortega” y significó reformas a la Constitución y la ley electoral para asegurar la alternancia de estas dos fuerzas políticas en la presidencia, el control sobre los otros poderes del Estado a través del nombramiento de magistrados y funcionarios titulares; y la creación de sociedades para la realización de negocios conjuntos. Alemán abandonó la presidencia en el año 2000 y lo sucedió Enrique Bolaños, el candidato elegido de su propia alianza liberal; sin embargo, este último, representante de otros grupos de poder económicos que no veían con simpatía los planes de Alemán, decidió acusarlo ante los tribunales por actos de corrupción en un caso que fue llamado “La Guaca” (Vargas, 1999). Sin control sobre las fuerzas políticas de la alianza liberal y con la fuerte oposición del fsln, el período de gobierno de Bolaños transcurrió saltando de una crisis política a otra hasta finalizar de acuerdo a lo establecido en la ley.

Las disputas en el campo económico se enfocaron en las élites que se competían entre ellas por la hegemonía desde la época de los Somoza, es decir, la vieja oligarquía agropecuaria y nuevos empresarios vinculados con el comercio y las finanzas. Pero a ellos se agregaron otros grupos que pugnaban por adquirir poder, entre ellos estaban los nuevos empresarios sandinistas, que construyeron un importante capital mediante la apropiación del patrimonio estatal y del fsln entre marzo y abril de 1990 —un proceso que es públicamente conocido como “La Piñata” y del cual nunca se conocieron estimaciones respecto a los montos de los bienes apropiados—; un grupo que se nucleó alrededor de Arnoldo Alemán constituidos por líderes políticos neo somocistas y empresarios del sector financiero, y el sector conformado por las fuerzas armadas, especialmente el ejército. En 1990, todos estos grupos se encontraron en una situación en la que se abrían invaluables oportunidades para alcanzar el objetivo que siempre habían deseados: constituirse en el colectivo de poder que hegemonizara la economía del país. La gran oportunidad fue, ciertamente, el enorme patrimonio estatal creado durante la Revolución y los demás recursos del Estado, políticos, económicos y culturales, que podían ser aprovechados para sus propósitos.

Efectivamente, el patrimonio del Estado comenzó a repartirse entre personas del círculo de confianza del gobierno y el partido fsln desde que se conocieron los resultados de las elecciones en 1990, y se convirtieron en bienes de propiedad privada; esto incluía bienes inmuebles en todo el país, tierras y muchos otros. Miles de simpatizantes del partido y del gobierno beneficiados en ese período con la entrega de títulos de propiedad para sus viviendas y algunos bienes materiales menores. Lo que quedó fue entregado al gobierno Chamorro y todavía incluía numerosos y valiosos bienes muebles e inmuebles. Una buena cantidad de ellos fueron vendidos a precios preferenciales a ciertos grupos allegados al gobierno, otra parte, principalmente tierras, fue entregado a grupos seleccionados de desmovilizados del ejército y la Resistencia, y otra fue vinculada con los servicios y privatizada durante la administración de Arnoldo Alemán. El aparato de Estado, uno de los principales recursos perseguidos por todos los grupos, no pudo ser capturado totalmente por ninguno de ellos hasta mediados de la década de 2000, cuando el fsln logró establecer una correlación de fuerzas a su favor en todos los poderes del Estado y volvió a ocupar la presidencia en el 2007.⁷

Otra gran oportunidad fue el establecimiento de un modelo económico neoliberal que favorecía la libre competencia y el mercado. En un contexto de posguerra, esto significó el debilitamiento de la función reguladora del Estado, abrió las puertas para una competencia desleal entre los grupos económicos, y facilitó la llegada de poderosos capitales transnacionales que también han intervenido en la disputa de las élites locales a fin de favorecer sus propios intereses mediante el establecimiento de alianzas con los diferentes grupos dependiendo de cómo evoluciona la correlación de fuerzas entre ellos.

Para el resto de la sociedad nicaragüense este período ha conllevado procesos de mayor diferenciación y especialización social: se construyó un amplio tejido de organizaciones que dio vida a una activa sociedad civil integrada por ong, asociaciones comunitarias, movimientos sociales, movimientos ciudadanos y un amplio liderazgo social. Sin embargo, se profundizaron la diferenciación social y económica, la pobreza y marginalidad. Algunas de las expresiones de esta diferenciación y marginalización son el crecimiento urbano, la migración del campo a la ciudad y la migración internacional, así como el establecimiento de nuevas formas de consumo en el país. En términos políticos, desde 1990 hasta 2007, el sistema institucional de canalización de demandas y conflictos sociales funcionó de manera “semicerrada”. Los primeros años de la transición —a inicios de la década de 1990— se caracterizaron por una alta presencia de conflictos sociales y políticos, una tendencia que disminuyó a lo largo del tiempo y tuvo su más baja expresión a comienzos de 2000, durante la presidencia de Enrique Bolaños, cuando se crearon diversos de mecanismos y espacios institucionales de participación ciudadana, especialmente a nivel local.

UNA DISPUTA NO RESUELTA

En enero de 2007 Daniel Ortega regresó a la presidencia de Nicaragua en representación del fsln, pero a diferencia de 1979, ahora, más que representar los intereses de una mayoría de la sociedad nicaragüense, representaba los intereses de un grupo que tiene como objetivo convertirse en una élite de poder económico y político. Para ello se ha rodeado de un círculo de colaboradores que incluye a su familia y empresarios vinculados con el fsln.⁸ La estrategia que han seguido para lograr su objetivo contempla: a) la construcción de alianzas con otros grupos —especialmente los grandes empresarios agroexportadores, inversionistas extranjeros principalmente del sector de las telecomunicaciones y el turismo, empresarios del sector financiero, y el alto mando militar— para insertarse en los principales ejes de la economía nacional; b) el control total de todos los espacios de poder estatales, incluyendo la Asamblea Nacional, la Corte Suprema de Justicia, el sistema electoral, los gobiernos locales (municipales y regionales), el sistema de control de la administración pública y las fuerzas armadas, y c) un sistema de control social que incluye formas de organización comunitaria, un discurso mediático, políticas clientelistas y el uso de la coerción y la intimidación.

A diferencia de las demás élites en pugna por el poder económico y político, ésta ha logrado imponerse y tiene en curso un fuerte proceso que incluye la concentración y acumulación de capital, y la concentración y acumulación de la fuerza, de tal manera que si se hiciera un balance del recorrido realizado por las élites de poder económico y político desde finales de los años 70 hasta la fecha, se podría afirmar que el grupo Ortega-Murillo, como se le conoce en Nicaragua, ha sido el más exitoso pero todavía es temprano para afirmar que es un grupo consolidado y que ha logrado la hegemonía sobre las demás élites. En ese sentido, la disputa no se ha resuelto definitivamente y los demás grupos esperan su momento de oportunidad para emerger nuevamente y tomar fuerza. Una de sus grandes apuestas se refiere a las tensiones del modelo económico y social que se ha venido estableciendo durante todos estos años y las inequidades a las que ha dado lugar, pues esperan que termine generando un amplio descontento social que puedan capitalizar a su favor.

Tanto para el grupo Ortega-Murillo como para las demás élites de poder, el Estado es percibido como un aparato instrumental, un conjunto de recursos económicos, políticos, ideológicos y culturales para apuntalar el poder, por esa razón uno de sus objetivos estratégicos siempre ha sido instalarse en él y aprovechar todos esos recursos en función de su consolidación elitista. Esa perspectiva es extendida, incluso entre las grandes mayorías descontentas y marginadas. En el plano social, la disputa está planteada entre las élites y una mayoría de la sociedad que procura condiciones de equidad y le disputan a las élites espacios políticos para alcanzar sus propios objetivos. En ese ínterin y en un plano más colectivo, la sociedad nicaragüense asiste a la emergencia de un ciudadano crítico, con una nueva cultura política que se distancia de las formas y prácticas políticas convencionales, pero coexiste y muchas veces se alimenta de viejas prácticas como el clientelismo y el populismo promovido por las élites para obtener legitimidad. La disputa entre las élites no está resuelta, los campos de conflicto están abiertos y vivos, y por sus resquicios el pasado autoritario intenta regresar vestido con nuevos ropajes.