Los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, conmocionaron al país y han generado una amplia condena nacional e internacional. Ese día, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa llegaron a Iguala en dos camiones; ahí pensaban recolectar fondos (“boteo”) y tomar otros camiones para realizar sus prácticas profesionales, así como para enviar una comitiva que los representara en la marcha conmemorativa del 2 de octubre en la Ciudad de México (Ocampo, 2014; Cano, 2014; Excelsior especial, 2014).
La respuesta de las autoridades locales no pudo ser más desmedida: un saldo de seis personas muertas, entre ellas tres normalistas, 25 lesionados y 43 normalistas desaparecidos (Excelsior especial, 2014). A más de dos meses de ocurrido el hecho, no hay respuestas que satisfagan las demandas de justicia que claman los familiares de las víctimas, ni a las múltiples voces que se han sumado solidariamente a sus reclamos. Cada día la indignación se incrementa ante la incertidumbre sobre el paradero de los 43 normalistas que faltan.
El sector educativo ha sido especialmente sensible a este suceso; en varias entidades los jóvenes de instituciones de educación superior han sido los más perceptivos a este lamentable hecho y los principales activistas en las manifestaciones de protesta, a las que posteriormente se han ido sumado diversos actores del sector educativo (administrativos, docentes y autoridades). Entre los reclamos se señalan las amplias carencias de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa y la alarmante situación de violencia que priva en el país, lo cual ha llevado a considerar que estamos en un sistema que antes que alentar y apoyar a estos jóvenes, teje la desgracia sobre los que, por sus precarias condiciones, resultan más vulnerables.
Este es el caso de las escuelas normales rurales, las cuales se caracterizan por atender a jóvenes que a pesar de sus carencias logran acceder a la educación superior. Jóvenes que, tras formarse como maestros de educación básica, usualmente son los que brindan servicios educativos en las localidades rurales más pobres del país. No obstante, en contraste con el importante papel que desempeñan estas instituciones, desde hace años se conoce el abandono en que se encuentran por el sector gubernamental, lo cual obliga a sus integrantes a solicitar recursos por diversos medios para cubrir sus carencias y mantener sus funciones (Arteaga y Muciño, 2014).
Es el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, quienes ante el “boteo” para colectar recursos y la toma de camiones para realizar prácticas profesionales tuvieron que afrontar la barbarie escudada bajo el poder del Estado. La barbarie de aquellos que antes de proteger, velar por la integridad de los ciudadanos y del Estado de derecho, fueron los causantes de tan lamentables hechos.
La incertidumbre de los jóvenesSin la intención de minimizar, porque no se puede, los hechos de Ayotzinapa y del contexto social y político que se ha desatado a raíz de estos acontecimientos, que no son pocos: marchas y manifestaciones masivas de protesta, actos de violencia protagonizados por encapuchados y granaderos, abusos de autoridad, detención, suspensión y/o renuncia de funcionarios públicos, incursión de policías en CU, declaraciones y deslindes de los políticos, etcétera; la propuesta de este escrito estriba en señalar algunos problemas estructurales que afectan especialmente a los jóvenes y cuyo efecto influye para que se den hechos como ese.
a) Corrupción políticaAunque el concepto de corrupción no tiene un significado unívoco, se puede decir que la corrupción política se refiere al mal uso del poder que hacen los funcionarios o líderes políticos para obtener beneficios privados, los cuales no solamente incluyen ganancias económicas, sino diversos tipos de ventajas que les permiten aumentar su poder y riqueza (Del Castillo, 2003; TI, 2014). La corrupción política comprende diversos aspectos cuyas manifestaciones van desde escuelas mal equipadas, concesión de permisos, licencias o grandes contratos públicos, hasta la compra de elecciones (Del Castillo, 2003; TI, 2014).
De acuerdo con el índice sobre percepción de la corrupción elaborado por Trasparencia Internacional (TI), entre un total de 175 países, México se ubica en la posición 103. En la escala que va de 0, que indica alta corrupción, a 100, que indica una baja percepción de corrupción, México obtiene 35 puntos, por debajo del promedio global de 43 puntos. Es decir, se encuentra entre los países donde la percepción de corrupción es más alta (TI, 2014).
En el país tenemos múltiples evidencias de este mal: videos de autoridades públicas con narcotraficantes, enriquecimiento inexplicable de diversos políticos, falta de transparencia en concesiones y asignación de grandes contratos públicos, actos de nepotismo, tráfico de influencias, uso indebido de información privilegiada para fines personales, etc. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (2014), los actos de corrupción y la impunidad que los acompaña son un flagelo de la sociedad y constituyen un atentado al Estado de derecho y sus instituciones, además de ser un obstáculo para el desarrollo económico, ya que inciden en la prevalencia de la pobreza y la desigualdad. En razón de ello, es urgente poner un alto a los actos de corrupción, y más cuando las “sospechas” abarcan a los diferentes niveles y órdenes de gobierno.
Recientemente, Enrique Fernández Fassnacht, cuando aún era Secretario General de la ANUIES, señaló que una obligación de las universidades consistía en evitar que los estudiantes pensaran que “es más gratificante ser político o narcotraficante que profesionista o científico” (Gómez, 2014). Lo de político, sin duda, lo mencionó por el descrédito en que ha caído esta profesión. En 2012, la Encuesta nacional sobre cultura política y prácticas ciudadanas, que mide la confianza y credibilidad que brindan los ciudadanos a diferentes instituciones, ubicaba en las últimas posiciones a diputados, senadores, partidos políticos y policía. Entre 28 instituciones, estas cuatro recibían las calificaciones más bajas (entre 4.4 y 4.3 de un total de 10 puntos) (SG, 2012). Después de los hechos de Ayotzinapa, que han coincidido con nuevos indicios de corrupción, respuestas autoritarias y falta de oficio político para afrontar las crisis, probablemente la confianza de la ciudadanía en los políticos y sus instituciones haya caído todavía más.
b) La violencia de la delincuencia y el narcoLa escalada de violencia e inseguridad provocada por la delincuencia organizada —y particularmente el narco— ha alcanzado niveles inimaginados. La frecuencia y brutalidad de los actos delictivos afectan directamente los derechos humanos de las víctimas y también provocan efectos adversos a las economías locales, generando un clima de desconfianza e inseguridad en la población (Escribano, 2008).
En México, los resultados de la Encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública (ENVIPE) estima que 22.5 millones de personas de 18 años y más fueron víctimas de algún hecho delictivo en 2013, lo cual representa una tasa de 28 mil 224 víctimas por cada 100 mil habitantes. Este dato refleja un incremento de cerca de 16 por ciento con respecto a la tasa existente en 2010, cuando la cifra correspondiente fue de 23 mil 993 (INEGI, 2014a). Esta situación tiene un efecto directo en la percepción de inseguridad que manifiesta la población del mismo grupo de edad, puesto que 67.0 por ciento de ellos considera que vivir en su ciudad es inseguro, y un porcentaje semejante (66 por ciento) percibe como poco o nada efectivo el desempeño de la policía (INEGI, 2014b).
La violencia generada por la delincuencia organizada (especialmente por el narco) está afectando de manera particular al grupo de población joven, como muestra un informe del Banco Mundial (2012); según dicho organismo, entre los años 2000 y 2010, aproximadamente 139 mil personas fueron víctimas de homicidio, 38 por ciento de los cuales eran jóvenes de entre 10 y 29 años de edad (Gráfica 1). También se aprecia que el número de homicidios entre los jóvenes ascendió vertiginosamente en los últimos años, pasando de una tasa cercana a 10 por cada 100 mil habitantes entre 2000 y 2007, hasta alcanzar una tasa de poco más de 25 en el 2010 (Gráfica 2). Al respecto, señala el informe que mientras que en el periodo de 2000 a 2007 la tasa de homicidio general tendió a ser mayor que la juvenil, esta tendencia se invirtió en el periodo comprendido entre 2008 a 2010, es decir que la probabilidad de ser víctima de homicidio en la población joven fue mayor que la de la población total. Otra característica del homicidio juvenil es que éste afecta particularmente a la población masculina.
Asimismo, cabe resaltar que aunque el incremento de la delincuencia y del homicidio afecta por igual a las diferentes entidades del país, hay algunas que resultan particularmente perjudicadas; en el caso del homicidio juvenil, éste afecta en mayor medida a ocho entidades que se encuentran por arriba de la tasa nacional (Gráfica 3).
En el informe del Banco Mundial se señala que parte de las tendencias que muestra el homicidio juvenil coincide con las ejecuciones producidas por el narco, y que los datos existentes (aunque imprecisos) permiten estimar que del total de ejecuciones, los jóvenes de entre 16 y 30 años de edad podrían representar hasta cerca de 43.9 por ciento de éstas, es decir, dos de cada cinco mexicanos ejecutados en el marco de la guerra contra el narcotráfico son jóvenes (Banco Mundial, 2012).
c) La falta de oportunidades educativas y laboralesOtro problema que afecta estructuralmente a la sociedad, y particularmente a los jóvenes, es la falta de oportunidades educativas y laborales que les permitan aspirar a una vida digna en el futuro. Es el caso de los jóvenes que no estudian ni trabajan, los llamados ninis, cuya condición los hace particularmente vulnerables a la delincuencia o la pobreza (Moreno y Toledo, 2012).
Dado que no hay consenso sobre la forma de clasificar a los jóvenes que no estudian ni trabajan, esto lleva a que existan diferencias importantes en cuanto a su cuantificación. En 2011 se estimaba que, excluyendo a los discapacitados, aproximadamente 6.2 millones de jóvenes entre 14 y 29 años se encontraban en esta situación, de los cuales 3.2 millones (52 por ciento) realizaban quehaceres domésticos (Negrete y Leyva, 2013).
Por su parte, según datos de la OCDE, en 2009 cerca de 34 por ciento de las personas entre 15 y 29 años se encontraba todavía estudiando, 41 por ciento había abandonado sus estudios y se encontraba trabajando, y 25 por ciento no estaba estudiando ni trabajando. No obstante, esta cifra contrasta ampliamente por sexo, pues mientras que entre los hombres los ninis representaban 10.6 por ciento del total, la cifra alcanzaba 38.1 por ciento en el caso de las mujeres (Gráfica 4).
A partir de estos datos, que muestran que la mayor proporción de ninis se encuentra entre las mujeres, y dado que éstas en su mayoría se dedican a los quehaceres domésticos, se ha generado un debate entre quienes, desde una visión conservadora, consideran que las mujeres que se mantienen en esta condición es porque así lo desean, y quienes, desde otra perspectiva, resaltan la necesidad de analizar más detenidamente el papel que juega el trabajo doméstico en la reproducción social y de la pobreza. Estos últimos señalan que las mujeres pueden estar sometidas culturalmente a desempeñar un papel social que limita ampliamente su desarrollo personal, haciéndolas más dependientes y vulnerables a la pobreza.
Si bien en los últimos años la preocupación se ha centrado en los ninis, esto no quiere decir que los jóvenes estén bien porque están estudiando: los datos muestran que muchos de ellos lo hacen bajo condiciones precarias, y que cerca de 40 por ciento se encuentra en situación de rezago educativo, puesto que aún no han concluido sus estudios de secundaria (Márquez y Sánchez, 2013). Lo mismo sucede con quienes trabajan, pues según los datos de Negrete y Leyva (2013), cerca de 60 por ciento de los jóvenes entre 14 y 29 años que trabajan lo hacen en la economía informal, por lo cual, para muchos de ellos, su empleo no les permite superar sus condiciones de pobreza.
RecapitulaciónEs dado creer que las generaciones más jóvenes nos sobrevivan y que el futuro depende en gran medida de las oportunidades de desarrollo que podamos brindarles a través de nuestras principales instituciones. No obstante, en contraste con esto, y acorde a lo expuesto, lo que les estamos brindando a las nuevas generaciones son instituciones flageladas por la corrupción, un contexto de violencia, crimen e inseguridad, aunado a la falta de oportunidades educativas y laborales.
Muchas voces se han levantado para proponer un cambio del modelo de desarrollo imperante hasta ahora; hechos como los de Ayotzinapa demuestran esta urgencia. Estamos en un momento de inflexión, urgidos por la necesidad de un cambio que nos permita avanzar hacia una sociedad más justa, equitativa y democrática. Un cambio que permita ofrecer un futuro más promisorio y de mayor certidumbre a los millones de jóvenes que aún padecen los problemas que como sociedad todavía no resolvemos.
El número 147 de Perfiles Educativos contiene diez artículos y un documento que abordan una amplia variedad de temas y que profundizan sobre diversos asuntos relacionados con la política y el mundo escolar. En la sección de Claves se presentan siete artículos de investigación. El primero y el cuarto están orientados a analizar los procesos de implementación de las políticas educativas en los centros de educación básica: el primero analiza los procesos de implementación de las políticas educativas en los centros escolares de educación básica y su efecto en la trayectoria de los estudiantes; sus hallazgos ponen al descubierto los problemas de la implementación de las políticas y el riesgo de obtener resultados no esperados por las mismas. Por su parte, desde la perspectiva de las representaciones sociales, el cuarto artículo analiza la visión que tienen los directivos escolares sobre los procesos de implementación de la Reforma Integral de la Educación Básica en México, por considerar que son los responsables de dar seguimiento a la implementación de la reforma en los centros escolares. Al respecto se encontraron dos visiones: una que percibe a la reforma como un cambio favorable, y otra que evidencia una percepción de desconcierto de los directivos ante el mismo proceso. Sin duda, el artículo aporta elementos que ponen en evidencia la necesidad de dar seguimiento a los procesos de implementación de las políticas educativas, bajo la perspectiva de obtener los resultados esperados.
El segundo artículo está orientado a analizar la gestión del tiempo que hacen los profesores de educación básica en las aulas escolares según algunas de sus características. Este texto pone al descubierto las estrategias que utilizan los profesores que obtienen resultados de aprendizaje más efectivos en sus alumnos. Por su enfoque, consideramos que este artículo será de particular interés para los docentes en servicio.
El tercer artículo aborda el tema de la formación en la competencia para la resolución de problemas en el nivel universitario y sus resultados revelan las limitaciones que presentan los procesos de formación para el desarrollo de estas competencias, que son cada vez más demandadas en el ámbito laboral. El contenido del artículo seguramente servirá para ampliar los debates que existen sobre la relación que se establece entre formación profesional y mercado de trabajo, al ser éste un tema altamente polémico.
El quinto artículo aborda un tema de equidad e inclusión en la educación superior; analiza las actitudes de profesores y estudiantes ante los procesos de integración de las personas con alguna discapacidad en estas instituciones. Los resultados muestran una actitud positiva hacia la inclusión de las personas con discapacidad, si bien existe discrepancia entre profesores y alumnos. También se encuentran discrepancias con respecto a la acción docente y las adaptaciones curriculares que tendrían que llevarse a cabo para atender a este grupo de población.
El sexto trabajo analiza los conflictos de rol y el nivel de percepción que tienen del mismo los profesores universitarios que participan en cuerpos académicos. Los resultados muestran que los conflictos por recursos, y los relativos a la normatividad institucional, son los que principalmente afectan a los profesores universitarios. En razón de ello, se sugiere revisar las políticas y programas de evaluación de la calidad del desempeño académico, para disipar las discrepancias e incongruencias que generan en el ámbito universitario.
El séptimo y último artículo de esta sección tiene la intención de mejorar el uso de las herramientas digitales en los procesos de formación en el ámbito universitario. Sustentado en un elaborado marco teórico, el artículo propone una visión novedosa para comprender los procesos de producción textual en jóvenes universitarios. Se trata de hallazgos que probablemente resultarán de interés para todos aquellos interesados en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
En la sección Horizontes, que está destinada a brindar aportes más teóricos y conceptuales, en esta ocasión se incluyen tres artículos. El primero resulta de importancia para el ámbito educativo en razón de que hace una revisión de la literatura que se ha producido en español sobre la evaluación formativa y compartida del aprendizaje en el nivel universitario. A partir de ello, resalta y propone la necesidad de establecer consenso sobre el uso que se le debe brindar a diferentes conceptos en la literatura sobre este tema, estableciendo la necesidad de partir de definiciones precisas que coadyuven al fortalecimiento de esta área temática referida a la evaluación.
El segundo trabajo en esta sección está dedicado al posgrado. Propone un nuevo modelo de calidad del posgrado latinoamericano y un sistema de evaluación que denota de segunda generación. Al esbozar un modelo de calidad alterno para el posgrado, también plantea la necesidad de establecer nuevos procesos de evaluación que incluyen aspectos no considerados hasta ahora y que, desde la perspectiva de los autores, resultan cruciales para que el posgrado latinoamericano se inserte exitosamente en la sociedad del conocimiento.
Finalmente en esta sección, se incluye un trabajo que desde la perspectiva de la epistemología social de Popkewitz analiza la problemática que en materia de inclusión presentan los programas educativos compensatorios. El análisis que desarrolla el autor permite identificar la contradicción inmersa en este tipo de programas, misma que conlleva a que estos procesos de inclusión coexistan con procesos de diferenciación. Este artículo permite comprender mejor el doble papel que juega este tipo de programas en la actualidad.
Acorde con la necesidad de encontrar nuevos caminos para responder mejor a las necesidades de los jóvenes, en esta ocasión se incluye en la sección de Documentos un trabajo que aborda los desafíos que afrontan las universidades de América Latina y el Caribe, y enfatiza el compromiso que tienen las universidades públicas con el desarrollo de las sociedades latinoamericanas. El texto expone y sintetiza algunas ideas expresadas por el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, a través de los años que ha estado al frente de esta casa de estudios; estas ideas son complementadas con la participación de otros cuatro destacados académicos de esta institución: Héctor Hiram Hernández Bringas, Jaime Martuscelli Quintana, David Moctezuma Navarro y Humberto Muñoz García. En perspectiva, el documento logra delinear un marco histórico-estructural desde el cual se plantean los desafíos que deberán enfrentar las universidades latinoamericanas en el futuro, así como la necesidad de imprimir un viraje que reafirme el compromiso social de las universidades públicas; para lograr todo ello se percibe necesario establecer redes de colaboración entre las universidades de la región con la finalidad de responder mejor a sus propósitos de formación, incentivar su papel en el crecimiento económico y para proponer nuevos modelos de desarrollo que contemplen la redistribución de la riqueza. Por su carácter propositivo, confiamos en que este documento pasará dentro de poco a formar parte de las referencias obligadas en la discusión del papel que deberán asumir las universidades públicas en el futuro.
Al cierre de esta edición se han identificado los restos de uno de los 43 normalistas desaparecidos, pero no hay evidencias claras sobre el paradero de los demás. La esperanza se mantiene, al igual que el apoyo y la solidaridad para con todas las familias afectadas hasta que se conozca el paradero de sus hijos y se castigue, acorde a derecho, a todos los responsables involucrados en tan terrible acontecimiento.
“¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!”