El G20 en Los Cabos. Oportunidad perdida para el cambio necesario

Los países del Grupo de los 20 (G20) fueron convocados en 2008 con el propósito de enfrentar la crisis global originada por la quiebra del sector hipotecario de Estados Unidos. La agenda acordada en aquel momento fue efectiva y facilitó los compromisos que posteriormente se tomaron en las reuniones de Londres (2009) y Toronto (2010) para diseñar e instrumentar las políticas públicas que impidieron que la economía mundial entrara en una honda depresión. Lo urgente era evitar caer en el precipicio y se logró. La efectividad del G20 para reconstruir el tejido económico y social ha sido menos exitosa y más cuestionada en escala mundial (Truman, 2012; Navarrete, 2012; Kemal, 2012; Fitoussi y Stiglitz, 2011).

Ello puede deberse a que las cumbres del G20 no han sido un ejemplo de unidad entre los líderes mundiales. Hay serias desavenencias sobre la importancia de lo coyuntural y de corto plazo, frente a lo estructural y de largo plazo, lo cual se complica por las diferencias ideológicas y la defensa de los intereses nacionales.

En este escenario global, México asumió la responsabilidad de organizar la séptima Cumbre del G20 en Los Cabos, Baja California. No fueron las mejores circunstancias si se considera la fragilidad de la economía mundial y las disputas que enfrentan a los países emergentes con los industriales por tener mayor peso en la gobernanza mundial.¹ Las autoridades mexicanas tuvieron la oportunidad para tomar posiciones de liderazgo en la búsqueda de nuevos equilibrios en el concierto internacional al impulsar una agenda que buscara equilibrar la nueva fortaleza económica de las economías en desarrollo con la reducida capacidad que aún tienen en la gobernanza de las instituciones internacionales. Fortalecer políticamente el nuevo papel económico que vienen ejerciendo los países en desarrollo puede ser de mayor provecho a la estabilidad mundial que contribuir a una gobernanza de las instituciones multilaterales que favorece el statu quo que beneficia mucho más a los países ricos. Sin embargo, la agenda propuesta por México resaltó la intención del ex presidente Calderón de tener un “papel estratégico” en solucionar la crisis en los países industriales. Parecería que resolver el conflicto fiscal europeo era más importante que enfrentar los desastres que la crisis causada por los países industriales ha tenido sobre los países menos desarrollados.

Hubiera sido más sensato preguntarse: ¿cómo pueden los países menos desarrollados crecer en el ambiente de endeudamiento y ralentización de los países industriales?, ¿cómo los problemas que están causando las crisis de deuda y fiscal en la eurozona y en Estados Unidos son imputables por los costos que los países en desarrollo han tenido y están teniendo que pagar? Estas preguntas son relevantes en una época en que la geopolítica mundial requiere de transformaciones que la pongan a la par de los cambios que ocurren en la economía mundial, como se demostrará más adelante.

El propósito de este trabajo es examinar la reunión de Los Cabos en una lógica de transformación y confrontación para encontrar una nueva normalidad más apropiada para un desarrollo económico y social más equitativo entre el norte y el sur. Se inicia el trabajo posicionando al G20 en las tensiones y cambios en la economía mundial y los rezagos en la geopolítica global para después exponer el programa de trabajo propuesto por México y el plan de acción acordado en la reunión relativo a la estabilidad financiera, el empleo, el libre comercio y la suficiencia alimentaria. Finalmente se exponen algunas conclusiones.

El dilema de la gobernanza mundial

Una primera observación sobre la transformación que está experimentando la geopolítica mundial es que ésta no se correlaciona con los cambios que han venido ocurriendo en el poder económico global (The Economist, 2011: 66) estima el pib global combinado de los países en desarrollo en 38% (a tipos de cambio de mercado) en 2010, lo cual es el doble de su valor en 1990. Si el cálculo se hiciera en paridad de poder adquisitivo su valor en 2011 sería de 54% del total. Más impresionante es que en los primeros años de la década de los noventa estos países fueron los responsables de dos tercios del incremento del pib. En la primera década de este siglo estos países responden por tres cuartas partes del crecimiento del producto global. Las exportaciones de dichos países que en 1990 representaban 27% del total mundial, en 2010 sobrepasaban la mitad de las exportaciones mundiales, mientras que sus importaciones constituyen 47% del total. Los países desarrollados consumen 60% de la energía mundial, 65% del cobre y 75% de todo el acero. En el 2011 los países emergentes responden por más de la mitad del gasto en capital, cuando apenas llegaban a 27% en el año 2000. Una cuarta parte de las 500 empresas globales de la clasificación de la revista Fortune provienen de las economías emergentes, cuando apenas contabilizaban 4% en 1995. Su nivel de deuda mantiene un bajo perfil con sólo 17% del total. Datos del Fondo Monetario Internacional (fmi, 2008) muestran que en 1980 la economía de Estados Unidos equivalía a 25% de la economía mundial, pero para 2011 esta proporción se había reducido 19% y se espera que para 2017 baje hasta 18%. Los países que forman la UE representaban 31% de la economía mundial en 1980, proporción que para 2011 disminuyó 21 y podrá seguir reduciéndose hasta 17% en 2017. Los países en desarrollo de Asia, incluidos China e India, aumentaron de 8 a 25% en el primer periodo y podría mejorar su participación hasta llegar a 31 en 2017.

Estas son variaciones significativas que están alterando el mapa del poder económico global, pero que todavía no se correlacionan apropiadamente con cambios en el poder político que se ejerce en las instituciones multilaterales. Las modificaciones en puerta en la estructura de gobernanza del fmi, acordadas en la Cumbre de Seúl, Corea del Sur, no son suficientes para lograr una distribución del poder más equitativa y simétrica en concordancia con la fortaleza económica de las regiones. La presencia del G20 implica el reconocimiento de esta nueva realidad que requiere de un proceso de reestructuración internacional para que los países en desarrollo tengan un mayor peso, ya el Grupo de los Siete (G7) —de los países más industrializados—, no puede decidir unilateralmente sobre el rumbo de la humanidad, como lo hacía hace unos pocos años. La nueva realidad requiere que en la toma de decisiones sobre la política y la economía mundial se tenga que considerar a los principales países en desarrollo.²

Un nuevo equilibrio del poder económico está en maduración y eso debe reflejarse claramente en las formas y las instituciones de la gobernanza internacional, lo cual implica cambios significativos en la distribución del poder mundial y en las formas de ejercerlo para alcanzar mayores niveles de bienestar. En estas condiciones la labor del G20 se hace más relevante y necesaria para lograr paridad en la gobernanza mundial. Pero conviene preguntarse: qué se puede esperar en la retrospectiva de lo que hasta ahora se ha conseguido.³ Para el logro de propósitos más orientados al desarrollo será necesario que el Grupo se centre en proponer vías de solución a los más apremiantes problemas de hambre, pobreza y desigualdad que están en la médula del deterioro social en la mayoría de los países. Lo que se requiere son ideas incentivadoras de cómo reestructurar el sistema productivo en el largo plazo para que se oriente a generar empleos de calidad y a preparar a las personas para que puedan participar en el mercado. Esta tarea de largo plazo puede ser más productiva que seguir entrampados en cómo salir de la crisis financiero-monetaria de corto plazo.

La agenda propuesta por México

La planeación de la Cumbre estuvo influida por las expectativas sobre las elecciones en Grecia a efectuarse un día antes de que se iniciaran las actividades en Los Cabos. En este contexto, el reto para las autoridades mexicanas era que la crisis europea no opacara la agenda propuesta que consideraba cinco grandes temas en una lógica de largo plazo: 1) estabilidad económica y reformas estructurales, 2) fortalecimiento del sistema financiero y fomento de la inclusión, 3) mejoramiento de la arquitectura financiera internacional, 4) equidad alimentaria y mitigación de los precios de las materias primas y promoción del desarrollo sustentable, 5) crecimiento verde y cambio climático (G2012, 2012a; G2012, 2012b). Desafortunadamente, no se logró superar el reto, ya que lo destacado de las negociaciones y del debate se dieron en torno a la crisis fiscal y bancaria en Europa como una prioridad de corto plazo.

De hecho, puede argumentarse que la orientación que se perfila en las ideas que el gobierno mexicano puso sobre la mesa reflejan la lógica de las políticas neoliberales con las cuales se manejó la economía mexicana en los gobiernos del Partido Acción Nacional desde el año 2000, las cuales simplemente han mantenido y profundizado el modelo aperturista neoliberal que el Partido Revolucionario Institucional impuso desde inicios de la década de los ochenta.

Con la agenda propuesta y la dinámica a la que llevó la coyuntura europea, el gobierno mexicano desaprovechó la oportunidad de ubicarse en una tendencia hacia una nueva geopolítica mundial que pudiera traer más atención a la resolución de los graves problemas económicos y sociales que enfrenta la mayor parte de los países en desarrollo.⁴ Era el momento para que México levantara la voz para cambiar el rumbo en la búsqueda de soluciones de largo plazo a los dilemas de pobreza y desigualdad que la crisis ha agravado al tiempo que se llamaba la atención sobre los responsables de tanto malestar durante estos últimos años enfatizando la necesidad de no permitir que pasen inadvertidos y absueltos de culpa alguna. Esta orientación le hubiera dado un sentido de relevancia a la presidencia en turno que México ejercía y la oportunidad de liderazgo entre los países emergentes con lo cual el gasto de corto plazo de 760 millones de pesos, en que se incurrió, se hubiera convertido en una inversión de largo plazo.

En el contexto de este cambio geopolítico y de la necesidad de reivindicaciones por los efectos negativos de la globalización lo sustancial de la agenda podría haber sido la seguridad alimentaria y el crecimiento verde sustentable, no como reformas estructurales que mejoren la productividad, aumenten la inversión y fomenten el poder de las cadenas globales de producción sino como una estrategia alternativa para revertir las iniquidades sociales que marcan a los países menos desarrollados. Una opción de esta naturaleza no es independiente de la seguridad alimentaria y de los efectos sociales que la falta de alimentos produce. Lo que se requiere es una acción concertada para tener un mundo más justo y solidario que trabaje para reducir la desigualdad como problema nodal del desarrollo. Un objetivo de esta naturaleza implica moverse hacia una nueva institucionalidad de la economía globalizada y no hacia una mayor globalización que perpetúe la institucionalidad que hay (Fitoussi y Stiglitz, 2011).

El plan de acción y las prioridades del desarrollo

Desde la cumbre de Londres se estableció una ruta con objetivos de largo y corto plazos. Entre los segundos sobresalió proporcionar mayor liquidez a la economía mundial y dar mayor apoyo a los planes de estímulo fiscal nacional para ayudar a que se acelerara el paso de la recuperación económica. Para el largo plazo quedó la intención de dotar a la economía mundial de un sistema financiero más regulado y supervisado y de moverse en la dirección de abolir las barreras proteccionistas al comercio que amenazaban con prolongar la crisis.

La declaración final de Los Cabos tiene, sin embargo, como preámbulo el reconocimiento que la recuperación de la economía mundial no ha tenido, la fortaleza que debiera tener y que continua vulnerable al alto nivel de las tensiones financieras y a la permanencia de los desequilibrios fiscales nacionales. En particular, Estados Unidos muestra bajo dinamismo y gran vulnerabilidad ante la incapacidad para mantener una senda de creación de empleo. El panorama se complicó en 2012 con la pérdida de crecimiento que ha afectado a las economías emergentes y flaquea aún más por las decisiones de China y Japón de dar prioridad al impulso que pueden encontrar en el crecimiento de sus mercados internos. Sin duda, a esta situación problemática contribuye el ambiente de fortalecimiento proteccionista, la contracción de la inversión extranjera directa y las políticas monetarias que inducen los flujos financieros especulativos.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (unctad, por sus siglas en inglés) afirma que de abril de 2009 a mediados de 2012 aparecieron 802 medidas proteccionistas y contra la inversión, tales como aranceles, licencias de importación, investigaciones anti dumping, subsidios, compras de contenido nacional y otros controles aduaneros. Todo ello a pesar de la retórica y los acuerdos para facilitar el libre flujo de bienes y de capitales. La ocde y la unctad denuncian la intervención de los gobiernos para apoyar a cerca de 30 000 empresas con subsidios gubernamentales.

El reconocimiento de que la recuperación no progresa como todos quisieran obligó a acordar un “Plan de acción de Los Cabos para el crecimiento y el empleo”. Éste enfatizó la premisa de que por medio del mercado se lograría crecer y generar empleo mediante mayor inversión y aumento en el libre comercio. Dicho Plan marca una ruta para el desarrollo sostenible de mediano a largo plazo en el entendido de que en el corto los europeos se comprometen a tomar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad y la estabilidad de su región para lograr un pacto de corresponsabilidad fiscal y la consolidación bancaria. Congruentemente, en la Cumbre de Jefes de Estado de la UE que se realizó a finales de junio, después de la de Los Cabos, se anunció un paquete de 120 mme (miles de millones de euros) para estímulos económicos.

Lo que no se reconoce en este plan de acción es que estas propuestas son más de lo mismo que no ha funcionado. Las empresas y los bancos, que con su comportamiento especulativo y hasta fraudulento causaron la crisis, continúan actuando de igual manera y poco se ha hecho para modificar su proceder. Mientras no se logre controlar este comportamiento será imposible alcanzar la estabilidad que coadyuve a una recuperación sólida y permanente. La búsqueda del crecimiento y la estabilidad tampoco se obtendrán mientras se deje de lado el dilema de la gobernanza mundial; es decir, el asunto de la calidad de los actos y decisiones de gobierno medidos por el efecto en el bienestar para las familias y no sólo en la capacidad para salvar a las corporaciones y a los bancos en la lógica de que son los que pueden tener una repercusión positiva sobre el bienestar de las familias.

El gran debate para el G20 y para los gobiernos nacionales debería ser cómo evitar la creación de burbujas especulativas que se han convertido en la causa fundamental del alza de los precios y de su volatilidad, pero lo más relevante es la profundización de la desigualdad, como lo advierte la ocde (2008; véase también Parker y Vissing-Joegensen, 2010). En congruencia con la gravedad de la situación, el G20 reconoce y exhorta a actuar con un enfoque multilateral de cooperación que permita enfrentar el clima de incertidumbre y resuelva las dificultades que aquejan a la economía global. A tal propósito se considera necesario intensificar los esfuerzos para crear un ambiente conducente al desarrollo económico y social por la realización de programas de inversión en infraestructura que al promover el crecimiento repercutan en reducir los niveles de pobreza en todo el mundo. Lo que no se explica es de dónde pueden provenir los recursos para tal fin, cuando se destaca, a lo largo de la declaración final de esta Cumbre, que la prioridad es lograr un grado aceptable de restricción fiscal.

La primacía de la estabilización financiera

La experiencia con los planes de rescate diseñados hasta ahora demuestra que no basta con inyectar liquidez al sistema, pero tampoco parece ser suficiente con recapitalizar a los bancos. Estas enseñanzas lucen como factores que hicieron que el tema central de la Cumbre en Los Cabos fuera el de la estabilización económica y la recuperación global. La crisis financiera y monetaria europea se convirtió en el tema central de los debates y del interés de los países más poderosos, ya que cerca de una tercera parte de la declaratoria final fue dedicada a estos problemas, incluso con cierto grado de menosprecio a otros temas que la presidencia mexicana intentó poner sobre la mesa, como la economía verde y el cambio climático. Por supuesto los líderes europeos se comprometieron a preservar la integridad del euro para de esta forma contribuir a la estabilidad global.

Parece no haber la menor duda sobre la imperiosa urgencia que el mundo tiene de una nueva arquitectura financiera internacional que tanta discusión y debate ha generado en las tres últimas décadas. En la ruta de largo plazo el compromiso desde el G20 de Washington en 2008 fue que los bancos centrales y los organismos de regulación deberían diseñar un plan de trabajo enfocado a: 1) modificar las reglas sobre capitalización para que los bancos acumulen mayores reservas en tiempos de auge; 2) lidiar con los bancos internacionales que enfrenten dificultades, y 3) reformar la estructura de pago de los directivos de las instituciones financieras que encadene la remuneración al desempeño de largo plazo. El propósito de estas medidas era fortalecer los sistemas nacionales de regulación e imponer restricciones mayúsculas sobre los paraísos fiscales que no cumplían con los estándares de transparencia. Algunas de estas propuestas ya se han elaborado y aprobado como las de Basilea iii y las de los bancos sistemáticamente importantes, pero entran en vigor en 2019.

Coordinar la tarea ejecutiva de esta nueva lógica de regulación y de supervisión del sistema financiero se depositó en el Consejo de Estabilidad Financiera (fsb, por sus siglas en inglés) que hasta 2008 operaba como el Foro para la Estabilidad Financiera, un espacio en el cual los bancos centrales del G7 discutían sobre temas de la estabilidad financiera internacional pero sin capacidades ejecutivas. Ha sido hasta ahora, en Los Cabos, que se fortaleció el fsb al mejorar su gobernabilidad y su base institucional al darle personalidad jurídica, autonomía en el manejo de recursos financieros y mayor capacidad para coordinar y dar seguimiento al cumplimiento de las normas internacionales. Se le facultó para tener un papel más activo en la prevención y resolución de crisis al ser investido como el órgano coordinador de las autoridades financieras nacionales y responsables del establecimiento de normas globales y de su promoción y cumplimiento. Ello es positivo pero no suficiente. Una nueva arquitectura financiera mundial requiere del diseño de una nueva institucionalidad. Mismo que debe eliminar el desacoplamiento que ha venido creciendo entre la economía real y la monetaria. La Gran Recesión impone la necesidad de repensar la forma en que la innovación financiera transforma, parcela y diversifica permanente y sistemáticamente el riesgo para dar la impresión de que éste desaparece por medio de la bursatilización del crédito. Eliminar el desacoplamiento entre las economías real y monetaria debe ser el punto de partida de la reestructuración institucional si realmente se pretende emular el objetivo, sino el alcance, de Bretton Woods. La tarea propuesta se centra en entrelazar nuevamente las economías real y monetaria para que los bancos comerciales regresen a la tarea de financiar el crecimiento del producto y para que los bancos centrales tengan más control sobre los canales de transmisión de la política monetaria.

La crisis ha demostrado que el sistema financiero actual, o buena parte de él, ha perdido el propósito que le dio razón de existir, como es el de crear, administrar y comerciar activos sobre flujos futuros de efectivo para apoyar las actividades de producción de bienes y de servicios. La actividad financiera se ha convertido en una apuesta por comisiones y por especulación, simultáneamente a que su actividad favorita es derrotar a los reguladores.

En lo financiero el mayor logro de esta Cumbre ha sido la recapitalización del fmi, ya que 39 países facilitarán recursos a este organismo por un total de 456 mmd (miles de millones de dólares), por medio de préstamos que podrán ser ejercidos en los próximos dos años pero que pueden ser extendidos en el tiempo.

En Los Cabos, los miembros del G20 han dejado claro que no hay voluntad para establecer un nuevo Acuerdo de Bretton Woods que ponga en orden al sector financiero y coloque los cimientos para evitar la repetición de una crisis como la actual. En realidad las cumbres se han convertido en negociaciones para alcanzar objetivos mínimos posibles y no los máximos deseables. Se han quedado en promesas de mayor regulación pero sin crear mecanismos eficientes para que los gobiernos puedan enfrentar a los bancos, a los fondos de inversión de alto riesgo, a las agencias calificadoras y a los fondos de capital privado. En los hechos no se aspira a una nueva institucionalidad que evite los excesos del fundamentalismo de mercado.

Más aún, se ha confirmado la hipótesis que desde la primera Cumbre planteó la primera ministra alemana, Ángela Merkel, que cada país va a estas reuniones a defender sus propios intereses. Ella misma es un lúcido ejemplo de tal comportamiento. La disputa entre europeos y anglosajones por imponer sus versiones sobre el mercado financiero, los primeros quieren que esté más regulado y los segundos insisten en minimizar la regulación, se ha convertido en una espada de Damocles para el futuro de la humanidad (Frank, 2011). En esta disputa el G20 debería ser un foco de mayor activismo de los países en desarrollo contra propuestas tradicionales que emanan del fundamentalismo de mercado que ha demostrado su incapacidad para resolver sus problemas y que ha tenido al mundo postrado desde 2007.

El talón de Aquiles del empleo

La enfermedad que aqueja a la economía mundial está en la incapacidad de generar empleo. Los países miembros del G20 necesitan crear cerca de 20 millones de empleos sólo para regresar a niveles pre crisis y 15 millones más para absorber a los que se incorporarán al mercado laboral entre 2012 y 2015, según la Organización Internacional del Trabajo (oit) y la ocde. Argentina, Brasil y México son los países que mejor desempeño han tenido en este cometido, pero en 2012 empezaron a resentir un grado de relentización de sus economías. En el G20 se habla mucho de crear las condiciones para un crecimiento fuerte, sostenido y balanceado pero muy poco sobre cómo enfocar los esfuerzos para que este resultado sea en la lógica de un desarrollo económico y social incluyente. Aunque el G20 ha argumentado que: “La inclusión social está en el centro de sus acciones” es relevante preguntar: ¿será suficiente con crecer para lograr el propósito de la inclusión? Correctamente la ocde (2012) apunta que lo necesario es impulsar el empleo y no sólo el crecimiento ya que hay, como consecuencia de la crisis, 200 millones de desempleados en todo el mundo, principalmente jóvenes, de los cuales 45 millones están en los países miembros de esta organización. Aun si se creara este número de empleos nada garantiza que son suficientes para lograr un mayor nivel de inclusión. El cambio estructural que se requiere para lograr tal finalidad no aparece en las propuestas del G20, ya que lo que se necesita es un cambio estructural en la distribución del ingreso y de la riqueza. Y de ello poco se habla.

De nuevo la solución mágica del libre comercio

Nuevamente en Los Cabos el G20 refrendó la importancia del libre comercio y la urgencia de no optar por políticas proteccionistas. Este interés por el comercio se complementó con el argumento, impulsado por la representación mexicana desde las reuniones preliminares sobre comercio, de que los países emergentes deben integrase a las cadenas globales de valor, tanto de suministro como de producción para lograr un mayor desarrollo. Al argumentar que el comercio internacional es fundamental para el empleo se deduce que entre más cadenas de valor haya más empleo se generará. Sin embargo, no todos los miembros del G20 concuerdan con la importancia de la liberalización comercial, los países BRICS⁵ argumentaron que abrirse al comercio no es suficiente para asegurar el crecimiento, el desarrollo o para que se incremente la inclusión.⁶ Además, hay que tomar en cuenta que los costos de instrumentar medidas de facilitación del comercio pueden ser un gran reto para muchos de los países menos desarrollados por los niveles requeridos de financiamiento y de asistencia técnica. Tampoco puede el comercio florecer sin un ambiente financiero estable.

El G20 insiste en la exigencia de mantener el discurso del libre comercio mundial como el camino ideal para fortalecer la recuperación, no obstante han sido los países industriales los que han llevado la iniciativa para proteger sus mercados durante esta crisis. Únicamente Brasil y Argentina se negaron a apoyar la propuesta para eliminar el compromiso iniciado en 2008 de no eliminar barreras proteccionistas hasta 2014. ¿Por qué aceptar tal propuesta cuando los europeos y los estadounidenses continúan otorgando inmensos subsidios a sus agricultores y su negativa a eliminarlos hizo de la Ronda de Doha un fracaso? Una institucionalidad diferente en el contexto de la alta concentración del comercio internacional en pocos países y de la preponderancia que han tomado las cgv sería que el éxito del comercio internacional se midiera en términos diferentes a los hasta ahora utilizados de valores absolutos. Más relevante sería evaluar la aportación que estas cadenas hacen al valor agregado creado en cada una de las etapas de la producción y, por lo tanto, en diferentes localidades geográficas. El método de valor agregado podría contribuir, además, a medir la competitividad comercial de cada país.⁷ Lo que el G20 debería negociar son las medidas para mantener los saldos externos en niveles sostenibles ya que si la inestabilidad comercial regresa sin un pacto ambicioso de regulación los desequilibrios que se han experimentado hasta ahora serán sólo una muestra de lo que está por venir. El fmi ha estimado que el saldo negativo de 2009- 2010 en la balanza comercial prácticamente se podría duplicar.

La inseguridad alimentaria

En Los Cabos, al aceptar que al año 2050 la producción agrícola en los países industriales debe aumentar entre 50 y 70%, y en 100% en los países en desarrollo, se asumió el compromiso de promulgar un crecimiento de la productividad agrícola y una reducción de la brecha entre unidades de producción. El dilema para lograr este propósito es que los problemas del campo no sólo son de cantidades producidas sino que también se relacionan con disponibilidad de recursos y con necesidades de inversión en tecnología e innovación. En las condiciones actuales la agricultura consume 70% del agua dulce mundial y utiliza 34.3% de la superficie de tierra disponible, según lo reconoce el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Para lograr producir más alimentos será necesario un mejoramiento genético de los productos.

En congruencia con estas necesidades y para lograr la seguridad alimentaria mundial las autoridades mexicanas propusieron un “nuevo paradigma” de producción de alimentos por una estrategia de cooperación de pequeñas unidades de producción apoyadas por proyectos de inversión público-privados que coadyuven a ampliar las facilidades de acceso a insumos agrícolas y un uso más eficiente de sus recursos que mejorarán la productividad de los pequeños productores haciéndolos más competitivos nacional e internacionalmente. También se propuso lograr una mayor inversión en investigación y desarrollo agrícola.

Esta opción de lograr la “seguridad alimentaria” por medio de una agricultura sustentable de pequeños productores es ciertamente una propuesta sorprendente para un gobierno que sistemáticamente ha desmantelado la producción agrícola de pequeña escala. Más contradictorio es que el gobierno mexicano fomenta la producción transgénica de alimentos al mismo tiempo que propone internacionalmente un programa de Modernización sustentable de la agricultura tradicional.

Tampoco es entendible que un gobierno que se preocupó tanto por la estabilidad no haya aprovechado la presidencia del G20 para poner en la mesa de negociación uno de los factores más determinantes en el alza en los precios, como es la especulación que se da con materias primas, con alimentos y con reservas agrícolas. La India podría ser el mejor ejemplo a emular en el objetivo de lograr la seguridad alimentaria. Hoy ese país es autosuficiente y exportador de alimentos cuando hace 40 años los importaba. El gran reto ha sido garantizar la alimentación de todos sus habitantes. Como 70% de su población vive en zonas rurales, el gobierno gasta más de 20 mmd anuales en programas de desarrollo de infraestructura en el campo para lograr la seguridad alimentaria tanto en el nivel país como familiar, lo que se produce debe llegar a todos porque se tienen los medios necesarios.

No hay duda que la producción de alimentos debe ser prioritaria para el G20 debido a que una sequía en Rusia, Australia o Argentina desestabilizaría al mundo entero. El G20 debe, por tanto, reforzar la estrategia para mejorar la productividad y reducir la volatilidad de los precios por medio de un crecimiento verde.

Más mercado, menos Estado

La gran aportación de las autoridades mexicanas al G20 está en dar mayor espacio y relevancia a la cooperación con la iniciativa privada. Según el entonces secretario de Economía Bruno Ferrari, el condimento empresarial le dio un nuevo sabor a estas reuniones al colocar el tema económico fuera del ámbito político para enfocarlo desde “un punto más práctico, como lo ven los hombres de negocios, para realizar la toma de decisiones. Esto fue medular y totalmente distinto a lo que se había hecho anteriormente”. Este hecho permite resaltar el enfoque que permea en toda la declaratoria final del lugar central que desempeñan los mercados para resolver los problemas que permanecen irresolubles en los últimos cinco años. Lo que no se resalta es que fueron los mercados quienes los crearon y que poco han hecho para resolverlos (Medialdea etal., 2012).

Los empresarios, congregados en el B20 (véanse: B2012, 2012), presentaron recomendaciones relativas al crecimiento verde, las tecnologías de la información e innovación, la seguridad alimentaria, la inversión y el comercio, el empleo, el combate a la corrupción, el financiamiento para el crecimiento y el desarrollo. Pero su principal aportación, la que el gobierno mexicano considera como su legado al G20, fue la propuesta y formación de un “grupo de impacto y seguimiento” cuyo objetivo es: “asegurar que las recomendaciones se divulguen en todos los países, dar seguimiento a su aplicación y proveer continuidad en el trabajo de cada grupo y en el eje temático de una cumbre a otra.”

Conclusiones

A pesar de los esfuerzos del gobierno de Felipe Calderón por dejar su huella en la solución de la Gran Recesión, el resultado al final no fue más significativo ni más relevante que los que han derivado de estas reuniones Cumbre desde 2010. No se puede decir que México perdió la oportunidad para encausar los objetivos del Grupo en una dirección de mayor beneficio para los países en vías de desarrollo, simplemente porque nunca fue el propósito por el que se trabajó. El objetivo no fue la búsqueda de una nueva normalidad sino el de restaurar la normalidad, la que llevó al mundo a la crisis y en la cual los países periféricos continúan subordinados a los países centrales. El National Intelligence Council intuye que eso ya no es posible y que se requiere de un cambio inexorable de la geopolítica.

Para recobrar la relevancia inicial que el G20 tuvo luego de la Cumbre de Washington en 2008, la agenda de trabajo debería centrarse en diseñar una nueva realidad económica basada en un sistema financiero más seguro y orientado a satisfacer las necesidades financieras del sector real de tal modo que pudiera contribuir a la seguridad alimentaria en la lógica de un crecimiento verde sustentable que mejore la productividad y aumente la inversión para generar empleo. Un crecimiento verde y sustentable no puede darse sin revertir las iniquidades sociales que caracteriza a los tiempos modernos en todos los países. La brecha entre ricos y pobres en todos los países de la ocde es la mayor en las últimas tres décadas, cuando los ultra ricos, aquellos con más de 30 millones de dólares, según el World Ultra Wealth Report de 2011, concentran casi la mitad del pib mundial cuando apenas constituyen 0.002 % de la población.

El hambre de mil millones de personas no se resuelve simplemente por un uso más eficiente de los recursos y una mayor racionalización en el empleo de energía, aunque estos objetivos sean necesarios. Lo que el mundo requiere del G20 es una acción concertada para tener un tejido social más justo y solidario que contribuya a reducir la inequidad en el ingreso y la riqueza como problema nodal del desarrollo. Un objetivo de esta naturaleza implica moverse hacia una nueva institucionalidad de la economía globalizada y no hacia una mayor globalización que perpetúe la institucionalidad existente.