La implementación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género ha tenido, entre otras consecuencias, la generalización de programas de intervención con maltratadores en casos de violencia de género aplicados en España. El objetivo de esta investigación es conocer el punto de vista de profesionales especializados/as sobre estos programas. Para ello, se optó por una metodología cualitativa, realizando entrevistas semiestructuradas a 65 informantes clave, esto es, profesionales con experiencia en implementar y/o gestionar y evaluar este tipo de programas. En general, estos/as profesionales estaban satisfechos/as con los programas en los que habían participado y los valoraban de forma positiva, considerando que determinadas características de los participantes y de los propios programas contribuyen a favorecer o dificultar el éxito de estos y que podrían obtenerse mejores resultados al personalizar las intervenciones. Estos resultados ofrecen información valiosa para comprender las dificultades halladas al implementar estos programas y para mejorarlos.
The Organic Law 1/2004 of 28 December on Integrated Protection Measures against Gender Violence has had, among other consequences, the generalization of intervention programs for batterers in cases of gender violence. The objective of this research is to explore the point of view of specialized professionals about these programs. For this purpose a qualitative methodology was used, by applying semi-structured interviews to 65 key informants, i.e. professionals with experience in implementing and/or managing and evaluating such programs. In general, these professionals were satisfied with the programs in which they had participated and they valued them positively. They considered that certain characteristics of participants and of the programs themselves contribute to promoting or hindering their success and also that they could obtain better results by customizing interventions. These results provide valuable information for understanding the difficulties encountered in implementing these programs and to improve them.
En paralelo al proceso de concienciación sobre la violencia contra las mujeres en la pareja como problema social (De Miguel, 2008; Ferrer y Bosch, 2006) ha ido surgiendo la preocupación por abordar no solo la protección de quienes padecen esta violencia (las mujeres y sus hijos e hijas), sino también la cuestión del tratamiento, reeducación o rehabilitación de los hombres que la cometían.
Algunos hitos importantes en este sentido son (Ferreiro, Ferrer, Bosch, Navarro y Blahopoulou, 2014): la Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), adoptada en 1979 por la Asamblea General de Naciones Unidas, en su Recomendación 19; la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Internacional sobre la Mujer, auspiciada por la ONU y celebrada en Beijing en 1995, en su Objetivo estratégico D.1, medida 125i; la Conferencia de personas expertas sobre medidas para combatir la violencia de los hombres contra las mujeres, celebrada en Viena en 1998; la Conferencia Ministerial sobre violencia contra las mujeres, celebrada en Colonia en 1999; la Recomendación Rec (2002) 5 sobre la protección de las mujeres contra la violencia, adoptada en abril de 2002 por el Comité de Ministros del Consejo de Europa, o la Reunión internacional de personas expertas en varones, masculinidad y género de la división para el avance de las mujeres de Naciones Unidas, celebrada en Brasilia en 2003, entre otros. En esta relación hay que incluir el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Consejo de Europa, 2011), que entró en vigor en agosto de 2014.
La intervención dirigida a los hombres que han cometido esta violencia surge pues en este contexto en los años 1970-1980 en EE.UU. y Canadá, y llega a Europa en la década de los 80. En España, los primeros programas de este tipo son implementados en el País Vasco a mediados de la década de los 90 en el ámbito comunitario por el profesor Enrique Echeburúa y su equipo de la Universidad del País Vasco, en colaboración con el Instituto Vasco de la Mujer (Echeburúa, de Corral, Fernández-Montalvo y Amor, 2004). Pero, como remarca Lila (2013), será a partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, cuando se produzca un importante y rápido incremento de estos programas en España.
Esto ha tenido como consecuencia, como señalan Carbajosa y Boira (2013), que en todo el país se han creado, evaluado y adaptado a las nuevas necesidades (y también a la nueva legislación nacional y a las legislaciones autonómicas que han ido aprobándose en los diferentes territorios) programas de intervención para maltratadores, tanto de asistencia voluntaria en la comunidad, o en el interior de las prisiones, como en el ámbito de las medidas penales alternativas, de forma que actualmente hay profesionales que forman equipos psicosociales muy especializados en este tipo de intervención.
En paralelo al proceso de creación e implementación de este tipo de programas, se ha ido incrementando también la importancia y la necesidad de determinar su eficacia (Lila, 2013).
Este análisis de eficacia pasa por revisar los criterios de calidad y estándares comunes que tales programas deberían cumplir. En este sentido, y a modo de resumen, pueden citarse, entre otros (Ferreiro et al., 2014): los criterios establecidos en Canadá (Dankwort y Austin, 1999); las recomendaciones de la Conferencia sobre violencia contra las mujeres, celebrada en Jyväskylä en 1999 (Presidencia Española de la Unión Europea, 2002); las recomendaciones del Consejo de Europa (Consejo de Europa, 2009; Kelly y Dubois, 2009); las recomendaciones de la OMS (Rothman, Butchart y Cerdá, 2003), o las «Directrices para el desarrollo de unas normas para los programas dirigidos a los hombres perpetradores de la violencia doméstica» elaboradoras por la red Work with Perpetrators of Domestic Violence in Europe-WWP en el marco del programa DAPHNE II (Geldschläger et al., 2010). En España se han elaborado también algunas propuestas en este sentido, como los «Criterios de calidad para intervenciones con hombres que ejercen violencia en la pareja» del Grupo 25 (Álvarez, 2006), o el «Informe sobre criterios comunes para programas de intervención reeducativa con hombres agresores en violencia de género» (Montero, 2009).
En términos generales, estos criterios incluyen elementos relacionados con la orientación teórica y los contenidos de los programas aplicados, con la formación y características de los/las terapeutas que los aplican, con los procedimientos de aplicación y seguimiento de los resultados obtenidos, con la evaluación de su eficacia, y con la relación que se establece con los sistemas penales y de justicia (Ferreiro et al., 2014).
Tomando como punto de partida los antecedentes y estado actual del tema, y, particularmente, los estudios previos sobre estos programas y los estándares de calidad disponibles y ya citados, se diseñó una investigación cuyo objetivo general era analizar y evaluar de modo sistemático, cuantitativo y cualitativo, las características y eficacia de las intervenciones con maltratadores en casos de violencia de género aplicados en España. Como parte de este análisis, y dado el creciente número de profesionales especializados/as en el tema (Carbajosa y Boira, 2013), entre los objetivos específicos de esta investigación se incluyó el que da origen a este trabajo, esto es, conocer el punto de vista de informantes clave sobre dichas intervenciones.
En relación con ello, cabe resaltar que, si bien el número de trabajos sobre programas de intervención con maltratadores en casos de violencia de género, sus características y resultados han ido incrementándose considerablemente a lo largo de los últimos años (Ferrer y Bosch, 2015; Lila, 2013), el número de aquellos centrados en los/as profesionales que los aplican es aún limitado (Langhinrichsen-Rohling, 2010; Saunders, 2008). Entre ellos, y centrándonos en los realizados en España, estarían aquellos que reflexionan sobre las habilidades terapéuticas necesarias para afrontar con éxito este tipo de intervenciones (e.g. Carbajosa, 2010; Carbajosa, Boira y Tomás-Aragonés, 2013) y aquellos otros centrados específicamente en recabar las opiniones y valoraciones de estos/as profesionales (e.g., Boira, Carbajosa y Marcuello, 2013; Boira, López del Hoyo y Tomás-Aragonés, 2010), que constituyen un antecedente del estudio que aquí se presenta. Estos últimos, realizados a partir de grupos de discusión con entre 12 y 14 participantes que trabajaban en un programa o territorio concretos (un programa de medidas penales alternativas en un caso, y una determinada comunidad autónoma en otro), detectaron la preocupación por disponer de programas de intervención diseñados específicamente para aquellos a quienes van dirigidos y sus características, por mejorar las estrategias que permitan aumentar la motivación, la alianza terapéutica y la adherencia de los maltratadores a la intervención, y por mejorar también las estrategias de evaluación de resultados, de modo que aumente la información disponible sobre su eficacia y sea posible valorar de modo más ajustado tanto la efectividad de la intervención como el posible riesgo para las víctimas.
MétodoDiseñoDado el objetivo de investigación propuesto, se decidió realizar un estudio con metodología cualitativa de tipo fenomenológico (Navarro y Díaz, 1999). En este paradigma se analiza un fenómeno social a través del significado de las experiencias y comportamientos de las personas que lo viven en un contexto determinado (Maykut y Morehouse, 1994), en este caso, a través de la experiencia de informantes clave (profesionales), lo que permite un acercamiento a sus experiencias y a la realidad vivida por ellos/as. Este abordaje responde a preguntas de investigación centradas en un conocimiento intenso y profundo (más que extenso y generalizable) del objeto de estudio, aportando una perspectiva diferente al mismo.
ParticipantesEn este trabajo participaron un total de 65 personas, que fueron incluidas en su calidad de informantes clave con relación al tema de la investigación dada su experiencia en la implementación y/o gestión y evaluación de programas de intervención aplicados a maltratadores en España. Concretamente, 56 de ellas tenían experiencia profesional directa en la implementación de programas de este tipo (86.15%), y, en cuanto al rol o roles desempeñados, 48 de ellas (73.85%) habían participado como terapeutas, 16 tenían experiencia como coordinadores/as de programas (24.62%), 4 como directores/as (6.15%), y 5 como investigadores/as, asesores/as y/o colaboradores/as (7.70%).
En la tabla 1 se presenta una descripción de las características personales, formativas y de experiencia de los/as participantes y en la tabla 2, una descripción de las características del programa o programas en los que habían participado. Cabe, además, señalar que estos/as profesionales habían trabajado en 22 programas de intervención diferentes y de distintos tipos (voluntarios en la comunidad o prisión y de medidas penales alternativas), por lo que puede decirse que la muestra fue lo suficientemente amplia y diversa como para conocer la heterogeneidad y variación del fenómeno estudiado (Suárez, del Moral y González, 2013).
Descripción de los/as participantes
| n | % | ||
|---|---|---|---|
| Sexo | Hombre | 25 | 38.46 |
| Mujer | 37 | 56.92 | |
| NS/NC | 3 | 4.62 | |
| Edad | Menos de 30 años | 6 | 9.23 |
| De 31 a 45 años | 36 | 55.38 | |
| 46 o más años | 23 | 35.38 | |
| Titulación | Psicólogo | 61 | 93.85 |
| Pedagogo/a | 1 | 1.54 | |
| Otros/as | 3 | 4.62 | |
| Formación especializada (en violencia de género) | Sí, universitaria | 12 | 18.46 |
| Sí, ad hoc (realizada por ONG, institución, …) | 15 | 23.08 | |
| Sí, pero de origen desconocido | 10 | 15.38 | |
| No | 10 | 15.38 | |
| NS/NC | 18 | 27.69 | |
| Años de experiencia directa en la intervención con maltratadores | Menos de 1 año | 2 | 3.08 |
| Entre 1 y 3 años | 14 | 21.54 | |
| Entre 3 y 6 años | 15 | 23.08 | |
| Más de 6 años | 29 | 44.62 | |
| NS/NC | 5 | 7.69 |
Descripción del programa o programas en los que han participado
| n | % | ||
|---|---|---|---|
| N.o programas de intervención en los que ha trabajado | En 1 programa | 49 | 75.38 |
| En 2 programas diferentes | 3 | 4.62 | |
| En 3 programas diferentes | 3 | 4.62 | |
| NS/NC | 10 | 15.38 | |
| Programa(s) en el(los) que ha(n) trabajadoa | De asociaciones o fundaciones | 11 | |
| De ayuntamientos o comunidades autónomas | 13 | ||
| En centros penitenciarios | 22 | ||
| De medidas penales alternativas | 9 | 13.85 | |
| Otros | 9 | 13.85 | |
| NS/NC | 9 | 13.85 | |
| Programa activo en el momento de responder | Sí | 53 | 81.54 |
| No | 6 | 9.23 | |
| NS/NC | 6 | 9.23 | |
| Población diana con la que han trabajadoa | Voluntarios | 25 | 38.46 |
| Derivados del sistema judicial | 15 | 23.08 | |
| Participantes como medida penal alternativa | 42 | 64.62 | |
| Remitidos por otras asociaciones o instituciones | 16 | 24.62 | |
| Otros | 24 | 36.92 | |
| Tipo de intervención realizada | Individual | 9 | 13.85 |
| Grupal | 12 | 18.46 | |
| Individual + grupal | 41 | 63.08 | |
| NS/NC | 3 | 4.62 | |
| Tamaño del programa por número de asistentes | Menos de 60 (máximo 5 al mes) | 7 | 10.77 |
| Entre 61 y 240 (máximo 20 al mes) | 12 | 18.46 | |
| Entre 241 y 600 (máximo 50 al mes) | 8 | 12.31 | |
| Más de 600 | 27 | 41.54 | |
| NS/NC | 11 | 16.92 |
Como instrumento para la recogida de información se usó una entrevista semiestructurada individual diseñada en base a los resultados obtenidos en la revisión de la literatura sobre el tema y, particularmente, en trabajos previos sobre profesionales con experiencia en estos programas (Boira et al., 2010, 2013). Esta entrevista incluyó 29 preguntas (17 cerradas y 12 abiertas) divididas en 2 partes. En la primera parte se solicitaba información sobre el/la profesional (incluyendo sexo, edad, nivel y tipo de formación, tipo y duración de su experiencia laboral, y rol desempeñado en estos programas) y sobre las características de los programas en los que había trabajado (incluyendo identificación del programa, si estaba activo, a qué población diana se dirigía, el número de maltratadores atendidos o el tipo de intervención realizada). En la segunda parte se solicitaba su opinión sobre las características y eficacia de estos programas. Concretamente, se les pedía que valoraran (numéricamente) su nivel de satisfacción con el programa (o programas) en que habían participado, y que realizaran un análisis cualitativo sobre las cuestiones siguientes: si dicho programa era mejorable y, en su caso, en qué aspectos; si tenía alguna limitación importante y, en su caso, cuáles; si consideraban que programas de intervención con formatos similares serían aplicables a otros delitos de base ideológica, y en su caso, por qué; se les pedía que señalaran los indicadores más fiables de éxito para estos programas; si consideraban que existen perfiles de maltratadores más o menos adecuados para someterse a programas de intervención, y en su caso, cuáles; si en el programa en que participaban se realizaban sesiones de seguimiento y, en su caso, si en ellas se recogía información sobre nuevas parejas y si habían detectado cambios en el perfil de estas; si disponían de información sobre niveles de reincidencia de los maltratadores participantes en el programa y cuáles eran estos, y, finalmente, se les preguntaba por las principales resistencias de los maltratadores que habían detectado.
Con objeto de llegar a profesionales con experiencia en el máximo número posible de programas (implementados en diferentes puntos de España, y en diferentes contextos: comunitario, en prisión, etc.), la entrevista diseñada fue alojada en la aplicación informática Lime Survey, un software que permite la administración de encuestas/entrevistas en línea, creando un enlace de acceso.
ProcedimientoLa identificación de los/as informantes clave que conformaron la población objeto de estudio se realizó por 2 vías. Por una parte, en las fases previas del estudio bibliográfico realizado (Ferrer y Bosch, 2015) se identificó a las personas firmantes de todos los trabajos sobre programas de intervención con maltratadores en casos de violencia de género en España localizados para el período analizado (148 registros entre enero de 1994 y enero de 2013). Este procedimiento permitió identificar a un total de 120 personas expertas. A continuación se procedió a enviarles un correo electrónico que explicaba la existencia y objetivos del estudio e incluía el enlace de acceso directo a la entrevista anteriormente descrita, y en el que se les solicitaba tanto su participación en el estudio como su colaboración en la diseminación de esta información a otros/as profesionales con los/as que pudieran haber trabajado y que, por tanto, tuvieran experiencia al respecto.
Paralelamente, se procedió a establecer contacto con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP), solicitando su permiso para acceder a los/as profesionales que trabajaban en la implementación de programas de intervención con maltratadores dependientes de este organismo. Una vez cumplimentados los trámites preceptivos, la SGIP otorgó el correspondiente permiso y se procedió a realizar la distribución del correo informativo antes mencionado entre los/as profesionales de los 51 centros que en 2013 habían participado en programas de violencia de género-programa de intervención para agresores.
Para fomentar la participación, tras el correo inicial, se enviaron hasta 2 correos posteriores de recordatorio en los que, nuevamente, se presentaba el trabajo de investigación y se solicitaba la colaboración de los/as profesionales.
Tanto en los correos informativos como en el formulario de entrevista incluido en la plataforma Lime Survey se informaba del objetivo del estudio, se solicitaba el consentimiento para la participación, se advertía de la posibilidad de abandonar la entrevista en cualquier momento, y se informaba sobre el carácter confidencial y anónimo de las opiniones vertidas, respetando así las normas éticas al uso (Barrio y Simón, 2006).
La recogida de información tuvo lugar entre el 30 de enero y el 19 de mayo de 2014, tiempo en que permaneció activo el enlace en Lime Survey y fue posible completar entrevistas por parte de los/as profesionales que aceptaron participar en el estudio.
Una vez finalizada la fase de recogida de información, se procedió a exportar esta desde la herramienta Lime Survey a un archivo en Excel en formato texto, recogiendo así la transcripción fiel de las respuestas aportadas por los/as participantes. Este archivo fue convenientemente depurado para eliminar los intentos de acceso a la plataforma fallidos y aquellas entrevistas en las que más de la mitad de las preguntas no habían sido completadas. A continuación se procedió al análisis de datos de los registros restantes (n=65).
Análisis de datosPara las preguntas de respuesta cerrada se realizó un recuento de las respuestas aportadas por las personas participantes. Para las preguntas abiertas se realizó una lectura en profundidad que permitió proceder a la categorización de la información, su codificación y la extracción de resultados. Así, en esta fase, y con ayuda del programa QDAMiner (versión 1.4), se procedió a extraer la información relevante en relación con el objetivo de la investigación. Para ello se realizó un análisis semántico, fundamentado en las categorías detalladas en la figura 1 y que se corresponden con el contenido de las preguntas de la entrevista semiestructurada.
Cabe resaltar que, dado el objetivo y características del estudio realizado, de las 3 formas básicas de argumentación usuales en la presentación de resultados cualitativos descritas por Suárez et al. (2013), esto es, descriptiva, explicativa e interpretativa, en el presente caso se procederá a realizar una presentación descriptiva de los resultados que se centra en exponer la posición discursiva de los/as informantes clave entrevistados/as.
De acuerdo con los procedimientos al uso (Suárez et al., 2013), el rigor de los datos se aseguró mediante saturación del discurso (observada tras el análisis de la información procedente de las 65 entrevistas completadas), controles de credibilidad (particularmente, la consulta de investigaciones previas sobre el tema), y triangulación entre investigadores/as (para lo cual, las entrevistas fueron leídas y su categorización revisada por al menos 2 miembros del equipo investigador en cada caso).
ResultadosUna amplia mayoría de participantes mostraron niveles de satisfacción medio-altos con el programa o programas en los que habían participado. Así, en una escala de 1 a 10, un 27.69% cifraron esta satisfacción en un 7 y un 26.15% en un 8 (media 7.45 y DE 1.14).
Por lo que se refiere a posibles limitaciones, algo más de un tercio de participantes (35.38%) consideraron que los programas en los que habían participado tenían alguna limitación importante, que se agrupaba en una de estas 3 grandes subcategorías:
- a)
Limitaciones relacionadas con los recursos materiales y/o económicos para hacer frente a las necesidades y requerimientos de estos programas: «Los recursos limitados, que hacen que no abarquemos la población destinataria en los tiempos adecuados» (participante 17); o «La ubicación geográfica: todos los usuarios (penados) tenían que desplazarse obligatoriamente a un único punto de atención desde cualquier lugar de la geografía…» (participante 22).
- b)
Limitaciones relacionadas con el tipo y características de los maltratadores y, especialmente, con sus reticencias y su falta de motivación para el cambio: «Quizás el mayor problema es la falta de voluntariedad real de algunos de los participantes, que acuden porque lo consideran un requisito pero no abandonan su actitud de negación de su responsabilidad» (participante 19); «Por el tipo de población y problemática con la que se trabaja, no siempre hay una predisposición al cambio, lo que hace que la implicación se tenga que estar constantemente trabajando» (participante 20).
- c)
Limitaciones derivadas de la necesidad de trabajar en coordinación con otros profesionales con formación y/o criterios diferentes (especialmente, con personas procedentes del estamento judicial): «La problemática de trabajo en equipo con los jueces. Hay interferencias de criterios no técnicos y poco diálogo» (participante 50).
Por otra parte, casi 2/3 partes de las personas participantes (61.54%) consideraron que aquellos programas de intervención en los que habían participado eran mejorables. El análisis de las propuestas mostró que estas se corresponden, básicamente, con las descritas en los estándares de calidad al uso, por lo que se agruparon empleando la herramienta previamente diseñada para analizar dichos estándares (Ferreiro et al., 2014). Los resultados obtenidos se presentan en la tabla 3.
Mejoras identificadas (con relación a criterios de calidad, Ferreiro et al., 2014)
| Criterio | Ejemplo de propuestas de mejora sugeridas | |||
|---|---|---|---|---|
| Principios | Criterio 1 | Orientación de género | Incluir la perspectiva de género | |
| Acción coordinada/derivación | Mejorar la coordinación con: - La administración de justicia a la hora de las derivaciones - El centro penitenciario - Los demás profesionales y/o servicios en general | |||
| Asignación de funciones y contextualización | Asignar funciones laborales exclusivas y especializadas Mejorar el contexto en el que se desarrolla el programa | |||
| Difusión | Ampliar la difusión para mejorar las derivaciones | |||
| Cualificación | Criterio 2 | Formación permanente | Ofrecer la posibilidad de formación permanente para la mejora personal y profesional | |
| Supervisión | Ofrecer supervisión | |||
| Procedimientos | Criterio 5 | Pre-admisión al tratamiento. Evaluación de los maltratadores y adaptación a sus características | Adaptación al maltratador | Ajustar el esfuerzo al nivel de riesgo del maltratador Personalizar la intervención y ajustarla a los perfiles de los agresores |
| Destinatarios | Ampliar a varones menores de edad Ampliar a diferentes entornos geográficos | |||
| Tiempo de espera | Reducir el tiempo de espera | |||
| Criterio 6 | Características de la intervención | Aspectos de identidad | Adaptar los programas a circunstancias concretas (bajo nivel cultural, otras lenguas, otras culturas, etc.) | |
| Añadir elementos específicos de intervención colaterales | Trabajar factores de riesgo específicos (alcohol, consumo de sustancias…) Trabajar otros aspectos (violencia sexual, paternidad…) Trabajar para mejorar la motivación | |||
| Otras estrategias | Incluir estrategias de autocontrol emocional y habilidades relacionales | |||
| Papel de la mujer | Dar más peso al papel de la pareja | |||
| Criterio 7 | Formatos y tiempos adecuados e intervención de la víctima | Duración | Modificar el número de sesiones (ampliar, reducir…) | |
| Tipo de formaciones | Ampliar el número de / introducir sesiones individuales o grupales Combinar terapia individual y grupal Incluir sesiones prácticas, actividades más experienciales Flexibilizar el orden de las temáticas a tratar | |||
| Criterio 8 | Evaluación de la eficacia | Implementar estrategias de eficacia empírica demostrada Mejorar la evaluación (incluir pre/post/seguimiento) | ||
| Otros | Recursos | Mejorar la dotación de recursos | Económicos Humanos (más terapeutas, equipos de apoyo…) Materiales (recursos audiovisuales, etcétera) | |
Nota: No se identificaron propuestas de mejora correspondientes a los criterios 3 (modelo multidimensional. Seguridad para la mujer e intervención precoz e intensiva), 4 (inadecuación y riesgos de intervenciones no específicas. Límites), 9 (el programa de intervención no es alternativo a la sanción penal) o 10 (subvención pública inseparable del control de calidad).
En cuanto a la posibilidad de aplicar programas con formatos similares a los de intervención con maltratadores a otros delitos de base ideológica, se identificaron 2 posiciones diferenciadas. Por una parte, en torno a un 40% de participantes mostró su acuerdo con esta aplicación al considerar la existencia de una similitud existente entre la violencia de género y otros delitos de base ideológica: «Es una idea que no me había planteado nunca, pero me parece factible. Detrás de la violencia de género hay una red compleja de creencias falsas acerca de la mujer, que podrían ser equiparables a las de un radical racista» (participante 19); «Porque trata de modificar pensamientos distorsionados y porque trata de que empaticen con las víctimas, lo que es aplicable a otros delitos de base ideológica» (participante 1); «Porque contienen algunos elementos psicosociales comunes, importantes dentro de las formas de construcción y configuración identitaria (sociosubjetiva), tales como el género, condiciones interseccionales, condiciones socioculturales, etc.» (participante 18); «Porque hay contenidos comunes a todo tipo de problemática» (participante 62). En cambio, otros/as participantes, o bien no estaban de acuerdo con esta posibilidad (un 7.69%), argumentando básicamente que abordan problemas distintos y/o que los objetivos no son los mismos, o bien expresaron dudas al respecto (21.54%): «No sé si serían aplicables. Eso debería demostrarse a través de investigación específica» (participante 11); «Habría que investigarlo. En el caso de los programas de asistencia voluntaria (en los que he trabajado) parece más difícil que pueda haber una motivación para el cambio, que, por muy ideológica que sea la base de la violencia, sí existe para algunos hombres que o son conscientes del daño que hacen o, como mínimo, quieren “salvar” la relación. Todo lo que conlleva la relación de afectividad con la(s) víctima(s) no suele darse en otro tipo de delitos» (participante 16).
Los indicadores más fiables de éxito para los programas de intervención con maltratadores en casos de violencia de género descritos por los/as participantes se presentan en la tabla 4 y se agrupan en: características del contexto, de los programas de intervención, de la medición de la reincidencia, y del maltratador y sus conductas o actitudes. Destaca el hecho de que estos últimos son los descritos con mayor detalle y en mayor número.
Indicadores más fiables de éxito identificados por los/as participantes
| Vinculados a: | Categoría | Indicadores de éxito |
|---|---|---|
| Características, conductas o actitudes del maltratador | Adherencia a la intervención | Implicación en el seguimiento del programa Continuidad en la participación en las sesiones y actividades del programa |
| Asunción de responsabilidad | Reconocimiento de la violencia que se ha ejercido Asunción de responsabilidad por la violencia ejercida Reconocimiento del daño causado y sus consecuencias | |
| Conciencia de problema | Aceptación o reconocimiento de la condición de maltratador Aceptación de la necesidad de ayuda terapéutica | |
| Motivación para el cambio | Compromiso personal con el cambio Interés en asistir a la terapia y superar sus carencias | |
| Autocontrol | Mejora del control de impulsos Disminución de la impulsividad | |
| Empatía | Aumento de la empatía con la víctima | |
| Expresión emocional | Mejora en la expresión y gestión de las emociones Mejora en la expresión emocional | |
| Cambio de actitudes | Modificación de actitudes sexistas y sobre roles de género Modificación de actitudes hacia la pareja Modificación de actitudes justificativas hacia la violencia | |
| Aplicación de las estrategias aprendidas a nuevas situaciones | Uso de las estrategias aprendidas (estrategias de afrontamiento, flexibilización de ideas rígidas e irracionales, cambios en las dinámicas relacionales, etc.) | |
| Otras | Características de personalidad Variables psicológicas | |
| Contexto | Factores de riesgo | Reducción de factores de riesgo vinculados a cometer violencia (e.g. consumo de sustancias) |
| Aspectos vinculados al programa de intervención | Voluntariedad | Participación voluntaria en el programa Motivación para iniciar el programa |
| Características del programa | Combinación de terapia grupal e individual Inclusión de la perspectiva de género Coordinación con otros recursos Ajuste a las características de cada participante Nivel de seguimiento de los participantes | |
| Grado de satisfacción | Nivel de satisfacción con el programa | |
| Análisis de la reincidencia | Reincidencia | Supresión/disminución de la violencia física y psicológica Que no haya nuevas denuncias por comportamientos violentos |
| Valoración de la víctima | Informes de las víctimas y de las posibles nuevas parejas |
Algo más de la mitad de participantes (53.85%) considera que existen perfiles de maltratadores más o menos adecuados o inadecuados para someterse a programas de intervención. En la tabla 5 se presenta una categorización de estos perfiles que muestra una clara contraposición entre aquellas características que harían a los varones más o menos idóneos para participar en este tipo de programas.
Perfiles de maltratadores más adecuados/inadecuados para someterse a programas de intervención
| Más adecuado | Más inadecuado |
|---|---|
| Sin psicopatología activa | Personas con trastornos de salud mental graves, particularmente aquellos que tienen difícil abordaje psicoterapéutico (perfiles psicopáticos, trastornos psicóticos, etcétera) |
| Sin adicciones activas | Personas con adicciones activas y que no están recibiendo tratamiento para ello |
| Que asumen que tienen un problema y/o reconocen el daño causado | Que niegan la violencia y/o no asumen en absoluto su responsabilidad en ella |
| Que utilizan niveles de violencia leve y lo hacen de modo reactivo | Que tienen muy interiorizada y/o naturalizada la praxis de la violencia |
| Con un adecuado manejo del idioma y capacidad para comprender | Con dificultades para la comprensión (por diferente idioma o cultura, por discapacidad y/o bajo nivel intelectual…) |
| Personas que acuden voluntariamente, motivadas y con predisposición al cambio | Quienes acuden al programa únicamente en busca de un beneficio secundario (retener a la pareja, reducir condena…) |
| Con apoyo social |
Además, relacionada con la cuestión de posibles perfiles de adecuación, surge la conveniencia de personalizar las intervenciones: «Por una parte creo que hay que hacer un esfuerzo en adaptar la intervención al participante en el programa. Aquí no es fácil generalizar. La investigación realizada sobre categorías de maltratadores creo que es una buena aproximación. No obstante, tengo más claro los más inadecuados» (participante 24); «Los programas deben adecuarse a los diferentes perfiles de maltratadores y no abordar todos los perfiles con el mismo programa, enfoque o intensidad terapéutica» (participante 45); «Todos los perfiles son adecuados si se personaliza y especializa la intervención» (participante 37).
Aproximadamente 2/3 partes de los/as participantes (66.15%) señalaron que en los programas de intervención en los que habían trabajado se realizaban sesiones de seguimiento.
En relación con los contenidos de estas sesiones, en torno a la mitad (50.77%) informó que en estas sesiones se recogía información sobre si el varón había establecido una nueva pareja y/o las características de esta. El análisis de esta información mostró la existencia de 3 grandes subcategorías de respuestas:
- a)
Quienes consideraban que no se dispone de información suficiente: «Aunque se les pregunta por su situación relacional, no se obtienen datos del perfil de las mujeres (no tenemos acceso a ellas). Dudo que en ningún programa se recoja información que permita establecer el perfil de las mujeres. Además, sería información proporcionada por el agresor y por lo tanto poco fiable» (participante 11).
- b)
Quienes apuntan la existencia de un posible perfil, descrito en términos contradictorios. Así, algunas respuestas apuntan hacia un perfil más complaciente o sometido: «Es difícil de contestar porque no hay datos fidedignos de cómo era la anterior pareja antes de ser maltratada. Más de una vez lo que parecía un cambio era solo la elección de otra pareja más sometida» (participante 56) o «Es menos exigente con él, no hay un gran compromiso con la relación, es también separada» (participante 62). Otras van justo en sentido contrario: «Aproximadamente la mitad de los penados da información acerca de que tienen una nueva pareja. Se observan cambios en lo referente al hecho de que son mujeres que desarrollan una actividad laboral o disponen de algún medio propio de vida. Probablemente este sea el rasgo más importante detectado» (participante 57).
- c)
Una tercera subcategoría de respuesta se refiere al hecho mismo del emparejamiento: «Desde mi experiencia no existe mucha diferencia entre la víctima y la nueva pareja en la mayor parte de los casos, lo que sí me parece sorprendente es la facilidad que presentan en general para establecer nuevas relaciones de pareja estables» (participante 10).
En cuanto a la reincidencia, solo en torno a 3/4 partes de profesionales (27.69%) disponían de información sobre niveles de reincidencia de los maltratadores y esta información era dispar. En algunos casos, se refería a una tasa de reincidencia concreta: «Alrededor de 2 de cada 3 dejan de utilizar la violencia física (y sexual) y la violencia psicológica más grave…» (participante 16); en otros, a las condiciones en que dicha reincidencia era baja: «En los casos que han completado el tratamiento con éxito los niveles de reincidencia son muy bajos» (participante 64), y en otros se aportaba información sobre criterios para determinarla: «Si entendemos la reincidencia como la existencia de nuevas denuncias o que el juez revoque la suspensión de condena y el sujeto ingrese en prisión, los niveles son bajos» (participante 24). En relación con esta última cuestión, la ausencia/presencia de nuevas denuncias por violencia de género aparecía como el criterio más usado para determinar la tasa de reincidencia.
Finalmente, y por lo que se refiere a las resistencias ofrecidas por los maltratadores, se han identificado 3 grandes subcategorías de respuestas:
- a)
La no asunción de responsabilidad y la negación o justificación de la violencia cometida: «La aceptación de la responsabilidad. Su distorsión de los hechos es muy resistente al cambio, y constantemente culpan a la mujer y al sistema judicial» (participante 19); «La mayor resistencia se encuentra en aceptar o asumir que se han comportado de forma violenta, entender que hay muchos más tipos de violencia más allá de la física y cuyas consecuencias hacia la pareja son igual o más severas. Además, uno de los principales obstáculos es superar las justificaciones y minimizaciones» (participante 20); «Para muchos, el mayor problema es comprender el concepto de violencia de género como la ejercida únicamente sobre la mujer (queriendo equipararla, a menudo, con el concepto de Violencia de Doméstica). También resulta complejo, para muchos, el entender que todos los recursos en materia de violencia de género van encaminados a proteger a las mujeres, siendo frecuente el interpretarlos como unos mecanismos para debilitar la figura masculina en la sociedad o, incluso, como una venganza» (participante 40).
- b)
La falta de motivación para participar en el programa y/o la obligatoriedad del mismo: «La motivación para la realización del Programa es exclusivamente el cumplir con la condición para la suspensión de la condena privativa de libertad» (participante 47); «El ir “obligados” por la justicia» (participante 1); «Falta de motivación para acudir a la intervención y por lo tanto para promover el cambio, ya que se les obliga a acudir por mandato judicial» (participante 8).
- c)
Las resistencias derivadas del juicio o sanción social: «La mayor resistencia tiene que ver con el trabajo grupal. Puesto que mayoritariamente comparten el módulo de convivencia, se muestran contrarios a hablar de temas “personales”, por miedo a que salga del grupo y puedan existir consecuencias negativas en el grupo de iguales» (participante 58); «No se sienten identificados como agresores por violencia de género principalmente porque socialmente está muy mal considerado» (participante 4).
Una primera conclusión de este trabajo es que se ha logrado el objetivo previsto de acceder a informantes clave con amplia experiencia en la implementación y gestión de diferentes tipos de programas de intervención con maltratadores en casos de violencia de género aplicados en diferentes lugares de España y conocer sus puntos de vista y valoraciones. En este sentido, podría decirse que la principal aportación de este trabajo es que amplía y completa otros previos (e.g., Boira et al., 2010, 2013), que recababan opiniones de profesionales con experiencia en programas o territorios concretos, aportando una visión más poliédrica sobre el estado de la cuestión y ofreciendo, por tanto, información relevante para reflexionar sobre estos programas y, en su caso, mejorarlos.
En este sentido, los resultados obtenidos muestran, en primer lugar, que, en términos generales, los/as profesionales entrevistados/as estaban satisfechos/as con los programas en los que habían participado y los valoraban de forma positiva.
La reflexión sobre la necesidad de flexibilizar e individualizar estos programas, ajustándolos al máximo a las características de los participantes, constituiría una de las conclusiones obtenidas más relevantes que, además, estaba ya presente en otros trabajos sobre el tema (Boira et al., 2013; Loinaz y Echeburúa, 2010; Millana, 2011; Oliver, Stockdale y Wormith, 2011; Stover, Meadows y Kaufman, 2009).
Igualmente, otra conclusión importante apuntada en trabajos previos (Boira et al., 2010, 2013; Echeburúa, 2013) es que ciertas características de los participantes y/o de los programas aplicados desempeñan un papel importante en las posibilidades de cambio o, en su caso, en el mantenimiento de la violencia. Particularmente, el trabajo de Boira et al. (2010) mostró que, si bien los/as participantes no tenían una opinión clara sobre el efecto concreto de tales características, consideraban que factores como la presencia de psicopatología deberían ser considerados criterios de exclusión para participar en este tipo de programas.
Una última conclusión a destacar, que coincide también con análisis previos (Boira et al., 2010, 2013; Boira, Carbajosa y Lila, 2014; Carbajosa et al., 2013; Henning y Holdorf, 2006; Levesque, Velicer, Castle y Greene, 2008; Lila, Gracia y Murgui, 2013; Taft, Murphy, Musser y Remington, 2004), tiene que ver con las dificultades asociadas a las resistencias de los maltratadores y a su participación no voluntaria y/o incentivada en programas de intervención, particularmente, con la falta de motivación para el cambio y de asunción de responsabilidad en la violencia cometida. Esta cuestión es particularmente importante si tenemos en cuenta que la Ley Orgánica 1/2004 incorpora (con base en el artículo 35) programas como medida penal alternativa (esto es, programas que suponen el cumplimiento de penas alternativas para maltratadores condenados a menos de 2 años, que no ingresan en prisión, pero están obligados judicialmente a seguir un programa de reeducación), y determina (en su artículo 42) la implementación de programas específicos en los centros penitenciarios y en sus secciones abiertas para internos condenados por delitos relacionados con la violencia de género, que asisten a ellos voluntariamente, pero cuyo seguimiento y aprovechamiento será valorado por las juntas de tratamiento en las progresiones de grado, y concesión de permisos o de libertad condicional. En este sentido, cabe recordar, por ejemplo, que el estudio coordinado por Yagüe (2009), que entrevista en profundidad a 387 reclusos por delitos relacionados con violencia de género, mostró cómo de los 125 (32.30%) que solicitaron participar en un programa de intervención, 49 (12.66%) lo hicieron por iniciativa propia, 11 (2.84%) por recomendación judicial, 56 (14.47%) por recomendación de la junta de tratamiento y 9 (2.33%) por recomendación de otro interno. Dado, además, el importante volumen de varones que pueden hallarse en esta situación (los datos de la SGIP cifran, solo para 2013, en 8,289 el número de maltratadores acogidos a medidas penales alternativas), el análisis y resolución de las cuestiones identificadas en este y otros trabajos sobre el tema se convierten en claves fundamentales en la intervención con maltratadores, tanto en España como en otros países donde se prevea implementar medidas de este tipo.
Por lo que se refiere a las limitaciones del trabajo realizado, cabe señalar, en primer lugar que, si bien el número de informantes clave (profesionales expertos/as en la materia) a los/as que se logró acceder es importante, el planteamiento metodológico del estudio realizado supone que los resultados obtenidos son valoraciones subjetivas, por lo que, aunque valiosos, son matizables como todo análisis subjetivo, y no representan a la realidad en su conjunto. Si bien no invalida en absoluto los resultados obtenidos, esta eventualidad ha de reconocerse siempre como una limitación de este tipo de estudios cualitativos (Suárez et al., 2013. En segundo lugar, a nuestro entender, la principal limitación de este trabajo viene dada por la realización de una entrevista en línea. Si bien se eligió este medio porque permitía el acceso a profesionales que conocieran el máximo número de programas con el menor costo en recursos posible, y aún a pesar de las bondades de la herramienta empleada, la ausencia de contacto directo impide utilizar estrategias como la repregunta, dando lugar a bajas tasas de respuestas en ciertas preguntas clave, y dificultando la respuesta en algunos casos, como señalaron algunos/as participantes: «Es difícil generalizar…» (participante 48); «Es difícil de contestar…» (participante 56); «Nuevamente una pregunta compleja que resulta difícil de contestar vía encuesta» (participante 24).
Sin embargo, y a pesar de las limitaciones descritas, consideramos que, tal y como ya se ha señalado, este trabajo aporta elementos relevantes para seguir trabajando en mejorar los programas de intervención con maltratadores en casos de violencia de género, derivados de uno de los puntos de vista más importantes pero menos considerados hasta la fecha, el de los/as profesionales con experiencia directa en estos programas.
FinanciaciónEste trabajo fue llevado a cabo en el marco de un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad de España (FEM2011-25142).
Conflicto de interesesLos autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.
Agradecemos a las personas participantes su colaboración desinteresada que ha permitido alcanzar los resultados de esta investigación.
