Transcurridos más de dos años de gestión autonómica del Sistema madrileño de salud, período que ha permitido acomodar nuestras estructuras a la nueva singladura que comenzó el 1 de enero de 2002, parece oportuno abordar una nueva etapa, para dar respuesta a los retos que tiene planteada la sanidad de comienzos del siglo xxi, orientando los objetivos y actuaciones hacia una búsqueda más decidida de la calidad y de la satisfacción de los ciudadanos.
Pero antes de otras consideraciones es obligado reconocer que el Sistema Sanitario Público, es una organización magnífica, que como se viene diciendo con acierto, es un elemento esencial del estado del bienestar y un poderoso instrumento de cohesión y vertebración social, encontrándose en un momento histórico para afrontar los desafíos de futuro e introducir los elementos necesarios para garantizar su mejora permanente, la adecuación de las demandas de los ciudadanos y de los profesionales y su sostenibilidad futura.
Indudablemente los retos más importantes vienen marcados por el incremento de la demanda de servicios sanitarios, bien por el aumento de la población y el envejecimiento de la misma, la dotación constante de nuevas tecnologías, aparición de nuevos fármacos y tratamientos, incorporación de nuevas prestaciones, el desarrollo de la investigación biomédica, entre otros muchos factores que intervienen en el perfil del sector sanitario actual.
Por ello, en primer lugar nuestras acciones deben estar orientadas a mejorar la capacidad de respuesta, mediante la puesta en marcha de programas que nos permiten identificar las autenticas necesidades de los ciudadanos, mejorar la accesibilidad a las prestaciones y asegurar el correcto funcionamiento de los centros, en unas condiciones que permitan una asistencia de calidad, facilitando la incorporación de los avances diagnósticos y terapéuticos, potenciando la investigación y la docencia.
Desde luego el pilar fundamental para afrontar estos retos, está en los profesionales del sistema, ellos son quienes conocen el potencial y las limitaciones del mismo, por lo que deben ser protagonistas y cómplices de ese proceso de mejora, participando en el diseño e implantación de las medidas de mejora asistencial.
En los últimos meses se ha planteado con mayor insistencia las cuestiones referidas a la sostenibilidad del Sistema Público. Con independencia de las soluciones que se vienen barajando, parece claro que la mayoría de las Comunidades Autónomas han manifestado la necesidad de aumentar la financiación sanitaria, debido al crecimiento de la población y el aumento de la demanda de servicios.
En este sentido y por voz de la Presidenta de la Comunidad de Madrid se ha expresado públicamente la necesidad de actualizar la financiación sanitaria, acomodándola a la realidad de hoy. Además tanto en esta cuestión como en otras que consideramos esenciales, nuestra posición es favorable a llegar a un Pacto de Estado en materia sanitaria, para avanzar de manera homogénea por parte de todas las Comunidades Autónomas.
El Pacto de Estado en materia sanitaria, similar al que se realizó para las pensiones, supondría entre otros beneficios, que las Administraciones Públicas competentes, tengan presente que las cuestiones esenciales de la sanidad no debieran estar a merced de los avatares políticos, situando esta materia al margen de los resultados electorales, trabajando exclusivamente por el objetivo de mejorar la asistencia sanitaria que damos a los ciudadanos.
La ausencia de una líneas básicas sobre los elementos esenciales del sistema, comunes y consensuados por todos los responsables políticos del mismo, podría llevarnos a la adopción de decisiones diferentes en cada Comunidad Autónoma, lo que podría desembocar en la aparición de modelos sanitarios diferentes en el conjunto del Estado, frente a la deseable homogeneidad para que los derechos de los ciudadanos sean similares con independencia de su lugar de residencia.
El conseguir mantener un sistema sanitario homogéneo y estable requiere el esfuerzo de diálogo y consenso por parte de todos, comenzando por el Gobierno de la Nación a través de Ministerio de Sanidad y Consumo, para articular y garantizar la cohesión y la coordinación en el desarrollo de las competencias de las Comunidades Autónomas..
En este sentido la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, de 23 de mayo de 2003, aprobada con el voto favorable de todos los grupos parlamentarios, es la mejor herramienta para asegurar el desarrollo de políticas de cooperación entre las administraciones públicas, que conduzcan a un fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, desde el diálogo y el consenso
De este modo, y también con la participación de todos los sectores afectados, podría llegarse de manera consensuada al establecimiento de un Pacto que abarcara objetivos a corto, medio y largo plazo, comenzando las primeras acciones en el 2005. A medio plazo se deberían articular las medidas normativas, políticas y económicas, para dar respuesta a los grandes temas que tiene planteada la Sanidad en la actualidad: mejora de asistencia sanitaria y aumento de prestaciones, control del gasto farmacéutico, incorporación de nuevas tecnologías políticas de recursos humanos, políticas de desarrollo de la investigación, atención sociosanitaria y drogodependencias.
Paralelamente dentro del Pacto, se deberían adoptar medidas específicas para garantizar la sostenibilidad del Sistema y la suficiencia económica para llevar a cabo los objetivos marcados, en un horizonte temporal suficientemente amplio.
No cabe ninguna duda de que el foro para diseñar, debatir, pactar y supervisar el Pacto de Estado, debería ser el Consejo Interterritorial, ya que, según la Ley de Cohesión y Calidad, es el órgano que tiene la facultad de coordinar las políticas sanitarias, siendo obligado que previamente se normalicen sus funciones como estaba en la anterior legislatura.
Por todo ello, el Pacto de Estado debería contar al menos con los siguientes contenidos: mantenimiento de los principios de la Ley de Cohesión; acuerdo sobre prestaciones y actualización de la cartera de servicios; acuerdo sobre garantías de accesibilidad, movilidad y tiempo de respuesta; política farmacéutica; un plan específico de investigación en salud. Ello unido al establecimiento de mecanismos que garanticen la estabilidad y suficiencia financiera.
Estamos convencidos de que solo desde el diálogo y el consenso entre todas las Administraciones Públicas y los agentes implicados seremos capaces de mantener y fortalecer la espléndida realidad que es el Sistema Sanitario Público.