Sin lugar a dudas y pese a los esfuerzos que hace el Estado por garantizar el Derecho Fundamental a la salud que ratificó la Ley Estatutaria de reciente expedición, es evidente que nuestro sistema aún tiene muchas barreras de acceso de carácter administrativo, geográfico, económico y por supuesto, también de una limitada oferta de infraestructura de servicios adecuada en todos los niveles de atención, pero especialmente en los requeridos de baja y media complejidad y aquellos en los lugares más pobres, donde desconcierta la escasa atención a los núcleos populares junto a la población rural campesina. Adicionalmente, son preocupantes las fallas en los programas de promoción de hábitos y estilos de vida saludables, más los fundamentales de prevención de la enfermedad, para los cuales son pocos los incentivos que ofrece el sistema.
Solo a manera de ejemplo, el Instituto Nacional de Salud reportó en 2014, 477 muertes maternas que, como todos sabemos, con atención adecuada y oportuna no deberían haber ocurrido. En lo corrido de 2015, el mismo Instituto investiga el fallecimiento de 161 mujeres, cifra que de lejos sobrepasa los cálculos que se habían considerado como meta del milenio. Todas estas muertes, reitero, se hubiesen podido evitar en un 98% de los casos si existiera una política real de salud pública. Algo similar se presentó con el “Chicungunya” que cobró cerca de 50 vidas, que seguramente con atención apropiada también se hubiesen podido evitar.
Lo que sí resulta paradójico y casi incomprensible, es que a sabiendas de que estas muertes se presentan con mayor frecuencia en los departamentos más necesitados y apartados, como es el caso del Chocó, el propio Estado a través de la EPS pública Caprecom, decida retirarse y dejar de asistir a los habitantes más pobres de ese departamento, y abandone sin justificación alguna por razones económicas, administrativas o políticas la responsabilidad de atender a la población, sin que por lo menos señale cambios de esperanza menos dura.
Sobre las deudas a los distintos actores del sistema, poco o nada se dice; sin embargo, siendo los recursos de la salud capitales públicos (parafiscales), es el Estado quien debe asumir y ser garante de esas deudas, a prestadores, proveedores de insumos, materiales, dispositivos, medicamentos y tecnologías, pues es claro que si bien ha delegado el manejo de ellos a diferentes actores, en ningún caso le es dable encomendar la responsabilidad de su inspección, vigilancia, control y adecuada aplicación de los mismos, hecho que a ciencia cierta hacia futuro, de no resolverse con prontitud, generará obligaciones más onerosas para el propio sistema y el Estado por las demandas a las que ya hoy se ve enfrentado.
De otra parte, persisten dificultades en el flujo adecuado de los recursos y aunque se hace necesario hacer un análisis mucho más detallado con estudios actuariales de suficiencia de la unidad de pago por capitación (UPC), lo cierto es que hoy esos recursos resultan insuficientes para atender las necesidades de la población y la ampliación de los planes de beneficios que introdujo la Ley Estatutaria, por lo cual, si bien hay que reconocer la tarea del señor Ministro en racionalizar el creciente gasto a través de medidas de control, por ejemplo en los precios de insumos o medicamentos y lograr mayor transparencia en el manejo de los recursos, exigiendo mejores resultados a los articuladores y prestadores, es inaplazable la consecución de nuevas fuentes de financiación del sistema distintas a las ya existentes, sin menoscabo de continuar adoptando todas aquellas medidas que permitan mayor costo-efectividad.
Pero, es claro que para poder atender y solucionar la mayoría de problemas que existen hoy en el sector, sería conveniente estudiar medidas como aquella que se estableció a comienzos de los 90 y que lamentablemente se derogó después, de destinar un porcentaje del impuesto al valor agregado (IVA) para cubrir y pagar con cargo a esos recursos todas aquellas actividades que en virtud de la Ley hacen ya parte del plan de beneficios pero que no es permitido financiar con los recursos actuales. Pensar por ejemplo que el 1% del IVA se destine a financiar con estos recursos específicamente la prestación integral de servicios de salud, permitiría garantizar a plenitud el derecho a la salud, algo que no puede jamás interpretarse como absurdo en el pensamiento de algunos economistas, pues focalizar recursos para ello, es apenas el justo y merecido reconocimiento a un país que por décadas ha vivido la guerra, la muerte y la desolación, recursos que resultarán ínfimos comparados con el enorme beneficio a la población y que ciertamente contribuirán a la consolidación de la paz con verdadera justicia social como es el deseo del Gobierno y de todos los colombianos.
Desde esta generosa invitación que me ha hecho la Revista Colombiana de Cardiología, quiero invitar a todos los actores del sistema, pero en especial a los colegas, las instituciones de salud, los gremios, las organizaciones de base, al honorable Congreso de la República, a las altas cortes, a las entidades de vigilancia y control, a la academia y por supuesto a los más importantes del sistema, nosotros los usuarios, para que entre todos impulsemos esta iniciativa y se tomen decisiones urgentes, que permitan estabilizar con rapidez la difícil situación por la que atraviesa nuestro sistema de salud y continuar claro, con todos aquellos análisis y discusiones que conduzcan a la optimización del sistema de salud, como es el anhelo de todos en este maravilloso país.