En el desarrollo de un país, la inversión que se hace en ciencia, tecnología e innovación está ligada a sus condiciones de bienestar de la población y a su calidad de vida. Son los resultados en ciencia y tecnología los que dan solución a los problemas inherentes a la comunidad cuando se investiga con pertinencia y se trata de encontrar respuestas adecuadas a las dificultades de una nación. Es con criterio científico que se direccionan las inversiones que se realizan de una manera coherente y óptima en búsqueda de una buena calidad de vida, que se desarrollan y aplican los avances tecnológicos en los diferentes aspectos de la vida, de la salud y de la productividad, y también que se innova y se estudia el impacto de estos programas.
Con estas premisas los Estados toman decisiones de inversión de su presupuesto en búsqueda de un impacto. En países como Japón y Estados Unidos, algo más del 5% de su producto interno bruto (PIB) está dedicado a ello; en Latinoamérica, México y Brasil, cerca del 1%. Pobremente Colombia no llega al 0,1% de su PIB como inversión en los diferentes programas de ciencia y tecnología (investigación básica, aplicada, formación de maestros y doctores, etc.). Peor aún, el presupuesto se ve afectado cada año con tendencia a disminuir; para el año 2015, a su Departamento de Ciencia y Tecnología (Colciencias) el Estado ha asignado 287.457 millones de pesos, 80.000 millones menos que para el año 2014 y 140.000 millones menos que en el 2013 (fuente: Oficina asesora de Planeación – Colciencias).
Además de este problema, el Gobierno Colombiano ha decidido que un porcentaje de los recursos económicos de Regalías que quedan en el país sean invertidos en investigación por las regiones, sin la implementación de un sistema mínimo de control, regulación, monitorización y asignación de ellos, lo que propiciará sin duda la mala utilización.
Mientras esto sucede, los investigadores y académicos tratamos de manera absurda de obtener de esos escasos recursos la financiación a las propuestas de investigación que planteamos, y paradójicamente el Estado nos exige resultados. Hace poco en el Congreso Nacional de Residentes de Psiquiatría intentaba ingenuamente plantear a los futuros médicos especialistas la perspectiva de responsabilidad social que los comprometía a trabajar con sentido y racionalidad siempre en búsqueda de responder a los problemas en salud mental que agobian a nuestra población.
Tenemos que levantar nuestra voz de protesta, de indignación. Que la clase dirigente colombiana entienda de una vez por todas que es la educación y la investigación el mejor camino para encontrar un desarrollo social y productivo, una sociedad más justa y equitativa que propicie un verdadero cambio hacia la paz.
Este número de la revista trae interesantes artículos originales en diferentes áreas de la psiquiatría, sin descuidar las reflexiones epistemológicas y paradigmáticas. Esperamos que sean para su beneficio.
¡Nos vemos en Cartagena!
