Ciencia académica, intelectuales y el trabajo del profesor universitario en Brasil: convergencia y hegemonía

Resumen

Este artículo trata de comprender la realidad social, económica y política de la ciencia académica en los Estados Unidos en una transición consolidada para reubicar la universidad como parte del sistema de producción. Esta comprensión permite entender el movimiento de los cambios estructurales que tienen lugar en Brasil y sus consecuencias para la vida del investigador intelectual de la universidad estatal y la naturaleza de su trabajo cada vez más comercial.

Abstract

This article explores the social, economic and political context of higher education reforms in the United States in order to understand contemporary changes in Brazilian higher education. The paper argues that while the Brazilian higher education system has made important achievements in the last decade, the academic profession cannot escape market pressures and neoliberal dynamics. This is particularly evident in areas related to research, funding, and the commercial value given to scientific discovery.

Introducción

En este artículo intentamos hacer una reflexión sobre el contexto social, económico y político de la educación superior estadounidense de las últimas décadas, para contribuir a la comprensión de algunas transformaciones que tienen lugar en las universidades públicas brasileñas. Esta reflexión puede ayudar a entender algunos cambios estructurales que tienen lugar en Brasil y sus consecuencias sobre el trabajo académico y la producción científica. Ya a principios de este siglo, el historiador Nicolau Sevcenko (2000) preveía los problemas de la universidad estatal brasileña; las tendencias que hoy se perfilan claramente ya lo incomodaban. Su mirar sobre los países centrales, que por diferentes procesos producen una convergencia de reformas institucionales, mostraba la tendencia que vendría a extenderse por varias regiones del planeta.

Con el ejemplo de las universidades inglesas a modo de ilustración, Sevcenko describe un homenaje al profesor Noel Annan —en los años 1950s, el primer rector con exclusividad en el cargo— en el King's College de la Universidad de Londres. Según su relato, en el auditorio era posible identificar tres generaciones. La primera, en el frente, estaba integrada por los contemporáneos del homenajeado: un “pequeño grupo de familias de linajes distintos, cuyos miembros y descendientes ocupaban todos los puestos de decisión, haciendo de la academia la extensión natural de sus privilegios de clase”. La segunda, la generación de la década de 1960, que abriría camino para lo que no cabía en el interior de la universidad inglesa, de donde nacerían “inspiraciones y alianzas radicales, cuyos frutos más exóticos fueron la insurrección punk, la música electrónica, el dub, el nuevo cine inglés y la llamada escuela londinense de artes plásticas”. La tercera, constituída por los profesores de la década de 1990 —a los que denominó “herederos del futuro”—, reunía a los nuevos intelectuales que reformularían en su práctica cotidiana la institución universitaria y formarían a las siguientes generaciones.

Intelectuales y hegemonía

La reconstrucción actual de la universidad estatal brasileña está siendo realizada en una medida significativa por estos intelectuales que actúan en la academia y en ciertos casos tienen posiciones privilegiadas en la formulación de políticas universitarias. Dada la convergencia de políticas universitarias a nivel internacional, para comprender mejor las prácticas y el trabajo cotidianos de estos nuevos académicos brasileños es útil examinar las reformas institucionales en las universidades de países centrales (Altbach, Gumport & Berdahl, 2011; Slaughter & Rhoades, 2011, Schugurensky, 2013).¹ Tres hechos recientes pueden ayudar a contextualizar este viraje: la huelga de 2012 y su impacto en las universidades federales, las manifestaciones sociales ocurridas en 2013, y la tentativa de privatización de la universidad estatal brasileña, con inicio simbólico en las universidades estatales paulistas.

Sevcenko sugiere uno de los caminos para entender la formación de esta generación y de la actual cultura de la universidad estatal brasileña como parte de un movimiento mayor, del cual Brasil y otros países vendrían a participar de forma orgánica a partir de la década de 1990. Para él, las nuevas generaciones de académicos han sido socializadas en el modelo neoliberal que sustituye los principios de solidaridad, igualdad y esperanza de cambios por una perspectiva thatcheriana que propone que no existe la sociedad sino individuos que interactúan (léase compiten) el mercado:

La operación ideológica construída por el nexo Reagan-Thatcher mudó completamente la configuración del debate político. Su mayor proeza fue metamorfosear los términos de su alianza en una amalgama cultural de alcance místico. Fuertemente apoyados en tradiciones puritanas exclusivistas y autocentradas de la cultura anglosajónica, dislocaron sus contenidos doctrinarios de la esfera religiosa para la política. El resultado fue el deslizamiento del concepto de destino manifiesto, tan latente en Cromwell como en Washington y Jefferson, de un factor incontestable de los pueblos anglosajones para el propio sistema capitalista. (Sevcenko, 2000: 34)

La expresión de ese momento se fue concretizando en tiempos diferentes en distintos países, alterando drásticamente el aparato del estado y las instituciones republicanas. Más que una nueva episteme política y religiosa, se produjo un cambio estructural en la economía, en la ciencia y en la tecnología. Esta nueva cultura de las universidades estatales se ha ido gestando por varias décadas, pero se torna más visible en el momento actual. Por un lado, se expresa en una serie de reformas, políticas y programas para la universidad estatal, y por otro, en el discurso, las actitudes y las prácticas de intelectuales que ocupan posiciones en la propia universidad o en órganos de Estado en las distintas esferas administrativas.

De acuerdo con Ianni (1994), el contexto de estas transformaciones es una nueva cultura mundial que tiene como corazón una apología y un endiosamiento de la ideología de la eficiencia concretizado en la disminución de la brecha entre la ciencia y la tecnología a través de la innovación. Estos rasgos se transformarían en la práctica política en programas de gobierno y de propuestas en que la ciencia, la tecnología y la educación consistirían en la fundación de un nuevo momento histórico. Para Sevcenko (2000: 45), este nuevo momento histórico tuvo su origen en la disputa por ciencia y tecnología de la postguerra:

Era una propuesta clara que tocaba a todos. La nueva realidad sólo ofrece oportunidades para el trabajo cualificado, por tanto el mejor medio de suscitar la promoción social debe ser necesariamente la educación. Además, en la vertiginosa corrida tecnológica que sucedió a la Guerra Fría, sólo quien tuviese autonomía tecnológica podría garantizar su soberanía. Luego, educación, ciencia y tecnología son las tres llaves de la nueva era. Pero el veneno de la manzana prohibida ya se infiltró en las venas de los nuevos líderes.

Con el tiempo, la eficiencia alcanza el estatuto de dogma como fundamento político y se concretiza en la búsqueda diaria de la innovación. Este trasfondo nos permite darle un contexto histórico e internacional a las reformas que se dieron en las universidades brasileras y en las de otros países en las últimas décadas. Lo que se puede observar, en gran medida, es la convergencia de muchos sistemas universitarios hacia el modelo estadounidense, una tendencia que ya identificó Altbach (1992) y que se ha intensificado en el siglo xxi. En el caso de universidad estatal brasileña, los ‘herederos del futuro’ vienen jugando un papel importante en esta transición.

Estados Unidos: La Bayh-Dole Act y el Competes Act

En el sistema universitario brasilero es posible percibir que la autonomía y la orientación pública han ido disminuyendo, y en su lugar se ha ido imponiendo una lógica de mercado. Una perspectiva histórica e internacional que considere la tesis de la convergencia propuesta por Altbach debe poner la mirada en algunas reformas que han ocurrido en los países centrales. Si bien es cierto que la colaboración entre universidad e industria en los Estados Unidos tienen larga data,² es sobre todo a partir de la década de 1980 que esta asociación toma un impulso significativo. Dicha relación se expresa, por ejemplo, en altos niveles de patentamiento y de licenciamiento, esto es, de conocimientos producidos en la universidad que son comercializados rápidamente. El origen de esta tendencia puede observarse en la presión que sufren las universidades estatales para conseguir financiamiento que les permita sobrellevar los cortes presupuestales. También es pertinente notar que estas reformas tienen una dimensión legislativa. Entre muchos posibles ejemplos, mencionaremos la promulgación de la Bayh-Dohle Act de 1980 y de la Competes Act del 2007.

La Bayh-Dole Act de 1980 es interesante porque no fue tanto una imposición del Estado hacia las instituciones universitarias, sino sobre todo el resultado de la presión de las propias instituciones estadounidenses, de la industria y de los propios formuladores de política, que se convencieron del reordenamiento necesario para recolocar la economía americana en una posición dominante a nivel internacional (Perorazio, 2009 & Mowery et al., 2004). Así, la producción de una nueva forma histórica de la hegemonía se produce por los intelectuales en las instituciones, en la industria y en el Estado. Marginson y Ordorika (2010: 69), siguiendo a Gramsci, anotan que “en condiciones de hegemonía cultural, una población dada adopta formas lingüísticas, e inclusive un idioma completo, de otro grupo de personas”.³ Esta adopción es provocada no por la coerción, sino por la persuasión que emana del prestigio cultural y el poder económico, político y social. Según estos autores, la teoría de la hegemonía de Gramsci coloca a la universidad en un papel central dentro de la sociedad civil, pues esta institución “estandariza e inculca el lenguaje dominante y el conocimiento autorizado, un lugar de actividad cultural por derecho propio, y el sitio donde se forman las siguientes generaciones de líderes.

Promulgada el 12 de diciembre de 1980, la Ley de Patentes y Licenciamientos (PL 96-517, o Bayh-Dole Act) creó una política de patentes uniforme entre las muchas agencias federales que financian la investigación en los Estados Unidos. Esta ley permitió que pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro, incluyendo universidades, retuvieran la propiedad de las invenciones obtenidas con financiamiento del gobierno federal en programas de investigación. Este proyecto de ley fue presentado por los senadores Birch Bayh de Indiana y Robert Dole de Kansas.

La Bayh-Dole Act fue fundamental en el incentivo a las universidades para que participen de actividades de transferencia de tecnología y alteró significativamente el paradigma de propiedad intelectual y de financiamiento de las investigaciones realizadas en las instituciones estadounidenses. En aquella época, como apuntan Mowery et al. (2004), había un consenso entre los investigadores de las instituciones universitarias de los Estados Unidos de que una parte significativa de las investigaciones realizadas con financiamiento del gobierno federal presentaban dificultades para la comercialización debido a las barreras para la obtención de patentes por parte de estas instituciones. Desde la perspectiva de estos investigadores, era necesario producir un marco legal para regular la histórica relación entre universidad e industria en los Estados Unidos. Por otro lado, tanto los ejecutivos de las industrias como los formuladores de políticas públicas comenzaron a entender que la innovación sería una salida precisa para el crecimiento económico. En ese contexto comenzó a formarse una nueva camada de intelectuales que poco a poco consolidaría un nuevo modelo de universidad en un país con una de las economías más grandes del mundo. Berman (2012: 2) identifica dos factores principales que explican la reforma de la universidad estadounidense y particularmente la orientación de las actividades de investigación hacia la satisfacción de las necesidades del crecimiento económico:

El primero consiste en que el gobierno lo estimuló e indujo a las universidades a que asumieran la ciencia académica como un valioso producto económico. (...) El segundo consiste en que tal movimiento sería mayor y se esparció una nueva concepción [hegemonía], de que la innovación científica y tecnológica debe servir como un motor del crecimiento económico)⁴

De esta manera, el Bayh-Dole Act fue fuertemente impulsado por las universidades que venían desarrollando investigaciones con patentamiento. Su aprobación representó un marco en las políticas de innovación de los Estados Unidos a partir de la década de 1980. Esa ley tenía por objetivo el incentivo a la comercialización de los resultados de las investigaciones en la universidad. Había, entonces, una nueva forma de producción real de riqueza. Eso fue novedad en el capitalismo de los Estados Unidos y, actualmente, se esparce por los países relacionados con Estados Unidos influenciando fuertemente los cambios en la universidad brasileña a partir del inicio del siglo xxi.

Además de producir y fortalecer el estatuto de la propiedad intelectual, la ley buscaba contribuir con el desarrollo económico de los Estados Unidos, fomentando la competitividad del sector industrial a través de la innovación tecnológica y la comercialización de conocimiento producido por la academia de ese país. Este nuevo orden jurídico significó un importante incentivo a la defensa de la propiedad intelectual, llevando a las universidades de investigación a reestructurarse, e implantando de manera acelerada sus departamentos de transferencia de tecnología a fin de estrechar la relación con las empresas privadas (Mowery et al., 2004).

En ese contexto, las universidades estadounidenses pasaron a organizar la producción del conocimiento científico —tanto en lo referente al financiamiento, a la agenda de investigación y a la gestión de la propia institución— de forma tal que sus resultados fuesen rápidamente comercializados. Desde entonces, las universidades pasaron a guiarse no solamente por indicadores de productividad académicos y científicos sino también —y en muchos casos principalmente— por indicadores de desempeños económico y financiero. Esto orientó a la academia a adoptar modelos de gestión que se identificaron con las prácticas corporativas, resultando en la mercantilización del conocimiento y de la institución universitaria, caracterizando lo que algunos autores llaman capitalismo académico. (Slaughter & Rhoades, 2011). Esta nueva universidad induce a la modificación de la naturaleza del trabajo del profesor investigador en el sentido de que sus resultados puedan ser comercializados.

Slaughter y Rhoades resaltan que desde la aprobación del Bay-Dohle Act en 1980 se elevó significativamente el número de patentes concedidas a las universidades norteamericanas y expandió el número de departamentos de transferencia de tecnología, y esto traería consecuencias para la producción de conocimiento. Un ejemplo de ello se puede encontrar en la agenda de investigación de estas instituciones, que pasaron a priorizar el desarrollo de proyectos de investigación aplicada —en perjuicio de los de investigación básica— por el mayor potencial de comercialización y de transferencia de tecnología al sector productivo.

Los datos presentados en el estudio de Loise & Stevens (2011: 187) revelan esta tendencia. Según estos autores, hasta la aprobación del Bay-Dohle Act, solamente veintitrés universidades poseían departamentos de transferencia de tecnología. En el período entre 1983 y 2012, hubo un crecimiento en el orden de 769% en el número de estos departamentos; esto generó una expansión significativa de las actividades de transferencia de tecnología para el sector industrial. En el período de 1991 a 2008, hubo un crecimiento exponencial de las actividades relacionadas a la transferencia de tecnología en el ámbito de estas instituciones, lo que demuestra la tendencia de la academia a una creciente mercantilización del conocimiento. En relación a las licencias, Loise & Stevens afirman que en el mismo período, 50% fueron contratadas por pequeñas empresas, 35% por grandes corporaciones y 15% por las llamadas spin-off companies universitarias (Loise & Stevens, 2011: 187). No es difícil deducir las consecuencias de este proceso en el trabajo de los profesores investigadores y en la manera en que conciben su trabajo y la universidad en la que trabajan.

Los datos presentados en el estudio de Loise & Stevens (2011) muestran además que la facturación obtenida por las universidades con estas licencias presentó un crecimiento expresivo, pasando de us$7,3 millones, en 1981, para us$3,4 mil millones, en 2008. En este mismo período, fueron formadas 6.652 start-ups o empresas nuevas. Este estudio también demostró que en el período de 1996 a 2007, las actividades de transferencia de tecnología de las universidades, sumadas a la creación de empresas, fueron responsables por la generación de aproximadamente 279.000 empleos y contribuyeron con us$187 mil millones para el pib de los Estados Unidos en ese mismo período.

Slaughter y Rhoades (2011) analizan cómo las universidades norteamericanas redefinieron sus actividades de investigación, pasando a priorizar la comercialización de sus resultados, principalmente después de la aprobación de la Bay-Dohle Act durante la administración de Ronald Reagan, y de la Competes Act en la primera década del siglo xxi, cuando la crisis del 2008 ya era una realidad. Según ellos, en aquel período las instituciones universitarias, en especial las estatales, pasaron a privilegiar las actividades relacionadas con la comercialización del conocimiento para disminuir su dependencia en relación al financiamiento público, federal y estatal. Esta estrategia les permitiría reducir su vulnerabilidad financiera frente a las crecientes restricciones del presupuesto público para el mantenimiento de las universidades, en respuesta a las crisis fiscales del Estado. En forma jocosa, se bromea con que hace unas décadas las universidades públicas estaban financiadas por el Estado, luego pasaron a ser parcialmente subsidiadas por el Estado, y ahora simplemente están ubicadas en un Estado.⁵

El Competes Act 2007, que podría ser traducida libremente como la “Ley América de la competitividad”, tiene entre sus disposiciones la cobertura de la gama de actividades de un gran número de agencias y empresas federales, incluyendo el Gabinete de Política de Ciencia y Tecnología (Título I), la Administración Espacial y Aeronáutica (Título II), el Instituto Nacional de Tecnología y Standards (Título III), la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (Título IV), el Departamento de Energía (Título V), y de la Fundación Nacional de Ciencia (Título VII). En muchos lugares, la ley determina que cada agencia debe cooperar con sus pares y departamentos, y llama la atención para la investigación de alta recompensa en áreas de necesidad nacional crítica, así como alerta con respecto a la urgencia de considerables esfuerzos de las agencias en relación a la educación de los futuros profesionales ciencia, tecnología, ingeniería y matemática (stem).⁶

En síntesis, la aprobación de la Bay-Dole Act y de la Competes Act reforzó el proceso de mercantilización del conocimiento y alteró las funciones social y política de la universidad, produciendo nueva cultura académica orientada por objetivos económicos. Tal cultura reformó la gestión institucional, que a su vez instituyó un nuevo régimen de producción de conocimiento en el cual docentes investigadores y administradores forman un bloque nuevo de actores. Este nuevo bloque de actores está produciendo nuevo ethos académico alineado con prácticas y valores corporativos con consecuencias para el trabajo cotidiano de profesores e investigadores.

Esas leyes, de hecho, son parte fundamental del contexto que promueve los continuos cortes presupuestales a las universidades estatales y la orientación al mercado. Esto se puede observar, por ejemplo, en los planeamientos estratégicos de las universidades estatales, donde la búsqueda de financiamiento privado y el aumento de los aranceles estudiantiles se constituyen en pilares estructurales de su crecimiento y a veces de su misma sobrevivencia. Esta nueva racionalidad también impulsa la movilidad académica de estudiantes y profesores, y altera el perfil de los profesores a contratar. En muchos concursos públicos, por ejemplo, se buscan profesores con antecedentes que demuestren que son capaces de obtener subsidios de investigación (grants) de montos significativos. Aun más, en algunas universidades ya existen categorías específicas de profesores que deben generar una alta proporción de su salario a través de grants.

Todo esto ha llevado a una aceptación de la mercantilización, de la intensificación del trabajo de los profesores y de la nueva naturaleza del trabajo del investigador, sobre todo en la consolidación de una nueva cultura en la cual el objetivo primordial es la inmediatez del resultado de las investigaciones, y que dicho resultado sea comercializable. En este modelo el investigador tiene tres objetivos: la patente, el licenciamiento y la publicación. Una de las consecuencias de estas reformas es que los investigadores experimentan una reducción de su autonomía para decidir sus temas de investigación, que ahora se supeditan a las demandas de una economía cada vez más globalizada. En esta nueva configuración, el investigador académico no sólo tiende a adaptar su agenda de investigación al mercado sino también los tiempos de producción de conocimiento, que deben compaginarse con los de producción de valor económico (Sguissardi & Silva Júnior, 2009).

Colocados en esta posición, muchos investigadores tratan de vender sus servicios para el patentamiento y el licenciamiento de productos, y las instituciones académicas, de diferenciarse encontrando nichos que les consientan competir favorablemente, y se termina generando un mercado de educación superior que le permite al Estado abandonar paulatinamente su responsabilidad fiduciaria. Estas transformaciones que comenzaron en Estados Unidos en el contexto de las crisis económicas de los años 1970s y 1980s, se profundizaron durante la crisis inmobiliaria que provocó otra ola de crisis en muchas familias y universidades. Como ha sido observado en varias ocasiones (e.g. The Economist, 2009; Vedder & Denhart, 2014), a la burbuja inmobiliaria le siguió la burbuja universitaria, y en esa coyuntura, la ciencia académica adquiere un valor estratégico. Aun más, todo ese conjunto de factores fortaleció la internacionalización de la educación superior. Por ejemplo, los índices de movilidad académica son los más altos según las series históricas del International Institute of Education (iie). Además, como las universidades públicas no pueden seguir incrementando los aranceles de estudiantes domésticos debido a presiones políticas, comienzan a depender más y más de los aranceles de estudiantes internacionales.

En términos de gerenciamiento, los rectores de muchas universidades tienen un perfil de administradores profesionales, y la gestión académica está subordinada a la gestión administrativa. Se destaca, además, el Consejo de Administración (Board of Trustees), que en muchos casos tiene una conformación mayoritaria de representantes del gobierno y de grupos económicos que orientan las políticas de cada institución. El profesor se transforma en emprendedor y al mismo tiempo en un intelectual que disemina la nueva cultura por medio de su trabajo a través del ejemplo cotidiano, más allá de formar las futuras generaciones según los mismos principios en todos los niveles de enseñanza.

Esta es la generación de la década de 1990 a la que se refería Sevcenko; se constituye en los nuevos intelectuales que van a producir la universidad estatal en Brasil de las próximas décadas. Este profesor está más dispuesto a ofrecer su trabajo al mercado y hará todo lo posible para publicar en revistas reconocidas en los rankings internacionales, para conseguir financiamiento y para vender patentes. Todas estas actividades se relacionan de una manera central con la agenda de investigación, que es determinada crecientemente por criterios determinados por el Estado y el mercado, y cada vez menos por los mismos investigadores a partir de criterios académicos.

Las universidad brasileñas: reforma y resistencia

El movimiento docente de las universidades federales que intentó resistir la imposición de este modelo en Brasil a través de una huelga nacional en 2012,⁷ consiguió el apoyo de sindicatos docentes y logró algunas reivindicaciones. Sin embargo, éstas fueron de carácter menor, y no consiguieron detener la imposición del dogma eficientista y de las reformas de la universidad orientadas al mercado. En este contexto es pertinente resaltar que si bien muchas de estas reformas fueron introducidas por organismos multilaterales, a nivel doméstico fueron adoptadas y adaptadas por intelectuales brasileros de gran influencia en el estado y en las mismas universidades. Por ejemplo, ya en 1998 Francisco de Oliveira escribía que las concepciones, las justificaciones y las teorías que promovían estas reformas estaban siendo defendidas y propagadas por el Núcleo de Estudos sobre Ensino Superior da Universidade de São Paulo (nupes).

No accidentalmente, algunos de los antiguos principales investigadores del nupes ocupan puestos claves en sectores decisorios para la formulación e implementación de las políticas educacionales en el aparato de Estado; unos, si bien fueron dislocados para funciones no directamente envueltas con la educación superior, influencian notablemente lo que pasa en el área (Oliveira 1998: viii).

Otro ejemplo es Luiz Carlos Bresser-Pereira, profesor emérito de la Universidad de São Paulo y ministro de Hacienda de Brasil en los ochentas, ministro de la reforma de la administración pública y del aparato del estado (1995-1999) y ministro de Ciencia y Tecnología en el 2000. Para él, la reforma del estado debe orientarse a superar la crisis fiscal, de forma que el país vuelva a tener una reserva pública que le permita estabilizar sólidamente los precios y financiar inversiones económicas. En su opinión, la reforma debe implementarse a través de cuatro sectores: 1) el núcleo estratégico del Estado, 2) las actividades exclusivas del Estado, 3) los servicios no exclusivos o competitivos, y 4) la producción de bienes y servicios para el mercado. En el ámbito federal, los servicios no exclusivos del Estado más relevantes –que para Bresser-Pereira deben orientarse por la economía– son las universidades, las escuelas técnicas, los centros de investigación, los hospitales y los museos (Bresser Pereira 1996: 286).

La huelga del 2012 y otros movimientos de protesta no lograron frenar la salida del estado de la esfera pública, que pasó a ser administrada en parte por corporaciones profesionales. Nuevamente, en el contexto de la reforma del aparato del Estado, la necesidad de producción de servicios estatales que son comercializables —epicentros de la sociabilidad de los nuevos intelectuales— se hizo más fuerte. En el 2014 se produjo una huelga de tres meses de las tres universidades de São Paulo que resistían los intentos de privatización. Para esa época, después de dos décadas de mercantilización, la convergencia de las reformas de las instituciones brasileñas parecía ser irreversible (Gilga & Assunção, 2014). Esta huelga universitaria tuvo más éxito que la anterior en frenar algunas medidas privatizadoras en el Estado de São Paulo, pero la dinámica general a nivel nacional continuaba su marcha.

Los principales intelectuales en posiciones estratégicas del Estado tienen su origen en las universidades públicas, a veces con postgrados en el exterior. En el contexto de la reforma del Estado de los noventa, los investigadores más productivos que logran acumular poder y prestigio a través de financiamientos públicos y privados se van convirtiendo en ejemplos paradigmáticos y defensores del nuevo ethos de la universidad estatal brasileña. Esto podría explicar la situación pasiva de muchos profesores, alumnos y gestores institucionales en cuanto a resistir las reformas en educación superior, promovidas en gran parte por una serie de actores institucionales.

Uno de estos actores fue la mobit (Mobilização Brasileira para a Inovação Tecnológica), fundada en base a un informe de investigación de Glauco Arbix (2007) sobre política industrial y de innovación. Arbix era en ese entonces sociólogo de la Universidad de São Paulo, donde también se desempeñaba como coordinador del Observatório de Inovações e Competitividade con sede en el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Sao Paulo. Luego él mismo fungiría como coordinador del mobit, y ahora es presidente de finep (Fundación para el Financiamiento de Proyectos innovación y pesquisa). El informe de Arbix (2007) se produjo en un contexto en que el sistema de investigación brasileño buscaba formular una propuesta para la consolidación de políticas similares a la de los países centrales. Arbix analizó siete países (Estados Unidos, Francia, Canadá, Irlanda, Reino Unido, Finlandia y Japón) y afirmaba que éstos consideran a la innovación como el factor más importante de sus estrategias competitivas, aglutinando a grupos empresariales, académicos y públicos: “Cada uno a su manera, esos países caminaron para un paradigma en que el conocimiento ocupa el lugar central en la reproducción de nuevas relaciones económicas y sociales” (Arbix, citado en Marques, 2008: 34)

La preocupación consistiría, en esa primera mitad de la década del siglo xxi, en incorporar lo mejor que estaba siendo hecho en el mundo en el ámbito de la innovación científica y tecnológica, que en general se interpretaba como una orientación al mercado. Para Marques, una de las características centrales del informe Arbix es el lugar atribuido a las empresas en esas estrategias. Los esfuerzos están orientados a perfeccionar las actividades de investigación, desarrollo e innovación en la empresa: “Existe consenso de que es a través de la empresa que la economía se moverá y generará el bienes-tar económico. En esos siete países analizados, las universidades son presionadas a colaborar” (Marques, 2008: 34). Arbix argumentaba, de hecho, que no se trata de discutir la autonomía universitaria sino la relevancia de su agenda de investigación. Para él, “las universidades son estimuladas a adaptarse a las mudanzas para ayudar a las empresas”. (Arbix, citado en Marques, 2008: 34)

También es relevante destacar que las reformas de educación superior son relativamente independientes del signo político del partido gobernante. Por ejemplo, el paradigma de reformas en educación superior en los gobiernos de Clinton (1993-2001) no se diferenció significativamente de los dos mandatos de la administración Bush (2001-2009) ni de las de Obama (2009-2016). Algo similar ocurrió en Brasil; existen pocas diferencias entre las políticas de educación superior de los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso (1993-2002), Luis Ignacio Lula da Silva (2003-2009) y Dilma Roussef (2010-2018). Aun más, existen interesantes paralelos entre las reformas implementadas en Estados Unidos y en Brasil durante estas dos décadas; es un dato interesante, porque esta convergencia se puede observar tanto en periodos en que Brasil y Estados Unidos tuvieron gobiernos con ideologías relativamente afines (e.g. Rousseff y Obama), como en otros en que éstos los tuvieron con ideologías diferentes (e.g. Bush y Lula).

La convergencia de las reformas universitarias hacia el modelo estadounidense ya aparecía en una profecía weberiana hace casi un siglo. En un discurso que brindó en 1917 en la universidad de Munich, Weber argumentó que las universidades alemanas estaban desarrollándose de acuerdo al modelo estadounidense, particularmente en ciertas ramas del conocimiento como ciencias o medicina. Weber observó que esta situación ofrecería “ventajas técnicas” como sucede en cualquier empresa capitalista, pero al mismo tiempo alertó sobre ciertas consecuencias que esta dinámica podría generar en el trabajo de investigación:

Ahora es posible ver claramente cómo la ampliación de nuestra universidad, de ayer a hoy, para dar acceso a nuevas ramas de la ciencia, se está haciendo de acuerdo con los patrones norteamericanos. Los importantes institutos de medicina o de ciencias se han convertido en empresas de capitalismo de Estado. Para realizar su tarea requieren medios de gran envergadura, y sin ellos se produce la misma situación que donde sea que intervenga la empresa capitalista, esto es la separación del trabajador de los medios de producción (Weber 1917: 2).

En ese discurso, titulado La ciencia como vocación, Weber también predijo que con el correr del tiempo esta tendencia se profundizaría y se ampliaría a otras disciplinas, incluyendo las ciencias sociales. Siguiendo un razonamiento similar, C. Wright Mills, en su tesis doctoral, señalaba el proceso de transformación de las disciplina en ocupaciones profesionales, y la correspondiente transformación del intelectual en académico profesionalizado (Mills, 1942; Horowitz, 1968).

En Brasil, la convergencia de las reformas del Estado y la ‘americanización’ de las universidades que tomaron impulso durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso en el siglo xx, tuvieron continuidad en el siglo xxi con los gobiernos del Partido de los Trabajadores, llegando hasta el gobierno actual de Dilma Roussef. Un momento importante en esta trama fue el compromiso de continuidad de proyecto de país iniciado por Cardoso en la transición al gobierno de Lula en 2002. Matías Spektor, profesor de la Fundación Getulio Vargas, muestra en su libro 18 días: cuando Lula y Fernando Henrique Cardoso se unieron para conquistar el apoyo de Bush cómo Lula se incorpora a un proceso que le impone, con su aceptación, la continuidad de muchas directrices institucionalizadas durante las administraciones de Cardoso. Hubo en ese momento un esfuerzo conjunto de toda la esfera diplomática del gobierno de Fernando H. Cardoso y de todos los que compondrían esta misma área en el gobierno Lula para buscar la credibilidad de Brasil, pues la desconfianza de los inversores internacionales —después de la victoria de Lula— se pudo observar en el riesgo país, que pasó de 800 a 2.400 puntos. Según Spektor (2014), en Wall Street nadie sabía con certidumbre si Lula honraría los compromisos que Brasil venía asumiendo con los bancos durante el periodo Cardoso. Paul O’Neill, secretario del Tesoro de los Estados Unidos, había dicho que Lula precisaría “demostrar que no era loco”. En el Congreso de los Estados Unidos de América, una carta firmada por doce diputados afirmaba que “el Sr. Da Silva, en cooperación con el régimen comunista de Fidel Castro, estableció un grupo izquierdista, antiglobalizante, llamado Foro de São Paulo”.⁸ Aun más: Henry Hyde, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de los Diputados de los Estados Unidos, acentuó la amenaza lulista con estas palabras: “Hay una posibilidad real de que Fidel Castro, Hugo Chávez y Lula da Silva puedan constituir un eje del mal en las Américas”.

El esfuerzo conjunto de Fernando H. Cardoso, quien en esos momentos finalizaba su mandato presidencial, y Luiz Inácio Lula da Silva, que estaba por comenzar el suyo, resultó en una reunión realizada en la Casa Blanca donde participaron George W. Bush, Fernando Henrique Cardoso y Lula Da Silva. Como resultado de esa reunión, eventualmente Lula obtuvo el apoyo de Bush. Como contrapartida, al recibir la aprobación del presidente de la primera economía mundial, el futuro primer mandatario de Brasil se comprometió a continuar con el modelo económico que había generado e institucionalizado durante ocho años el gobierno de Cardoso. Según Spek-tor (2014: 13-17), este fue un acto a la vez simbólico y concreto que le permitiría a Brasil continuar el acceso al mercado mundial de capitales, pero en un contexto de relaciones de poder desiguales dentro una economía cada vez más globalizada.

En el 2002 Lula heredó ese modelo de país, y en muchas áreas debió adaptarse a las reglas del capital financiero. Para Paulani (2008), esas reglas de juego se expresaban en una forma específica de hegemonía al revés, en la que Brasil funcionaba como plataforma de producción real de valor para la concretización del capital financiero —especialmente de Estados Unidos— que entraba en el país. Por otro lado, el gobierno de Lula intentó resolver los problemas sociales por medio de políticas específicas, incorporando a las grandes mayorías al escenario político a través del acceso a bienes privados y públicos nunca antes alcanzados por los sectores más empobrecidos en los más de 500 años de historia de Brasil. Dos fueron las principales consecuencias de este proceso: primero, Lula se convirtió en un mito viviente, y su popularidad creció más que la de su propio partido; segundo, fue preciso consolidar esta hegemonía y aumentar la productividad económica del país por medio del aumento de la productividad industrial (cgee, 2010; Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, 2011).

El proyecto continuó, con ligeras variantes, hasta la actualidad, incluyendo los gobiernos de Dilma Rousseff. Más que eso, durante los últimos años parece haber una reorientación semejante a la que viene ocurriendo en los Estados Unidos. Como observa Cummings (2014), el modelo de búsqueda de la eficiencia de la ciencia académica como motor de la economía global necesita una evaluación para la producción eficiente en relación al crecimiento económico. En su opinión, el momento actual propicia una oportunidad para alimentar la función de transferencia de tecnología de las universidades para la economía, diminuyendo los costos de producción. Este autor propone la creación de nuevas asociaciones público-privadas y una acción enprendedora que incluyan a los alumnos con el reto de alcanzar nuevos medios de cambio tecnológico y gestión de propiedad intelectual:

Se trata de un compromiso sustancial para el éxito a largo plazo. Es necesario el compromiso colectivo del cuerpo docente, la comunidad y los especialistas que auxilian en el activo de tecnología crítica y desarrollo de las incubadoras (start-up). El desarrollo de ese complejo modelo de transferencia de tecnología tiene un retorno increíble y gratificante sobre la inversión y produce valor a largo plazo en las relaciones, rendimiento, impacto y desarrollo económico. (Cummings, 2014: 1047. Traducción libre hecha por los autores, directamente del original en inglés.)

Lo que propone Cummings para los Estados Unidos puede ser observado actualmente en otros países, incluyendo Brasil. Por ejemplo, el Programa Nacional de Plataformas del Conocimiento (pnpc) fue instituido por la presidente Dilma Rousseff a través del decreto 8.269 del 25 de junio de 2014, con el objetivo de aproximar el Brasil a la frontera del conocimiento orientado por la demanda de los sectores estratégicos de la economía doméstica y por la demanda de las corporaciones nacionales y transnacionales. Según el profesor y formulador de políticas Glauco Arbix, ahora presidente de la finep, el programa Plataformas del Conocimiento es un gran propulsor de la economía brasileña, tiene base en la universidad pública, y cuenta con significativos fondos públicos para su implementación. El programa busca articular la producción generada en las universidades e instituciones de investigación, de las empresas y las acciones del Estado, particularmente en áreas vinculadas a la agricultura, la salud, la energía, la aeronáutica, la industria naval, y la tecnología de la información y comunicación.

En síntesis, el proyecto nacional de los gobiernos petistas ayudó a consolidar las reformas institucionales que se originaron con la reforma del aparato de Estado durante la presidencia de Cardoso. En este contexto, las universidades públicas introdujeron reformas que se orientaban en la misma dirección que las universidades de los países de economías centrales. Lentamente, pese a algunos gritos opositores, la universidad estatal va reorganizándose y una nueva cultura académica va emergiendo, especialmente por la práctica de los nuevos intelectuales, la inducción de los programas de incentivos a la investigación y la formación de un nuevo perfil de investigador formado en los programas de posgrados en los últimas dos décadas. Los “nuevos doctores” o “nuevos intelectuales” llegan preparados a las universidades y no cuestionan la nueva cultura; al contrario, contribuyen para su consolidación.

Consideraciones finales

En un análisis internacional que incluyó a Brasil sobre la situación de los profesores, Phiilip Altbach (2003) observó que en el siglo xxi las condiciones de trabajo académico se están deteriorando como producto de cuatro tendencias centrales: la masificación, la rendición de cuentas (accountability), la privatización y la comercialización. El contexto de estas dinámicas es la reforma del Estado y la reestructuración de las universidades públicas, que muchas veces tuvieron una relación complementaria. La adhesión de Brasil a las demandas del capital financiero y el nuevo pacto político y social sugieren orientar nuestra mirada hacia los actores de estas reformas, y para ello puede ser útil recordar algunas reflexiones de Gramsci sobre los intelectuales.

Para Gramsci (1988: 13-14.), la superestructura, síntesis dialéctica de elementos de la sociedad civil y de la sociedad política, en su relación también dialéctica con la estructura económica, es espacio de la hegemonía y de la dominación de los grupos en el poder o de sus representantes. El lulismo, identificado ideológica y antropológicamente con la clase trabajadora, está condicionado sobre todo por el capital nacional e internacional. En la expresión de Francisco de Oliveira se está produciendo una hegemonía invertida, pues los gobiernos del Partido de los Trabajadores —así se presenta— gobierna, sobre todo, diciendo sí al capital financiero y a la nueva forma histórica de hegemonía global. Para Oliveira, las características de esta hegemonía al revés no tienen precedentes en la historia de Brasil. Según el sociólogo brasileño, el lulismo es un fenómeno nuevo, que exige nuevas reflexiones:

No es nada parecido a cualquiera de las prácticas de dominación ejercidas a lo largo de la existencia de Brasil. Supongo también que no se parezca con lo que el Occidente conoció como política y dominación. No es patrimonialismo, pues lo que los administradores de los fondos de pensión estatales producen es capital-dinero. No es patriarcalismo brasileño de Casa-Grande y senzala, de Gilberto Freire, porque no es un patriarca que ejerce el mando ni la economía es “doméstica” (en el sentido de domus romano), aunque en la cultura brasileña el jefe político pueda ser confundido a veces con el “padre” (Getúlio Vargas fue apodado padre de los pobres). No es populismo, como sugiere la crítica de la derecha, y aun algunos sectores de la izquierda, porque el populismo fue una forma autoritaria de dominación en la transición de la economía agraria para la urbana industrial. [...] Nada de eso está presente en la nueva forma de dominación. (Oliveira, 2010: 26).

Es pertinente, pues, indagar sobre los intelectuales que a lo largo de ese período actuaron en la construcción de lo que nos interesa en este artículo: la construcción de la nueva universidad pública. Para Gramsci, la función intelectual está ligada fundamentalmente a la superestructura. Los intelectuales son “funcionarios de la superestructura” y al mismo tiempo están ligados a la estructura económica, pues representan un determinado segmento social, aun cuando no están conscientes de ello, pensando en trabajar en pro de un bien humano, mientras la profesionalización cuida de la comercialización de su trabajo. Aun así, en las carreras grado y de postgrado, en la investigación y en la consultoría, siguen formando a las nuevas generaciones y siguen formando los “herederos del futuro”. Acaban, así, por hacer la unión con la estructura y consolidar la nueva cultura de la universidad actual, en las líneas descriptas por Weber, Mills, Berman e Sevcenko.

La relación entre los intelectuales y el mundo de la producción no es inmediata, como ocurre en los grupos sociales fundamentales, pero es “mediatizada” en diversos grados por todo el contexto social, por el conjunto de las superestructuras del cual los intelectuales son precisamente los funcionarios. (Gramsci, 1988: 13.) Gramsci no ve a los intelectuales en el sentido convencional, o sea, enclaustrados en un despacho y distantes del segmento que representan. Para Gramsci, el intelectual debe estar en contacto con el segmento que organiza, sentir cómo tal segmento siente, para poder captar sus deseos y organizar los elementos de la clase fundamental que representa. Sin el intelectual no existe dirección, no hay organización y, de esta forma, no puede haber hegemonía de las clases subalternas.

La educación es un campo privilegiado para la actuación de los intelectuales en el sentido que le atribuye Gramsci. Para lo que nos interesa, la universidad pública se tornó en un aparato privado de hegemonía privilegiado para la diseminación del movimiento que venimos analizando desde hace dos décadas pasadas. Vale destacar lo que mostramos en páginas anteriores de este texto sobre el papel de los investigadores en las universidades inglesas, estadounidense y brasileras; se destaca que los intelectuales están ligados a la superestructura, pero su papel en la economía es de fundamental importancia.

En el caso en cuestión, los nuevos intelectuales son los que están moldeando la universidad estatal brasileña del siglo xxi. La universidad pública se reforma en respuesta a exigencias históricas que debió enfrentar Brasil desde la década de 1980. Sin embargo, si bien la universidad es reformada en el contexto de condiciones objetivas, en ella actuaron intelectuales, y en ella estos intelectuales están formando a las siguientes generaciones que van a reproducir la nueva cultura académica.

Esta nueva cultura académica, que ya está bastante consolidada en las universidades de Estados Unidos y en Brasil, está en proceso de consolidación, tiene su origen en condiciones económicas e institucionales determinadas, y en un contexto específico de incentivos, castigos y recompensas, pero también es producto de actores políticos e intelectuales. Los intelectuales universitarios en particular son instados a realizar un trabajo de producción y circulación del conocimiento que alcanza una modificación estructural de la naturaleza de su propio trabajo, y en ese mismo proceso el propio intelectual se transforma; asume no solamente la nueva naturaleza de su trabajo, sino también la cultura de un nuevo tiempo que el propio trabajo y los cambios institucionales definen. Es importante indagar sobre la nueva naturaleza del trabajo de esos intelectuales y sus consecuencias. En las investigaciones iniciales lo que nos quedó claro fue la intensificación del trabajo de los profesores y la precarización de sus relaciones laborales, especialmente en el caso de los trabajadores con contratos temporales. Como observamos en este artículo, la intensificación del trabajo y la precarización de sus relaciones son consecuencia del cambio de la naturaleza del trabajo del investigador, que a su vez es resultado de las transformaciones de la universidad pública y de la reforma del estado.

Es importante reconocer los logros económicos, sociales y educativos que se produjeron en Brasil durante las última década con los distintos gobiernos del Partido de los Trabajadores a través de una serie de políticas y programas. En el área económica, por ejemplo, entre 2003 y 2009, el pbiper capita aumentó de us$7.700 a us$10.450. En el terreno social, los avances fueron notables. Entre 1990 y 2008, la pobreza bajó del 46% al 26% de la población, y entre 2004 y 2008, unos diez millones de brasileños se incorporaron a la clase media. En estos años, aumentó significativamente el empleo y el consumo popular, y se redujeron las desigualdades sociales de una manera nunca vista en la historia del país. Gran parte de este éxito se puede atribuir a tres iniciativas: la primera es el programa Bolsa Familia, que da cobertura a unas 12 millones de familias brasileras (aproximadamente un cuarto de la población total del país); la segunda, el aumento real del salario mínimo, que se incrementó en un 25% durante los gobiernos de Lula; y la tercera, el aumento de crédito a los sectores populares, que subió en un 80% durante el mandato de Lula (Singer, 2012).

En el terreno educativo se logró un considerable aumento de la escolarización desde primaria hasta superior. Con la creación del Fondo de Manutención y Desenvolvimiento de Educación Básica (fundeb), el gobierno garantizó la extensión de la oferta educativa desde preescolar hasta la escuela media. En el área de educación superior, los logros fueron notables. Por ejemplo, a través de la iniciativa reuni (Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais) se crearon más de veinte universidades federales, y el número de municipios atendidos por universidades se duplicó, y el número de estudiantes de grado en las universidades federales creció alrededor del 60%. El programa Ciencia sin Fronteras brinda oportunidades de estudio en el exterior a 100.000 estudiantes brasileños en las áreas de ciencia, ingeniería, tecnología y matemáticas —y recientemente también en sociales y humanidades— a través de becas de un año de duración. A nivel de postgrado, tanto el número de estudiantes de maestría como el de doctorado prácticamente se duplicó entre 2003 y 2013; los estudiantes de maestría crecieron de 531 634 a 1 045 507 en ese periodo, y los de doctorados aumentaron de 37 728 a 79 478 del 2002 al 2012 (inep, 2014).

Reconocer estos importantes logros no significa perder de vista que la trayectoria general de las universidades públicas brasileñas sigue una pauta similar a la de las universidades de los países centrales. Las universidades brasileñas, como las de muchos otros países, están supeditadas a los efectos de la globalización y a la comercialización creciente de los resultados del trabajo universitario. Cuando asumieron la nueva naturaleza de su trabajo, los investigadores y profesores de Brasil transformaron las instituciones y a sí mismos, y pasaron a formar nuevos intelectuales a su imagen y semejanza. Se trata, aquí, de poner en discusión el papel de los intelectuales en la producción y la difusión de conocimiento, para tornar público y hacer explícito ese proceso que muchas veces es invisible.