Las universidades son instituciones políticas de la sociedad. Esta caracterización se sustenta en hechos históricos que muestran que en ellas se expresan y actúan grupos sociales con visiones y proyectos distintos, en muchas ocasiones encontrados. Éstos se refieren generalmente al sentido mismo de las universidades, su papel en distintos momentos históricos y su interacción con las sociedades en las que se ubican. Como organizaciones dedicadas a la generación, la recreación y la transmisión del conocimiento, estas expresiones diversas suelen centrarse en temas de acceso a los espacios educativos, los bienes y productos culturales de que son depositarios; en la orientación y el uso de los conocimientos generados y recreados; en la distribución de los recursos.
A pesar de la evidencia histórica, durante más de medio siglo los enfoques y prácticas políticas en Instituciones de Educación Superior (IES) fueron estigmatizadas, rechazadas y condenadas como patologías indeseables, ajenas a la naturaleza misma de las universidades, los institutos y los colegios superiores. En México, la elevación del apoliticismo a rango legal –cuando fue aprobada la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 1945– sancionó esta conceptualización y estableció una larga tradición en las IES de nuestro país. Esta idea dominante se ha compartido con el discurso de políticos y administradores universitarios, así como con el de académicos y estudiantes en muchas naciones.
Por décadas, la reflexión académica sobre la educación superior se adscribió al paradigma político del apoliticismo. Con muy pocas excepciones, los estudios sobre sistemas e instituciones de educación terciaria abordaron temas de políticas públicas, de gobierno y de organización, dejando de lado los análisis sobre el conflicto y la dinámica política en el interior y alrededor de la IES.
Como consecuencia del crecimiento de la matrícula de la educación superior, de los movimientos estudiantiles de los años sesenta, y de fenómenos como la emergencia del sindicalismo universitario, desde los años setenta del siglo pasado se desarrollaron algunos esfuerzos para reconocer la politicidad de las universidades, así como a favor de legitimar los estudios y análisis desde perspectivas políticas. Ha sido durante los últimos veinte años que estas aproximaciones analíticas han dejado de ser marginales y se han abierto camino en el campo de la educación superior.
En México, los conflictos estudiantiles de los años ochenta y noventa pusieron en crisis el mito del apoliticismo en la educación superior. Al mismo tiempo, se desarrollaron más y mejores reflexiones sobre el Estado, el poder, la política y el conflicto en este nivel educativo. Buena parte de estos análisis y debates han tenido cabida en esta Revista de la Educación Superior.
Los trágicos crímenes cometidos contra estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, la movilización masiva de universitarios–principalmente de estudiantes– en todo el país, así como la huelga estudiantil en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), plantean nuevos retos para la reflexión académica y el estudio de los fenómenos políticos y sociales que tienen lugar en instituciones de educación terciaria.
De manera destacada, se hace imprescindible profundizar en el conocimiento de la educación normal en México, de sus orígenes y transformaciones históricas, de la articulación entre las normales rurales y la situación del campo mexicano, e igualmente de la condición de abandono y discriminación hacia estas instituciones y los estudiantes que en ellas se forman, entre otros temas.
Del mismo modo, vuelve a aparecer con gran fuerza la necesidad de repensar el gobierno y la gestión de las Instituciones de Educación Superior para que, a partir del reconocimiento de la politicidad y la diversidad que las caracteriza, se puedan establecer nuevos procesos y estructuras que garanticen la participación de las comunidades académicas en la discusión y en la toma de decisiones.
Se trata de que las reflexiones académicas permitan una mejor comprensión de los conflictos sociales y políticos que tienen lugar en el ámbito de la educación superior. Que sirvan para identificar lacerantes rezagos y problemas que se expresan en las normales, los institutos y las universidades de toda la República. Que contribuyan a formular propuestas y alternativas fundadas en el conocimiento, a identificar dificultades y a canalizar la resolución de conflictos por vías democráticas, compatibles con la naturaleza de la vida académica.