Aproximaciones y reintegros: La democracia tensionada

Resumen

Partiendo de la consideración del anhelo democrático como aspiración hegemónica, el autor sostiene que la democracia y su reproducción están condenadas a vivir en una constante tensión. A partir de una revisión crítica de las ideas de Pierre Rosanvallon, Colin Crouch, Andreas Schedler y Klaus Von Beyme, en el trabajo se analiza detalladamente la particular configuración de esta forma de gobierno y los desafíos que debe enfrentar, tanto aquellos inherentes a su concepción, como los derivados de su desarrollo en las sociedades y sistemas políticos contemporáneos. Así, la democracia es estudiada desde diferentes perspectivas conceptuales, aunque privilegiando aquélla que la entiende como un arreglo político-institucional que permite la coexistencia y competencia de/en la diversidad política. A su vez, tomado como referencia los diagnósticos del pnud y la cepal, el autor analiza las especificidades de la democracia en América Latina, sus debilidades estructurales y la posibilidad de construir un nuevo pacto social para dar respuesta a la ruptura de la cohesión social vigente y sus consecuencias excluyentes.

Abstract

Based on the conception of democratic aspiration as hegemonic, the author argues that democracy and its reproduction are doomed to exist in a constant tension. Anchored on a critical review of the ideas of Pierre Rosanvallon, Colin Crouch, Klaus Von Andreas Schedler and Klaus Von Beyme, the author analyzes the particular configuration of this form of government and the challenges it must confront, both those that are inherent to its design and those that are derived from its development in contemporary societies and political systems. Thus, democracy is approached from different conceptual perspectives, although favoring the one that views it as a political-institutional arrangement enabling coexistence and competition of/within political diversity. In turn, and taking as referents the undp and eclac diagnoses, the author analyzes the specificity of democracy in Latin America, its structural weaknesses and the possibility of building a new social pact in order to provide an answer to the prevailing breakdown of social cohesion and exclusion.

La idea, la aspiración democrática es hegemónica. Muy pocas corrientes políticas intelectuales la hacen a un lado o la combaten. Es horizonte, fórmula legitimadora, forma de gobierno. Y sin embargo, la democracia y su reproducción están condenadas a vivir en una contante tensión.

Recurro primero a cuatro autores que mucho ayudan a explicar esas tensiones: Pierre Rosanvallon, Colin Crouch, Andreas Schedler y Klaus Von Beyme.

Rosanvallon y la Contrademocracia

Poco a poco, como sociedad nos damos cuenta que la democracia no es el paraíso, apenas una forma de gobierno superior al resto, pero cargada de dificultades para su correcta operación. La tierra prometida que se desprendía de algunos discursos ingenuos o desinformados no existe, y estamos frente a un arreglo político-institucional que permite la coexistencia y competencia de la diversidad política (lo cual no es poca cosa), pero en medio de un buen número de balanzas y equilibrios.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud 2004), ha puesto el acento en los fenómenos que lesionan a la democracia en América Latina “desde fuera” (la pobreza y la desigualdad, el déficit del Estado de derecho, la ciudadanía incompleta); o en el comportamiento de las élites (de los medios de comunicación y de los partidos políticos). Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal, 2007) insiste en que la precaria cohesión social persistente en nuestros países vulnera el sentido de pertenencia y con ello las posibilidades de reproducción armónica de la democracia. Vale la pena, sin embargo, pensar en los fenómenos connaturales a la democracia que inciden en su difícil operación. Se trata de las derivaciones propias de una forma de gobierno que asume que la soberanía reside en el pueblo y que el poder debe ser distribuido, vigilado y controlado de múltiples formas.

Acudo a un sugerente libro de Pierre Rosanvallon, La contrademocracia (2007), que intenta comprender de qué manera el arreglo democrático complica -desde dentro- su propio funcionamiento. Como forma de gobierno, la democracia tiene que lidiar con la desconfianza que se beneficia de dos nutrientes: de su origen liberal y de la propia matriz democrática.

La preocupación liberal: desde sus inicios, la pulsión liberal teme a la acumulación de poder y por ello, dice Rosanvallon, “el objetivo era proteger al individuo de las invasiones del poder público”. Se trata de garantizar una esfera en la cual el Estado no pueda intervenir de tal suerte que las libertades individuales puedan desplegarse (casi) sin interferencias. “Más democracia significa, bien mecánicamente en este caso, más sospecha hacia los poderes”. Se teme a la expansión de los segundos, a su fortalecimiento a costa de las personas, se desconfía del poder y la virtud aparece del lado de los ciudadanos. Ello está en el código genético de la democracia y sin esas condiciones, esa forma de gobierno es imposible. No obstante, es una tensión que gravita en todo momento sobre la propia reproducción democrática. La suspicacia respecto a las autoridades, es una mácula permanente (Rosanvallon, 2007: 25 y 26).

La preocupación democrática: el resorte también es la desconfianza, pero de un tipo diferente. “En este caso, el objetivo es velar porque el poder sea fiel a sus compromisos”, para lo cual surgen “los poderes de control”, “las formas de obstrucción” y el contrapoder judicial. Se trata de “la democracia de la desconfianza organizada frente a la democracia de la legitimidad electoral”. De ésta última emanan gobernantes y legisladores legitimados; de la primera, la vigilancia, los obstáculos y la tutela judicial (Ibid., 2007: 26 y 27).

2.1. Vigilancia, denuncia, calificación: una vez que los gobernantes son electos, una vez que la soberanía popular decide entre las diferentes opciones, se teme -y con razón- al mal funcionamiento de las autoridades. Y se ha encontrado, por lo menos retóricamente, que el gran antídoto es la vigilancia permanente del pueblo sobre las instituciones. Por esa vía, “la democracia del control está actualmente en auge”. Se trata de una serie de mecanismos, rutinas y expedientes que vigilan, denuncian, califican e inciden sobre la reputación de quienes ejercen el poder público. Es una sombra permanente y necesaria que acompaña el accionar de las instituciones, una fórmula de control (en ocasiones difuso) que modula y modela su accionar (Ibid., 2007: 30 y ss.).

2.2. La obstrucción: por definición, las sociedades democráticas son pluralistas. Y quienes gobiernan suelen encarnar las aspiraciones de una franja de esa sociedad. De partida, territorios significativos de ese magma al que llamamos sociedad, no se identifican con sus respectivos gobiernos. Ese caldo de cultivo es el que hace atractivo el resorte de la obstrucción. A los proyectos, de manera natural, le siguen los rechazos, y ello está en la base misma del arreglo democrático. La obstrucción además tiene un halo encantador: “produce resultados que son realmente tangibles y visibles” y “las coaliciones negativas son más fáciles de organizar que las mayorías positivas”. Y si abrimos el campo de visión para observar no sólo a las emanaciones propias del pluralismo sino a los poderes fácticos, los resortes obstruccionistas aparecen con más fuerza (Ibid., 2007: 334).

2.3. La judicialización: entendida como la capacidad de apelar las decisiones de la soberanía o los gobiernos a través de la vía judicial, ya comenzamos a experimentarla en México con las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, sumadas a los amparos concebidos como legítimos recursos para dirimir diferencias entre poderes, declarar inválidas algunas legislaciones y proteger los derechos individuales. Esas fórmulas “armonizan” los alcances que pueden tener los acuerdos de los representantes y los gobiernos. Se trata de mecanismos que protegen a los ciudadanos y acotan a las autoridades (Ibid., 2007: 33 y ss.).

Mucho antes que Rosanvallon, John Steinbeck lo había escrito a su manera. Durante un viaje que realizó a la Unión Soviética en 1947, decía que mientras a los rusos:

se les enseña a creer que su Gobierno es bueno, que cada parte de él es buena (…) el sentimiento profundo entre los americanos y los británicos es que todo gobierno tiene algo de peligroso, que debería haber la menor cantidad de gobierno posible, que cualquier aumento en el poder del Gobierno es malo, y que el gobierno existente debe ser vigilado de manera constante, vigilado y criticado para mantenerlo a raya y en alerta… Era tal nuestro miedo al poder investido en un hombre o en un grupo de hombres, que nuestro Gobierno estaba formado por una serie de controles y equilibrios diseñados para evitar que el poder cayera en manos de una sola persona (Steinbeck, 2012: 40).

Estamos ante una serie de candados que hacen complejo el funcionamiento de la democracia a partir de los propios principios que pone en acto el gobierno democrático. No se trata de elementos ajenos, de apariciones impostadas, sino de fórmulas propias de un régimen de gobierno que intenta conjugar la soberanía popular y la vigilancia permanente sobre los gobernantes. Por lo tanto, más vale aprender a vivir en ese laberinto.

Colin Crouch y la Posdemocracia

…aunque por supuesto las elecciones existan y puedan cambiar los gobiernos, el debate electoral público se limita a un espectáculo que está estrechamente controlado y gestionado por equipos rivales de profesionales expertos en técnicas de persuasión, y que se centra solamente en una pequeña gama de cuestiones escogidas por estos equipos. La mayor parte de los ciudadanos desempeña un papel pasivo, inactivo e incluso apático, y responde únicamente a las señales que se le lanzan. Más allá de este espectáculo del juego electoral, la política se desarrolla entre bambalinas mediante la interacción entre los gobiernos elegidos y unas élites que, de forma abrumadora, representan los intereses de las empresas. (Crouch, 2004: 1).

Aunque el autor apunta que ese modelo es una “exageración” intencionada, es un buen punto de partida para reflexionar sobre el rumbo que están tomando las democracias en el mundo. Vayamos por partes, deteniéndonos en cada una de las afirmaciones de Crouch.

• a)

  Las elecciones siguen siendo una fórmula irremplazable para lograr que la diversidad de opciones que existen en una sociedad puedan convivir y competir de manera ordenada e institucional, y para que los ciudadanos puedan escoger entre ellas.

• b)

  Las elecciones sirven para el cambio de gobierno sin derramamientos de sangre -como lo apuntaba Karl R. Popper- y esa función estratégica se sigue cumpliendo, lo cual no es poca cosa. Para quienes pensamos que la política es y debe ser la antítesis de la violencia, ese recordatorio siempre será pertinente.

• c)

  No obstante, “el debate electoral público se limita a un espectáculo”, es decir, pierde densidad y significación, se simplifica; y dado que en lo fundamental se reproduce en medios de comunicación (radio y televisión) que reclaman de formulaciones breves y contundentes, acaba por desterrar la complejidad para convertirse en un show más, en un escenario de luces y sonido, sin demasiada sustancia. La política se convierte en politiquería y ésta a su vez se vuelve un divertimento anodino para las “masas”, un circo vistoso y superficial.

• d)

  Con ello, una dimensión sustantiva de la democracia, la deliberación pública, la emergencia de agendas múltiples y la participación de organizaciones de muy distinto tipo, se estrecha. Los equipos de publicistas tienden a sustituir la intervención de las personas y las agrupaciones en la discusión, con lo cual el debate no sólo se banaliza, sino que tiende a homogeneizarse y a perder fuerza. La presencia organizada de la sociedad, sus problemas y demandas a lo largo del proceso electoral, se adelgaza.

• e)

  En esa circunstancia, la idea de que son los ciudadanos los sujetos de la democracia y no los objetos del juego político, tiende a diluirse. Se empieza a construir una ruptura entre el “mundo de la política” y el “mundo de los ciudadanos”. Los ciudadanos le dan la espalda a la política para recluirse en sus asuntos privados. Sobra decir que por esa vía el desencanto tiende a instalarse. Tenemos entonces ciudadanos distantes, malhumorados, apáticos, sin canales de participación, es decir, no ciudadanos.

• f)

  Todo lo anterior no quiere decir que la política pierda importancia, sino que se realiza en otros circuitos que tienen menos visibilidad, “entre bambalinas”. Porque mientras en el momento estelar de la participación masiva (las elecciones) las agendas, los programas, los diagnósticos, pierden importancia; los gobiernos y los congresos mantienen una interacción intensa con las élites cuya centralidad económica las convierte en actoras privilegiadas en la toma de decisiones. “Aquellos que detentan el poder económico continúan utilizando sus medios de influencia, mientras que, por el contrario, los instrumentos de que dispone el demos se ven debilitados cada vez más” (Ibid., 2004: 13).

El propio Crouch considera que esas características de las llamadas democracias añejas -posdemocracias-, requerirían de múltiples matices, pero resultan útiles para “evaluar en qué dirección parece moverse esa vida política”.

Y si ello preocupa en las democracias asentadas, no puede dejar de alarmar en las democracias recientes, frágiles e incipientes. Ahora bien, renegar de la centralidad y los formatos propios de los grandes medios masivos de comunicación o de la importancia que adquieren los “equipos de imagen” que pululan alrededor de los candidatos, no puede llegar muy lejos. Están ahí y se seguirán utilizando. Pero resignarse al vaciamiento de la política al tiempo que se convierte en una feria de vanidades, tampoco parece ser una buena receta.

Como quiera que sea, en nuestro caso, los políticos de hoy se encuentran mucho más acotados que los de ayer por la nueva correlación de fuerzas en la sociedad y en las instituciones del Estado, y por una ciudadanía más alerta y exigente. No obstante, siguiendo de nuevo a Crouch, parece prevalecer un activismo “negativo”, más que una ciudadanía “positiva”:

Por una parte estaría la ciudadanía positiva, en la que grupos y organizaciones desarrollan conjuntamente unas identidades colectivas, perciben los intereses de estas identidades y formulan de manera autónoma demandas basadas en ellos que después trasmiten al sistema político. Y por otra parte estaría el activismo negativo de la culpa y la queja, en el que el objetivo principal de la controversia política es ver a los políticos llamados a rendir cuentas, sus cabezas puestas en la picota y su integridad tanto pública como privada sujeta a una rigurosa vigilancia. (Ibid., 2004: 26).

Por supuesto, ambas caras de la moneda son relevantes, pero mientras la primera permite a los ciudadanos participar e influir en la comunidad política con propuestas e iniciativas haciendo que sus intereses sean vistos y atendidos; en la segunda, los individuos y las organizaciones acotan al Estado, le ponen límites y reclaman explicaciones, llevando a cabo una función de control más que una acción propositiva. Se trata de dos ejercicios necesarios que modelan las nuevas relaciones entre el Estado y la ciudadanía, pero mientras la segunda no deja de concebir la política como un asunto de élites -a las que hay que, por supuesto, vigilar, controlar, demandar-, en la primera es la ciudadanía “la que representa la energía creativa de la democracia” (Ibid., 2004: 27).

De tal suerte que si deseamos trascender a la política como espectáculo, parece necesaria la construcción de una ciudadanía capaz de hacer suya la agenda de la política, de romper el círculo vicioso de una política que expulsa al ciudadano y del ciudadano que le vuelve la cara a la cosa pública.

Schedler: la retórica antipolítica

Imaginemos a un botánico que declarara que “no hay diferencias sustanciales entre las plantas”. Y que al desarrollar su argumento subrayara “porque todas tienen raíz, tallo, hojas, fruto y clorofila”. Se trataría de un típico caso en el cual el analista es capaz de distinguir lo que hace similares a un conjunto de individuos, pero es incapaz de apreciar sus diferencias.

Ahora bien, no son pocos los analistas que todos los días nos dicen algo similar sobre los partidos políticos: “a partir del comportamiento de todos los partidos en los últimos años, se puede concluir que no hay diferencia sustancial entre ellos” (Crespo, 2009).

José Antonio Crespo es un analista serio, formado, las más de las veces agudo. ¿De verdad es así o, cómo en el caso del botánico, este tipo de aseveraciones en realidad nos habla de la incapacidad para apreciar las diferencias significativas? Porque, en efecto, uno podría hacer una larga lista de los rasgos comunes que tienen todos los partidos, pero no detenerse en sus diferencias resulta impropio. La idea de Crespo, expuesta en un artículo llamando a la abstención activa, me interesa no tanto porque es desacertada, sino porque expresa una sensación muy extendida que es alimentada de manera rutinaria por no pocos medios y comentaristas e incluso por grupos políticos y asociaciones. Es una pulsión que se expande y que en no pocas latitudes ha sido explotada por políticos antipolíticos. Y no es una contradicción. Se trata de un discurso que rebasa fronteras, que explota el malestar con la política y que puede resultar disruptivo para la reproducción de la democracia.

Recurro a un texto de Andreas Schedler que ha expuesto estas reflexiones de manera nítida. El autor detecta que a partir de los años 90 empezaron a invadir el escenario lo que él denomina los “partidos antiestablishment político” cuyo discurso central es el de acusar a los partidos establecidos de formar un “cártel excluyente” y “describen gráficamente a los funcionarios públicos como una clase homogénea de villanos perezosos, incompetentes…” (Schedler, 2008: 123-152).

La operación “analítica” (si así se le puede llamar) no suele ser demasiado sofisticada. Más bien resulta elemental y Schedler reconstruye sus principales elementos:

Trazan un espacio triangular simbólico mediante la construcción (simultánea) de tres actores y de las relaciones entre ellos: la clase política, el pueblo y ellos mismos. El primero representa el villano malvado, el segundo a la víctima inocente y el tercero al héroe redentor. (Ibid., 2008: 125).

Desde todos los rincones escuchamos las alabanzas al pueblo, a la sociedad, a los trabajadores como encarnaciones de todo lo virtuoso, mientras que los políticos, los partidos, los órganos representativos, son la manifestación del Mal.

Los partidos antiestablishment político (y no sólo ellos) describen un conflicto en específico como la división fundamental de la sociedad: el conflicto entre los gobernados y los gobernantes o, alternativamente, el conflicto entre público y política, electores y partidos, ciudadanos y políticos, sociedad y Estado, electorado y elegidos, mayoría (silenciosa) y élite… sociedad civil y partidocracia. (…) El atuendo semántico puede variar, pero el mensaje básico sigue siendo el mismo: los funcionarios públicos forman una coalición antipopular; han degenerado en una clase política (Ibid., 2008: 127).

Para que esa operación política e ideológica pueda abrirse paso se requiere, en primer lugar, homogenizar a los políticos, verlos como un bloque indiferenciable, como una “clase”. Si invariablemente en la política democrática aparecen un o unos partidos en el gobierno y otro u otros en la oposición, el discurso antipolítico afirma que esa distinción no resulta significativa, que son lo mismo. Si en el espectro ideológico se reproducen izquierdas y derechas, desde la visión reduccionista tampoco resultan fundamentales, por el contrario son sólo imposturas que no dejan ver que todos son “la misma gata, pero revolcada”. En una palabra, para que la pulsión antipolítica pueda avanzar se requiere primero convertir a las diversas opciones en un conglomerado indiferenciado y luego atribuir a ese monolito todos los males que aquejan a la venturosa y límpida sociedad.

Se trata además de un marco interpretativo que puede ser alimentado con facilidad.

Cada escándalo de corrupción, cada estadística de desempleo, (…) cada devaluación de la moneda, cada catástrofe natural, cada affaire sexual de un ministro… todos esos incidentes aislados se interpretan invariablemente como síntomas contundentes, como pruebas convincentes del fracaso generalizado de los partidos (Ibid., 2008: 127).

Y es que en efecto, una vez que se construye el filtro antipolítico para acercarse a la “cosa pública”, nunca faltarán episodios para alimentarlo. El problema mayor reside no sólo en que ese código impide descifrar lo que realmente sucede en la esfera de la política, sino que sigue alimentando el desprecio hacia ella.

Klaus Von Beyme: El Estado de partidos

Quizá valga la pena plantear el problema desde otra dimensión y preguntarnos: ¿Por qué los políticos de todos los partidos se parecen tanto? Aunque, tal vez, sería más exacto preguntar: ¿Por qué a mucha gente le parece que los políticos de todos los partidos son similares? Es decir, estamos hablando de una percepción extendida -que aunque no se corresponda con la “realidad”- forma parte ya de esa misma realidad. Porque cuando mucha gente cree algo, ese “algo” se convierte en una realidad… aunque sea en el imaginario público.

Sin pretensiones de ser exhaustivo, adelanto algunas respuestas, auxiliado por Klaus Von Beyme (1995):

• 1.

  La pérdida de centralidad de las ideologías como ordenadoras de la actividad política. Si bien las ideologías -izquierdas y derechas y sus diversas plataformas-, se encuentran vivas y son detectables, han sufrido un fuerte reblandecimiento y sus signos de identidad tienden a diluirse. Si en el pasado las ideologías cobijaban a los partidos e influían incluso en el “modo de ser” de los militantes, hoy son referentes lejanos que gravitan escasamente en las definiciones del día a día.

• 2.

  La necesidad de los políticos democráticos de lograr adhesiones más allá de sus propios partidos y de los ciudadanos interesados en la actividad política. Dado que la única forma legítima de arribar a los cargos de gobierno y legislativos es a través del sufragio y dado que la mayoría de la población tiene una débil (o nula) liga con la actividad política, los políticos de todas las orientaciones buscan conectar con el “elector medio”, simplificando y homogenizando sus discursos. Los llamados “catch all parties” (o partidos atrapa todo), han reemplazado a los viejos partidos de “clase” o ideológicos, por la supuesta necesidad que impone la propia competencia democrática.

• 3.

  El tratamiento que los grandes medios de difusión dan a la actividad política. Paradójicamente, la apertura de los medios y la recreación de la diversidad realmente existente en ellos (que sin duda es una de las buenas nuevas), tienden a igualar a los contendientes. Cuando los políticos de los distintos partidos aparecen en sus mítines, sus asambleas, sus entrevistas en la radio y la televisión, generan la imagen que es más lo que los une que lo que los distingue. Su lenguaje, sus fórmulas, sus maneras los asemejan más de lo que ellos mismos aparentemente quisieran.

• 4.

  El mundo de la política, por necesidad, tiende a escindirse del resto de las actividades. En muchos casos, la división del trabajo -imprescindible en toda sociedad- hace que el circuito donde se procesa la política se vuelva autorreferencial. Los políticos se encuentran en los congresos, los ayuntamientos, las comisiones, los foros de discusión, los restaurantes y allí generan un ámbito de debate y negociación propios, construyendo códigos de entendimiento y fórmulas de lenguaje especializados. Así, a los ojos de muchos, aparecen los políticos por un lado y el resto de la humanidad por el otro.

• 5.

  La profesionalización de la política. La especialización en materia política y la escisión que se produce entre representados y representantes hace que quienes se dedican a la política sean profesionales de la misma. La añeja idea de políticos circunstanciales que, luego de cumplida su encomienda vuelven a su oficio o profesión, resulta cada vez más excéntrica. De este modo, los políticos tienden a conformar “una clase” o un grupo diferenciado del resto.

• 6.

  El impacto de la publicidad en la política. A estas alturas, para cualquier político resulta imprescindible “conectar” con los electores a través de los grandes medios de comunicación. Y como el espacio y el tiempo de que disponen son precarios, se montan en la sabiduría (real o inventada) de la mercadotecnia. Por esa vía desfilan candidatos de todos los colores y sabores, pero igualados por las artes de los publicistas. El conjunto no sólo resulta deplorable sino difícilmente discernible. Como los niños de las escuelas, cuando aparecen uniformados, sólo son reconocidos por sus propios familiares.

• 7.

  La influencia en la política de los códigos del espectáculo. La carrera por sobresalir iguala las herramientas de las que echan mano los políticos de todas las tendencias: la declaración estridente, el chascarrillo descalificador, la ocurrencia memorable, el gesto indignado, el grito en la tribuna, no son patrimonio exclusivo de alguna formación política; por el contrario, son los instrumentos a los que todas ellas recurren, y al final, todas parecen similares y conexas.

• 8.

  Los escándalos y las corruptelas no son patrimonio exclusivo de un partido. La supuesta o real “superioridad moral” con la que algunas corrientes aparecían en el escenario, tiende a difuminarse entre osos y sainetes, tráficos de influencias y enriquecimientos inexplicables en las más diversas “trincheras”. No es cierto, por supuesto, que todos los políticos sean corruptos, pero sí que en todos los partidos han sido documentados actos de corrupción; con lo que esa noción también tiende a ser asignada sin distinción de siglas y logotipos.

• 9.

  Todos tienen límites (estructurales, legales, financieros, etc.) que los convierten en políticos normales. Los condicionamientos de diverso tipo dentro de los cuales se realiza la actividad política, hacen muy difícil la aparición de figuras todopoderosas capaces de transformar “las cosas” como por arte de magia. Así, la política democrática al no producir súper hombres, también tiende a homogenizar a los políticos.

No obstante, es necesario reiterar que no hay democracia sin políticos y que quienes buscan exorcizarlos suelen ser peores políticos que los que se asumen como tales.

Ahora bien, lo hasta aquí enumerado parece común a todos los sistemas democráticos. Intentemos un vistazo a algunas de las peculiaridades de lo que sucede en América Latina.

La difícil sustentabilidad democrática

Luego de la venturosa ola democratizadora que en América Latina logró desmontar regímenes autoritarios y dictatoriales y reinstalar o construir sistemas democráticos, se escuchan -y con razón- voces de alerta que se preguntan sobre la “sustentabilidad” de nuestras germinales o frágiles democracias. El Informe del pnud (2004) llamaba la atención sobre las realidades que tienden a erosionar el aprecio por la democracia -la pobreza y la desigualdad, el déficit del Estado de derecho, la insuficiente ciudadanía, el comportamiento de partidos y medios de comunicación- intentando revertirlas para evitar que lo que costó tantos esfuerzos no se degrade ni debilite.

Cohesión social

Hace unos años, la cepal (2007) hizo un ejercicio ambicioso sobre un problema fundamental que incide ya no sólo en la reproducción de la democracia sino en el conjunto de la convivencia: la “cohesión social”. Se trata de una reflexión que abre el campo de visión y escruta más allá de la política -en su sentido estrecho- en los nutrientes del desencanto con la democracia.

La cohesión social alude a un sentido de pertenencia, “es parte de la solidaridad social necesaria para que los miembros de la sociedad sigan vinculados a ella con una fuerza análoga a la de la solidaridad mecánica premoderna” (cepal, 2007: 17). Se trata de los lazos que crean obligaciones en los individuos y que los hacen sentirse incluidos en un proyecto común. El empleo, la educación, la titularidad de derechos, las políticas de fomento a la equidad, el bienestar, la protección social, son mecanismos que, cuando funcionan, fomentan la cohesión social. Y de su eficacia dependen las valoraciones y los comportamientos de los individuos que podrán asumir un sentido de pertenencia, una evaluación positiva de las instituciones, una aceptación de las normas que regulan la convivencia o por el contrario, sentir una desvinculación con ellas.

La cepal alerta que existen condiciones que ponen en jaque o dificultan la pretendida cohesión social:

• 1.

  Bajos niveles de crecimiento económico e inequidad. En tanto que la región ha crecido de manera insuficiente, se han generado muy bajos niveles de creación de empleo formal, “lo que (a su vez) reduce el mecanismo privilegiado de integración social y superación de la pobreza”. Todo ello tapona la movilidad social y franjas enormes de ciudadanos no pueden apropiarse de sus derechos. Por si ello fuera poco, a la falta de crecimiento debe sumarse la inequidad en la distribución del ingreso, lo que conjugado tiene un “efecto negativo en la cohesión social”. De este modo, la “percepción de injusticia social, junto con la frustración de las expectativas de movilidad social y acceso a los recursos y al consumo, deterioran la confianza sistémica, merman la legitimidad de la democracia y exacerban los conflictos” (Ibid., 2007: 20-21).

• 2.

  Trabajo e informalidad. Al no generarse empleo formal suficiente, crece el desempleo, la informalidad y las distintas formas de precarización. Recordemos, como si hiciera falta, que el trabajo formal en la vida moderna es el “eje de la integración social”, y que sin él los resortes de la cohesión social se ven enmohecidos.

• 3.

  Activos materiales y simbólicos. Mientras se multiplica el acceso a la escuela y a las redes de comunicación -lo que supone la apropiación de conocimiento- “imágenes… estimulación de aspiraciones”, el acceso a los bienes materiales se vuelve más difícil, generando una brecha entre ellos y los bienes simbólicos.

  Hay más educación pero menos empleo; hay más expectativas de autonomía pero menos opciones productivas para materializarla; hay un mayor acceso a la información, pero un menor acceso al poder o a instancias decisorias; hay una mayor difusión de los derechos civiles y políticos y de la democracia como régimen de gobierno, que no se traduce en una mayor titularidad efectiva de derechos económicos y sociales. (Ibid., 2007:22).

• 4.

  La negación del otro. Se trata de un fardo monumental: “la negación de plenos derechos a grupos marcados por la diferencia racial, étnica, cultural” (Ibid., 2007:22). América Latina es una región pluriétnica y pluricultural en donde persisten muy distintas formas de discriminación y exclusión. Sobra decir que esos rasgos de nuestra “convivencia” también erosionan los vínculos sociales y desvirtúan el sentido de pertenencia.

• 5.

  Individualismo. “Los cambios culturales fomentan un mayor individualismo, pero no es claro cómo recrean los vínculos sociales” (Ibid., 2007:23). Existe una especie de ensimismamiento que debilita el “pegamento” que funda la noción de un “nosotros”.

• 6.

  Complejidad y fragmentación de los actores sociales. A los viejos agrupamientos sociales (sindicatos, organizaciones empresariales, etc.) hay que sumarle ahora un rosario de organizaciones emergentes (mujeres, ecologistas, derechos humanos, etc.). Ello que es un signo de vitalidad social y de ansia participativa, es también un resorte de la f ragmentación que dificulta la construcción de proyectos comunes. Se forma así una especie de archipiélago con escasos puentes de comunicación.

• 7.

  Deterioro del orden simbólico. La corrupción pública y privada, la falta de transparencia en las decisiones, la fuerza de los poderes fácticos y el acceso discriminatorio a la justicia que, entre otros tantos factores, inundan el espacio de la opinión pública, “corroen el orden simbólico, vale decir, la clara adhesión ciudadana a un marco normativo de reciprocidad y respeto a la legalidad” (Ibid., 2007:24).

• 8.

  La brecha entre el de jure y el de facto. “La igualdad es una norma jurídica”, una aspiración, un valor, una guía, pero no es un hecho, una realidad. Así, tenemos que entre igualdad jurídica y desigualdad social, entre la primera y el acceso diferenciado a la justicia, “entre titularidad formal de derechos y la ineficacia del sistema judicial”, se genera tal cúmulo de tensiones que acaban socavando la confianza en el sistema de justicia y, por supuesto, la cohesión social. (Ibid., 2007:24)

En suma, la cohesión social y el sentido de pertenencia no se decretan, se construyen. Las democracias en América Latina tienen el reto de remontar el déficit de cohesión social que persiste en nuestras sociedades excluyentes y discriminadoras.

Hacia un pacto social

Dada la deficiente cohesión social que marca a las sociedades de América Latina, la democracia tiende a ser débil y aparentemente improductiva por la existencia de un déficit de ciudadanía y un malestar sordo en relación a la misma. La persistencia de un “nosotros” frágil, endeble, no sólo construye un inconsistente sentido de pertenencia, sino una valoración negativa de la vida pública, de las instituciones políticas y del sistema democrático. La sociedad se fragmenta, se escinde, y las fidelidades son grupales y enfrentadas.

El análisis de la cepal en materia de desigualdad, pobreza, vulnerabilidad y cohesión social, resulta notable. Si bien América Latina logró en las últimas décadas mejorar las condiciones de vida de franjas muy amplias de la población, lo que se expresa en la reducción del analfabetismo, el incremento de la esperanza de vida, la baja en las tasas de mortalidad infantil, en el mayor acceso al agua potable o a la educación (y se podrían explotar otros indicadores), la otra cara de la moneda no es para nada venturosa: crecimiento económico lento, pobreza masiva y persistente (lo que significa no sólo bajos ingresos, sino toda una cadena que retroalimenta un círculo perverso: precaria educación, desnutrición, fenómenos de maternidad adolescente, deserción escolar, ingresos bajos o informalidad, desprotección social, etc.), y una desigualdad oceánica (somos el Continente más desigual aunque no seamos el más pobre) que en México alcanza dimensiones alarmantes: el 1 % más rico de la población concentra el 12.5 % del ingreso, mientras el 40 % más pobre solo alcanza el 11.1% del mismo.

Esas realidades, que no pueden ni deben esconderse, escinden a la sociedad y hacen que millones de personas no puedan hacer realidad el ejercicio de sus derechos. Se trata de la creación de ciudadanos incompletos, si asumimos que la ciudadanía implica la apropiación plena de derechos civiles, políticos y sociales.

La pobreza extrema inhibe y/o dificulta el ejercicio de los derechos civiles (el ser tratado en términos de igualdad, por el ministerio público o el policía de la esquina), de los derechos políticos (la precariedad en la que transcurre la vida de millones de personas dificulta la construcción de su autonomía y las convierte en vulnerables ante el intercambio desigual entre políticos y “ciudadanos”), y también de los derechos sociales.

Esa desigualdad que se combina con fenómenos de discriminación y exclusión, genera percepciones negativas en relación al mundo formalizado, institucional y hacia la propia democracia, que deja de ser percibida como aquello que es -una forma de gobierno- y se convierte en una fórmula incapaz de resolver “los problemas que preocupan a la gente”. Según la cepal, en el año 2006, el 55% de los latinoamericanos afirmaban que vivían peor que sus padres, por lo que no debería sorprendernos la percepción negativa mayoritaria que existe en torno a los poderes públicos, los instrumentos de la democracia (partidos, congresos, políticos) y la impartición de justicia a lo que se suma la experiencia de segregación de una “comunidad” que discrimina y excluye.

Vale la pena recordar algunos resultados de las encuestas en esta materia. Sólo el 35% de los encuestados dijo estar de acuerdo con la siguiente afirmación: “el sistema judicial castiga a los culpables sin importar quiénes son”. Sólo el 24% cree que todos somos iguales ante la ley. Sólo el 22% piensa que las otras personas cumplen con la ley. Y en relación a la confianza, los porcentajes hablan por sí mismos. Sólo el 20 % confía en los partidos, el 26 % en el Congreso, el 33% en el Poder Judicial, el 37 % en la policía, mientras en la televisión confía el 54 %. Se trata de cifras agregadas para 17 países de América Latina que ilustran la profunda incredulidad en la llamada “esfera de la política”. Y para mayor información: entre 1996-1997 y 2004-2005, la satisfacción con la democracia cayó 10 puntos porcentuales, del 62% al 52% (Ibid., 2007: 69-ss).

El escepticismo en los partidos, los congresos, el Poder Judicial y la distancia que se experimenta en relación con la democracia (que por fortuna no tiene enfrente una opción que suscite más amplias adhesiones), mucho tiene que ver con la fragmentación social, con el malestar que genera la desigualdad, con la obstrucción de los canales que hacen posible la movilidad social y fomentan la integración.

Todo parece indicar que el fortalecimiento de la democracia pasa por la generación de ciudadanía y que ésta última no emerge por decreto sino que reclama operaciones complejas para hacerla viable. Entonces, el horizonte debería ser el de un proyecto consciente para fomentar la cohesión social, generar el ejercicio de una ciudadanía plena y por esa vía, fortalecer nuestros sistemas democráticos.

Y es desde esa perspectiva que la propuesta de la cepal tiene una enorme pertinencia. Se trata de construir un “contrato de cohesión social (…) que permita sellar el acuerdo y el compromiso político en torno a ese objetivo y disponer de los recursos económicos, políticos e institucionales que lo hagan viable” (Ibid., 2007:11).

La idea de “contrato”, aunque metafórica, resulta elocuente para subrayar la necesidad de participación de una serie de actores que a través de la negociación y el acuerdo pueden forjar compromisos para aceitar los mecanismos de integración social y hacer frente a las tendencias disruptivas. Se trataría de pactar una ruta gradual pero progresiva y exigible de apropiación de derechos (y por supuesto de obligaciones), que comprometería al Estado y a la sociedad, y para lo cual se requiere un financiamiento renovado y efectivo “para garantizar un umbral de protección social a todos los miembros de la sociedad” (Ibid., 2007:159).

Esto último se escribe fácil, pero…