Mujeres guerrerenses: feminismo y política

Resumen

Nuevas subjetividades y formas de comportamiento emergen de y se vinculan con condiciones sociales contemporáneas que cuestionan las fronteras entre “lo propio” de los hombres y “lo propio” de las mujeres. En este marco, se multiplican y ganan visibilidad social algunas modificaciones a los mandatos tradicionales de la feminidad y de la masculinidad. De las nuevas tecnologías del género, entretejidas con la actividad económica y cultural, emergen nuevas expresiones de la feminidad, arropadas en un discurso político contra el machismo y sobre la equidad, y un número cada vez mayor de mujeres incorpora la aspiración igualitaria y desafía ciertos límites a su ingreso al mundo político y laboral. ¿Cómo se expresan en México esos cambios que las condiciones sociohistóricas producen en las prácticas y los sentimientos? ¿Cómo construyen hoy en día su praxis mujeres que habitan zonas geohistóricamente marginadas? ¿Cuál es la relación de la reconfiguración del mandato de la feminidad que hoy es patente entre ciertas mujeres con el pensamiento feminista? Para responder estas interrogantes se analiza el caso de cuatro mujeres del estado de Guerrero (una de las entidades más violentas de México) que han luchado y luchan contra el machismo, el abuso militar y el poder fáctico del narco.

Abstract

New subjectivities and emerging behaviors are linked to contemporary social conditions which question the limits between what is “appropriate” for men and “appropriate” for women. In this context, some modifications to the traditional mandates of femininity and masculinity multiply and gain social visibility. From the new gender technologies, interwoven with economic and cultural activities, new expressions of femininity, backed by a political discourse against machismo and on fairness develop, and an increasing amount of women incorporates the aspiration for equality, as they challenge certain restrictions to their entering into the political and occupational world. How are these changes in practices and emotions, produced by socio-historical conditions, expressed in Mexico? How do women who live in geo-historically marginalized zones construct their practice nowadays? What is the relationship of the reconfiguration of the feminine mandate, today evident among certain women, with feminist thought? To respond to these questions, this article analyzes the case of four women from the state of Guerrero (one of the most violent entities in Mexico) who have struggled and continue to struggle against machismo, military abuse and the de facto power of drug-trafficking.

Introducción

Las condiciones sociales contemporáneas –globalización capitalista, expansión de las tecnologías electrónicas, pluralización de formas de sexualidad, cambios demográficos, individualismo narcisista y voracidad consumista– han producido modificaciones en las prácticas y el psiquismo de los seres humanos. Es en este contexto de nuevas subjetividades y formas de comportamiento donde la democratización comunicativa de Internet difunde, a una velocidad impresionante, discursos y luchas ciudadanas que cuestionan las fronteras entre “lo propio” de los hombres y “lo propio” de las mujeres. Así, se multiplican y ganan visibilidad social algunas modificaciones a los mandatos tradicionales de la feminidad y de la masculinidad, entre las que destaca la forma con la que las mujeres son alentadas a participar en “igualdad” con los hombres en la política y en el trabajo. De las nuevas tecnologías del género,¹ entretejidas con la actividad económica y cultural, emergen nuevas expresiones de la feminidad, arropadas en un discurso político contra el machismo y sobre la equidad, y un número cada vez mayor de mujeres incorpora la aspiración igualitaria y desafía ciertos límites a su ingreso al mundo político y laboral.

¿Cómo se expresan en México esos cambios que las condiciones sociohistóricas producen en las prácticas y los sentimientos humanos? En especial, ¿cómo mujeres que habitan zonas geohistóricamente marginadas –muchas de ellas indígenas– construyen hoy en día su praxis? ¿Qué tipo de agencia tienen? ¿Qué reflexividad han desarrollado? ¿Cuál es la relación de una reconfiguración del mandato de la feminidad que hoy es patente entre ciertas mujeres con el pensamiento feminista? Para responder a estas interrogantes traigo a colación el caso de cuatro mujeres del estado de Guerrero, una de las entidades más violentas –si no la más– de nuestro país, que desde finales de 2014 se encuentra en el foco de la atención de todo mundo por la tragedia de Ayotzinapa.²

En Guerrero, estado pródigo en luchas populares y grandes desigualdades económicas y sociales, la guerrilla se dio a conocer en las décadas de los años sesenta y setenta, y ahora sigue viva en distintos grupos, como el Ejército Popular Revolucionario (epr); el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (erpi); el Ejército Revolucionario del Pueblo (erp); las Milicias Populares; y, las Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo. Desde entonces, Guerrero está ocupado por destacamentos militares y, aunque con el crecimiento del narco la guerrilla ha permanecido en un segundo plano, sigue emitiendo comunicados políticos (Gil, 2014: 6-7). Sea por la guerrilla o por el narco, militares y fuerzas federales tienen una presencia constante en el territorio. Guerrero es el mayor productor de opio en México,³ por lo tanto además de los enfrentamientos con las fuerzas gubernamentales, el salvajismo de los propios cárteles cobra sus víctimas entre los campesinos y sus hijos. Durante una entrevista publicada en el periódico español El País, el gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega, dijo:

Mire, la amapola se cultiva dos veces al año y, sólo en el semestre pasado, se destruyeron 50 mil plantíos. Mi reacción fue decir ‘¡pobres campesinos!’ ¿Por qué? Porque el narco les paga por adelantado la cosecha. ¿Y cómo van a devolver ese dinero, si les queman el cultivo? Pues con sus hijos. El narco se los lleva para convertirlos en sicarios, les entrenan para que ejecuten sin que les tiemble la mano (Martínez Ahrens, 2015a).

Y esa brutalidad también alcanza a las mujeres, en especial a las más jóvenes, a quienes los narcos se “roban” para usarlas sexualmente y, en ocasiones, luego venderlas o eliminarlas.⁴

Las cuatro mujeres de las que hablaré han luchado contra el machismo, unas se han enfrentado al abuso militar, otras al poder fáctico del narco, y tres han participado abiertamente en política; incluso una perdió la vida por ello. Sus historias ilustran la existencia de una conciencia feminista, se la califique o no así. Tener conciencia feminista no requiere de un acervo intelectual de feminismo, ni de aceptar la etiqueta de “feminista” sino de compartir la idea de que estar subordinada, por el hecho de ser mujer, entraña una injusticia. Poco a poco, pese a los tabúes religiosos y las resistencias machistas, en sus comunidades guerrerenses estas cuatro mujeres empezaron a plantear reivindicaciones netamente feministas. A este proceso de filtración de una perspectiva feminista, Carlos Monsiváis lo denominó el “contagio social” del feminismo (Monsiváis, 1978: 18). Estos son cuatro ejemplos de “contagio” de mujeres que con gran valentía y agenciamiento rebasaron el mandato tradicional de la feminidad, dos de ellas con un costo altísimo. ¿Será que sus trayectorias rupturistas indican un proceso de destradicionalización en sus marginadas comunidades de Guerrero?

Valentina y el ejército

Tanto por la guerrilla como por la siembra de amapola, Guerrero lleva largo rato ocupado por distintos destacamentos militares. Su presencia ha provocado abusos contra la población indígena, como el que padeció Valentina Rosendo Cantú. Ella tenía 17 años y estaba lavando ropa en el río cerca de su casa cuando un grupo de ocho soldados la abordó. Mientras uno le apuntaba con un arma, otro la interrogó agresivamente sobre la persona que aparecía en una foto y le mostró una lista con varios nombres. Cuando ella contestó que no los conocía, un militar la golpeó con la culata de su rifle y ella cayó al suelo. Dos soldados le quitaron su ropa y uno de ellos la violó. Después, el militar que la había interrogado también procedió a violarla. Esto ocurrió en febrero del 2002, en el poblado de Barranca Bejuco, municipio de Acatepec, en Guerrero. Cuando Valentina llegó al centro de salud más cercano, en Caxitepec, el médico en turno se negó a atenderla alegando que no quería “tener problemas” con el ejército. Valentina, acompañada de su marido y cargando a su hijita de tres meses, caminó durante quince horas hasta llegar al Hospital General de Ayutla. Como “no tenía cita previa”, la hicieron regresar al otro día, por lo que tuvieron que pernoctar ahí. El marido de Valentina, integrante de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos (oipmt), asociación de la cual surge la Organización del Pueblo Indígena Méphaa (opim), la acompañó a presentar la queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero y el Ministerio Público del Distrito Judicial de Allende.

Jean Franco (2008), quien ha analizado la violación sexual como un arma de guerra, señala que generalmente las mujeres víctimas de dicha violencia sexual no denuncian por la vergüenza y la estigmatización que supone esa agresión. Valentina decidió denunciar y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan asumió su defensa legal. Valentina presentó una denuncia contra elementos del ejército por los delitos de violación sexual y lo que resultase de la investigación. Pero la titular del Ministerio Público del fuero común, especializada en delitos sexuales y violencia intrafamiliar, se declaró incompetente y remitió la investigación a la Procuraduría General de Justicia Militar. Valentina presentó un amparo solicitando que las autoridades militares declinaran la competencia del caso, pues los soldados violadores debían responder ante la justicia civil.

A partir de entonces, la comunidad de Valentina empezó a recibir mensajes: “si persisten en denunciar al ejército, van a tener problemas”; “por esa mujer les van a retirar el apoyo de procampo”. Las agresiones y la estigmatización contra ella aumentaron y su marido la abandonó. Sin embargo, Valentina se mantuvo firme, respaldada por sus padres y hermanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh) admitió el caso en 2006 y recomendó al Estado mexicano la adopción de una serie de medidas para la reparación integral del daño generado por la violación de los derechos de Valentina. Como el gobierno no cumplió las recomendaciones y prosiguieron las amenazas e intimidaciones hacia Valentina y su familia, en 2009 la cidh demandó a México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (coidh).

En mayo de 2010 el gobierno mexicano compareció en Costa Rica ante la Corte, y negó la denuncia de Valentina. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció⁵ a su favor el 31 de agosto de 2010. Uno de los puntos que resolvió fue que el gobierno mexicano tenía la obligación de hacer un reconocimiento público de responsabilidad. Para una víctima, dicho acto público es una de las medidas de reparación más trascendentes, pues confirma la veracidad de su denuncia. El gobierno lo hizo más de un año después; y, en el acto, el entonces secretario de Gobernación calificó a Valentina de “mujer ejemplar”. Su coherencia y valentía para persistir en su denuncia a lo largo de nueve años y medio se debió a su concientización política y a su deseo de proteger a otras mujeres indígenas.

Martha y la Coordinadora Feminista de Mujeres Indígenas

Martha Sánchez Néstor es parte de una generación de indígenas que iniciaron su activismo político muy jóvenes, que han estudiado, saben de feminismo y se manejan con las modernas tecnologías de comunicación. Ella ha construido su liderazgo político desde la base y, así, ha logrado tener una gran representatividad. De joven estudió para secretaria y, en 1994, a sus veinte años, fue invitada a trabajar en el Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena. Asistir a la Convención de Aguascalientes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (ezln) en la Selva Lacandona desencadenó su concientización. Dejóentonces su función de secretaria e ingresó como militante al Consejo Guerrerense, donde formó la Comisión de la Mujer en 1998. De ahí en adelante, Martha impulsó la realización de reuniones y talleres estatales de articulación entre las distintas etnias, organizó el Segundo Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas, el Foro Voces de Mujeres y presidió una importante organización mixta, con 54 de los 56 pueblos indígenas de México: la Asociación Nacional Indígena Plural (anip).

En 2004 –junto con otras compañeras– forma la Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas, que reúne a las cuatro etnias de Guerrero: amuzga, mixteca, nahua y tlapaneca. La riqueza de esta iniciativa queda plasmada en un libro que Martha escribe, junto con otra líder indígena, Libni Iracema Dircio Chautla y la académica Gisela Espinosa Damián. El libro incluye, además de un análisis sociopolítico e histórico del proceso de formación de la Coordinadora, trece testimonios de mujeres indígenas que representan “una nueva intelectualidad femenina en los pueblos indígenas de Guerrero” (Espinosa, Libni, Chautla y Sánchez Néstor, 2010: 77). Ellas registran la micropolítica en la que están inmersas en una entidad federativa donde, además de la situación de miseria y carencia de servicios públicos, los grupos de delincuentes, narcotraficantes, guerrilleros, paramilitares e integrantes del ejército federal agreden a las comunidades, y donde la represión política en contra de las dirigentes indígenas se da con violaciones y asesinatos.

Martha reivindica la lucha por una cultura democrática, participa en procesos estatales con la Secretaría de la Mujer de Guerrero, y colabora en la construcción de la Agenda de las mujeres indígenas y afromexicanas en Guerrero.⁶ Ella relata que aunque las mujeres indígenas “han perdido el miedo para hablar en su familia, en la comunidad, con funcionarias, con diputadas, con quien sea” (Ibíd., 2010: 191), todavía expresan sus miedos a enfrentarse con su pareja, a decepcionar a su familia y a traicionar a su comunidad. Dado que el racismo y la discriminación caracterizan la exclusión de todos los indígenas y afectan por igual a sus hermanos y sus compañeros, eso les ha dificultado defender su particular problemática como mujeres. Por eso han insistido en analizar simultáneamente la condición de mujeres junto con la situación de sus hombres dado que, para que cambie su posición, también los hombres deben cambiar. Así, la transformación personal de estas mujeres ha provocado cambios en las parejas; y, aunque en un principio los hombres protestaron, hoy muchos de ellos han enmendado actitudes y conductas. Pese a ser inicialmente objeto de burlas, luego otros hombres los acaban imitando.

Martha rechaza la idea de que los mayores conflictos de las indígenas provengan de los usos y costumbres tradicionales, e insiste en que los “mayores conflictos” surgen de la miseria y la explotación de sus pueblos, por la carencia de servicios públicos de calidad, la violencia del Estado, y la militarización de la zona. Ella establece un diálogo crítico con compañeros del movimiento indígena, pues suscribe las denuncias colectivas de las carencias que padecen sus pueblos, desatendidos por las políticas gubernamentales, pero también critica el machismo que existe dentro de las comunidades indígenas evidente en la exclusión de las mujeres de la toma de decisiones, la violencia sexual y simbólica, y las prácticas sexistas como es el caso de la total escasez de recursos para la educación y el fortalecimiento político de las mujeres.

Martha ha proseguido su formación, destinando un tiempo para capacitarse y formar a sus compañeras. En 2011 se integra al Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, como coordinadora del Programa de Mujeres Indígenas. De ahí pasará a finales de 2014 –con la salida del gobernador Aguirre y la entrada del gobernador interino Rogelio Ortega, tras la tragedia de Ayotzinapa– a ocupar el cargo de Secretaria de Asuntos Indígenas.

La comandante Nestora Salgado

Con el propósito de garantizar la seguridad de los habitantes en una de las zonas del país con mayor marginación, violación a derechos humanos y militarización, en 1995 se crea la Policía Comunitaria de Guerrero. A partir de la Ley de Seguridad Pública aprobada en 2007, se le reconoce su carácter de policía preventiva y auxiliar en los municipios, sujeta a los lineamientos del Ayuntamiento. Desde 2011, la Ley de Seguridad Pública reconoce como actos de autoridad los ejercidos por la Policía Comunitaria en sus funciones.⁷ En 2013, Nestora Salgado es nombrada la primera comandante mujer de la policía comunitaria.

Nestora fue la sexta hija –de un total de siete– de una familia del pueblo artesanal de Olinalá, en la región de la Montaña; perdió a los once años a su madre; se casó a los 16; tuvo tres hijas y migró a los Estados Unidos, dejándolas al cuidado de su familia. En Washington trabajó siete años como recamarera y empleada doméstica; se separó de su marido y regularizó su situación migratoria. Hoy tiene nacionalidad estadounidense. Durante esos años, construyó una nueva vida en el país vecino junto a su actual compañero. Sensible a la situación de miseria de la montaña guerrerense, Nestora giraba recursos sistemáticamente para apoyar a su comunidad, y se fue ganando un lugar de liderazgo comunitario en Olinalá. Preocupada por la inseguridad, Nestora decidió organizar la policía comunitaria de su pueblo para combatir la connivencia de las autoridades locales con el narcotráfico. Ella declaró que no le tiene miedo a los sicarios sino al Ayuntamiento y solicitó a sus paisanos que “No vendan la droga, no la consuman, porque mientras haya consumidores esto va a seguir adelante, y es difícil pararlo”.

El 16 de agosto del 2013 Nestora encabezó la detención del síndico de Olinalá, Armando Patrón Jiménez –hoy diputado electo por el Partido de la Revolución Democrática (prd)–, a quien se acusó de cometer el delito de abigeato (robo de ganado) y de estar presuntamente involucrado en el asesinato de dos ganaderos. Fue retenido en la Casa de Justicia, pero los cómplices del síndico presentaron una denuncia por “secuestro” y cinco días después, el 21 de agosto, Nestora y otros policías comunitarios fueron detenidos por veinte militares. Posteriormente, la Marina Armada de México la trasladó al penal de alta seguridad en Nayarit, acusada del delito de secuestro.

La comandante fue encarcelada como represalia por su valiente trabajo en contra del crimen organizado y la corrupción municipal. El profesor Thomas Antkowiak, director de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Seattle, lidera el litigio internacional en su favor. También el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos están monitoreando el caso. En marzo de 2015, un juez federal desestimó los cargos federales por delincuencia organizada en modalidad de secuestro y ordenó su liberación. Sin embargo, Nestora sigue encarcelada dado que el fiscal de Guerrero –posiblemente bajo amenaza– no se desiste de la acusación. Luego de casi dos años de estar detenida en la cárcel de alta seguridad en Tepic, Nestora Salgado inició una huelga de hambre por su irregular situación jurídica, y así logró ser trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social de Tepepan, en la Ciudad de México.

En el caso de Nestora hay una clara ausencia de debido proceso: los cargos que se le imputan están basados en pruebas ilegales (a las “víctimas” las arraigaron y les tomaron declaración sin seguir el proceso legal); la trasladaron a Tepic antes de que se cumplieran las 72 horas de su primera declaración, por lo cual su abogado de oficio no tuvo posibilidad de presentar recursos. Nestora estuvo ilegalmente encarcelada en Tepic casi un año, sin que existiera orden judicial para ello, al tiempo que ninguno de sus acusadores se ha presentado a ratificar la denuncia en su contra, pese a haber sido citados. Además, aunque es ciudadana de Estados Unidos nunca tuvo acceso a asistencia consular, pese a que la justicia mexicana tuvo conocimiento de su calidad de estadunidense.

El turbio entramado de la narcopolítica en Guerrero involucra también a la justicia, incapaz de ver que una mexicana que logra luego de años de trabajo en Estados Unidos una buena situación económica y la nacionalidad, no va a regresar a su comunidad a “secuestrar” a la vista de todos –como ocurrió con Patrón Jiménez–, para remitirlo abiertamente a la Casa de Justicia. Al pretender limpiar de droga y de corrupción a su comunidad, Nestora afectó grandes intereses y, esto, la mafia política no se lo perdona.

La precandidata del prd Aidé Nava

El prd en Guerrero es un partido donde hay narcos, pero también políticos decentes que quieren poner orden y acabar con la narcopolítica. Ahuacuotzingo es un pequeño municipio de la montaña de Guerrero, ubicado en el corazón de los mayores campos de opio de América.⁸ Ahí, como en otras poblaciones de ese estado, el narco controla la zona, por lo cual intentar una política independiente de los narcos es jugarse la vida. En marzo de 2015, Aidé Nava González, de 41 años, precandidata del prd en Ahuacuotzingo fue secuestrada y su cabeza apareció junto a un mensaje escrito con letras rojas: “Esto le va a pasar a todos los putos chaqueteros y putos políticos que no se quieran alinear. Firmado: Puro Rojo zns” (Martínez Ahrens, 2015b). La autopsia determinó que Aidé fue torturada con una saña escalofriante y que, aún viva, la habían decapitado.

Aidé Nava era la viuda de Francisco Quiñónez Ramírez, un hombre popular y con un fuerte compromiso social, alcalde de Ahuacuotzingo por el prd entre 2009 y 2012. Como no hay reelección, Quiñonez –de 42 años– tuvo que esperar para participar de nuevo en las elecciones de junio del 2015; pero el 28 de junio de 2014, fue emboscado por sicarios que lo bajaron de su camioneta y lo acribillaron ante su esposa. Dos años antes, el 11 octubre de 2012, el hijo de la pareja, Francisco, de quince años, había sido secuestrado. En un vídeo subido a YouTube, el muchacho imploraba a sus padres que pagasen 17 mil dólares por su rescate. El dinero se pagó, pero no se volvió a saber nada del joven. Cuando asesinan al marido, Aidé decide tomar su relevo, y acepta la precandidatura del prd, con la ilusa esperanza de combatir al mal.

En Guerrero, en la última década, han sido asesinados más de 60 miembros del prd (Martínez Ahrens, 2015b), y también han caído militantes y dirigentes del Partido Revolucionario Institucional (pri) y del Partido Acción Nacional (pan). Los asesinan en la puerta de sus casas, mientras desayunan en un hotel o en plena carretera. Poco importa el lugar. Como se ha podido ver con el caso de Ayotzinapa, la necropolitica del narco se instaló hace mucho tiempo en el estado de Guerrero. El asesinato de Aidé ha sido atribuido por el prd a Los Rojos, un salvaje cartel que desde hace años libra un combate a muerte con Guerreros Unidos, la organización criminal causante de la tragedia de Ayotzinapa. Ese territorio es suyo, como afirman en el mensaje sangriento y elocuente que dejaron junto a la cabeza de Aidé. La muerte de esta valiente mujer no tuvo el impacto mediático de otras muertes, y cuando fue sepultada en su pueblo natal de Pochutla, su hija mayor, Vanesa, rogó ante un féretro cubierto de flores que México no dejase caer en el olvido la lucha de sus padres. Luego, huyó de Ahuacuotzingo.

La tragedia de Ayotzinapa, como ningún otro episodio criminal en México, ha conmovido al país. El Instituto de Estudios para la Transición Democrática señaló que: “cuerpos policíacos, ejército, partidos políticos, procuradurías de justicia, aparatos de inteligencia, gobierno local y gobierno federal, tienen una grave responsabilidad, y su actuación, por omisión o comisión, configura un fracaso mayúsculo del Estado mexicano” (ietd, 2014).

Lo que ocurre en Guerrero es más que un fracaso del Estado; lo que Guerrero pone en evidencia es una forma de hacer política bajo el mortífero poder corruptor del narcotráfico alimentado por una cruenta virilidad.

La necropolítica y el capitalismo gore

En Guerrero se ha gestado una problemática ominosa por la nefasta mezcla de la voracidad económica con los imperativos de la virilidad, en el contexto de la plena vigencia de los viejos problemas sociales de la pobreza y la desigualdad constantemente pospuestos y desatendidos. Sayak Valencia (2010) califica como gore, término del género cinematográfico de violencia extrema, este momento del capitalismo que se caracteriza por el derramamiento de sangre del crimen organizado, con técnicas crueles como el secuestro, la tortura, el decapitamiento y el desollamiento. Ella habla de la “violencia sobregirada y la crueldad ultra especializada” que “se implanta como formas de vida cotidiana en ciertas localizaciones geopolíticas a fin de obtener ganancias económicas”, y considera la mutilación y desacralización del cuerpo humano como “una herramienta de necroempoderamiento”.

Para “conceptualizar a los hombres que utilizan la violencia como medio de supervivencia, mecanismo de autoafirmación, y herramienta de trabajo”, Valencia retoma la figura del endriago (personaje mítico en Amadís de Gaula), “monstruo que conjuga hombre, hidra, y dragón, habita tierras infernales y produce gran temor entre sus enemigos”. Según la autora, nuestros endriagos contemporáneos no sólo matan y torturan por dinero, sino que también buscan dignidad y autoafirmación a través de una lógica “kamikaze” y sacrificial. Estos nuevos sujetos “ultra violentos y demoledores” –sicarios, secuestradores, coyotes y polleros, pero también policías y soldados– son hombres que hacen frente a su situación de marginalidad por medio del imperio de la violencia y del mercado negro –tráfico de cuerpos, drogas, armas–. Muchos son hombres pobres que vienen de grupos étnicos discriminados y clases sociales subordinadas, que contribuyen a sostener el poder de la masculinidad hegemónica –la de los gobernantes y empresarios– en un sistema donde están estrechamente entretejidos el poder, la economía y una virilidad depredadora.

En México, matar se ha convertido en el negocio más rentable para estos hombres, desempleados y sin formación, impulsados por el deseo de consumo y la necesidad de hacerse de un capital. Rita Laura Segato,⁹ quien califica a la economía como “de rapiña”, dice que para sostener su poder esta economía desarrolla una pedagogía de la crueldad. Bourdieu (2000) reflexionó en su análisis La dominación masculina sobre la virilidad, y señaló que los hombres adquieren prestigio ante los ojos de los demás hombres con acciones peligrosas, donde arriesgan la vida y no muestran miedo. Por eso, como matar despiadada y fríamente conlleva el prestigio de la virilidad, y como han ido “educados” en la crueldad, estos nuevos endriagos son incapaces de cuestionar la brutalidad y el horror en que están inmersos, y tienen –como bien explica Valencia–, una de las subjetividades más “feroces e irreparables” del capitalismo neoliberal.

Esto que pasa en Guerrero también ocurre en otras zonas de México, donde circulan libremente la droga, la violencia y el capital, y donde las mujeres son robadas, violadas, encarceladas o asesinadas, mientras los hombres se van convirtiendo en endriagos, en muertos o en desaparecidos.

Rossana Reguillo (2015a y b) señala que la economía de la muerte que acompaña la guerra contra el narco ha convertido los cuerpos decapitados, las balaceras y las fosas, en parte constitutiva del paisaje. Para ella, el sentido común, que fue “orillado a incorporar ese paisaje desolado”, no sólo ha contribuido a la normalización de la violencia extrema, sino que además ha producido “una aspiración, un deseo: la aniquilación, la violencia, la destrucción del otro, ya no como un acto de violencia utilitaria (la que persigue un fin) sino pura violencia expresiva (aquella que busca exhibir su poder total)” (Reguillo, 2015a y b). Justamente, la violencia expresiva enmarca este atroz paisaje social de miseria ancestral, impunidad y corrupción de autoridades y partidos, de violencia delincuencial y, desgraciadamente, también policíaca y militar. Y no solo eso, sino que la popularización de la narcocultura, con sus levantones, torturas, ejecuciones y fosas, ha invadido el imaginario de otras personas, incluso de niños.¹⁰

Es preocupante que el reclamo feminista sobre la violencia de género no aborde la problemática de la violencia de los hombres contra otros hombres. Desde hace más de treinta años, el tema de la violencia hacia las mujeres se convirtió en la gran reivindicación de la mayoría de las feministas en México. Ninguna de las otras causas feministas ha logrado más leyes, recursos y propaganda mediática que ésta. El reclamo ha tenido una gran visibilidad y un fuerte apoyo de todas las posiciones políticas, incluido el gobierno y las iglesias. Varias autoras¹¹ han analizado y denunciado el proceso de incorporación e instrumentalización de las reivindicaciones del feminismo por parte de partidos políticos, grupos de poder estatales, incluso organizaciones no gubernamentales. Un aspecto principal de este proceso es la forma en que esa demanda ha sido utilizada para impulsar un giro punitivo.¹² La reflexión de Kristin Bumiller (2008), sobre la forma en que el neoliberalismo ha pervertido la lucha contra la violencia hacia las mujeres para fortalecer el giro carcelario del Estado, se puede aplicar a nuestro país. En esa misma dirección apunta el señalamiento de Loïc Wacquant en torno a que la política neoliberal está provocando una “remasculinización del Estado” (Wacquant, 2013:410), que consiste en un fortalecimiento del esquema patriarcal, con un duro giro punitivo y una vulneración de los derechos sociales. Eso es lo que estamos viviendo hoy: un giro carcelario, una remasculinización del Estado y una vulneración de los derechos. De ahí que se haya vuelto imperativo analizar cómo los mandatos de género conectan las dimensiones psicosexuales de la identidad al amplio rango de los imperativos sociopolíticos y económicos.

Destradicionalización y reflexividad

La profunda crisis civilizatoria provocada por la voracidad del neoliberalismo ha propiciado afectaciones a valores, identidades, estructuras de vida y formas de sociabilidad y afecto. Esas transformaciones impactan la producción social de subjetividades, entendiendo por subjetividad tanto la estructuración individual y sus procesos psíquicos como el conjunto de pautas socioculturales, especialmente aquellas relacionadas con la sociabilidad cotidiana y los arreglos afectivos, que en especial han repercutido en los mandatos de género. Estas cuatro mujeres guerrerenses encarnan interesantes y novísimas reformulaciones como sujetos políticos. Valentina y Martha, de forma distinta, pero ambas con autonomía y agencia, han marcado una diferente representación de las mujeres indígenas. La injusticia cometida con la comandante Nestora y el horror de lo sucedido a Aidé Nava –aunque son experiencias negativas muy contundentes– ofrecen una visión de coraje y arrojo nada común en el mandato tradicional de la feminidad. Las cuatro guerrerenses han puesto en circulación un mensaje que habla de un agenciamiento notable. El hecho de que mujeres ocupen puestos antes considerados “masculinos” (como la comandante Nestora); que se arriesguen a denunciar la violación de unos militares (como Valentina); que desarrollen una carrera política, dejando de lado la opción típica del matrimonio y los hijos (como Martha); y, que tengan la valentía inaudita de asumir un cargo sabiendo que se juegan la vida al desafiar al narco (como Aidé), ¿provoca que se transformen las ideas sobre “lo propio” de los hombres y lo “propio” de las mujeres? ¿Podríamos interpretar la visibilidad conquistada por sus historias como una fuente de reflexividad crítica sobre “lo propio” de las mujeres? Para Lois McNay (1999) la respuesta es afirmativa, pues ella considera que la transposición del habitus femenino en distintos campos constituye una reflexividad crítica respecto al género.

Al principio de estas páginas decía que los seres humanos al ser atravesados por los mandatos culturales y someterse a los requerimientos de la vida social, transforman no sólo sus prácticas sino la forma en que se conciben a sí mismos. Y aunque es indudable que estas cuatro golondrinas no hacen verano, también es cierto que ellas han iniciado un proceso de destradicionalización del género; o sea, un deshacer ciertas creencias, normas y habitus. Luis Villoro, al reflexionar sobre la identidad de los pueblos, decía que “un pueblo no es una realidad dada de una vez por todas, es una configuración cambiante con las circunstancias” (Villoro, 1998a: 65). Los pueblos de Valentina, Martha, Nestora y Aidé, tienen hoy una configuración distinta. También Villoro planteaba que: “para ser auténtica una cultura debe responder a las necesidades colectivas reales” (Ibíd., 1998: 65). Es un hecho que las luchas de estas cuatro mujeres, además de consistir en procesos de reformulación identitaria, han significado dar voz y presencia a necesidades sentidas colectivamente, como lo es la defensa de derechos individuales y colectivos. Sin embargo, no hay que sobreestimar las posibilidades de la destradicionalización de género, la cual solamente alude a un proceso donde, en un orden social, la tradición cambia de estatus. Lisa Adkins (2004) nos recuerda que una indudable reflexividad respecto al género no supone en automático una destradicionalización. Según ella, la reflexividad en relación al género se está convirtiendo crecientemente en una rutina, sin que eso implique que se dé una eliminación del esquema de género. La destradicionalización puede llevar a una forma de pensar “el arreglo entre los sexos” sin que las prácticas que se desprendan de tal reflexión lleguen a cambiarlo. La reflexividad también está cruzada tanto por la individualización y el consumismo como por el deseo de tener una vida digna y poder desarrollarse individualmente.

Ahora bien, ¿cuál es el efecto de la transformación personal de unas cuantas sobre las demás mujeres? ¿Se podría pensar entonces que ellas, además de “traducir” en actos una propuesta política, alientan cierta agencia en las demás? Esta interrogante es la más difícil de responder, sin embargo la reflexión de una psicoanalista, Piera Aulangier (1977), ofrece un indicio esperanzador. Aulangier habla de la importancia del encuentro entre un “poder de aprehender” y los enunciados disponibles. La clave de dicho momento radica, según ella, en que “este poder de aprehender y de apropiarse de una parte de los mensajes es uno de los fundamentos del proceso que instituye al Yo” (2007: 309). Desde esa perspectiva, ¿podría pensarse que las vidas de estas cuatro guerrerenses se han vuelto “enunciados disponibles”, y que las demás mujeres están en posibilidad de aprehender lo que implican sus trayectorias y emularlas? Obvio que las trágicas experiencias de Aidé y Nestora pueden resultar desalentadoras para la gran mayoría, sin embargo, también son un paradigma de coherencia e integridad nada desdeñable. Finalmente, lo único que se puede concluir es que estas cuatro mujeres, con su praxis, ya han puesto en marcha un cambio entre las guerrerenses. Y, llevando agua a mi molino, también es posible pensar que en este cambio el feminismo ha jugado un cierto papel, pues su “contagio” y la apropiación de las ideas feministas de autonomía y amor propio articularon de otra forma sus identidades femeninas.