Participación política y violencia de género en México

Resumen

Este artículo analiza la relación de las mujeres con la política en el marco de los efectos de la aplicación de la ley de cuotas en México, poniendo especial énfasis en la violencia política de género como una variable explicativa de la subrepresentación política de las mujeres. Además de información primaria derivada de entrevistas en profundidad y grupos de discusión, se analizan los datos obtenidos en la última elección federal (2012), y se lleva a cabo la revisión crítica de estudios sobre mujeres y partidos políticos en México. Los resultados de la investigación indican que las dinámicas existentes en los partidos políticos, entendidos como organizaciones que reproducen patrones de género tradicionales, constituyen una variable central para explicar las particularidades del proceso mediante el cual las mujeres logran acceder a las candidaturas y dar cuenta de las experiencias sobre discriminación, acoso y violencia asociado a las campañas y al desempeño parlamentario. A su vez, se sostiene que la eficacia de la implementación de los marcos normativos tendientes a favorecer el incremento de la participación de las mujeres en los parlamentos está supeditada a la cultura política partidaria dominante en México.

Abstract

This work studies the relationship of women and politics within the framework of the Mexican law on quotas, stressing gender political violence as an explanatory variable of women political underrepresentation. Besides basic information resulting from in-depth interviews and discussion groups, data from the last federal election (2012) are analyzed, and studies on women and political parties in Mexico are reviewed from a critical angle. Research outcomes reveal that the existing dynamics within the political parties –understood as organizations that reproduce traditional gender patterns—represent a crucial variable to explaining the peculiarities of the process through which women can have access to candidatures, and explain their experiences of discrimination, harassment, and violence related to campaigns and parliamentary performance. Also, it is claimed that the implementation of regulatory frameworks aimed at promoting women participation in parliaments depends on the prevailing political party culture in Mexico.

Introducción

La aplicación de la legislación sobre derechos político-electorales de las mujeres y el cumplimiento de la cuota en México sentaron un precedente fundamental que explica el incremento de mujeres electas en las pasadas elecciones de 2012. Los alcances que este proceso ha tenido en la posición y condición de las mujeres se reflejan en un importante incremento de diputadas; el número de curules pasó de 142 (28%) en 2009 a 184 (37%) en la actual Legislatura, mientras que en el caso de las senadoras, su número se incrementó de 30 (24%) a 42 (33%).

Pese a este aumento cuantitativo, el análisis de la participación política femenina debe reconocer que las acciones orientadas a incorporar a más mujeres en espacios de decisión poseen límites tanto en su desarrollo como en sus resultados. Varias investigaciones se han concentrado en explicar cómo el entramado institucional que condiciona el proceso de representación y participación política (el tipo de sistema electoral, los tipos de cuotas, sus efectos y el papel de los partidos políticos en la conformación de listas), tienen un efecto en el incremento de la incorporación de las mujeres a los parlamentos nacionales (Baldez, 2006; Dahlerup 2003 y 2006; Krook, 2006; Norris y Lovenduski, 1993; Paxton, Kunovich y Hughes, 2007). Este análisis se ha extendido a América Latina, enfatizando el seguimiento de la efectividad de las leyes de cuotas y el cumplimiento de las normas en la materia (Archenti y Tula, 2008 y 2013; Jones, 2012; Ríos, 2008).

Recientemente se incrementó el esfuerzo por comprender cómo los partidos están respondiendo a la cuota de género (Mier, 2012) y cuáles son sus efectos en el proceso de asignación de candidaturas para su cumplimiento. Por lo tanto, es preciso investigar más allá de la representación descriptiva y conocer cuáles son los problemas que enfrentan las mujeres derivados de los prejuicios de los líderes, militantes y simpatizantes de los partidos políticos en relación a la aplicación de las cuotas. De este modo, el análisis de la participación política femenina debe incluir el ambiente y la cultura que imperan dentro de los partidos políticos al ser los actores claves en la regulación de su acceso a las candidaturas y el cumplimiento a las disposiciones de ley.

Dichas representaciones trascienden el ámbito exclusivo de la política e influyen la forma en que los medios de comunicación y la sociedad evalúan la presencia y comportamiento de las mujeres en este ámbito.² El resultado de las cuotas debe analizarse en interacción con las características del contexto político más amplio y de las relaciones que guardan en la estructura social, en donde las prescripciones de género son una variable explicativa de la forma en que se establecen mandatos y expectativas diferenciales para hombres y mujeres.

Los límites culturales e institucionales (Moreira, 2001) a la participación política de las mujeres encuentran en los partidos políticos una de las principales fuentes de discriminación, con efectos multiplicadores a nivel del sistema político en su conjunto, y del Estado como entidad responsable de garantizar los derechos político-electorales de toda la ciudadanía. La masculinización de la vida política hace que las reglas institucionales de competencia y participación política no tengan efecto igualitario entre hombres y mujeres, siendo la desigual representación de mujeres en cargos de elección popular su mejor ejemplo.

Desde un enfoque que promueve la igualdad política entre géneros se ha hecho énfasis en la necesidad de potenciar las capacidades y el liderazgo de las mujeres, como si fuera éste un problema de carácter personal que deja en sus manos la obligación de desarrollar estrategias y acciones para conseguir cambios que deberían traducirse en un aumento de su participación en los cargos de representación popular.

En este sentido, los avances en materia legislativa para promover mayor número de mujeres en puestos de elección popular han significado, en algunos casos, una intensificación de las dinámicas de discriminación y violencia hacia aquellas mujeres que intentan incursionar en la política como efecto de la reacción de los partidos políticos y algunos de sus miembros a las acciones afirmativas en esta materia.

La adopción y aplicación de la cuota de género no implican necesariamente la vigencia de un amplio consenso sobre la existencia de la desigualdad de género. Las resistencias a estas medidas no sólo se traducen en la dificultad de promover candidaturas femeninas. La experiencia en esta materia da cuenta de una serie de prácticas de discriminación y violencia que responden a un contexto en donde la competencia política debe ser analizada desde un enfoque de género, es decir, que nos permita explicar cómo las relaciones desiguales de poder tienen un efecto diferencial en la experiencia política de hombres y mujeres.

Si bien la sentencia de 2011 a nivel federal³ ha sido un factor que influyó en las elecciones a nivel estatal a través de las demandas por parte de las mujeres políticas, existe una distancia muy grande entre la sensibilización y el reconocimiento de la importancia de las cuotas de género en los institutos estatales electorales y los tribunales electorales. Ello tiene un impacto significativo no sólo en la elaboración de una legislación que supervise y haga cumplir las cuotas a favor de las mujeres, sino también en la percepción de esta acción afirmativa como antidemocrática y contraria al mérito que cualquier candidato debe presentar para ser electo.

Junto con los avances en materia de participación política de las mujeres y de la respuesta institucional al respecto, es posible encontrar enormes barreras que tienen peso significativo en la forma en que se difunden y se legitiman estos temas. La experiencia en capacitación, asesoría y lobby sobre mujeres y política de nuestras entrevistadas da cuenta de la dificultad por parte de las autoridades (ya sea presidente municipal, gobernador o dirigentes partidarios) de aceptar la formación en género, pese a la reglamentación que obliga a que 2% del presupuesto otorgado a los partidos sea destinado a la capacitación en materia de género.

A su vez, en el actual contexto de difusión de los derechos políticos electorales de las mujeres –sobre todo en el ámbito federal– su apropiación ha significado no sólo que tengan información para hacer valer estos derechos, sino que también ha implicado una reacción negativa y de rechazo a la norma por parte de los partidos y sus militantes. Las mujeres cargan un gran peso cuando deciden enfrentar a su partido e interponen un juicio ciudadano ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (tepjf). La ley señala que deben resolver primero ante las instancias internas del partido y ello significa ir contra la disciplina parlamentaria.

El objetivo que anima este escrito es introducir la discusión sobre violencia política en razón de género como una dimensión de análisis que recientemente encuentra cauce en la investigación sobre participación política de las mujeres. Esta reflexión se entrelaza y fundamenta con los hallazgos de investigación que sistematizan las principales experiencias de discriminación y violencia asociadas a la participación femenina en México, poniendo de relieve la mirada hacia los partidos políticos como organizaciones generizadas.

Para tal efecto se presenta el encuadre conceptual sobre violencia política en razón de género, las experiencias de investigación y el análisis de los partidos políticos como organizaciones generizadas. Posteriormente, se presentarán los principales hallazgos que sistematizan información primaria sobre la experiencia mexicana.

La violencia contra las mujeres y la violencia política en razón de género

La definición de violencia contra las mujeres, ampliamente legitimada, es la que se deriva de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres (1993) y se entiende como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”. La violencia de género, es una expresión de la discriminación hacia las mujeres, viola sus derechos y tiene como resultado impedir la participación de las mujeres en las mismas condiciones que los hombres, en la vida política, social, económica y cultural.

La violencia basada en el género implica analizarla en el contexto social en el que se presenta: como una forma de poder que se expresa en distintas modalidades (física, psicológica, patrimonial, institucional) y ámbitos sociales (doméstico, público, familiar).

Ahora bien, la noción de acoso o violencia política en razón de género es relativamente reciente. Aparece décadas después de que las mujeres comienzan a incursionar en la política, no obstante que ya existía como experiencia individual y colectiva en mujeres que irrumpían en el espacio público. Basta con recordar las reacciones de represión pública asistida a mujeres que osaban desafiar al orden político por medio de sus demandas de sufragismo desde el siglo xix y principios del xx.

Cuando a la noción de violencia se le introduce el término “basado en el género” se hace hincapié en que sus raíces se encuentran en la desigualdad entre mujeres y hombres (Krants y García Moreno, 2005). Es decir, la violencia contra las mujeres es consecuencia de la desigualdad entre los géneros expresada en la discriminación y las diferentes oportunidades y responsabilidades en el acceso y control de los recursos, sustentada en la noción sociocultural de lo masculino como superior a lo femenino.

Los orígenes de la violencia política de género se encuentran en la desigual relación de poder que existe entre hombres y mujeres, en el entendido que históricamente el espacio público-político ha sido escenario privilegiado del género masculino. Las instituciones y organizaciones creadas para dar vida al orden de lo político no sólo se fundan en la presencia exclusiva de los varones, sus dinámicas de funcionamiento, códigos, lenguaje y normas, también son un reflejo de la primacía de un solo género. Al querer ingresar a la política, las mujeres no sólo se encuentran en desventaja: su sola presencia transgrede un orden que naturaliza su exclusión.

Desde una visión crítica feminista esta problemática se explica por la forma en que se vive la desigualdad de género en el ámbito político. Las situaciones de discriminación y violencia de género resultan ser fenómenos inherentes a la participación política de las mujeres que surgen como manifestación de un orden patriarcal que establece que los espacios públicos y las organizaciones partidarias sean ámbitos de actuación masculina por excelencia.

En este sentido, es mediante los discursos y representaciones que se hacen sobre las mujeres y lo inadecuado de su incursión en la política que se impregna y naturaliza en la sociedad dicha exclusión. En el ámbito social, político y mediático se transmiten representaciones que perjudican la imagen de las mujeres y en algunos casos conllevan a acciones que las dañan y afectan en su integridad física y psicológica.

En el ámbito de la participación política, la violencia infringida hacia las mujeres se ubica tanto en las relaciones interpersonales como en las dinámicas colectivas que sostienen estereotipos y reproducen la discriminación de género en la lógica de funcionamiento partidario. Con ello nos referimos a los actos de menosprecio y menoscabo ejercidos hacia las mujeres bajo el disfraz de relaciones naturales y cotidianas entre pares.⁴

Así, la definición de violencia política en razón de género que se utilice va a determinar la valoración y medición del fenómeno. A ello hay que agregar la disposición que las afectadas puedan tener en reconocer y denunciar este tipo de prácticas dentro de sus partidos, nombrar las situaciones como hechos discriminatorios y reconocer las prácticas violentas recibidas por el hecho de ser mujeres.

Y es que la violencia política en razón de género ejercida contra las mujeres que tienen un interés político en participar en una organización partidaria con miras a ocupar un cargo de elección popular, afecta directamente las posibilidades que tienen de desarrollar un liderazgo político y es un obstáculo que difícilmente se identifica y se nombra como tal.

No son muchas las naciones que incluyen una definición conceptual con efectos normativos sobre violencia de género en la política. La investigación se ha concentrado en caracterizar las situaciones de discriminación y los estereotipos de género que se asocian a la participación de las mujeres en la política.

Sólo recientemente podemos encontrar algunos trabajos e investigaciones, tanto en México como en otros países, que ponen de manifiesto cómo la serie de obstáculos y limitaciones impuestas a las mujeres por su condición de género se traducen en eventos explícitos e implícitos de agresión y violencia.

Rastreando la emergencia del concepto en el terreno político electoral destaca el trabajo realizado por la Asociación de Concejalas Bolivianas (acobol) que desde algunos años atrás ha denunciado sistemáticamente el acoso y la violencia del que son objeto las mujeres en su intento por participar o ejercer un cargo público. La Asociación ha definido el acoso político como el acto o conjunto de actos cometidos por una persona, por sí o a través de terceros, en contra de una mujer o de su familia, con el propósito de impedir y/o inducir a una acción u omisión en el cumplimiento de sus funciones, derechos o deberes, mediante actos de presión como persecución, hostigamiento o amenazas efectuadas por cualquier medio.

Así, la violencia política son todas aquellas acciones y/o conductas agresivas cometidas por una persona, por sí o a través de terceros, que causen daño físico, psicológico, o sexual en contra de una mujer y/o de su familia, en ejercicio de la representación política, para restringir el ejercicio de su cargo o inducirla a tomar decisiones en contra de su voluntad, de sus principios y de la ley (Instraw, 2008).

Pionera en el tema ha sido la boliviana Ximena Machicao (2004 y 2011), para quien el acoso político o violencia política es un tema que aún no registra un desarrollo teórico conceptual sostenible en la región, al margen de algunos estudios e investigaciones realizados en los últimos años.

Esta forma de discriminación es vivida constantemente por miles de mujeres, y si bien no se cuenta con estadísticas sobre esta nueva violación a los derechos fundamentales de las mujeres, sus consecuencias negativas en los ámbitos políticos del poder “formal” son una manifestación de las condiciones de inequidad experimentadas por las mujeres en la política.

Siguiendo una interpretación derivada de la teoría de género, Machiaco (2004) sostiene que este tipo de violencia no es casual ni personal, es una manifestación política que da cuenta de las relaciones estructurales de poder, dominación y privilegios establecidos entre hombres y mujeres en la sociedad. El acoso político y la violencia política son una forma de violencia de género, un hecho político producido por las relaciones de fuerza y poder que aluden a la construcción social entre hombres y mujeres en la sociedad. Así, define al acoso o violencia política como las expresiones, acciones y las prácticas de violencia física, psicológica, sexual, económica y simbólica que enfrentan las mujeres que ejercen representación política, sobre todo en ámbitos locales, para atemorizarlas, presionarlas, desprestigiarlas y obligarlas a actuar en contra de su voluntad. En muchos casos, las expresiones, acciones y prácticas se llevan a cabo con el objeto de hacerlas renunciar a sus cargos electivos y/o para que asuman decisiones políticas con las cuales no están de acuerdo; en otros, para que avalen decisiones discrecionales en el manejo del poder y los recursos que van en contra de toda ética y norma del manejo público y de las funciones que las y los servidores públicos deben cumplir (Machicao, 2004).

Por su parte, Bonder y Rodríguez señalan que el uso de la violencia política, sea verbal o física constituye una práctica común y es un importante obstáculo para la participación política de las mujeres; “no sólo se trata de desaliento, temor o amedrentamiento sino concretamente es un impedimento que no pueden superar y se transforma en una barrera para el desarrollo de sus carreras políticas” (Bonder y Rodríguez, 2009:16). La experiencia latinoamericana al respecto da cuenta que este tipo de violencia se erige como un mecanismo coercitivo que tiene como fin mantener la asimetría de poder entre los géneros cuyo uso se encuentra naturalizado en la arena política.

Así lo informan Ana Cecilia Escalante Herrera y Nineth Méndez (2011), quienes identificaron y sistematizaron una serie de experiencias de acoso político hacia las mujeres que ocupan puestos de elección popular en Costa Rica. El trabajo exploró las causas concretas de las situaciones de violencia de género hacia las mujeres en política, así como las prácticas de resistencia desarrolladas por las mujeres y su impacto en lo individual y colectivo.

Retomando la definición de acobol sobre violencia política, sostienen que aun cuando se han aplicado las cuotas, en los hechos, las agresiones a mujeres políticas sigue siendo una práctica que les impide participar en igualdad de condiciones que los hombres. Las formas en las que se expresa la violencia contra las mujeres en el ejercicio de sus funciones van desde actos de violencia física y psicológica hasta daños a su gestión.

Los resultados obtenidos señalan que dentro de los partidos siguen predominando los roles tradicionales femeninos en la participación organizativa, siendo gestoras más que líderes en la toma de decisiones. Las formas de acoso identificadas son: discriminación y subordinación por el hecho de ser mujeres, descalificación de sus acciones, propuestas o aportes, acoso sexual, acoso y manipulación o asedio para tomar decisiones a favor de otros/as.

Violencia política en razón de género en México

Es importante destacar que a principios de marzo de 2013 el Senado de la República aprobó una reforma que tipifica por primera vez en México “la violencia política de género”⁵ que se expresa al interior de los partidos, durante las campañas electorales, en las dependencias públicas e incluso en el ámbito legislativo. El objetivo es reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (cofipe) e incluir este tipo de violencia como una manifestación asociada a la participación política de las mujeres.

En la propuesta de reforma se define la violencia política de género como las acciones agresivas cometidas por una o varias personas que causen daño físico, psicológico o sexual en contra de una mujer o varias, en ejercicio de la representación política. Asimismo, se establece que los actos de violencia política hacia las mujeres serán, entre otros, los impuestos por estereotipos de género, la realización de actividades y tareas ajenas a las funciones y atribuciones de su cargo, así como proporcionar a las mujeres candidatas información falsa, etcétera.

A nivel del impacto que en los medios de comunicación tienen los estereotipos y la discriminación de género, se propone establecer y sancionar como infracción en el cofipe toda propaganda política que signifique un acto de violencia política de género. Igualmente, se señala que este tipo de violencia la realiza quien restrinja el uso de la palabra en las sesiones de ambas Cámaras del Congreso y su participación en comisiones, comités y otras instancias inherentes a su cargo.

A reserva de la evaluación que pueda hacerse del cumplimiento tanto del Sistema Nacional de Violencia, como del reglamento que pone en marcha la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la inclusión de la violencia política como una modalidad específica de violencia de género, pone en escena la experiencia negativa y de limitación de derechos asociada a la participación de las mujeres en la vida pública.

Existen muy pocos estudios que abordan las experiencias de violencia de las mujeres en relación con la política. Ello debido a que a veces resulta difícil acceder a aquellas reglas no escritas que forman parte de la lógica de selección de candidaturas y de las dinámicas asociadas al funcionamiento interno de los partidos políticos. Asimismo, y a raíz de la disciplina parlamentaria que se espera sigan los militantes, no es fácil entrevistar a mujeres que estén dispuestas o sepan expresar sin temor las experiencias de violencia y acosos sufridas.

Para el análisis de la situación de las mujeres en México candidatas, en ejercicio de funciones o electas a un cargo de representación popular, destacamos dos estudios que intentan describir los aspectos económicos, familiares, de trayectoria política en sus partidos, así como de los principales obstáculos experimentados en este proceso. El primero, de corte cuantitativo y cualitativo, fue realizado en 2009 por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (tepjf, 2009). Los resultados hablan de la presencia de factores asociados a la selección como candidatas y aquellos relacionados con el proceso de campaña que reflejan dinámicas de discriminación y violencia que en muchos casos son invisibilizados o naturalizados, incluso por las propias mujeres.

En esta investigación se hacen constantes referencias a que la estructura y dinámica organizacional de los partidos en México está impregnada de valores patriarcales, y que es esta cultura masculina el principal obstáculo que las mujeres deben enfrentar para desarrollar sus carreras políticas. Para ellas la consigna es ser visibles y evitar ser excluidas, lo que significa estar en una situación constante de vulnerabilidad por acceder a un espacio que es considerado de exclusiva pertenencia masculina.

Sin embargo, en la medida en que las mujeres ascienden en la pirámide jerárquica dentro de sus partidos al obtener cargos de representación popular de importancia, la discriminación⁶ y la violencia se hace más sutil. Lo que aquí está en juego es lo que algunas feministas denominan la masculinización de las mujeres en puestos de poder, es decir, se instala el estigma de que las que llegan a cargos importantes actúan como hombres para mantener sus posiciones. Sin mediar en generalizaciones poco rigurosas, existe una suerte de sujeción a esta proposición dada la necesidad de pertenencia a las dinámicas del funcionamiento político; las mujeres no son ajenas a estas dinámicas y el querer pertenecer son sujetas a una socialización y adaptación a dichos códigos masculinos y los mandatos del partido.

En síntesis, de los resultados de esta investigación se desprende que la falta de reconocimiento al desempeño profesional, la indiferencia, menosprecio y descrédito, así como el hostigamiento por ser mujeres, constituyen las principales experiencias de discriminación y violencia de género.

En el mismo tenor, el estudio desarrollado en 2008 por María Luisa González y Patricia Rodríguez, a través de la aplicación de un cuestionario y entrevistas en profundidad a 102 legisladoras (González Marín y Rodríguez López, 2008), tuvo la finalidad de obtener evidencia sobre la composición del grupo de mujeres políticas y de sus motivos para actuar en la vida pública, así como analizar las circunstancias que llevan al empoderamiento de las mujeres políticas, destacando algunas de sus limitaciones y desventajas.

De algunas de las reflexiones que aquí se enuncian, destaco lo que a simple vista podría ser una inconsistencia de los discursos de las parlamentarias en relación a la discriminación y violencia de género. Si bien todas reconocen su existencia, muy pocas señalan haber sido víctimas directas. A mi juicio, aceptar la discriminación en las demás mujeres y negarlo en la propia persona refleja la necesidad de posicionarse como individuos no vulnerables o susceptibles al control, como una forma de evitar ser juzgadas negativamente en su calidad de parlamentaria capaz de tomar decisiones; es decir, mostrarse vulnerable no correspondería con quien ejerce un cargo destinado a ejercer poder.

De las prácticas de violencia que pueden desprenderse de la información de este estudio, la mayoría de las entrevistadas se remite al momento de la postulación como candidatas y al ejercicio parlamentario. Sin proponer una relación causal y explicativa más compleja, las autoras destacan los siguientes resultados: la mayoría de las legisladoras reconocen la existencia de prácticas inequitativas asociadas a la selección de candidaturas y los diferentes puestos al interior del partido. Las que alcanzan puestos de representación en la mayoría de los casos pertenecen a grupos o corrientes importantes en su partido. Las postulan no tanto por sus cualidades, sino para cumplir la cuota o porque consideran que serán leales al grupo que las propuso.

Dentro de los factores que vulneran el desempeño de las mujeres se encuentra la edad, clase social y educación, como factores que inducen a una mayor o menor participación en los parlamentos. La edad es un símbolo ambivalente de respeto o desprecio a los méritos de las mujeres en la política. En relación a la percepción de la discriminación, ésta se acentúa en la medida en que aumenta la edad de las entrevistadas. Respecto a las mujeres que detectan mayor discriminación según su grupo partidario de pertenencia, en primer lugar está el Partido de la Revolución Democrática (prd), seguido por el Partido Acción Nacional (pan) y en último lugar el Partido Revolucionario Institucional (pri).

La encuesta realizada reportó que 64% de las legisladoras entrevistadas considera que existe acoso sexual hacia las mujeres que desempeñan cargos políticos. El análisis de las opiniones de las entrevistadas según el partido al que pertenecen, revela algunas tendencias. Las legisladoras del prd y en mayor proporción las senadoras de este partido, son, sobre todo, quienes refieren la existencia de acoso sexual. Específicamente, 23% de las mujeres señalan haber sufrido acoso sexual, en su función como legisladoras.

La vida parlamentaria de las mujeres combina la necesidad de avanzar contra la discriminación de género junto con imponer su agenda al interior de su partido político y lidiar con la burocracia parlamentaria. En todo este proceso se experimenta la discriminación y el rechazo por motivos de género. Esto se traduce en que son objeto de indiferencia e incluso burlas al momento de tomar la palabra en la tribuna parlamentaria, se les excluye cuando se trata de tomar decisiones y sobre todo mencionan que “no se toma con seriedad su trabajo”.

Por encima de los intereses de género se imponen los intereses partidarios, incluso teniendo las mujeres que defender o callar ante delitos en los que se ejerce violencia de género.

Dos cosas destacan de esta investigación: en primer lugar, es un gran avance contar con datos surgidos de una encuesta y entrevistas que dan cuenta de las percepciones que tienen las mujeres políticas, tanto de la discriminación, como de su lugar en la esfera legislativa. Sin embargo, la investigación no logra dimensionar el papel de los partidos como actores centrales en las prácticas y dinámicas que reproducen los estereotipos y la discriminación de género en el mundo de la política. En segundo lugar, el tema del acoso sexual fue abordado de manera insuficiente en términos conceptuales, sobre todo por las repercusiones que este fenómeno tiene en el propio desempeño político de las mujeres y en la naturalización de un ambiente de agresión material y simbólica contra ellas en los espacios de decisión política.

De manera más específica al tema nos remite el primer informe que encontramos en México sobre violencia política contra las mujeres elaborado por Teresa Hevia (2013). En este dossier se retoma el marco jurídico nacional e internacional como un soporte explicativo sobre las diversas situaciones y ámbitos donde se manifiesta la violencia de género en política.

La principal idea que se deriva del informe es que pese a la aplicación de las cuotas, la participación y representación política de las mujeres se ve constantemente obstaculizada por el acoso político. La discriminación de género se expresa en situaciones de violencia contra las mujeres cuando intentan ingresar al ámbito político, especialmente en el municipal y se acentúa incluso en el ejercicio de sus funciones al ser electas.

A través de la lectura de la legislación nacional en materia de violencia de género, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se advierte que la violencia que enfrentan en la esfera política puede enmarcarse en todos los tipos y modalidades definidos por esta Ley: desde la violencia institucional –al interior de sus propios partidos–, pasando por la violencia económica al desviar y limitar los recursos para su capacitación y campañas, hasta el hostigamiento y el acoso sexual, o la violencia comunitaria, e incluso el feminicidio.

Con esta información queda claro que evaluar la eficacia de las cuotas sólo en función de su impacto cuantitativo, es una visión sesgada. Los factores institucionales, políticos y culturales que afectan las oportunidades y las barreras que enfrentan las mujeres para acceder a instancias de representación no son estáticos y su transformación hace surgir nuevas dinámicas que demuestran las fuertes resistencias políticas y sociales sobre su ingreso en política.

Partidos políticos y la violencia política de género

Aun cuando no se cuentan con estudios sistemáticos que puedan informarnos de la prevalencia del fenómeno en términos cuantitativos, la experiencia en foros, entrevistas, capacitación e incluso los medios de comunicación, advierten que las mujeres en política sufren múltiples agresiones como candidatas o siendo legisladoras o autoridades en funciones, por el hecho de ser mujeres. Es en este sentido que señalo que existe un vínculo insoslayable entre su participación política y la violencia asociada a este ámbito, a raíz de su género.

Este hecho sólo puede ser comprendido si se teoriza acerca de cómo se comportan los partidos políticos como organizaciones que reproducen patrones de género en su dinámica interna y externa, así como el impacto que ello tiene en la selección de candidaturas femeninas en el marco de la competencia política, su participación en campañas, la reacción a la aplicación de las cuotas de género y su desempeño parlamentario.

En primer lugar, hay que señalar que los partidos políticos son organizaciones (De la Rosa y Contreras, 2007) y como tales son susceptibles de ser analizados desde un enfoque que integre las prescripciones de género que tienen un impacto significativo en la forma en que se configura el modelo de actuación política en su interior.

Las prácticas organizacionales y las dinámicas internas de ejercicio del poder en los partidos se han desarrollado en función de reproducir y naturalizar ciertos patrones discriminatorios que cobran relevancia tanto en los procesos de reclutamiento, la asignación de determinados puestos, las representaciones sobre lo femenino y masculino en la política y, más recientemente, el impacto de los mandatos institucionales sobre legislación electoral en su organización interna.

Como señala Joan Acker (1990 y 2000), la reproducción del género en las organizaciones ocurre a través de una serie de procesos que están enraizados en la organización en términos de la distinción entre lo masculino y lo femenino. Esos procesos genéricos se ubican en actividades concretas, pensamientos y creencias de los individuos dentro de la organización, que por medio de la interacción individual y del uso del lenguaje y los símbolos van representando y reproduciendo comportamientos que refuerzan las estructuras genéricas. Las organizaciones y la gestión no sólo están estructuradas por el género, también están impregnadas y constituidas por y a través de género, al mismo tiempo, construyen una realidad organizacional y de gestión que a veces puede subvertir el orden de género dominante (Broadbridge y Hern, 2008).

Ahora bien, la relación de las mujeres con la política no sólo se remite a la militancia en los partidos políticos. También debemos destacar la acción y participación de las mujeres en organizaciones comunitarias con un gran influjo en la sociedad. Son especialistas en gestionar e incidir dentro de su comunidad (Barrera, 2002). Es por lo anterior que su tránsito a la política partidaria, en mucho casos, se da de manera natural, como extensión de su trabajo comunitario, no obstante que su posición es subordinada y reproduce los patrones de género en tanto gestión de actividades tradicionales dentro del partido.

Las expertas hablan⁷

Como ya se ha demostrado, preguntar directamente sobre discriminación o violencia de género a mujeres vinculadas con el ejercicio político– parlamentario (militantes, diputadas y senadoras), no conduce a la obtención de información directa, aun cuando se reconozca la existencia de discriminación sufrida en la arena política (González y Rodríguez, 2008).

Existe una diferencia en el reconocimiento de la violencia a la que son objeto las mujeres en función de su posición en la esfera pública; senadoras y diputadas difícilmente hacen referencia a experiencias personales al respecto; lo contrario sucede con mujeres que en el ámbito local están más dispuestas a afrontar y a hacer públicas dichas situaciones.

Por lo anterior, y dada la amplia experiencia de un grupo de mujeres en el ámbito de formación en liderazgo y capacitación política de mujeres, es que se realizaron una serie de entrevistas en profundidad y grupos de discusión con expertas del ámbito académico, la sociedad civil y organismos internacionales, obteniendo importante información centrada en el contexto político del cumplimiento de la cuota de género en las pasadas elecciones de 2012 en México.⁸ De la información recabada se desprende que la violencia política contra las mujeres se ha exacerbado debido al aumento de su presencia como efecto de la aplicación de la ley de cuotas.

Más mujeres en la política se percibe como una amenaza debido a que la tradicional competencia que se daba sólo entre varones es suprimida dando paso a que las militantes exijan ser incluidas en los cargos dentro del partido, así como en las candidaturas a elecciones populares. Antes de las cuotas, las mujeres tenían una presencia aislada, sin ningún tipo de poder y en algunos casos –cuando figuraban– era fruto de la concesión que el partido hacía por su relación familiar con la élite o los grupos de poder. Hoy en día, las mujeres comienzan a “estorbar” porque quieren incidir en la política, con programas de trabajo y propuestas independientes.

Sin duda que este nuevo escenario ha generado diversas reacciones en términos individuales y organizativos. La noción de violencia política en razón de género se constituye en una dimensión que se integra al análisis del efecto sociopolítico de las cuotas de género.

En México comienza a hablarse de violencia política contra las mujeres a partir del año 2010 y por efecto de la experiencia reportada por la Asociación de Concejalas de Bolivia, antes descrita. Hace diez años no se nombraba como tal, incluso hoy en día es difícil identificarla por parte de las mujeres pese a que varias de nuestras entrevistadas reconocen que éste se está convirtiendo en un problema público que escapa a la simple descripción de anécdotas aisladas.

Según una de las expertas consultadas, a la fecha hay un grupo de analistas que afirma que la violencia en el ámbito político tiene características muy particulares y que debiera adoptarse como término específico. Otro grupo de expertas insisten en evitar la proliferación de modalidades de la violencia de género con el fin de que no se diluyan las acciones para su prevención y erradicación. Para este último grupo, la violencia que experimentan las mujeres que incursionan en política se inscribe dentro de todas las modalidades y tipos descritas en la Ley.

Sin embrago, y en aras de visibilizar el fenómeno como una estrategia política, para el primer grupo es importante sostener que la violencia política contra las mujeres es una experiencia continua, que tiende a naturalizarse y que en los hechos se traduce en el no ejercicio de sus derechos políticos y electorales. La violencia que experimentan se deriva, en buena medida, del simple hecho de ser mujeres y de la resistencia que existe a nivel institucional y cultural para que accedan a cargos de poder.

A su vez, junto con la naturalización de las prácticas vinculadas a la violencia de género, la disciplina partidista internalizada por las militantes es un factor que explica la reproducción y legitimidad de dichas prácticas.

Hay formas diferenciadas de violencia⁹ que en el ámbito local se recrudecen por su vinculación con los valores tradicionales y el fuerte arraigo de las costumbres. La comunidad tiene un peso muy fuerte en hacer presente la división de espacios sociales como un referente simbólico que se impone a las representaciones sobre la pertinencia de que las mujeres participen en política. Los partidos en el ámbito local son más autoritarios e incluso la distribución de recursos es más ambigua.

Pero además de ello, hay que agregar que cuando las mujeres ingresan a ocupar espacios de decisión en el ámbito local “obstaculizan” la manera tradicional de hacer política. En algunos casos, por la falta de experiencia en la manera en que las autoridades resuelven informalmente aspectos ligados con el financiamiento; en otros, en tanto que no acceden fácilmente a cuestiones que tienen que ver con corrupción y exigen mayor rendición de cuentas y control del gasto. Este aspecto representa un doble rechazo a la presencia de las mujeres, en el sentido de cuestionar su negación a no acatar las formas tradicionales de operar la política.

Por otro lado, las formas tradicionales están comenzando a ser cuestionadas, especialmente cuando algunas mujeres que han iniciado procesos de capacitación en género toman conciencia y se informan de sus derechos políticos electorales, lo que les permite entender cómo el partido las discrimina y logran visualizar las estrategias que éstos establecen para no promover sus candidaturas. Como señala una de las entrevistadas:

El asunto es que, muchas de las mujeres que tienen liderazgo social o que jalan gente; o que saben moverse en las colonias, entran en los partidos para ser comparsa nada más. O sea para apoyar a los hombres, es decir, para llevarles esos votos.

El factor de la información aquí es central, ya que a través de la preparación y capacitación aprenden la importancia de conocer la normatividad interna de sus partidos y con ello exigir el cumplimiento de lo que rige en sus estatutos.

Manifestaciones de violencia: rasgos comunes

Los obstáculos que enfrentan las mujeres suelen aminorarse frente a la presencia de ciertos factores que favorecen su inclusión, como su participación en las estructuras de alianzas, participación en los grupos políticos relevantes, contar con relaciones familiares y tener capacidad de financiamiento.

Siguiendo la argumentación jurídica presente en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, todos los tipos y modalidades tipificadas sobre la violencia de género se manifiestan en las experiencias de las mujeres con la política partidaria. Pero además de ello, la expresión de estos tipos representa un contínuum en las trayectorias y experiencias de vida de las mujeres, que en ciertos momentos coyunturales tiende a intensificarse.

Estos momentos también encuentran espacios particulares de manifestación. El primer momento lo constituye la definición de las listas al interior de los partidos políticos previo a la contienda electoral. En esta etapa, el no reconocimiento de sus trayectorias, de sus aportes al partido, de la relación con la comunidad y de la base de apoyo que tienen, se traduce en que en muchos casos los cupos para el cumplimiento de la cuota de género se lleva a cabo con mujeres vinculadas familiar o afectivamente con algún líder político. Asimismo, las coaliciones políticas son muy desfavorables para las mujeres y su posibilidad de integrar las listas como candidatas, ya que en este proceso no son ellas quienes deciden, sino la cúpula partidaria. Y es que este tipo de acuerdos políticos se tejen por parte de los líderes del partido, en su mayoría varones.

En un segundo momento, cuando son elegidas como candidatas, toma fuerza el apoyo que el partido les brinda para sus campañas, no sólo en términos económicos, sino de seguridad. Finalmente, el tercer momento se relaciona con el ejercicio de sus funciones parlamentarias una vez electas, donde destaca su escasa presencia en comisiones importantes, el hecho de que no se incluyen sus propuestas, se les niega la palabra en reuniones parlamentarias o en tribuna, se las descalifica abiertamente o se cuestiona su aspecto físico o su forma de vestir.

En cada uno de estos momentos la violencia real y simbólica se ejerce como una presión constante que opera en el sentido de mantener la estructura androcéntrica del partido y segregar a las mujeres.

En términos específicos, esta investigación documenta que en las pasadas elecciones federales el cumplimiento de la cuota generó los siguientes procesos de violencia política en la conformación de las listas, durante y después de la campaña:

1) Conformación de las listas: la jerarquía partidaria y la preeminencia masculina se hizo sentir a partir de la forma en que finalmente se integraron las listas. Es de común acuerdo sostener, por parte de las expertas entrevistadas, que las mujeres que integraron las listas en el cumplimiento del ultimátum del ife no tenían trayectoria como militantes ni capital político asociado a una base ciudadana o comunitaria.

En este sentido, un hallazgo no menor refiere a lo que se podría denominar la apropiación por parte de los varones de las candidaturas; es decir, emerge la práctica de seleccionar a quien no tenga experiencia y que en caso de ser electa lo haga de manera nominal, en tanto que las decisiones corresponderán a quien le “pertenece” dicho puesto, pero que en virtud del cumplimiento de la cuota de género tuvo que ceder su lugar a una mujer. Esto explica porque no son propuestas aquellas mujeres con una amplia trayectoria dentro del partido y en sus comunidades; estas mujeres son más difíciles de manipular y hacer que su desempeño dependa de las órdenes de un varón.

Simbólicamente, lo que expresa este fenómeno es que las mujeres son valoradas como gestoras, como los agentes que pueden movilizar las campañas, como cooperadoras políticas, sin embargo hay una negación a que participen en igualdad de condiciones tomando decisiones sobre la forma en cómo se va a conformar la lista. Hay una distancia enorme entre quién debería llegar por méritos a ser candidata y quién finalmente coloca el partido.

Otra forma que agrede y minimiza el trabajo político de las mujeres es enviarlas a distritos perdidos. Es decir, donde el partido ha obtenido resultados negativos en más de una elección, se considera que presenta un electorado desfavorable a las opciones de triunfo de la candidata. A través de la figura femenina, se llena un espacio en las listas donde se sabe que no existe posibilidad de triunfo.

Otro hallazgo interesante refiere a que la relación de las mujeres con el ámbito de lo familiar las hace más vulnerables en su ejercicio político. Las circunstancias actuales de inestabilidad política y el aumento del crimen organizado han significado un aumento en las amenazas hacia las mujeres en su intento por acceder a una candidatura o en el proceso de campaña. Pese a no contar con fuentes de información sistemáticas al respecto, las expertas identifican la recurrencia de varios testimonios de mujeres que señalan haber sido amenazadas y amedrentadas con dañar a su familia e hijos. Los hombres también están expuestos a estas amenazas, sin embargo en las mujeres cobra más sentido y preocupación una amenaza a su entorno familiar. Su asociación con el ámbito familiar, la maternidad y lo doméstico las expone a mayores riesgos.

2) En campaña: aquí el tema fundamental radica en el apoyo del partido. Por una parte es el financiamiento y por la otra, la protección que brinda el partido a las mujeres en aquellos lugares en donde existe un grave problema derivado del crimen organizado. Tener la figura de un varón que las acompañen en los procesos de campaña es fundamental. Esto es parte de uno de los aspectos informales de cómo opera la lógica política en México. Es decir, contar con la compañía de un líder supone un reconocimiento y apoyo explícito a la candidatura por parte del partido. Aquí también se incluye la poca protección en zonas donde existe una fuerte presencia del crimen organizado.

Otra forma de discriminación y violencia reconocida es el abandono de la estructura y acompañamiento partidario a la hora de contar los votos. Esta situación, que es fundamental en la definición de quién resulta electo en una contienda electoral, deja a las mujeres expuestas a situaciones desfavorables a su elección.

3) En el ejercicio de su función parlamentaria u ocupando un cargo de representación popular: la información obtenida advierte que se les integra a comisiones con temas que no son prioritarios; muy pocas son las que presiden comisiones, y cuando lo hacen son destinadas a comisiones tradicionalmente femeninas. Cuando suben a tribuna no las escuchan o las menosprecian, como una manifestación de violencia simbólica que a su vez genera que ellas tiendan a generar un comportamiento masculino en el ejercicio político. Asimismo, en el ejercicio parlamentario sigue siendo una desventaja la doble jornada que significa ser las únicas responsables del ámbito doméstico. Pese a contar con recursos para contratar a personas que se hagan cargo del cuidado de sus hijos, siguen manifestando sentirse divididas con respecto a la dedicación a su cargo y el partido, y su labor como madres. Aquí es el sistema de organización familiar social el que ejerce una discriminación estructural hacia ellas.

En general, para todas las entrevistadas la violencia hacia las mujeres que participan en política es algo que siempre ha estado presente y está asociada al partido como institución. Como práctica, se refleja en ciertos actos que no sólo aíslan a las mujeres en la competencia política, también se dirigen a denostar su presencia física como una forma de control de la imagen que se espera de una mujer política. Otra forma de estigmatización y discriminación hacia las mujeres se refleja en la minimización que se hace sobre los temas relacionados con las mujeres. Todos estos elementos constituyen lo que podría denominarse micro machismo, es decir, aquellas prácticas que por su sutileza pasan inadvertidas.

Varias son las situaciones que nuestras entrevistadas señalan y que coinciden en actos que sistemáticamente forman parte de las prácticas habituales de los propios compañeros de partido: no se les toma en cuenta en las decisiones del partido así como en las bancadas parlamentarias; hay apropiación de ideas e información por parte de los líderes, exclusión de actividades, reuniones y mítines.

En relación con la legislación sobre violencia política en razón de género existe acuerdo en señalar que el problema no radica en lo complejo o no de su definición, sino en lo que implica poner en marcha y aplicar la ley debido a la fuerza que cobra la disciplina parlamentaria como reguladora de los comportamientos, expectativas y sanciones hacia las y los militantes.

En la medida en que no se integre dentro de los estatutos o reglamento partidario las situaciones tipificadas como violencia política en razón de género, la problemática tiende a perpetuarse y el problema se invisibiliza. La naturalización de dichas prácticas encuentra justificación en la lógica en que opera la política mexicana, en el sentido que la violencia es percibida como una forma legítima de obtener o quitar el poder –que para el caso de las mujeres tiene a efectos mucho más adversos debido a su relación con la esfera de lo político como un campus en donde no son bienvenidas–.

Conclusión

¿Por qué la reacción hacia las cuotas es una expresión de violencia de género?

El análisis de los efectos de las cuotas de género, entendidas como sistema de representación política destinado a fortalecer y promover la participación de las mujeres, nos lleva a reconocer que este tipo de medidas transitan paralelamente con prácticas de violencia y discriminación que se reactualizan y reproducen un orden de género (masculino) imperante en los partidos, entendidos como organizaciones generizadas. La concepción misma de lo político se resiste a transformarse, desde una mirada más amplia que incluya cambios en la estructura de los partidos políticos, así como en sus dinámicas organizacionales.

En términos teóricos, incluir el tema de la violencia de género como un referente conceptual para el análisis de la participación política de las mujeres es profundizar en los efectos que los estereotipos y la discriminación de género tienen como prácticas sociales institucionalizadas de violencia de género en la política, que se mantienen y reacomodan, pese a los avances normativos al respecto.

Existe una paradoja interesante: se piensa y espera que más mujeres en el poder signifique una mayor atención a las problemáticas o demandas feministas. Es decir, mujeres trabajando temas de mujeres para otras mujeres, invisibilizando el hecho de que ellas también son víctimas de violencia en el ejercicio de su actividad política.

Los actos discriminatorios dentro del partido no sólo se reflejan en un ambiente hostil hacia las mujeres. Esta situación está generando inseguridad e incluso la decisión de abandonar la carrera política en muchos casos. Aun cuando este estudio no mide los factores que posibilitarían un incremento en la violencia y discriminación hacia las mujeres, de las opiniones derivadas de las expertas se desprende que pese a la implementación del sistema de cuotas, no hay una cultura de equidad dentro de los partidos. La cuota funciona como un requisito político y no es parte de la convicción de la necesidad de transformar a las organizaciones partidarias con fundamentos democráticos. Las violaciones de derechos políticos en contra de las mujeres candidatas han ido en aumento precisamente en la medida en que exista una normatividad que está obligando a los partidos políticos a cumplir la real integración de las mujeres en la vida política.

En el devenir de la implementación de las cuotas asistimos al hecho de que pese al profundo sentido democratizador que tienen como acción afirmativa para lograr la mayor participación de las mujeres en la política, su puesta en marcha no ha sido bien recibida por el sistema político y sus diversos actores, especialmente por los partidos políticos.

Lo que esta reflexión pretende mostrar es que pese a los avances en materia legislativa, la reacción negativa de parte los partidos políticos a la implementación de las cuotas ha generado un ambiente político que demuestra la poca aceptación de la inclusión de las mujeres en su derecho para participar en política en igualdad de condiciones que sus pares.