Tras 20 años de la puesta en marcha del Plan Nacional sobre Drogas y de los diferentes planes autonómicos y municipales se han conseguido importantes logros en la asistencia y prevención de las drogodependencias. Las familias y los pacientes con estos problemas son conscientes de los esfuerzos realizados por las distintas Administraciones y en particular por los profesionales que han desarrollado sus actividades asistenciales en condiciones complejas, se han adaptado eficazmente y han dado una adecuada respuesta asistencial a las alarmas sociales surgidas con la eclosión de la heroína en nuestro país.
Las necesidades sanitarias generadas por el uso de la heroína en la década de los 80 (rápido ascenso del uso de drogas por vía parenteral y la epidemia de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]) hicieron que se desarrollasen redes de atención para los sujetos dependientes de opiáceos al margen de la red normalizada de salud. Esta discriminación positiva sirvió para asegurar el manejo de estos pacientes, pero propició la segregación de dichas redes, con lo que se incumplió uno de los principios básicos de nuestra Constitución (artículo 43: "Todos los españoles tienen derecho a la protección de la salud") y de la Ley General de Sanidad de 1986, según la cual todos los pacientes del sistema sanitario de nuestro país tienen los mismos derechos. Esta marginación ha tenido, y tiene, repercusiones no sólo sobre los pacientes en tratamiento, sino también sobre los médicos que los tratan.
Estos profesionales se encuentran desempeñando sus tareas asistenciales en un marco de preocupante incertidumbre debido a los siguientes hechos:
1. Son conscientes de que como médicos se encargan del tratamiento de pacientes con elevado nivel de complejidad y están asumiendo las responsabilidades que la sociedad y las Administraciones les han solicitado, ante la pasividad mostrada por otros colectivos médicos. Han tenido que tratar patologías infecciosas y psiquiátricas para las que no habían recibido formación, de hecho su grado de preparación en estos ámbitos es de una calidad digna de elogio. No obstante, se encuentran en una red segregada del sistema sanitario normalizado, en cuyo seno se les hace cada vez más complicada su labor asistencial. El grado de especialización de nuestro sistema sanitario y la confluencia con Europa hace que nuestros profesionales de las redes de drogas se sientan desubicados, ya que lo razonable sería que estuviesen integrados en atención especializada.
2. Se encargan de la formación de residentes de Psiquiatría en el área de las adicciones, de forma que sería imposible para el sistema MIR poder asegurar la adecuada formación de sus futuros psiquiatras sin contar con su apoyo. Al fin y al cabo, los trastornos por uso de sustancias se consideran trastornos mentales en las clasificaciones internacionales como la CIE-10 y la DSM-IV-TR. De ahí que la falta de respuesta de nuestra sociedad para que puedan disponer de una titulación que les permita seguir atendiendo a los pacientes y formando a los residentes de Psiquiatría, les genera una seria preocupación.
3. A pesar de que el Plan Nacional sobre Drogas está integrado en el Ministerio de Sanidad, es frecuente que los planes de drogas autonómicos estén integrados en Consejerías distintas a la de Salud, lo que mantiene la segregación de los planes de drogas respecto de los servicios normalizados de salud.
La Sociedad Española de Toxicomanías, desde el año 2005 viene poniendo de relieve la delicada situación de los médicos que desempeñan sus tareas en las distintas redes de atención a drogodependientes de nuestro país, y viene proponiendo:
1. Que las autoridades sanitarias concedan un reconocimiento específico a estos médicos para que puedan seguir desempeñando sus tareas asistenciales y formativas en el ámbito de las toxicomanías en condiciones de seguridad. En honor a la justicia, la sociedad española tiene una deuda con estos profesionales y no podemos dilapidar su experiencia y profesionalidad.
2. La situación de segregación de las redes de atención a las adicciones necesitan un cambio hacia la integración y hacia la normalización de la asistencia. Los adictos atendidos en dichas redes tienen los mismos derechos sanitarios que otros enfermos de otras patologías. Teniendo en cuenta que los trastornos por uso de sustancias se consideran trastornos psiquiátricos y que los médicos de estas redes están participando en la formación de los médicos residentes en Psiquiatría, se propone la integración de dichas redes de asistencia en Salud Mental, es decir, dentro de atención especializada.
En el momento actual cabe la posibilidad de que se abra un nuevo proceso MESTOS. Consideramos de justicia que se facilite a todos los médicos que trabajan en la clínica de las adicciones que su experiencia, capacidad, formación, docencia e investigación, sean valoradas y cuenten con la posibilidad de alcanzar la especialidad de Psiquiatría. Para que se haga realidad, la Sociedad Española de Toxicomanías está trabajando desde primera línea.
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