It is important to think about the eventual application of a COVID-19 vaccination certificate as an eligibility criterion to carry out certain activities and to discuss in advance the problems that the use of this tool may pose in legal terms. To this end, we must begin by stating the assumptions that would be necessary to justify its implantation, including scientific consensus on the scope of the immunity granted by COVID-19 vaccines, especially in blocking transmission in the community. Likewise, it emphasizes the importance of broadening the view in the sense of internalizing that the passport or vaccination pass constitutes only one of the many options within a rich catalog of possibilities when it comes to reinforcing the recommended vaccination model through incentives adopted in the Vaccination Strategy against COVID-19, including the use of nudging. In any case, if conditionality is installed and expanded to the extent of significantly influencing daily life, it could lead to a kind of indirect obligation, with the risk of dysfunctions in terms of equality and systemic coherence if the public powers do not contribute to clearly define the legal limits beforehand and to drive a process that in itself could be dispersed and disorderly.
Es importante pensar en la eventual aplicación del certificado de vacunación contra la COVID-19 como condición para el ejercicio de actividades y reflexionar de manera anticipada acerca de los problemas que en términos jurídicos puede plantear el empleo de esta técnica. A tal efecto, hay que comenzar por significar los presupuestos que serían necesarios para justificar su activación, incluyendo el consenso científico sobre el alcance de la inmunidad concedida por las vacunas COVID-19, señaladamente en su faceta colectiva de bloqueo de la transmisión. Asimismo, se hace hincapié en la importancia de ampliar las miras en el sentido de interiorizar que el pasaporte o pase de vacunación constituye solo una de las muchas opciones dentro de un rico catálogo de posibilidades a la hora de reforzar, mediante incentivos, el modelo de vacunación recomendada y adoptado en la Estrategia de vacunación contra la COVID-19, contando entre ellas con la utilización del nudging. En todo caso, de instalarse y expandirse al cabo una condicionalidad en grado de influir significativamente en lo cotidiano, podría desembocarse en una suerte de obligatoriedad indirecta, con el riesgo de disfunciones en términos de igualdad y coherencia sistémica si los poderes públicos no contribuyen a perfilar con claridad antes los límites legales y a encauzar un proceso que de suyo podría ser disperso y desordenado.
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