Según diversos estudios, la pandemia provocada por la COVID-19, el aislamiento social y el confinamiento de las personas en sus respectivos domicilios, como medidas de prevención para evitar el contagio, habrían contribuido al incremento de la violencia doméstica presente en muchos hogares, por ser las condiciones idóneas para que los elementos de la violencia de género se potencien, como: el mayor aislamiento de los miembros de la familia, menor acceso a los centros de salud y establecimientos de protección, que en otro tiempo permitían canalizar la denuncia, dando lugar a una situación de mayor indefensión e impunidad del agresor.

En el artículo «Salud Mental en epidemias: una perspectiva desde la Atención de la Salud española»1 se indica que la cuarentena, el aislamiento social y el confinamiento obligatorio de las personas pueden generar problemas sociales y psicológicos como el estrés y la ansiedad, cuyo manejo inadecuado podría provocar el consumo desmesurado de alcohol, estados de irritabilidad, déficit en la atención, cuadros de fuerte depresión, entre otros, siendo las principales causas de la violencia doméstica y, de modo particular, de la violencia de género2,3.

En un contexto de violencia de género que tiene su origen en la desigualdad de género, el abuso de poder y la existencia de normas dañinas, donde las mujeres y niñas sufren violencia de manera desproporcionada, según señala la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Mujeres, es necesario incentivar cambios en el sector asistencial y político-estructural que permitan superar los obstáculos que impiden que la mujer no denuncie ser víctima de violencia y que reciba la atención oportuna, como: los prejuicios, la vergüenza, el temor, la presión social y, por otro lado, la dificultad burocrática por parte de las autoridades competentes, sobre todo por la negación de aceptar que exista un problema de violencia4,5.

En ese sentido, es necesario considerar la delicada coyuntura y tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Primero, eliminar los modelos tradicionales de poder, que legitiman la violencia hacia las mujeres a través de la promoción de normas de género y competencias psicosociales que establezcan la igualdad y equidad. Segundo, desarrollar programas de prevención dirigidos especialmente a adultos y jóvenes que provienen de familias disfuncionales y violentas. Finalmente, fomentar la inversión pública y privada en la creación de centros de atención especializada para el auxilio y tratamiento de las secuelas de la violencia como comportamientos suicidas o episodios psicóticos6.

Por otro lado, es necesario observar los protocolos para la evaluación de las víctimas de violencia de género como: la valoración pretratamiento, que considere la Escala de Gravedad de Síntomas del Trastorno de Estrés Postraumático (EGS-F), la Escala de Autoestima de Rosenberg, entre otras; la evaluación dentro del tratamiento, con Escalas de conductas; la valoración postratamiento, con Escala de Satisfacción, y la evaluación de los seguimientos, con las escalas utilizadas en el pretratamiento.

En síntesis, es un reto futuro erradicar la violencia de género, que se ha convertido en un problema global, incrementado en tiempos de pandemia y confinamiento, a fin de construir una cultura de equidad a través de la promoción de normas, programas asistenciales donde prevalezca el reconocimiento, la consideración y el respeto a las diferencias que nos hacen únicos y especiales. De esta manera, se lograría una relación de equilibrio y complementariedad entre hombres y mujeres, con el fin de proyectar una sociedad más justa para las futuras generaciones.