Una amplia mayoría de participantes mostraron niveles de satisfacción medio-altos con el programa o programas en los que habían participado. Así, en una escala de 1 a 10, un 27.69% cifraron esta satisfacción en un 7 y un 26.15% en un 8 (media 7.45 y DE 1.14).

Por lo que se refiere a posibles limitaciones, algo más de un tercio de participantes (35.38%) consideraron que los programas en los que habían participado tenían alguna limitación importante, que se agrupaba en una de estas 3 grandes subcategorías:

• a)

  Limitaciones relacionadas con los recursos materiales y/o económicos para hacer frente a las necesidades y requerimientos de estos programas: «Los recursos limitados, que hacen que no abarquemos la población destinataria en los tiempos adecuados» (participante 17); o «La ubicación geográfica: todos los usuarios (penados) tenían que desplazarse obligatoriamente a un único punto de atención desde cualquier lugar de la geografía…» (participante 22).

• b)

  Limitaciones relacionadas con el tipo y características de los maltratadores y, especialmente, con sus reticencias y su falta de motivación para el cambio: «Quizás el mayor problema es la falta de voluntariedad real de algunos de los participantes, que acuden porque lo consideran un requisito pero no abandonan su actitud de negación de su responsabilidad» (participante 19); «Por el tipo de población y problemática con la que se trabaja, no siempre hay una predisposición al cambio, lo que hace que la implicación se tenga que estar constantemente trabajando» (participante 20).

• c)

  Limitaciones derivadas de la necesidad de trabajar en coordinación con otros profesionales con formación y/o criterios diferentes (especialmente, con personas procedentes del estamento judicial): «La problemática de trabajo en equipo con los jueces. Hay interferencias de criterios no técnicos y poco diálogo» (participante 50).

Por otra parte, casi 2/3 partes de las personas participantes (61.54%) consideraron que aquellos programas de intervención en los que habían participado eran mejorables. El análisis de las propuestas mostró que estas se corresponden, básicamente, con las descritas en los estándares de calidad al uso, por lo que se agruparon empleando la herramienta previamente diseñada para analizar dichos estándares (Ferreiro et al., 2014). Los resultados obtenidos se presentan en la tabla 3.

En cuanto a la posibilidad de aplicar programas con formatos similares a los de intervención con maltratadores a otros delitos de base ideológica, se identificaron 2 posiciones diferenciadas. Por una parte, en torno a un 40% de participantes mostró su acuerdo con esta aplicación al considerar la existencia de una similitud existente entre la violencia de género y otros delitos de base ideológica: «Es una idea que no me había planteado nunca, pero me parece factible. Detrás de la violencia de género hay una red compleja de creencias falsas acerca de la mujer, que podrían ser equiparables a las de un radical racista» (participante 19); «Porque trata de modificar pensamientos distorsionados y porque trata de que empaticen con las víctimas, lo que es aplicable a otros delitos de base ideológica» (participante 1); «Porque contienen algunos elementos psicosociales comunes, importantes dentro de las formas de construcción y configuración identitaria (sociosubjetiva), tales como el género, condiciones interseccionales, condiciones socioculturales, etc.» (participante 18); «Porque hay contenidos comunes a todo tipo de problemática» (participante 62). En cambio, otros/as participantes, o bien no estaban de acuerdo con esta posibilidad (un 7.69%), argumentando básicamente que abordan problemas distintos y/o que los objetivos no son los mismos, o bien expresaron dudas al respecto (21.54%): «No sé si serían aplicables. Eso debería demostrarse a través de investigación específica» (participante 11); «Habría que investigarlo. En el caso de los programas de asistencia voluntaria (en los que he trabajado) parece más difícil que pueda haber una motivación para el cambio, que, por muy ideológica que sea la base de la violencia, sí existe para algunos hombres que o son conscientes del daño que hacen o, como mínimo, quieren “salvar” la relación. Todo lo que conlleva la relación de afectividad con la(s) víctima(s) no suele darse en otro tipo de delitos» (participante 16).

Los indicadores más fiables de éxito para los programas de intervención con maltratadores en casos de violencia de género descritos por los/as participantes se presentan en la tabla 4 y se agrupan en: características del contexto, de los programas de intervención, de la medición de la reincidencia, y del maltratador y sus conductas o actitudes. Destaca el hecho de que estos últimos son los descritos con mayor detalle y en mayor número.

Algo más de la mitad de participantes (53.85%) considera que existen perfiles de maltratadores más o menos adecuados o inadecuados para someterse a programas de intervención. En la tabla 5 se presenta una categorización de estos perfiles que muestra una clara contraposición entre aquellas características que harían a los varones más o menos idóneos para participar en este tipo de programas.

Además, relacionada con la cuestión de posibles perfiles de adecuación, surge la conveniencia de personalizar las intervenciones: «Por una parte creo que hay que hacer un esfuerzo en adaptar la intervención al participante en el programa. Aquí no es fácil generalizar. La investigación realizada sobre categorías de maltratadores creo que es una buena aproximación. No obstante, tengo más claro los más inadecuados» (participante 24); «Los programas deben adecuarse a los diferentes perfiles de maltratadores y no abordar todos los perfiles con el mismo programa, enfoque o intensidad terapéutica» (participante 45); «Todos los perfiles son adecuados si se personaliza y especializa la intervención» (participante 37).

Aproximadamente 2/3 partes de los/as participantes (66.15%) señalaron que en los programas de intervención en los que habían trabajado se realizaban sesiones de seguimiento.

En relación con los contenidos de estas sesiones, en torno a la mitad (50.77%) informó que en estas sesiones se recogía información sobre si el varón había establecido una nueva pareja y/o las características de esta. El análisis de esta información mostró la existencia de 3 grandes subcategorías de respuestas:

• a)

  Quienes consideraban que no se dispone de información suficiente: «Aunque se les pregunta por su situación relacional, no se obtienen datos del perfil de las mujeres (no tenemos acceso a ellas). Dudo que en ningún programa se recoja información que permita establecer el perfil de las mujeres. Además, sería información proporcionada por el agresor y por lo tanto poco fiable» (participante 11).

• b)

  Quienes apuntan la existencia de un posible perfil, descrito en términos contradictorios. Así, algunas respuestas apuntan hacia un perfil más complaciente o sometido: «Es difícil de contestar porque no hay datos fidedignos de cómo era la anterior pareja antes de ser maltratada. Más de una vez lo que parecía un cambio era solo la elección de otra pareja más sometida» (participante 56) o «Es menos exigente con él, no hay un gran compromiso con la relación, es también separada» (participante 62). Otras van justo en sentido contrario: «Aproximadamente la mitad de los penados da información acerca de que tienen una nueva pareja. Se observan cambios en lo referente al hecho de que son mujeres que desarrollan una actividad laboral o disponen de algún medio propio de vida. Probablemente este sea el rasgo más importante detectado» (participante 57).

• c)

  Una tercera subcategoría de respuesta se refiere al hecho mismo del emparejamiento: «Desde mi experiencia no existe mucha diferencia entre la víctima y la nueva pareja en la mayor parte de los casos, lo que sí me parece sorprendente es la facilidad que presentan en general para establecer nuevas relaciones de pareja estables» (participante 10).

En cuanto a la reincidencia, solo en torno a 3/4 partes de profesionales (27.69%) disponían de información sobre niveles de reincidencia de los maltratadores y esta información era dispar. En algunos casos, se refería a una tasa de reincidencia concreta: «Alrededor de 2 de cada 3 dejan de utilizar la violencia física (y sexual) y la violencia psicológica más grave…» (participante 16); en otros, a las condiciones en que dicha reincidencia era baja: «En los casos que han completado el tratamiento con éxito los niveles de reincidencia son muy bajos» (participante 64), y en otros se aportaba información sobre criterios para determinarla: «Si entendemos la reincidencia como la existencia de nuevas denuncias o que el juez revoque la suspensión de condena y el sujeto ingrese en prisión, los niveles son bajos» (participante 24). En relación con esta última cuestión, la ausencia/presencia de nuevas denuncias por violencia de género aparecía como el criterio más usado para determinar la tasa de reincidencia.

Finalmente, y por lo que se refiere a las resistencias ofrecidas por los maltratadores, se han identificado 3 grandes subcategorías de respuestas:

• a)

  La no asunción de responsabilidad y la negación o justificación de la violencia cometida: «La aceptación de la responsabilidad. Su distorsión de los hechos es muy resistente al cambio, y constantemente culpan a la mujer y al sistema judicial» (participante 19); «La mayor resistencia se encuentra en aceptar o asumir que se han comportado de forma violenta, entender que hay muchos más tipos de violencia más allá de la física y cuyas consecuencias hacia la pareja son igual o más severas. Además, uno de los principales obstáculos es superar las justificaciones y minimizaciones» (participante 20); «Para muchos, el mayor problema es comprender el concepto de violencia de género como la ejercida únicamente sobre la mujer (queriendo equipararla, a menudo, con el concepto de Violencia de Doméstica). También resulta complejo, para muchos, el entender que todos los recursos en materia de violencia de género van encaminados a proteger a las mujeres, siendo frecuente el interpretarlos como unos mecanismos para debilitar la figura masculina en la sociedad o, incluso, como una venganza» (participante 40).

• b)

  La falta de motivación para participar en el programa y/o la obligatoriedad del mismo: «La motivación para la realización del Programa es exclusivamente el cumplir con la condición para la suspensión de la condena privativa de libertad» (participante 47); «El ir “obligados” por la justicia» (participante 1); «Falta de motivación para acudir a la intervención y por lo tanto para promover el cambio, ya que se les obliga a acudir por mandato judicial» (participante 8).

• c)

  Las resistencias derivadas del juicio o sanción social: «La mayor resistencia tiene que ver con el trabajo grupal. Puesto que mayoritariamente comparten el módulo de convivencia, se muestran contrarios a hablar de temas “personales”, por miedo a que salga del grupo y puedan existir consecuencias negativas en el grupo de iguales» (participante 58); «No se sienten identificados como agresores por violencia de género principalmente porque socialmente está muy mal considerado» (participante 4).

Una primera conclusión de este trabajo es que se ha logrado el objetivo previsto de acceder a informantes clave con amplia experiencia en la implementación y gestión de diferentes tipos de programas de intervención con maltratadores en casos de violencia de género aplicados en diferentes lugares de España y conocer sus puntos de vista y valoraciones. En este sentido, podría decirse que la principal aportación de este trabajo es que amplía y completa otros previos (e.g., Boira et al., 2010, 2013), que recababan opiniones de profesionales con experiencia en programas o territorios concretos, aportando una visión más poliédrica sobre el estado de la cuestión y ofreciendo, por tanto, información relevante para reflexionar sobre estos programas y, en su caso, mejorarlos.

En este sentido, los resultados obtenidos muestran, en primer lugar, que, en términos generales, los/as profesionales entrevistados/as estaban satisfechos/as con los programas en los que habían participado y los valoraban de forma positiva.

La reflexión sobre la necesidad de flexibilizar e individualizar estos programas, ajustándolos al máximo a las características de los participantes, constituiría una de las conclusiones obtenidas más relevantes que, además, estaba ya presente en otros trabajos sobre el tema (Boira et al., 2013; Loinaz y Echeburúa, 2010; Millana, 2011; Oliver, Stockdale y Wormith, 2011; Stover, Meadows y Kaufman, 2009).

Igualmente, otra conclusión importante apuntada en trabajos previos (Boira et al., 2010, 2013; Echeburúa, 2013) es que ciertas características de los participantes y/o de los programas aplicados desempeñan un papel importante en las posibilidades de cambio o, en su caso, en el mantenimiento de la violencia. Particularmente, el trabajo de Boira et al. (2010) mostró que, si bien los/as participantes no tenían una opinión clara sobre el efecto concreto de tales características, consideraban que factores como la presencia de psicopatología deberían ser considerados criterios de exclusión para participar en este tipo de programas.

Una última conclusión a destacar, que coincide también con análisis previos (Boira et al., 2010, 2013; Boira, Carbajosa y Lila, 2014; Carbajosa et al., 2013; Henning y Holdorf, 2006; Levesque, Velicer, Castle y Greene, 2008; Lila, Gracia y Murgui, 2013; Taft, Murphy, Musser y Remington, 2004), tiene que ver con las dificultades asociadas a las resistencias de los maltratadores y a su participación no voluntaria y/o incentivada en programas de intervención, particularmente, con la falta de motivación para el cambio y de asunción de responsabilidad en la violencia cometida. Esta cuestión es particularmente importante si tenemos en cuenta que la Ley Orgánica 1/2004 incorpora (con base en el artículo 35) programas como medida penal alternativa (esto es, programas que suponen el cumplimiento de penas alternativas para maltratadores condenados a menos de 2 años, que no ingresan en prisión, pero están obligados judicialmente a seguir un programa de reeducación), y determina (en su artículo 42) la implementación de programas específicos en los centros penitenciarios y en sus secciones abiertas para internos condenados por delitos relacionados con la violencia de género, que asisten a ellos voluntariamente, pero cuyo seguimiento y aprovechamiento será valorado por las juntas de tratamiento en las progresiones de grado, y concesión de permisos o de libertad condicional. En este sentido, cabe recordar, por ejemplo, que el estudio coordinado por Yagüe (2009), que entrevista en profundidad a 387 reclusos por delitos relacionados con violencia de género, mostró cómo de los 125 (32.30%) que solicitaron participar en un programa de intervención, 49 (12.66%) lo hicieron por iniciativa propia, 11 (2.84%) por recomendación judicial, 56 (14.47%) por recomendación de la junta de tratamiento y 9 (2.33%) por recomendación de otro interno. Dado, además, el importante volumen de varones que pueden hallarse en esta situación (los datos de la SGIP cifran, solo para 2013, en 8,289 el número de maltratadores acogidos a medidas penales alternativas), el análisis y resolución de las cuestiones identificadas en este y otros trabajos sobre el tema se convierten en claves fundamentales en la intervención con maltratadores, tanto en España como en otros países donde se prevea implementar medidas de este tipo.

Por lo que se refiere a las limitaciones del trabajo realizado, cabe señalar, en primer lugar que, si bien el número de informantes clave (profesionales expertos/as en la materia) a los/as que se logró acceder es importante, el planteamiento metodológico del estudio realizado supone que los resultados obtenidos son valoraciones subjetivas, por lo que, aunque valiosos, son matizables como todo análisis subjetivo, y no representan a la realidad en su conjunto. Si bien no invalida en absoluto los resultados obtenidos, esta eventualidad ha de reconocerse siempre como una limitación de este tipo de estudios cualitativos (Suárez et al., 2013. En segundo lugar, a nuestro entender, la principal limitación de este trabajo viene dada por la realización de una entrevista en línea. Si bien se eligió este medio porque permitía el acceso a profesionales que conocieran el máximo número de programas con el menor costo en recursos posible, y aún a pesar de las bondades de la herramienta empleada, la ausencia de contacto directo impide utilizar estrategias como la repregunta, dando lugar a bajas tasas de respuestas en ciertas preguntas clave, y dificultando la respuesta en algunos casos, como señalaron algunos/as participantes: «Es difícil generalizar…» (participante 48); «Es difícil de contestar…» (participante 56); «Nuevamente una pregunta compleja que resulta difícil de contestar vía encuesta» (participante 24).

Sin embargo, y a pesar de las limitaciones descritas, consideramos que, tal y como ya se ha señalado, este trabajo aporta elementos relevantes para seguir trabajando en mejorar los programas de intervención con maltratadores en casos de violencia de género, derivados de uno de los puntos de vista más importantes pero menos considerados hasta la fecha, el de los/as profesionales con experiencia directa en estos programas.

Este trabajo fue llevado a cabo en el marco de un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad de España (FEM2011-25142).

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.