En relación al artículo de Giner y Guija1 sobre la falta de fiabilidad de los datos estadísticos del suicidio en España, publicado recientemente en su revista, quisiéramos hacer algunas precisiones sobre algunos puntos clave de esta información, así como de la interpretación que hacen los autores.

Como se describe en el trabajo, el circuito de declaración de los datos estadísticos es tortuoso, con muchos agentes y organismos implicados (policía, médicos forenses, funcionarios judiciales, registro civil, Instituto Nacional de Estadística, comunidades autónomas). Pero la realidad es aún más compleja debido a la existencia de numerosos documentos en los que se recogen los datos fundamentales para llegar a un diagnóstico fiable de la causa de la defunción (levantamiento del cadáver, informes de autopsia, carta orden, punto neutro judicial, boletín estadístico de defunción con intervención judicial [BEDIJ], e incluso, boletín estadístico de defunción para «muertes naturales» con documentación judicial anexada).

Esta complejidad documental y de circuito, así como el tiempo que transcurre desde los primeros resultados de la autopsia, la inscripción de la defunción en el registro civil y la formalización del documento estadístico, hasta los informes definitivos de la autopsia pueden justificar la mayoría de diferencias observadas entre las 2 fuentes. Tal como explican los autores citando a Farmer2,el número de muertes registradas como suicidio (estadísticas) son necesariamente inferiores a las reales (Institutos de Medicina Legal [IML]) y esta máxima se cumple en una gran parte de los datos presentados en la tabla 2 y la figura 3 del artículo. No obstante, según nuestra experiencia en el Registro de Mortalidad de Catalunya, hay un número no despreciable de casos en que esto no ocurre (considerando los datos procedentes del IML como el estándar de referencia). Por ejemplo, para la ciudad de Barcelona en el año 2010 gracias a la recuperación de información del Instituto de Medicina Legal de Cataluña3 observamos que de 25 casos declarados en los BEDIJ como suicidio, 3 resultaron no serlo. Por eso nos parece arriesgada la presunción de los autores de que «no se registran suicidios que no sean tales» y que este sea el motivo para dudar de la fiabilidad de las fuentes forenses. Además, en el mismo estudio para la ciudad de Barcelona en 2010, se ha estimado que la infradeclaración de las defunciones por causas externas sería aproximadamente del 30% y que las causas de la muerte varían en más de la mitad de las defunciones cuando se dispone de la información de la autopsia3.

Otro aspecto metodológico fundamental, que puede ocasionar diferencias importantes entre las 2 fuentes de datos, es el conocimiento y el tratamiento de la variable territorial de los casos. La información legal se acostumbra a facilitar por «lugar del suceso» (de defunción o de descubrimiento del cadáver) y en cambio, en las estadísticas de mortalidad (poblacionales) los datos se facilitan por lugar de residencia del fallecido, puesto que para calcular las tasas, en el denominador hay que situar la población a riesgo. Este hecho, que los autores no tienen en cuenta al calcular las tasas de la tabla 3, puede alterar los resultados4. En localidades con mucha afluencia de personas no residentes, esta discrepancia puede ser importante, como puede observarse en los datos de fuente estadística de la tabla 1 adjunta. En Cataluña, entre los años 2006-2010, supone una diferencia de 58 muertes por suicidio más según territorio de defunción, que según el de residencia.

En conclusión, coincidimos con los autores en que los datos estadísticos de suicidio tienen problemas de fiabilidad y que sus causas son difíciles de resolver, más cuando, como pone en evidencia el estudio, algunos IML aún no disponen de herramientas informáticas básicas para realizar su tarea. Discrepamos en cuanto a la poca fiabilidad de la fuente de datos forenses, por estar basada en una presunción no contrastada y posiblemente errónea. Finalmente creemos que sin un proceso de recuperación de datos exhaustiva será difícil mejorar este problema, tarea en la cual los IML y los registros de mortalidad autonómicos, juegan un papel fundamental.