El ordenamiento jurídico español asiste al nacimiento de un nuevo derecho sociosanitario garante de un final de vida sosegado, distante de actos clínicos obstinantes o distanásicos. Con la aprobación y puesta en marcha de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, el paciente ve ampliado su derecho a la autodeterminación clínica. Dicho derecho encuentra sus antecedentes en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y en las distintas leyes autonómicas sobre instrucción previa. Aquella, en su artículo 3, reconoce la figura del médico responsable en el proceso de la eutanasia quien, por defecto, será el médico de familia o de atención primaria1. A este profesional se le confieren responsabilidades para las que puede encontrar dificultad en su realización como consecuencia de la presión asistencial diaria, pues las consultas de atención primaria y las agendas clínicas suelen sufrir la saturación que provoca el sinfín de procesos y patologías que atienden2. Al médico responsable se le asignan funciones durante todo el proceso de la prestación de ayuda para morir que pueden hacer que este se decline por la objeción de conciencia, acto admitido en el artículo 16 de la citada norma (tabla 1). Revisada esta normativa, cabe decir que el médico responsable que acepte formar parte de este proceso (profesional de referencia) está obligado a asumir todas las competencias que al mismo se adhieren; es decir, admitir la gestión completa de la prestación, desde la fase informativa hasta el fallecimiento del paciente. A grandes rasgos, este compromiso lleva implícita la siguiente secuencia y obligaciones: a) proveer al paciente la información necesaria sobre la prestación de ayuda para morir, b) recepcionar la primera solicitud, c) hacer cumplir con el proceso deliberativo y valorar la capacidad de hecho del paciente, d) solicitar la valoración social, e) recepcionar la segunda solicitud donde se incorpora toda la documentación clínico-social recabada, así como el consentimiento informado, f) revisar y derivar la documentación requerida, si procede, al médico consultor, g) recopilar el informe emitido por este segundo filtro o la Comisión de Garantía y Evaluación (órgano administrativo colegial encargado de tomar la decisión final), cuando desde este segundo filtro se declina la documentación a la Comisión, h) ratificar la decisión y establecer el día, hora y lugar del acto eutanásico (cuando la prestación de la ayuda para morir es favorable), i) realizar el acto eutanásico e indicar la fecha de la defunción; todo ello, sobre la base del seguimiento y acompañamiento clínico.

No es de extrañar que la falta de formación específica sobre esta materia, los mandatos establecidos por el código deontológico médico, el sistema de valores y creencias, etc., se conviertan en posibles barreras para la asunción de este proceso, así como la congestión asistencial y el agotamiento profesional, como motivo para reusar tal competencia. Es por ello que se hace necesario contar con otros profesionales de la salud familiarizados con la gestión de las prestaciones incluidas en cartera de servicios que sirvan de apoyo al médico responsable, al menos durante la primera fase del procedimiento3. Entre estos profesionales destacan la figura de la enfermería gestora de casos o del Trabajo Social sanitario.