Sr. Director: España presenta un alto índice de consumo de antibióticos. Ocupa uno de los primeros puestos entre los países de la Unión Europea1, aunque con una diferencia importante, si la comparamos con otros países como Malta e Italia, que también muestran un índice alto, y es la escasa regulación de su prescripción2. Es cierto que la Ley del Medicamento (25/1990, de 20 de diciembre), en su artículo 31, apartado 1, pretende reglamentar la venta indiscriminada de antibióticos sin receta, pero su incumplimiento y falta de sanción es patente. Es una anécdota conocida que británicos, suecos y europeos en general retornan a casa cargados con antibióticos españoles, que son más baratos y se compran en las farmacias sin receta.
El consumo indiscriminado de antibióticos conlleva problemas, tanto individuales como colectivos. En el ámbito individual, los usuarios se exponen a efectos adversos por elegir tratamientos inadecuados, posibles interacciones con otros medicamentos, reacciones alérgicas o pagar más por una medicación ofrecida por el farmacéutico como de mayor calidad, por citar sólo algunos problemas. Colectivamente, es claro el incremento de las resistencias bacterianas3, que aumenta la vulnerabilidad de los pacientes y eleva el gasto sanitario4; y no sólo en el capítulo del gasto farmacéutico, sino del gasto total, ya que se requieren tratamientos cada vez más caros y estancias hospitalarias más largas -como ejemplo el caso de pacientes infectados por Staphylococcus aureus resistente a meticilina- o innecesarias debido a reacciones alérgicas y/o efectos adversos.
Se puede pensar que la falta de cumplimiento de la ley 25/1990 se debe a intereses ocultos. Puede haber razones que escapan al conocimiento general: de empresas farmacéuticas -que venden más y más caro-, farmacéuticos -que venden más y más caro-, políticos -que ahorran el copago de la receta y el número de consultas médicas-año-e incluso médicos -que perciben la ilusión de una disminución indirecta de la presión asistencial-. Todos ellos se benefician en mayor o menor medida de esta venta. Pero, ¿beneficia al paciente?, ¿está justificado que, por el laxo cumplimiento de la ley, se antepongan esos «beneficios aparentes» a la salud de la población?, ¿hay otras razones no económicas que justifiquen la falta de control de la venta de antibióticos sin receta a pesar de la Ley del Medicamento?
En países como Suecia o el Reino Unido la prescripción de antibióticos se realiza única y exclusivamente con receta médica. Es cierto que también hay gasto farmacéutico y resistencias bacterianas, pero los pacientes son conscientes de que necesitan ser examinados por un profesional que decide si los antibióticos son necesarios o no. Los europeos, en general, critican la venta de antibióticos sin receta en España, aunque se aprovechan de la situación y los compran. Tener que acudir a un profesional sanitario -médico o enfermera- que examine al paciente y le eduque cuando la infección es viral y no necesita antibióticos es invertir en promoción de la salud, además de en educación y autocuidado.
El gasto sanitario generado, derivado del aumento y el tiempo en consultas médicas, es una inversión a largo plazo. Supone un «plus» en educación para la salud, disminución de resistencias bacterianas y de efectos adversos, y por ello de ahorro sanitario en general y beneficio para los pacientes5.Pero parece ser que este «gasto extra» es menos importante para el cumplimiento de una ley que otros intereses económicos «a corto plazo» que no contemplan la salud del paciente. Antibióticos sin receta, ¿hasta cuándo?
